El rábano por las hojas

A Enrique Alfaro hay que reconocerle una cosa: a diferencia de sus predecesores en la presidencia municipal de Guadalajara no ha tenido temor de actuar; por lo tanto, no ha tenido que nadar de muertito ni tirarse en la hamaca ni abandonarse a la inercia de dejadez, sobrellevando los múltiples problemas y rezagos que el municipio central de nuestro estado ha venido acumulando en los últimos 25 años, a fin de no entrar en conflicto con agrupaciones como las de los vendedores ambulantes, quienes, al margen de lo establecido por los reglamentos municipales, prácticamente se habían adueñado de calles, banquetas, plazas y andadores del primer cuadro tapatío.  Ello ante la indolencia, por no decir que la complicidad, de sucesivas administraciones del PAN y del PRI.

Y como el gobierno municipal que encabeza Enrique Alfaro no evadió su responsabilidad en esta materia, no obstante las airadas protestas de comerciantes informales y de más de un regidor o regidora de oposición, es que el centro de Guadalajara pudo recobrar parte de su decoro, aun cuando de inmediato al corredor Alcalde-16 de Septiembre le cayera otra plaga –se supone que pasajera–, la de las obras de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano, las cuales habrán de ser más o menos transitorias, de suerte que en poco tiempo (algunos meses más) dicho corredor habrá de convertirse en el anunciado Paseo Alcalde que, a diferencia del capitalino Paseo de la Reforma, está concebido para peatones y ciclistas antes que para el tránsito de automotores.

Pero, así como hay cosas que le han salido –le están saliendo o están por salirle– bien a la administración emecista en Guadalajara, en otras el saldo es muy poco favorable, por no decir negativo. Infortunadamente, los ejemplos en este sentido no han escaseado. Uno de ellos es el proyecto inmobiliario Iconia, que aun cuando lo heredó de sus predecesores, Alfaro optó por impulsarlo también y en las mismas condiciones desfavorables para los intereses de la ciudad, en la medida en que implica la permuta de un extenso y cotizado terreno municipal por cierto equipamiento urbano por parte del desarrollador para la zona de Huentitán el Bajo. Otro ejemplo, también lesivo para el municipio y específicamente para el barrio de Mexicaltzingo, es la entrega en donación, a la cúpula directiva de la Universidad de Guadalajara, del jardín que se localiza enfrente del templo parroquial, donación hecha con el propósito de que los jeques universitarios construyan en el subsuelo de ese espacio público (la única área verde de la demarcación) el estacionamiento que no tiene el teatro Diana, inmueble que también regentean los mandarines udegeístas.

El más reciente frentazo, extravío, pifia, o todo ello junto, de la administración alfarista es un presunto proyecto de arte urbano, concebido a troche y moche a un costo nada barato para el erario municipal: 42 millones de pesos. Por angas o por mangas, el alcalde tapatío y colaboradores y colaboradoras que lo acompañan en área de Cultura del ayuntamiento de Guadalajara se acabaron metiendo en un berenjenal con su cacareado programa de “Arte Público”. Y es que aun cuando éste pudiera estar animado por un buen propósito, se acabó concibiendo de una forma tan poco inteligente que ha dado pretexto plausible para que el proyecto sea arponeado por distintos flancos, exhibiéndolo como una ocurrencia de la actual administración tapatía antes que como un proyecto bien razonado que satisfaga o convenza a la sociedad tapatía y justifique el costo que habrá de tener para las arcas municipales.

Y es que no son pocas las inconsistencias del referido proyecto artístico (con comillas y sin ellas), comenzando por el caprichoso casting en la elección de los artistas urbanos (con y sin comillas) participantes, siguiendo con las obras propuestas por éstos y aceptadas directa y sobre todo acríticamente por la autoridad, con el lugar escogido para su emplazamiento (la gran mayoría de ellas en el poniente de Guadalajara, relegando de nuevo a la ciudad que se extiende de “la Calzada para allá”), con el costo que habrían de tener las mismas para las arcas municipales, etcétera.

En teoría, un proyecto bien concebido de arte urbano (léase bien razonado, bien elegido, bien fondeado y bien promovido entre la población) debiera ser algo digno de aplauso. El problema es que se echó a andar casi a tontas y a locas, más por el voluntarismo de equis funcionarios, comenzando por el alcalde, que por una iniciativa bien reflexionada y mejor instrumentada. Por desgracia, no sucedió así. El primero pero que se le puede poner al proyecto es que haya sido la propia autoridad la instancia que decidiera el qué, cómo, dónde, quiénes, cuándo y cuánto del proyecto, y no personas calificadas e independientes de la sociedad civil. Ningún funcionario, por más capacitado y competente que fuere (lo que ni siquiera es el caso, en el presente proyecto municipal de “arte público”) debe arrogarse el derecho de elegir directamente a quienes habrían de participar en el proyecto de marras. En lo que debieron ocuparse los funcionarios culturales municipales es en lo que verdaderamente les correspondía como conseguir patrocinios, a fin de poder fondear el proyecto, a fin de no abusar del erario municipal.

Dicho de otro modo, por sentido común, por probidad intelectual, por respeto a los que saben y también con el afán de evitar cualquier tipo de suspicacias, la elección de los participantes en el proyecto y los criterios generales de éste debieron haber quedado a cargo de un grupo plural de expertos en la materia, en el que se incluyeran a historiadores y críticos de arte, así como a curadores y académicos de reconocida trayectoria e incluso a artistas urbanos. Entre los primeros, se pudo haber invitado para esa tarea a Arturo Camacho, Javier Ramírez, Gutierre Aceves, María Fernanda Matos, Baudelio Lara, Tomás de Híjar o Francisco Barreda, y entre los segundos a Fernando González Gortázar, Rafael Zamarripa o Jorge de la Peña.

Es probable que un grupo de sinodales de este jaez no se hubiera inclinado, como sí lo hicieron los funcionarios municipales metidos a electores artísticos, por invitar –y menos por dedazo– a más de un pintor que estará debutando como escultor y, sobre todo, como súbito artista urbano, en el entendido de que haber hecho huesos viejos como pintor no es garantía de poder llegar a ser también un buen escultor y menos aún un convincente artista urbano.

Y a partir de ese criterio anómalo, por no decir de un capricho o más bien un grosero abuso de la autoridad, han sobrevenido las demás taras que lastran el proyecto de marras: marginar a escultores de probada capacidad como Antonio Ramírez, Alejandro Colunga o el muy original Gilberto Ortega, El Infeliz; haber aceptado propuestas disparatadas como un supositorio gigantesco –aun cuando su autor insista en que es bolígrafo “homenaje a escritores y periodistas caídos”– en el camellón del cruce de prolongación Américas y Pablo Neruda; no haber establecido una tarifa racional y justa para los honorarios de cada uno de los participantes, más allá del costo de la elaboración de la obra, incluida su instalación, a fin de no abusar de los fondos públicos.

Finalmente, el logro artístico y la eventual popularidad de cada una de las obras comisionadas, a fin de que queden instaladas en algún punto de la vía pública, es algo que ya no depende ni de su autor ni de su patrocinador, sino del rebote social que pueda llegar a tener. Y ello porque querer justificar las manifestaciones de rechazo a un proyecto tan inconsistente de “arte público”, con el falso argumento de que tampoco la Torre Eiffel fue aceptada por la mayoría de sus contemporáneos, es tanto como hacer verónicas a toro pasado o tomar el rábano por las hojas.