PRI y PVEM aprueban reformas para controlar más a los medios

El Congreso aprobó la Ley General de Comunicación Social en el límite del plazo marcado para ello por la Suprema Corte. De esa forma evitó caer en desacato, pero la premura fue aprovechada por un bloque de legisladores del PRI y del PVEM para establecer una norma que legaliza precisamente lo que se pretendía erradicar: la discrecionalidad, opacidad y el derroche en la propaganda oficial. En el mismo “paquete de medios” entró la reforma a la Ley de Derechos de Autor –propuesta por el vocero de José Antonio Meade– para que puedan bajarse contenidos de la red y embargarse de forma “cautelar” los equipos utilizados para realizarla, aun sin que se haya probado la existencia de un delito.

En menos de tres días, con claras violaciones al proceso legislativo, acusaciones de “mayoriteo”, “madruguetes” y hasta de “corrupción procedimental”, los senadores del PRI, PVEM y algunos de la bancada del PAN ayudaron a aprobar un paquete de reformas para mantener el control de la Secretaría de Gobernación sobre los medios y la publicidad oficial, a través de la llamada Ley Chayote.

Asimismo, ese bloque de legisladores modificó artículos de la Ley Federal de Derechos de Autor a propuesta del senador Javier Lozano, a fin de autorizar “medidas precautorias” que pueden llegar al embargo de sitios digitales y otros medios de comunicación.

El “paquete de medios” que se aprobó en el Senado a última hora también incluyó una reforma de último momento para disminuir las multas a violaciones de concesiones y cualquier otra disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones de 1-3% a 0.1-0.75%, en presunto cumplimiento de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de TV Azteca.

También se aprobó una reforma al párrafo tercero del artículo séptimo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que los concesionarios de radio y televisión puedan aprobar una prórroga a su concesión por 20 años después de la quinta parte del plazo de ley. La iniciativa fue presentada por el senador priista Raúl Aarón Pozos Lanz.

Éstas y otras reformas que benefician a los medios electrónicos más grandes coincidió con la publicación del reporte trimestral de enero-marzo de 2018 de Grupo Televisa y de TV Azteca ante la Bolsa Mexicana de Valores. Ambas compañías registraron fuertes caídas en su utilidad neta.

Por ejemplo, Televisa disminuyó 43% su utilidad neta, que en el primer trimestre de 2018 fue de 678 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2017 fue de mil 196 millones. 

TV Azteca también reportó una caída de su utilidad neta al pasar de 388 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado a 173 millones de pesos en 2018, es decir, 56% menos. 

Este año ambas compañías dependerán cada vez más de la publicidad oficial y de los recursos que obtengan por la comercialización de sus espacios en función de la Copa Mundial de Futbol.

“Ley Chayote”

El escándalo más ventilado en las redes sociales y entre las organizaciones que forman parte del colectivo #MediosLibres fue la aprobación fast track por 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, al filo de la madrugada del pasado jueves 26, de la minuta procedente de la Cámara de Dipu­tados para crear una nueva Ley General de Comunicación Social, rebautizada como Ley Chayote.

Todo el proceso en comisiones para dictaminar esta minuta estuvo plagado de irregularidades. La senadora independiente Martha Tagle, quien presentó una “moción suspensiva” ante el pleno, explicó que una “suma de factores” permitió que esta ley se aprobara a pesar de la abierta oposición de las organizaciones promotoras, como Artículo 19.

“En primer lugar fue un mal momento legislativo. La mayoría de los senadores ya andan en campaña electoral. El otro elemento fue la supuesta presión de la SCJN para aprobarla antes del 30 de abril. Y el principal error fue la violación de los métodos del Parlamento Abierto, ya que no se consultó a las organizaciones sociales”, afirma Tagle en entrevista.

La legisladora considera que es procedente la acción de inconstitucionalidad contra esta Ley General de Comunicación Social, una vez que se promulgue por el Ejecutivo federal. La bancada del PAN ya está recabando firmas y las organizaciones sociales podrán acudir ante la SCJN.

–¿Es posible que los propios ministros de la SCJN la rechacen por sus vicios de procedimiento y por su contenido? –se le pregunta.

–Creo que la Corte tendrá que resolver si es constitucional o no, pero se tomará su tiempo para que no incida en los tiempos electorales.

Tagle relata que se cometieron varios vicios de procedimiento en las comisiones unidas. El PRI hizo “un movimiento estratégico” para colocar al frente de la Comisión de Gobernación al senador Pozos Lanz, quien mantuvo la consigna de aprobarla sin modificación. En la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el senador Froylán Esquinca, suplente de Zoé Robledo, demostró inexperiencia y los panistas descuidaron su presencia en la Comisión de Estudios Legislativos.

Desde el jueves 19 hubo un empate en las tres comisiones, lo que impedía que la ley se subiera al pleno del Senado. El martes 24 se volvieron a reunir los integrantes de las comisiones. El senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca, quien había insistido en la necesidad de pedirle una prórroga a la SCJN, ya no se presentó. Otros senadores panistas que fueron críticos ya no acudieron; uno de ellos, Raúl Gracia, intentó presentar un dictamen alterno, pero la mayoría priista y del PVEM lo bloqueó.

La discusión de la Ley Chayote se empalmó con la aprobación de los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la reforma constitucional contra el fuero y con más de 60 dictámenes de asuntos muy delicados.

