Inocuo, el informe que confrontó a Fox con La Habana

En mayo de 2004 el gobierno de Vicente Fox tensó al punto de la ruptura las relaciones de México con Cuba. Argumentó, entre otras razones, que funcionarios de la isla habían realizado en el país actividades “inaceptables” y que ello constaba en un informe de inteligencia del Cisen, el cual reservó durante 12 años. Pero el informe –que Proceso obtuvo mediante una solicitud de acceso a la información– no revela tal injerencia sino el enojo del gobierno foxista porque Cuba deportó al empresario Carlos Ahumada y se lo quitó de las manos y se lo entregó al gobierno del Distrito Federal, que entonces encabezaba su enemigo político, Andrés Manuel López Obrador.

El 2 de mayo de 2004, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Santiago Creel y Luis Ernesto Derbez, entonces secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, respectivamente, anunciaron que México retiraba a su embajadora en Cuba, Roberta Lajous; daba 48 horas para que saliera del país el embajador cubano, Jorge Bolaños, y declaraba personas non gratas a tres funcionarios de la isla: José Arbesú, jefe del Departamento América del Partido Comunista de Cuba; Pedro Miguel Lobaina, jefe de la Sección México de este partido, y Orlando Silva, consejero político de la embajada de Cuba en México.

La razón: los funcionarios cubanos habían realizado en México actividades “inaceptables” y “estuvieron tratando en territorio nacional, fuera del marco institucional, asuntos que, en todo caso, deben desahogarse por la vía diplomática”, sostuvo Creel.

El anuncio fue el colofón de una serie de enfrentamientos diplomáticos entre los gobiernos de Vicente Fox y Fidel Castro y tensó las relaciones bilaterales al punto de la ruptura.

Pero, ¿qué actividades “inaceptables” realizaron los funcionarios cubanos en territorio mexicano que ameritara declararlos no gratos?

“Por la naturaleza de los hechos registrados, la Secretaría de Gobernación se reserva en términos de ley la información detallada de lo sucedido”, advirtió Creel ese día.

Al terminar el acto en Los Pinos –­donde no se permitieron preguntas de los reporteros–, un asesor del titular de Gobernación deslizó a los periodistas que el entonces presidente Vicente Fox tomó la decisión de retirar a la embajadora Lajous y pedir la salida del embajador Bolaños con base en un informe de inteligencia realizado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que precisaba las actividades de los funcionarios cubanos y su intromisión en asuntos internos del país.

Varios periodistas solicitaron ese documento al Cisen por medio de la Ley de Transparencia. El 13 de julio de 2004 este organismo del gobierno federal contestó que reservaba el documento un periodo de 12 años. Argumentó que hacer público su contenido comprometía la seguridad nacional y menoscababa la conducción de las negociaciones internacionales. En febrero de 2007 el periodista Daniel Lizárraga arrancó al Cisen una versión pública del informe (Proceso 1582), pero párrafos enteros permanecieron tachados.

A principios de este mes de abril –cuando ya se habían agotado los 12 años de reserva–, este semanario obtuvo, por vía de la Ley de Transparencia, el informe completo. Se trata del documento clasificado con el código DMJ-004-002 y con fecha 1 de mayo de 2004. 

Sin embargo, ninguna de sus 32 páginas expone datos o hechos que detallen las “actividades inaceptables” de los funcionarios cubanos en México: no revela que éstos hayan sostenido reuniones, enviado mensajes o hecho llamadas telefónicas con diputados, senadores y dirigentes de partidos políticos para que éstos presionaran al gobierno de Fox con el propósito de que México no votara a favor de la resolución sobre Cuba que cada año se discutía en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; tampoco revela encuentros o conversaciones que los cubanos hubieran tenido con funcionarios de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México o el gobierno del Distrito Federal, cuyo titular era Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de “acordar” la deportación desde la isla del empresario argentino Carlos Ahumada, tal como en ese momento especularon algunas columnas periodísticas.

