El “pacto de corruptos” del presidente Morales

El gobierno de Jimmy Morales está acorralado: por un lado, la sociedad guatemalteca, cansada de la corrupción rampante, ha protagonizado una inédita movilización que combina las marchas y protestas callejeras con campañas en las redes sociales. Por otro, una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha demostrado que el mandatario incurrió en presuntos actos de corrupción cuando coordinaba la campaña que lo llevó al poder. “Pacto de corruptos” fue el hashtag que saturó las redes cuando el Congreso modificó la ley para salvar al presidente… medida que tuvo que dar marcha atrás ante la enorme presión social.

Ciudad de Guatemala.- A las 9:00 horas del miércoles 20, estudiantes universitarios, integrantes de organizaciones campesinas e indígenas y miles de guatemaltecos que pocas veces habían participado en una manifestación, se preparaban para salir del campus central de la estatal Universidad de San Carlos y recorrer a pie la avenida Petapa hasta llegar a una intersección conocida como El Trébol. Allí se sumaron otras organizaciones y la marcha avanzó hacia el centro de esta capital, pasando frente al Congreso y finalizando ante Palacio Nacional.

El objetivo de la marcha: exigir la renuncia inmediata del presidente Jimmy Morales, quien con la consigna de “ni corrupto ni ladrón”, un hábil manejo de las redes sociales y un discurso nacionalista y conservador que encontró eco en la clase media urbana, logró una sorpresiva victoria en las elecciones de 2015.

El Paro Nacional 20S evocaba imágenes de otro, convocado el 27 de agosto de 2015, para exigir la renuncia de su antecesor el general retirado Otto Pérez Molina, quien actualmente, preso, enfrenta tres procesos penales por corrupción.

La luna de miel de Morales con el electorado fue de corta duración. El primer desgaste vino en septiembre de 2015 cuando una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), financiada por la ONU para combatir el crimen organizado y la corrupción en el país, reveló el presunto involucramiento de su hijo y de su hermano en un caso de cotización y contratación anómala en el Registro de la Propiedad.

Luego, el pasado 25 de agosto, otra investigación de la CICIG reveló irregularidades en el financiamiento de campaña del partido oficial, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y pidió que se le retirara la inmunidad a Morales, quien fungió como secretario general de ese partido durante la campaña de 2015 hasta que tomó posesión como presidente en enero de 2016.

Como secretario general de FCN-Nación, a Morales se le acusaba de no justificar el origen de 918 mil dólares ante el Tribunal Supremo Electoral. La CICIG también hizo señalamientos similares contra otros dos partidos: Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el extinto partido Lider.

La CICIG presentó la denuncia contra Morales justo cuando él se reunía con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y le solicitaba la remoción inmediata del jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez.

A su regreso, Morales exhortó a Velásquez a “circunscribirse a su mandato” y el 27 de agosto lo declaró non grato y le exigió que abandonara de inmediato el país mediante un mensaje grabado en video y difundido en la cuenta oficial del gobierno en Twitter.

“Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un estado de derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la CICIG y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”, dijo Morales.

La sociedad guatemalteca, que en su mayoría apoya la labor de la CICIG, y la comunidad internacional, reaccionó de inmediato y la agrupación JusticiaYa, el procurador de los Derechos Humanos y el abogado Alfonso Carrillo presentaron tres recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, lo cual frenó la expulsión de Velásquez.

En cuanto a la solicitud de la CICIG de que se le retirara la inmunidad a Morales, ésta fue aprobada por la Corte Suprema pero no fue ratificada por el Congreso, lo cual bloqueó cualquier intento de desaforar al mandatario.

“Pacto de corruptos”

Como si se tratara de un juego de ajedrez, los actores que se han convertido en el blanco de las investigaciones de la CICIG, contraatacaron. El 13 de septiembre, con 105 votos a favor (de un total de 158), el Congreso modificó el artículo 407 del Código Penal que tipifica el delito de financiamiento electoral ilícito. Con este cambio, la responsabilidad financiera se le quitaba a los secretarios generales de los partidos políticos y se transfería al contador, de manera que la persecución penal por el delito de financiamiento ilícito cayera sobre los mandos medios del partido.

