Washington no extradita a César Duarte porque Videgaray no quiere

César Duarte, exgobernador de Chihuahua, vive en Texas sin ser molestado, pese a que la justicia mexicana lo requiere para que enfrente cargos por haber desviado 250 millones de pesos de las arcas estatales para financiar campañas priistas. Una fuente del sistema judicial mexicano explica que los pedidos de captura con fines de extradición contra el exmandatario –siete hasta el momento– reposan en algún escritorio del Departamento de Estado en Washington, sólo porque al canciller Luis Videgaray no le interesa presionar para que se les dé curso.

WASHINGTON.- La captura con fines de extradición del exgobernador priista de Chihuahua César Duarte Jáquez no ha sido ejecutada por el gobierno estadunidense porque el canciller mexicano, Luis Videgaray, no ha presionado al Departamento de Estado a fin de que emita el pedido explícito a las autoridades judiciales.

“El Departamento de Justicia (de Estados Unidos) no ha pedido a un juez federal que dé la orden de captura con fines de extradición de Duarte porque el Departamento de Estado no se lo pide; y no se lo pide porque Videgaray no ha hecho nada para que ocurra”, denuncia en conversación telefónica un funcionario del sistema judicial federal mexicano.

“El gobernador Javier Corral (panista, de Chihuahua) se equivoca de pleito: la captura con fines de extradición de Duarte no está atorada por culpa de la PGR; está congelada porque así lo quiere Videgaray. Lo que pasa es que nadie lee el acuerdo bilateral de extradición que tenemos con Estados Unidos”, agrega el funcionario mexicano, quien exige el anonimato para evitar represalias.

“El canciller es un intolerante y soberbio. Me puede fregar y arruinar mi carrera de muchos años en el sistema judicial de mi país”, anota el funcionario en la conversación telefónica desde la Ciudad de México.

Hasta el pasado jueves 12, la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) siete pedidos formales de captura con fines de extradición contra César Duarte para que los turnara al Departamento de Estado.

“La embajada de México en Washington entregó el pasado 12 de abril a los departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos la séptima petición de captura con fines de extradición en contra de César Duarte”, informa a Proceso la sede diplomática mexicana ante el gobierno de Estados Unidos.

De los 11 delitos que le imputa el estado de Chihuahua a Duarte, prófugo de la justicia federal mexicana, se podrían derivar 11 pedidos formales de extradición. La sexta solicitud de captura con este fin entregada al gobierno de Donald Trump la transmitió la embajada mexicana el pasado 23 de febrero. Las primeras tres se turnaron el 31 de enero, y la cuarta y la quinta el 12 de febrero, según el recuento oficial que proporcionó la embajada de México en Washington a este semanario.

El funcionario mexicano, quien es experto en el acuerdo de extradición firmado con Estados Unidos, señala que la PGR está siendo usada con toda intención por el gobierno de Enrique Peña Nieto y el canciller Videgaray como un “saco de boxeo” para el caso de Duarte.

“La PGR ya cumplió y sigue cumpliendo con sus obligaciones en el caso del exgobernador de Chihuahua, porque su única tarea es elaborar en español y en inglés los documentos con argumentos jurídicos y legales para pedir la captura con fines de extradición. A la SRE le corresponde entregarlas y presionar para que se cumplan y Videgaray no ha hecho nada al respecto”, destaca el funcionario mexicano.

No es prioridad

Las siete solicitudes de arresto con fines de extradición de Duarte están apiladas entre miles de peticiones similares recibidas en el Departamento de Estado de parte de los países con los cuales tiene acuerdos similares al que mantiene con México. 

“No podemos dar a conocer el número exacto de peticiones que hemos recibido, pero son miles y se turnan al Departamento de Justicia conforme a la prioridad con que se han categorizado”, responde a Proceso la Oficina Jurídica del Departamento de Estado.

La dependencia federal estadunidense declinó hacer cualquier comentario sobre si la priorización de las solicitudes de extradición depende de las exigencias de los gobiernos que las solicitan.

“La PGR es una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos intereses y complicidades de corrupción que implica el caso de Duarte con funcionarios del gobierno federal y del PRI. El Departamento de Justicia no ha pedido a un juez federal que emita la orden de captura para extraditar a Duarte porque el Departamento de Estado no se lo ha exigido, y no lo ha exigido porque Videgaray no ha presionado para que así ocurra. Así de simple”, puntualiza el funcionario mexicano. 

Y añade: “Es por la vía diplomática la forma en que se consigue el cumplimiento de los pedidos a Estados Unidos; le recomiendo al gobernador Corral que lea el acuerdo bilateral de extradición”.

En la veintena de viajes que Videgaray ha hecho a la capital de Estados Unidos desde que Trump asumió la Presidencia (la última visita se inició el jueves 19 y concluyó el día siguiente) no ha visitado en ninguna ocasión el Departamento de Estado para abordar el asunto de la captura de Duarte.

Sus viajes a Washington han sido para orquestar dos fallidos encuentros de Estado entre Trump y Peña Nieto, y para verse en la Casa Blanca con Jared Kushner, yerno del mandatario estadunidense. 

