Perseguido por “El Diablo”

En otro caso de abuso de poder protagonizado por el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, el italiano Giuseppe Viola ofrece a Proceso Jalisco su versión sobre los hechos que llevaron a la prisión al empresario Eduardo Valencia por denunciar el despojo de su desarrollo inmobiliario Flamingos Acqua. A decir de Viola, su examigo canadiense Charles Baccichet y “una persona de la Presidencia de la República” se confabularon con El Diablo Veytia para robarle un departamento en el mismo desarrollo y lo persiguieron judicialmente, al punto de que hoy pesa contra él una ficha roja de la Interpol.

El italiano Giuseppe Viola, quien intercedió como representante legal para que a José Manuel Figueroa Gómez se le escriturara y se le entregara el departamento que compró en el complejo inmobiliario Flamingos Acqua, en Nuevo Vallarta, afirma que terminó acusado por el presunto secuestro del canadiense Charles Baccichet, luego de que el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia le fabricó pruebas.

Veytia, alias El Diablo, fue detenido a finales de marzo pasado en Estados Unidos bajo el cargo de “conspirar para distribuir, importar y producir heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas”.

Figueroa Gómez, un dentista que radica en California, compró en 250 mil dólares el departamento 380-382 a Eduardo Valencia Castellanos, pero éste nunca le escrituró la propiedad, afirma el italiano.

Este semanario publicó que el empresario Valencia Castellanos acusó al exfiscal de despojarlo de su patrimonio, el desarrollo inmobiliario Flamingos Acqua, estimado en mil 800 millones de pesos, así como de encarcelarlo de manera “ilegal” desde hace tres años y medio en Nayarit (Proceso Jalisco 655).

Valencia Castellanos también declaró que Veytia no sólo controlaba las áreas de seguridad, sino también el sistema judicial de Nayarit e incluso instancias federales en la entidad. Desde hace siete años el empresario ha sido acusado de delitos como delincuencia organizada, despojo de inmuebles y fraude.

Giuseppe Viola mencionó que cuando Valencia Castellanos andaba huyendo para evitar su detención, Charles Baccichet y el abogado Raúl Ruiz –de quienes dijo que conformaron una mafia– aprovecharon la coyuntura para apoderarse ilegalmente del desarrollo:

“Tomaron sin derecho legal la posesión de departamentos que están en conflicto, tomando todas las decisiones a su arbitrio, sin que nadie se los impida, elaborando dobles contratos de compraventa, rentándolos o usándolos tanto ellos y sus familias o bien prestándolos para vacacionar a funcionarios públicos y familiares.

“Veytia se dio cuenta de esta situación y agarró todo, inventaron un juicio en contra de Valencia, le debía a Hicks 2 millones de dólares (…) y se apoderaron del edificio (…) fue un robo con el apoyo del Veytia”, insiste Viola en comunicación telefónica desde Italia.

Incluso señala que el canadiense cuenta con antecedentes penales. Como prueba entregó copia del expediente 51/2010-I, en que se lee una acusación fechada el 27 de febrero de 2010. En el oficio AP/PGR/NAY/BUC-I/025/2010 se notifica “la detención de Charles André Baccichet, ciudadano canadiense, originario de Montreal, por agentes de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y que se integra a esta agencia del Ministerio Público Federal por un delito Contra la Salud” (sic).

El canadiense también fue denunciado el 26 de febrero de 2010 por José Luis Abunader Espino, por el delito de amenazas. La querella se presentó ante la Procuraduría General de Justicia de Nayarit, ante el Ministerio Público de la mesa número 2, Carlos Francisco Sánchez Villela.

El italiano coincide con Valencia Castellanos en que el exfiscal tenía un férreo control de su dependencia y parte del Poder Judicial. De hecho, Viola solicitó el pasado 28 de abril un amparo –expediente 1261/2017-II– contra los actos del juez Cuarto de lo Penal, el director general de la Policía de Nayarit y el jefe de la División de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Policía del mismo estado para evitar ser detenido por el delito de secuestro en agravio del canadiense, según la orden de aprehensión en su contra –expediente 663/15– que emitió el Juzgado Cuarto Penal el 21 de octubre de 2015.