Es decir, el argumento de que se tenía información de inteligencia sobre la injerencia de los funcionarios cubanos en asuntos internos de México resultó falso y, por ende, la decisión de poner las relaciones con Cuba al borde de la ruptura se tomó con base en una mentira.

El informe DMJ-004-002

En su “presentación”, el informe señala que desde el inicio de la administración de Fox, el país adoptó un nuevo enfoque respecto de la política de derechos humanos tanto en el plano interno como internacional. Recuerda que ello impactó las relaciones con el gobierno de Cuba, el cual no dio buena acogida a las nuevas posturas de México en esta materia. 

“Desde el principio del actual gobierno (de Fox), México ha sufrido presiones e injerencias constantes en asuntos internos por parte de las autoridades cubanas, las cuales han buscado influir en el posicionamiento de nuestro país en Naciones Unidas”, sostiene el informe del Cisen, cuyo titular entonces era Eduardo Medina Mora, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Remarca que en semanas previas a la fecha en que cada año se votaba en Ginebra una resolución de la ONU sobre los derechos humanos en Cuba, “se ha observado un creciente activismo en México de funcionarios cubanos, tanto de personal de su embajada como del Partido Comunista de Cuba (PCC), los cuales han buscado estrechar vínculos con diversos actores políticos y sociales de nuestro país para así anticipar algunas decisiones de política exterior mexicana que bajo su óptica afecten a los intereses del régimen de Fidel Castro”.

Afirma que esta situación “ha derivado en crecientes intentos” de los cubanos “por tener información referente a las intenciones del gobierno de la República con respecto a la relación con Cuba”.

Señala en particular a dos funcionarios del PCC cubano: Arbesú y Lobaina, quienes “han realizado visitas recurrentes” a México “en fechas previas a la votación anual en Ginebra”. Pero no precisa encuentros o comunicaciones de estos funcionarios con ciudadanos mexicanos.

Comenta que “al no obtener del gobierno mexicano el apoyo esperado, el régimen cubano ha radicalizado su postura, utilizando como argumento central la denuncia de supuestos compromisos de México con el gobierno de Estados Unidos”.

Y analiza: El régimen de Cuba “ha basado su estrategia en tres ejes: presión para intentar modificar la orientación del voto de México en la ONU; confrontación cuando tiene conocimiento del sentido del voto mexicano adverso a sus intereses; y descalificación a través de la constante difusión de información que el régimen cubano considera como ‘errores o incongruencias’ del gobierno mexicano”.

El informe hace un repaso de los incidentes diplomáticos que desde el arranque del sexenio de Fox deterioraron la relación entre ambos países. Destacan, entre otros, las agresivas críticas contra Jorge Castañeda, primer canciller del gobierno de Fox; los cabildeos de los cubanos con diputados y senadores del PRD y del PRI para que México no votara en favor de las resoluciones sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; el asalto a la embajada de México en La Habana por parte de un grupo de cubanos que pidieron asilo y que el informe califica como un acto “montado” y “promovido” por el propio gobierno de la isla; la intempestiva salida de Fidel Castro de la Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo que se celebró en Monterrey en marzo de 2002 y la revelación, unas semanas después por parte de Fidel Castro, de la conversación con Fox en la que, en vísperas de la Cumbre de Monterrey, éste le pide que se retire de manera anticipada del evento. Fue el llamado “comes y te vas”.

El caso Ahumada

El informe analiza después el asunto que verdaderamente le preocupaba al gobierno de Fox y, sin proponérselo, revela la verdadera causa del enojo con el gobierno de Castro: la deportación a México del empresario Carlos Ahumada, quien se encontraba detenido en Cuba.

Según el documento del Cisen, en la coyuntura previa al voto que México emitiría en Ginebra en abril de 2004, Cuba “buscaba formas para ejercer presión sobre el gobierno” de Fox… Y el caso Ahumada le cayó de perlas.

Ahumada llegó a Cuba el 27 de febrero de 2004 por la terminal 5 del aeropuerto José Martí de La Habana, “lugar destinado a los vuelos privados, en donde se cuenta con estrictas medidas de seguridad”, por lo que, anota el documento, forzosamente el gobierno de la isla se enteró de su arribo.