La presencia de Videgaray en la capital de Estados Unidos obedece también a que la relación personal que mantiene con Kushner podría opacar y anular al secretario mexicano de Economía, Idelfonso Guajardo, como cabeza de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por el papel que ejerce en el gobierno mexicano y sus presuntas influencia y manipulación sobre Peña Nieto, a Videgaray se le ha comparado con José Córdoba Montoya, el francés que fungiera como jefe de la oficina de la Presidencia en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

La presión directa de Videgaray ante el Departamento de Estado es crucial para que el de Justicia pida la orden de arresto de Duarte a una corte federal. Si no desea hacerlo personalmente, Videgaray podría delegar esas diligencias a la Oficina de Asuntos Jurídicos de la embajada de México en Washington. 

“Ninguna de estas dos cosas han ocurrido. Subrayo: el caso está parado porque así lo quiere el secretario de Relaciones Exteriores. Si capturan a Duarte y lo envían a México, podría hablar y al gobierno no le conviene que lo haga ahora, y menos en medio de la elección presidencial”, sustenta el funcionario mexicano consultado en la Ciudad de México.

Tranquilo en El Paso

Los intereses del PRI y de Videgaray para que el exgobernador no sea detenido y extraditado a México en estos momentos podrían tener que ver con el escándalo que dieron a conocer Proceso y The New York Times el 20 de diciembre de 2017: el desvío de 250 millones de pesos de las arcas del gobierno de Chihuahua –durante el gobierno de Duarte– para el financiamiento de campañas electorales de candidatos del PRI en otros estados de la República.

La pesquisa elaborada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua exhibió una estrategia orquestada por el expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones, en colaboración con Duarte y con la venia indirecta de Videgaray, que era secretario de Hacienda en 2016, cuando ocurrió el desfalco (Proceso 2147).

Con documentos oficiales y declaraciones ante las cortes judiciales de exfuncionarios de Duarte acusados y encarcelados por corrupción, la investigación periodística de este semanario y The New York Times, que se inició en junio del año pasado, expuso cómo Beltrones, por medio de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, secretario general del CEN del PRI, se coludió con el exgobernador de Chihuahua para timar los 250 millones de pesos.

La trama determina que Duarte pidió a Hacienda los 250 millones de pesos que supuestamente se destinarían a atender la educación en Chihuahua.

El dinero, que Hacienda envió casi de inmediato, se sacó en efectivo del banco y se le entregó al PRI para cumplir sus objetivos electorales en otros estados. El gobierno de Duarte cubrió la cantidad que autorizó la dependencia a cargo de Videgaray con fondos del estado y mediante la contratación de cuatro empresas fantasma, relacionadas en por lo menos seis estados más por otorgar servicios similares con objetivos electorales como trasfondo. 

Tras la captura de Gutiérrez Gutiérrez, Beltrones se amparó. Videgaray no ha sido cuestionado sobre este asunto, pese a que la explicación de su papel en la defraudación sería crucial para esclarecerla, pues él era el encargado de las finanzas públicas de la nación.

Duarte vive tranquilamente en El Paso, Texas. Su eventual captura y extradición a México sería importantísima para esclarecer el caso de la triangulación de dinero de Hacienda para financiar campañas del PRI; pero su testimonio en este momento podría ser una lápida para las aspiraciones presidenciales de José Antonio Meade.

La renuencia de Videgaray a presionar al Departamento de Estado para que exija la emisión de la orden de captura contra Duarte podría responder a que al gobierno de Peña Nieto y al propio canciller les conviene que el exgobernador no sea aprehendido hasta después de las elecciones del 1 de julio o definitivamente hasta que concluya el actual sexenio.

El funcionario mexicano consultado por el reportero enfatiza que, sin la presión y exigencia de Videgaray, el pedido de extradición de Duarte seguirá atorado entre la pila de peticiones similares que acumula el gobierno de Trump.

“Duarte no está acusado de ningún delito en Estados Unidos; de lo contrario ya hubiese sido detenido y una corte federal estaría ponderando la petición de extradición del gobierno de México. Corral se equivoca de enemigo en esta situación de reclamos”, explica. 

El exgobernador de Chihuahua está solicitando la residencia permanente en Estados Unidos, amparado en que una de sus hijas es ciudadana de ese país.

Como solicitante de la residencia, Duarte entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una dirección y un número de teléfono. Por este hecho se considera que su aprehensión sería casi inmediata cuando sea autorizada por un juez federal.

Uno de los requisitos ineludibles a los solicitantes de residencia permanente es que el gobierno de Estados Unidos exija al peticionario (a la hija de Duarte) su nombre completo, dirección y teléfono; lo mismo que al beneficiario.

Bajo los estatutos del acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos, una vez que el Departamento de Justicia recibe el pedido del gobierno mexicano –por instrucción del Departamento de Estado– solicita a una corte federal la emisión de la orden de captura del fugitivo al que se le declara “delincuente”. Una vez que la corte apruebe la orden de captura del solicitado, los agentes federales estadunidenses cumplirían el mandato para entregarlo al gobierno de México.

En caso de que a Duarte se le busque en la dirección que proporcionó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y no esté ahí, a su hija se le exigiría que dijera dónde se encuentra el presunto delincuente. Si se negara a dar la ubicación, ella incurriría en los delitos de obstrucción de justicia y tráfico de personas, que pueden ser sancionados con entre 15 y 20 años de cárcel y multas de decenas de miles de dólares.