La moción para conocer de urgencia nacional las reformas al artículo fue presentada por los diputados Javier Hernández, de FCN-Nación; Orlando Blanco, de UNE; Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador; y Delia Bac, de Acción Ciudadana; es decir, por dos de los partidos que se vieron afectados por la investigación de CICIG, más sus aliados en el Congreso.

En las redes sociales empezó a circular el hashtag #PactoDeCorruptos en referencia al voto en el Congreso e iniciaron igualmente las protestas callejeras exigiendo la renuncia de Morales y de los 105 diputados que habían aprobado la moción.

El llamado “pacto de corruptos” también fue denunciado por algunos de los países donantes de la CICIG –entre ellos Estados Unidos– como un retroceso en la lucha contra la impunidad. Como muestra de rechazo, Transparencia Internacional, una organización no gubernamental con sede en Berlín y que promueve la transparencia y la lucha contra la corrupción, anunció que pediría la suspensión del Congreso de Guatemala de los foros parlamentarios regionales y globales, entre ellos, el Parlamento Latinoamericano y la Unión Interparlamentaria.

Ante las expresiones de rechazo generalizadas, el Congreso dio marcha atrás. El viernes 15, 130 diputados acudieron al Congreso y frenaron las reformas al Código Penal que habían aprobado dos días antes. Para hacerlo, tuvieron que crear dos nuevas normas que le permiten al Congreso suspender una ley que haya sido aprobada en el pleno, ya que anteriormente el Congreso podía modificar una ley ya votada, entre dos o cinco días después de su aprobación, pero no podía frenarla en su totalidad.

Varios diputados se felicitaron, diciendo que sus acciones mostraban que habían sabido “escuchar al pueblo” y “corregir sus errores”. Pero dejar sin efecto el “pacto de corruptos” no fue suficiente para aplacar la ira de la sociedad civil, la cual exigía la renuncia inmediata de los 105 dipu­tados que habían votado a su favor.

En las inmediaciones del Congreso, la tradicional celebración del Día de la Independencia (15 de septiembre), que incluye una carrera de antorchas, se había transformado en una protesta en contra de los legisladores.

Luego de que varios diputados fueran zarandeados por la multitud y de que les tiraran huevos, los legisladores, incluso los que iban acompañados de guardaespaldas armados, no se atrevieron a salir del edificio y permanecieron allí hasta la noche, cuando el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, envió policías antimotines al lugar para dispersar a la multitud. El diputado Fernando Linares Beltranena, entre otros, calificó esas acciones como “un secuestro”.

“Lo que sucedió muestra que los actores corruptos tienen un poder y una influencia enorme en la sociedad y seguirán viendo hasta dónde pueden llegar. Es increíble que el Congreso creyera que podía actuar con semejante impunidad y salirse con la suya”, afirma el director asociado para América Latina del Wilson Center, Eric Olson.

El martes 19, un día antes del paro nacional, Morales arremetió nuevamente contra la CICIG. Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pidió que se revisara el convenio entre Guatemala y la ONU para la creación de esa Comisión con el fin de “evitar la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política”.

Gobierno acorralado

La capitulación de los diputados que aprobaron el “pacto de corruptos” no ha bastado para aplacar el descontento de la sociedad y durante el Paro Nacional 20S, la mayoría de las pancartas de los manifestantes exigía su renuncia y hacía alusión a su intento fallido de modificar el Código Penal para cubrirse las espaldas y garantizar su impunidad. “Me niego a castrar a mi perro. Si quisiera un animal sin huevos, adopto a un diputado”, se leía en la pancarta de una joven manifestante frente al Palacio Nacional. “Pueblo, no los perdones porque sí saben lo que hacen. Exigimos la renuncia de los diputados traidores”, se leía en la pancarta de dos jóvenes disfrazados de ratas, frente a la entrada principal del Congreso.

Muchos comercios y restaurantes apoyaron la marcha. Cerraron sus puertas el miércoles 20 para que sus empleados pudieran sumarse a las manifestaciones. Los grandes ausentes, sin embargo, fueron los gremios empresariales que han hecho un ambiguo “llamado al diálogo” y a luchar contra la corrupción, pero mantienen su distancia con el movimiento ciudadano.

