La eliminación del fuero, desvirtuada: es un “instrumento golpista”

Cinco días después de que, el miércoles 11, se presentara en la Cámara de Diputados la iniciativa panista de eliminar el fuero para los políticos de todos los niveles, incluido el presidente de la República, un particular denunció a Andrés Manuel López Obrador ante la PGR por supuesto lavado de dinero, con datos que sólo podían tener el propio candidato presidencial o el Servicio de Administración Tributaria. Dos constitucionalistas, el mexicano Jaime Cárdenas Gracia y el brasileño Juarez Tavares, analizan los riesgos de que los legisladores del PRI y del PAN estén forjando un instrumento jurídico “perverso”, con propósitos golpistas, por si en las elecciones del 1 de julio triunfa el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Pasados 10 días del arranque de la campaña presidencial, y con Andrés Manuel López Obrador como puntero en las encuestas, en la Cámara de Diputados de manera sorpresiva se decidió “discutir” la eliminación del fuero del presidente de la República. Una semana después, el jueves 19, la iniciativa ya era ley en San Lázaro.

Y aunque frenada de último momento en el Senado, la minuta sigue viva; pende de cuatro meses de operación política que tanto PRI como PAN quisieran utilizar, pues hasta el 30 de agosto los actuales integrantes del Congreso de la Unión y la mayoría priista que respalda los intereses del gobierno del Enrique Peña Nieto pueden sacarla adelante.

Es una espada de Damocles para el candidato puntero; si se concreta, un riesgo latente para la democracia y para el nuevo presidente de la República, así como un mecanismo de impunidad para quienes se van: una amenaza constante que no dejaría gobernar y en el peor caso, el preludio de un golpe de Estado.

El diagnóstico es del constitucionalista, exintegrante del Instituto Federal Electoral y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) Jaime Cárdenas Gracia, así como de quien fuera viceprocurador general de Brasil durante el mandato de Lula da Silva y actual profesor de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rio de Janeiro, Juarez Tavares.

La propuesta fue presentada por el coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés, el 14 de febrero de 2017. El PRI, que nunca había incluido al máximo cargo del Ejecutivo en esa medida, empezó a ver esa posibilidad con simpatía.

Sin embargo, otro constitucionalista e integrante del IIJ, Diego Valadés, encendió las alertas el día 21, cuando calificó la posible aprobación de la iniciativa de “decisión precipitada, irresponsable, que puede conducir a la ingobernabilidad… si se quiere inmovilizar al próximo mandatario”.

En entrevista para el diario La Jornada, Valadés añadió: “Se lanza al país a la ingobernabilidad. De aprobarse, los siguientes presidentes, o al menos el siguiente, podría quedar a merced de lo que decida un juez que se quiera hacer famoso o que reciba presiones de mafias”.

La semana siguiente el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera Ávila, y el de los priistas, Emilio Gamboa Patrón, se ufanaban del “avance” y adelantaban su voto a favor de la minuta tal como llegó de la Cámara de Diputados.

Todo estaba programado para que a las 16:00 horas del jueves 26 las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Reforma del Estado y Estudios Legislativos Segunda votaran a favor, pero algo ocurrió por la mañana. 

Después de un acto de aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social al que acudieron Gamboa y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos, así como el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco González-Salas, éste intercambió algunos puntos de vista con Burgos y le advirtió de los riesgos de eliminar el fuero presidencial. Según la versión que corre en el Congreso, ahí se decidió dar marcha atrás.

A las 18:00 horas llegó la orden del coordinador a las comisiones unidas: frenar el dictamen y formar, en cambio, un grupo técnico para analizar lo que debe contener y cómo se debe procesar la eliminación de dicha figura.

Gamboa insistió en que su partido está a favor de retirar el fuero, pero que la minuta contaba con inconsistencias jurídicas y de técnica legislativa, lo que provocó inquietud entre “grandes abogados constitucionalistas y ministros de la Corte”.

Incluso el priista y exgobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma se manifestó por esperar más: “Nadie quiere privilegios, estamos por la desaparición del fuero, pero tiene tales deficiencias que no podemos dejar (la iniciativa) como está. El objetivo de la reforma es impecable, pero los instrumentos que propone van a producir un mal mayor que el bien que se invoca”.

Morena, que en la Cámara de Diputados avaló la desaparición del fuero, reculó junto con el PRI y dijo que aprobarla como estaba pondría en situación de vulnerabilidad al presidente de la República e incluso favorecer la ingobernabilidad.

El PAN y sus aliados PRD y MC no estuvieron de acuerdo, pero no lograron cambiar la sorpresiva conciencia jurídica y política de los priistas.

El Congreso tiene hasta el 30 de agosto para aprobarla. A la eliminación del fuero aún le queda un poco de aire.

Instrumento perverso

Cárdenas Gracia sostiene que, en términos constitucionales, de normalidad democrática, “ningún funcionario debiera tener fuero”. Sin embargo, dice, “me temo que con este mecanismo, si se aprueba, de ganar Andrés Manuel López Obrador será un instrumento, como ha ocurrido en muchos países de América Latina, para desestabilizar un gobierno de izquierda, social”.

Recuerda que en América Latina la vía más usada para sacar del poder a gobernantes incómodos es a través de tribunales, juzgándolos, o mediante juicios políticos en el Congreso, cuando los presidentes no tienen mayoría.