En su relación de hechos, Viola refiere que fue defraudado en 2011 “con unas propiedades en Nuevo Vallarta, con la intervención y autorización de Édgar Veytia”, por lo que “a partir de esa fecha inicié una campaña de denuncia” en contra del exfiscal de Nayarit “por sus actos de corrupción”.

Recuerda que a partir del 15 de octubre de 2015 Veytia, en un lapso de seis días, “fabricó una denuncia de hechos en mi contra por el delito de secuestro, siendo que ni siquiera me encontraba en el país en las fechas que señala en el fabricado delito”.

Añade que “dicha acusación la envió al Juzgado Cuatro Penal de la demarcación territorial de Tepic, Nayarit, dentro del expediente 663/2015 (…) y enseguida me emitieron la orden de aprehensión 380/2015 con fecha 21 de octubre de 2015”.

Reitera: “La ley en Nayarit estaba bajo el mando de Veytia, entonces la cosa es muy dura”.

El italiano asevera que el exfiscal “acostumbraba mandar todos sus asuntos de importancia con el juez Oswaldo Delgado Nájar; juzgado donde radicaron otros delitos fabricados a otras personas como el 620/15 Cuarto Penal, también por supuesto secuestro, y que según tengo entendido todavía están presas las personas inocentes, una familia completa”.

También menciona que en el mismo juzgado se radicó el asunto de otra persona acusada sin pruebas: Teresa Gaona Vidal (expediente TEP/III/AP/1720/15), quien fue detenida por presunto fraude cometido a unos productores de aguacate: “Se trajeron detenida a esta persona inocente, mayor de edad, dedicada a la ortopedia, que jamás en su vida tuvo relaciones agropecuarias, ya fue liberada dentro del amparo en revisión 166/2016, libre de toda culpa”.

Apunta el afectado que “todos estos delitos fabricados a diferentes personas fueron incoados en los meses de agosto-septiembre de 2015 por el fiscal Édgar Veytia y sus abogados”.

Los amparos

En su escrito, Giuseppe Viola refiere: “Trataron de detenerme el 9 de julio de 2016, en Roma, Italia, en el aeropuerto, y estuve arraigado hasta el 1 de febrero que resolvieron no conceder la extradición por no ajustarse a derecho dicha orden de aprehensión y me dejaron libre, todo se había aclarado”.

Vía correo electrónico, el italiano envió a la reportera un escrito firmado por el embajador mexicano Juan José Guerra Abud, con fecha 13 de enero de 2017, dirigido a la Cuarta Sección Penal de la Corte de Roma, en la que menciona que con relación a la solicitud de extradición del acusado y cuyo juicio radica en esa jurisdicción, “que el Juez Cuarto Penal y la Procuraduría General del Estado asumieron el compromiso de no condenar a Giuseppe Viola, en caso de que sea encontrado culpable, a una condena de más de 30 años de prisión”.

Viola comenta en su correo que en esa carta “el embajador de México, en Roma… dice que habló con el juez Cuarto Penal de Tepic, en donde en lugar de 60 años de prisión se compromete a darme ¡no más de 30! El procurador general de Roma se rió de esta carta, la consideró una ofensa y me suelta luego luego”.

El italiano expuso en su solicitud de amparo: “Me acaban de informar hace dos días mis familiares en Las Varas, Nayarit, que desde hace días está estacionada una camioneta de la Policía Estatal en la esquina de la casa y tengo temor de que haya otra orden de aprehensión o no se haya cancelado la que trataron de aplicarme en Italia”.

Por ese motivo solicita la protección de la justicia, a  fin de que “las cosas se mantengan en el estado que guardan y que las autoridades señaladas como responsables y ejecutoras se abstengan de privarme de mi libertad”. Además, pide “la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva”.

El juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, José Armando Zozaya Solórzano, admitió la demanda de amparo el 3 de mayo de 2017 y estableció un plazo de 15 días para que las autoridades señaladas rindan un informe.

La Dirección General de la Policía de Nayarit y la División de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Policía confirmaron al juez que efectivamente existía una orden de aprehensión contra Viola. Mientras que el juez Cuarto, Delgado Nájar, respondió que debido a que se acusa al italiano de un delito grave, “no puede gozar del beneficio de la libertad bajo caución”.

“Asimismo –continúa el juez–, dentro del expediente penal número 624/2015 radicado ante este juzgado, con fecha 28
de septiembre de 2015, fue librada orden de aprehensión en contra del quejoso Giuseppe Viola por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de difamación de honor, perpetrado en agravio de Gloria Samantha Béjar Rivera, sin que a la fecha haya sido ejecutada (…) delito que no es considerado grave (…) por ende el quejoso puede gozar del beneficio de la libertad bajo caución.”

El 25 de mayo pasado el juez Primero de Distrito de Amparo resolvió “separar los actos”, al no guardar el secuestro y la difamación de honor “relación alguna entre ellos”, por lo que sólo se avocó a estudiar el asunto de Béjar Rivera por ser el más antiguo, justificó.

La supuesta difamación, según la demandante, surgió cuando en la notaría de su papá, José Luis Béjar Fonseca, se negó en enero de 2014 a escriturar a petición de Viola un departamento ubicado en Flamingos Acqua a nombre de José Manuel Figueroa Gómez, puesto que no existía la documentación necesaria para “tal acto jurídico”.

Para probar la posesión del inmueble, el italiano mostró a este semanario un recibo de la CFE a nombre de Figueroa Gómez. Además, un recibo de la empresa DHL que, según Viola, prueba que el 30 de abril su cliente envió al notario Béjar Fonseca los documentos que demostraban el pago por el departamento, y por eso se le pidió tramitar la escrituración del mismo.

“Al notario Béjar le mandamos los papeles originales… era amigo mío, pero mandé los papeles por DHL. Se queda con ellos y escritura a otra persona. Tengo entendido que hay gente de Peña Nieto, porque la persona a la que se le escrituró era parte de la Presidencia de la República, pero luego al rato lo volvieron a escriturar a nombre de otra persona.”

Añade que “Veytia puso a gente del narco a cuidar el edificio y nadie podía entrar. Yo mandé tres veces un notario a hacer una constatación de hechos, pero no lo dejaron pasar”.

De acuerdo con la demandante, a raíz de que se le negó la escrituración Viola comenzó a mandarle correos electrónicos y a realizar llamadas intimidatorias, e incluso envió vía fax los resultados de un laboratorio que afirmaban que Gloria Béjar era seropositiva.

El último 28 de junio, el juez Primero de Distrito de Amparo le concedió el amparo a Viola por la orden de aprehensión por el delito de difamación. A la vez observó que ya había prescrito la acción penal por el tiempo transcurrido y recomendó al juez Cuarto Penal que dictara el sobreseimiento del proceso.

Respecto al amparo que solicitó para protegerse de la orden de aprehensión por el delito de secuestro, dice Viola que “sigue el proceso”.

Viola se queja de que no puede salir de su país porque “todavía la acusación, la ficha roja que pasó a la Interpol, sigue vigente; me pueden detener en cualquier lado. Italia ya dijo que no me va a extraditar. Incluso el procurador italiano que iba a ser mi acusador cuestionó cómo detienen a un ciudadano italiano con unas acusaciones que vienen de un país donde los derechos humanos se violan a la luz del sol, por eso me soltaron luego luego”.

Agrega: “Mi detención fue en julio (2016), pero aquí en Italia las autoridades también son flojas, hasta septiembre, octubre, hubo la primera audiencia y no estaba el magistrado encargado, entonces mandaron pedir más papeles, llegaron las fiestas de Navidad y el 31 de enero hubo la audiencia, el 1 de febrero me soltaron”.