La tibieza de la postura del sector empresarial –explica el analista político Édgar Gutiérrez– se debe a que el sector privado también se ha convertido en el blanco de las investigaciones impulsadas por la CICIG.

Por ejemplo Aceros de Guatemala, una de las constructoras más grandes del país, se vio obligada a pagar en mayo de 2016 una multa de 107 millones de dólares por evasión fiscal, como resultado de una investigación de la CICIG. Dos meses después, el empresario hotelero Carlos Enrique Monteros Castillo fue detenido por defraudación tributaria, un hecho insólito en un país donde la evasión fiscal es una práctica generalizada.

Estos casos sembraron alarma entre muchos empresarios, quienes consideran que la CICIG “ha llegado demasiado lejos”.

“Hay un sector empresarial minoritario, pero poderoso, que abierta o solapadamente favorece el statu quo de la corrupción y de la captura y cooptación del Estado. Hay un sector empresarial que se expresa a través de las cámaras y mantiene una actitud ambigua: dicen estar en contra de la corrupción, pero no les gusta una CICIG y un Ministerio Público (MP), jueces y magistrados independientes, preferirían volver al anterior status de captura plena del Estado, en el que tenían una voz poderosa para calificar quién era y quién no era corrupto.

“Y finalmente hay otra minoría, pequeñas agrupaciones y empresarios en lo individual, que abierta o discretamente apoyan a la CICIG y al MP y condenan las acciones de los diputados y del presidente Morales, y por eso están con la plaza”, afirma Gutiérrez.

Varios ministros, además, han presentado su renuncia, conscientes del costo político que supone para ellos permanecer en el gabinete de un presidente que intentó expulsar a la CICIG del país.

Los primeros en renunciar fueron la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y sus tres viceministros. “Usted asume una posición a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país, contradiciendo todas las declaraciones sobre justicia y transparencia. Ante estas acciones prepotentes que parecen dirigidas a obstaculizar la justicia, consideramos que el plan de trabajo que veníamos desarrollando deja de ser ético y políticamente inviable en un gobierno como el suyo,” dijo Hernández el 27 de agosto, tras renunciar al cargo.

Después de Hernández, dejaron sus cargos la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario; el ministro de Gobernación, Juan Francisco Rivas; y el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada.

“El presidente Morales y sus aliados en el Congreso generaron la crisis y la han profundizado, llevando al país a un callejón sin salida. La vuelta de la plaza (las manifestaciones contra la corrupción) y las presiones internacionales están desorganizando esa ofensiva del statu quo corrupto y provocando contradicciones internas dentro del Congreso, dentro del gobierno mismo, y entre ambos poderes del estado”, afirma Gutiérrez.

En este clima político de tensión e incertidumbre, el interrogante que queda en el aire es quién ganará este pulso de poder entre la CICIG y el MP, con el respaldo de la sociedad civil y la comunidad internacional, por una parte, y los actores corruptos que ven sus intereses amenazados por las acciones de la comisión.

“El hecho de que la CICIG haya sido exitosa no quiere decir que los funcionarios corruptos estén ondeando una bandera blanca y vayan a desaparecer. Al contrario, se han realineado y atrincherado y no han desaparecido. La CICIG necesita un fuerte apoyo por parte de la comunidad internacional y de la sociedad civil y sin ese apoyo difícilmente logrará sobrevivir”, advierte Olson.

La expulsión de la CICIG significaría un grave retroceso en los procesos penales contra el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Baldetti, entre otros casos. “El sistema de justicia podría fragmentarse, pues los cientos de exfuncionarios, incluyendo un expresidente, varios ministros y diputados, así como poderosos empresarios que están siendo procesados y algunos ya condenados, ejercerían una presión irresistible sobre jueces y magistrados con el propósito de revertir los procesos penales y ganar su impunidad”, afirma Gutiérrez.

“Envalentonados, los diputados que vimos votar a favor de las leyes de la impunidad, tomarían control del presupuesto nacional para fines corruptos, y en el peor escenario, se consolidaría la reconfiguración cooptada del Estado; es decir, la alineación de agentes estatales y redes criminales externas ya no sólo para fines de corrupción sino de legitimación de sus intereses a través de leyes, programas y políticas públicas”, advierte el analista.