Cita el juicio político contra Dilma Rousseff cuando realizó una adecuación presupuestal para destinarla a funciones sociales del campo y su posterior destitución. También menciona los casos de José Manuel Zelaya en Honduras y de Fernando Lugo en Paraguay.

El peligro de retirar el fuero aquí en México, sostiene Cárdenas, es que “los poderes más oligárquicos, más corporativos, más cercanos a los poderes económicos del país, son el Poder Judicial, los órganos autónomos, y esos órganos, como no tienen un origen democrático en las urnas, al igual que el Poder Judicial, pueden volverse instrumento de la oligarquía nacional para oponerse a las políticas de un presidente progresista y detener una transformación de carácter social”.

Sintetiza: la desaparición del fuero servirá seguramente de instrumento para perseguir al presidente de la República y se correría el riesgo de que ocurriera lo que con Rousseff en Brasil: que 11 ministros de la corte, si gana López Obrador o el que sea, por 15 o 20 millones de votos, decidan: “Este señor ya no va a ser presidente y hay que procesarlo”.

“Es muy riesgoso, cuando un presidente progresista llega al poder, el que la oligarquía tenga los instrumentos de la justicia, del Poder Judicial y determinar si hay delito o no, si existe responsabilidad, procesarlo, dictar sentencia e inhabilitarlo”.

Al respecto el doctor Juarez Tavares, quien fuera vicefiscal general de Brasil, comenta que “el derecho siempre es un instrumento de poder; entonces hay que manejar al derecho justo para impedir que se transforme en un instrumento perverso de poder”.

Desde su punto de vista, las consecuencias de eliminar el fuero cuando las posibilidades de que gane López Obrador cada vez son más altas serían las siguientes: “Una quiebra de la cadena democrática que ya está prevista en la Constitución es realmente un preludio de golpe, porque si no se puede ganar la elección, se establece un instrumento para después proponer una imputación en contra del presidente y sacarlo, para impedir su trabajo… Es un preludio de golpe, ¡es absurdo!”

Sobre esto, Cárdenas, quien considera que el Poder Judicial puede ser utilizado para afectar al presidente una vez que éste no cuente con el fuero, recuerda que el miércoles 11 se anunció que se eliminaría esa figura jurídica, y sólo cinco días después, el lunes 16, a las 13:00 horas llegó a la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por lavado de dinero contra López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, firmada por Alejandro Ponce Rivera y por su abogado Francisco Sorcia Rivera.

El documento, de 125 páginas, está dirigido al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. El alegato es que de 2009 a 2015 López Obrador ha declarado que no percibe ingresos y a pesar de ello ha viajado por todo el país e incluso a París.

Argumenta que si no tiene ingresos entonces podría incurrir en lavado de dinero “al probablemente realizar gastos pagados con recursos de procedencia ilícita”. El denunciante pregunta “cuándo hemos visto al denunciado transportarse en metro, o transporte público dentro de la ciudad, o vestido con andrajos, o sin bañarse, porque alguien que no tiene dinero, obviamente no tiene agua en su casa ni para bañarse”.

La denuncia se sostiene con documentos oficiales que sólo pueden tener el interesado y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En cuanto a Gutiérrez Müller, pide verificar si lo que gana como académica es congruente con lo que ha gastado para obtener a crédito tres propiedades entre 2013 y 2015.

“Esa denuncia sólo pudo hacerse con datos del SAT y ahí fue la Unidad de Inteligencia Financiera. ¡Imagínate! Te pueden construir un expediente así, una carpeta de investigación; te la construyen y aunque no tengas nada que ver, pues ya te ves sometido a un proceso.”

Al consultar su opinión sobre la denuncia contra López Obrador, Juarez Tavares comenta: “Hoy, el delito de lavado de capitales es utilizado por los órganos de persecución criminal para tener una condena sin pruebas. Es la verdad, porque no se tiene prueba de algún otro delito, pero se le imputa el de lavado. Pero a nivel internacional se establece que ese delito presupone la existencia de un antecedente en otro delito.

“Lo que pasa es que el lavado es inventado por los órganos internacionales de defensa del capital financiero, es justo para dominar el capital de los países periféricos. Entonces, esta denuncia contra López Obrador puede ser la espada de Damocles, una amenaza.

“Me causa temor grande cuando nuestros países empiezan a recurrir a otros instrumentos que no sean democráticos. El de excelencia son las elecciones, y si ganas tienes que asumir el poder. Pero la oposición inventa medios para impedir que ese proceso normal democrático se ejecute y me causa temor porque en el fondo se perpetúan golpes de estado por varios medios. Y eso que está sucediendo en México es justamente el preludio de un golpe de Estado. Y ya se anuncia que el golpe será posible porque está empezando una imputación de lavado de dinero.”

Cárdenas Gracia considera que, en el fondo, lo que busca el PRI con la amenaza y el amago del retiro del fuero “es un mecanismo de garantía”. 

López Obrador ha dicho que no va a perseguir el pasado, pero por si alguien se atreve a iniciar una indagación contra el gobierno de Peña Nieto o sus allegados la reacción sería: “Ah, ¿me estas investigando? Pues yo te denuncio.” A decir de Cárdenas, “lo que quiere el PRI es garantizar que si gana AMLO o Anaya pues no los vayan a tocar”.

La consecuencia es grave, afirma, porque “ahora los presidentes estarán expuestos a ser procesados. Olvídate que sea López Obrador el que gane: a cualquier presidente, en el futuro, con ese instrumento, lo pueden traer en tribunales y evitar que gobierne”.