El 27 de marzo las autoridades migratorias de la isla le renovaron la visa que estaba a punto de vencerse. Agentes cubanos lo detuvieron hasta el 30 de marzo, dos semanas después de que México, mediante la Interpol, solicitó a la isla su detención con fines de extradición. 

La fiscalía de Cuba le impuso la “medida cautelar de prisión provisional” con el propósito de investigar si cometió delito alguno en la isla y también para analizar detenidamente el caso, pues a esas alturas –5 de abril– Cuba había recibido desde México documentos “con dos calificaciones delictivas diferentes”: la PGR lo requería por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita” (lavado de dinero) y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por “fraude genérico en agravio del gobierno del Distrito Federal”.

El régimen cubano detuvo a Ahumada cuando faltaban 10 días para la votación en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y 18 días después de la primera solicitud de detención con fines de extradición por parte de México. El objetivo: “Mantenerlo bajo custodia para extraerle información mientras se intentaba cambiar el posible sentido del voto mexicano en Ginebra”, razona el documento del Cisen.

Y recuerda que el 3 de abril, Orlando Silva, el consejero político de la embajada de Cuba en México, recibió a las 08:00 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Arbesú y a Lobaina, funcionarios del PCC. Llegaron en el vuelo 130 de Cubana de Aviación y se identificaron con los pasaportes diplomáticos D248085 y D246866. 

“En ese momento se confirmó que las actividades de estos funcionarios tenían la intención de incidir en el sentido del voto del gobierno mexicano en Ginebra”, dice el documento, sin aportar ningún dato o evidencia que sustente su señalamiento.

Cita las declaraciones del embajador Bolaños, en el sentido de que Arbesú y Lobaina “tuvieron reuniones con representantes de amplios sectores políticos siempre dentro del respeto a la Constitución mexicana, a sus leyes y a las normas que rigen la diplomacia”. 

Sin embargo, “los funcionarios cubanos en ningún momento hicieron contacto con las autoridades de procuración de justicia federales o del Distrito Federal ni tampoco solicitaron información oficial sobre el caso Ahumada, no obstante que el principal tema de interés de la visita era ahondar en este asunto”, sostiene el documento.

El 9 de abril Arbesú y Lobaina salieron de México con destino a Cuba y una semana después –15 de abril– se llevó a cabo la votación en Ginebra que aprobó una resolución en la que se pidió a Cuba que aceptara la visita de un relator de derechos humanos; 22 países votaron a favor de esta resolución, incluido México.

Un día después, el gobierno de Cuba informó a la embajada de México en La Habana que desde el 5 de abril tenía detenido a Antonio Martínez Ocampo, identificado por la Contraloría General del Gobierno del Distrito federal como “prestanombres” de Ahumada.

El 20 de abril, Lobaina regresó a México y permaneció en el país dos días. Su visita “deja entrever al gobierno de México que (las autoridades cubanas) cuentan con información obtenida de Ahumada, cuya presunta importancia obligue a revisar la política mexicana hacia Cuba”, sostiene el documento, sin ofrecer detalles.

De repente, y en represalia por la votación de México en Ginebra, el 28 de abril Cuba anunció la deportación de Ahumada a México.

El documento no lo dice, pero si se hubiera respetado el proceso de extradición, Ahumada hubiera sido entregado a la PGR; en cambio, con la deportación, fue entregado a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; es decir, al enemigo político de Fox: Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno de la capital.

“El gobierno cubano no respetó los términos del tratado de extradición, ya que poco antes de que se vencieran los 40 días (el plazo se cumplía el 10 de mayo), deporta a Ahumada, a pesar de que el 5 de abril Luis Lorenzo Palenzuela Páez, fiscal de la República de Cuba, había afirmado que ‘los hechos expuestos e informados por la Interpol y la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos ponen en riesgo la seguridad del estado cubano”, sostiene en tono severo el informe.

Y concluye: “La deportación demostró que el asunto no tenía que ver con la seguridad del Estado cubano, sino con el interés de descalificar al gobierno federal a través de este caso”.