Embrollos legales

A unque un profesor de la UdeG demostró jurídicamente que el Infonavit le cobró indebidamente casi 657 mil pesos por un crédito hipotecario otorgado, el organismo se niega a reintegrarle esa cantidad.

El profesor Luis Javier Flores Alvarado firmó un contrato de compraventa de una vivienda con la empresa Desarrollos Chloe. Según el documento fechado el 18 de agosto de 2010 ante un notario público, el valor de la propiedad era de 908 mil pesos. El comprador depositó 510 mil pesos a nombre de la inmobiliaria, y se comprometió a pagar el resto –398 mil– con fondos de su subcuenta de vivienda mediante un crédito Infonavit.

Sin embargo, el instituto omitió aplicar el saldo por 122 mil 481 pesos que tenía Flores Alvarado en su subcuenta de vivienda como primer pago. Un año después, observó que su deuda se elevó a 955 mil pesos, pese a que su patrón le estaba descontando las cuotas del Infonavit desde 2010. (Proceso Jalisco 596).

Flores Alvarado demandó al Infonavit por incumplir con lo establecido en el artículo 43-bis de la propia ley de la institución, ya que no se incluyó la subcuenta para el pago del crédito hipotecario. Solicitó la nulidad de las condiciones generales de contratación que ofrece el Infonavit y pidió que se rectificaran los cálculos aritméticos para la reducción del saldo insoluto.

El afectado presentó la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (expediente 184/2012), la cual le otorgó la razón al afectado y condenó al Infonavit a rectificar las operaciones aritméticas y a regresar al trabajador la cantidad de 656 mil 796 pesos.

El 7 de abril pasado se notificó del laudo a la parte demandada, que se negó a acatar la orden. Semanas después, el 9 de mayo, el presidente de la Junta Especial 18 de Conciliación y Arbitraje, Carlos Rentería Sánchez, solicitó la ejecución del laudo. Dos días después, la misma autoridad ordenó embargar los bienes del Infonavit “que basten para garantizar el monto de la condena, los que quedarán en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la parte actora”.

El 7 de junio la actuaria de la Junta Especial 18, Blanca Estela Pérez Tapia, acudió a las instalaciones del Infonavit –avenida Juan Palomar y Arias 37, fraccionamiento Vallarta San Jorge, en Guadalajara– para cumplimentar la orden del 11 de mayo.

La atendió el apoderado del Infonavit, Mario Antonio Corona García, a quien le requirió el pago de los 656 mil pesos y que señalara los bienes a incautar. Corona dijo no tener facultades para ello, pero ella decidió embargar una cuenta bancaria del Infonavit en Banamex (la número 870562795).

La actuaria y el apoderado del Infonavit se trasladaron al banco, ubicado en la colonia Puerta de Hierro, para realizar el trámite. Sin embargo, el ejecutivo de cuenta, quien los recibió, se negó a identificarse y a proporcionarles la información.

Pérez Tapia le comentó al empleado bancario que “no pueden mover, transferir ni hacer movimiento alguno respecto de la cuenta sin que se garantice la cantidad ya señalada”.

El 8 de junio, el presidente de la Junta Especial 18, Rentería Sánchez, dirigió un oficio al gerente del banco (el número 08.18.3799/2017) en el cual le expone: en un término de tres días debe poner a “disposición del C. Presidente Ejecutor de esta Junta la cantidad de 656,796 pesos, mediante cheque de caja a favor de (Flores Alvarado)”.

En caso de no hacerlo, advierte, se haría acreedor a una multa de siete veces el salario mínimo “de conformidad a lo establecido en el artículo 731 fracción I de la Ley Federal del Trabajo”. El documento fue recibido el 9 de junio. La sucursal de Banamex no respondió.

Tramitología  

El 29 de junio, Flores Alvarado solicitó un amparo indirecto (el número 1933/2017) que se radicó en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco en contra de Rentería Sánchez por no tomar “las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo de forma expedita; esto es, hacerle efectivos los apercibimientos a la institución de crédito (Banamex)”.

También expuso en su escrito que el plazo venció el 14 de junio e incluyó como tercero interesado al Infonavit. Su demanda fue admitida el 30 de junio.

El representante del Infonavit, Corona García, respondió ante el Juzgado Octavo de Distrito. Expuso que el Infonavit presentó el 12 de junio un “incidente de revisión de actos de ejecución del presidente” de la Junta Especial, “el cual no ha sido resuelto (…) y el quejoso tiene conocimiento”.

Corona argumentó que el saldo de la subcuenta de vivienda de Flores Alvarado quedaría en garantía para cubrir la falta de pago en caso de que perdiera su empleo, hasta agotarse los recursos que la integran o iniciar una nueva relación laboral.

Subrayó también que Flores Alvarado “pretende embargar bienes que el instituto sólo administra, pues en realidad pertenecen a los derechohabientes”, por lo que pidió sobreseer el amparo.

Flores Alvarado presentó una queja el 8 de octubre de 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su exposición de motivos, el afectado expone que se viola su derecho humano de adquirir una vivienda digna y barata; y a la justicia expedita e imparcial.

El pasado 3 de abril, el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao, le informó por escrito que su denuncia (la P-2029-16) se encuentra “bajo estudio, conforme a las normas reglamentarias vigentes”.