“En síntesis, violentaron el procedimiento legislativo para aprobar una ley que permite utilizar el presupuesto público bajo la ambigüedad de que son ‘campañas de comunicación social’, mantiene el control de los medios a través de la Secretaría de Gobernación, no establece ninguna sanción y tampoco modifica la concentración de recursos”, sintetiza Tagle.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, consideró que aprobar esta ley fue una “triste noticia” porque “es una ley que no contiene criterios para regular verdaderamente la publicidad oficial y eliminar la discrecionalidad”.

En varias entrevistas Jarab reiteró: “Nuestra oficina y las relatoría de libertad de expresión sin duda vamos a continuar empujando para que se establezcan las reglas claras para la publicidad oficial que no se lograron en esta ley”.

Seguirá el despilfarro 

Durante el debate, el senador independiente Alejandro Encinas argumentó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se destinaron 40 mil millones de pesos a los gastos de comunicación social, 28 mil millones de los cuales se ejercieron por la vía del sobrecosto. De estos recursos, 58% se ha concentrado en sólo 20 medios y más de 20% del gasto se destinó a las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca.

Encinas calificó de “lamentable” que se aprobara sin cambios la minuta procedente de la Cámara de Diputados, porque va en contra de la reforma constitucional del artículo 134 y también “del fondo de la sentencia” de la SCJN.

También presentó un voto particular, en contra, el senador panista Héctor Larios, quien calificó de “denigrante” que se apruebe una ley con un “capítulo de sanciones sin sanciones”. 

Larios insistió en que esta minuta legaliza el método de “tirar el dinero de los contribuyentes a la basura” en campañas de promoción de los gobernadores y funcionarios. Por ejemplo, citó Larios, el ayuntamiento de Hermosillo “gastó más en propaganda que en obra social”.

La senadora Dolores Padierna, del bloque PT-Morena, advirtió que durante el gobierno de Peña Nieto se pasó de la lógica de “no pago para que me peguen”, del sexenio de López Portillo, a la máxima de “pago para que no me peguen”, pero sin ninguna eficacia.

La Ley General de Comunicación Social beneficia ampliamente a un puñado de concesionarios que han concentrado 60% de los recursos públicos en publicidad oficial porque establece “excepciones” para campañas en casos de emergencia, seguridad y orden público.

Esto, a pesar de que no debe existir ninguna excepción, ya que los concesionarios de radio y televisión están obligados por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a transmitir gratuitamente mensajes de entes públicos.

También mantiene a la Secretaría de Gobernación como la autoridad reguladora, cuando la mayoría de las organizaciones ciudadanas demandaron que exista un ente autónomo del Ejecutivo federal que sea el responsable de la ejecución y supervisión de la ley.

Por ejemplo, la iniciativa del senador Luis Sánchez, coordinador del PRD, prevé la existencia de un Consejo Ciudadano con facultades para evaluar, ordenar, suspender y distribuir los recursos publicitarios.

Los tiempos oficiales se repartirán ahora de esta manera: 40% para el Poder Ejecutivo (que sigue teniendo la mayoría de los recursos para publicidad oficial), 30% para el Poder Legislativo, 10% para el Poder Judicial y 20% para las entidades autónomas.

La “Ley Lozano” contra internet

De manera sorpresiva, el viernes 27, el último día de sesiones del pleno, el senador Javier Lozano, vocero de la campaña de José Antonio Meade y presidente de la Comisión de Cultura, subió a tribuna para defender reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor para que tribunales puedan dictar “medidas precautorias” a fin de proteger derechos autorales de artistas, intérpretes o creadores.

La iniciativa reformó los artículos 213 bis y 215 de dicha ley y permite que, “a solicitud de los creadores, autores, compositores o titulares de los derechos patrimoniales o de las sociedades de gestión intelectual”, un juez pueda ordenar la suspensión de la “representación, comunicación y/o ejecución pública”, pero también “el embargo de los ingresos que obtengan, antes o durante la representación, comunicación o ejecución pública”, así como “aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos utilizados”.

El “madruguete” legislativo de Lozano contó con el apoyo del PRI, del PVEM y del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, quien autorizó que se aprobara esta minuta, a pesar de que los senadores panistas Juan Carlos Romero Hicks y Raúl Gracia reprocharon airadamente que no se convocó a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para discutir esta iniciativa.

“Aquí estoy exhibiendo pruebas de que no se convocó (a comisiones); de que no se dictaminó; no hay video, no hay una prueba estenográfica. A esto se le llama corrupción procedimental, se le llama impunidad procedimental”, reclamó desde su escaño Romero Hicks. Y acusó a Cordero de que existe “corrupción de por medio”.

El senador Raúl Gracia, del PAN también, increpó airadamente este dictamen. Preguntó en qué salón del recinto del Senado se registró la reunión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda que aprobó la Ley Lozano.

“La sesión fue en el recinto parlamentario del Senado”, le respondió Cordero, desde la tribuna de la presidencia. “¡No se burle de mí!”, le reclamó Gracia, a gritos. “Serénese, senador Gracia, serénese”, le reviró Cordero, quien formó junto con Lozano y otros legisladores el grupo de “rebeldes del PAN” que apoyan a Meade.

La Ley Lozano fue aprobada por 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones, sin debate y con la ausencia de varios senadores. En esos momentos estaban reu­nidas las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales, Justicia y Reforma del Estado para discutir la minuta sobre la ley antifuero, que finalmente fue “congelada” por el coordinador priista, Emilio Gamboa Patrón.

Las organizaciones defensoras de los derechos de internet protestaron airadamente en redes sociales y en entrevistas a medios digitales, como Aristegui Noticias, por el “madruguete” de Lozano y del Senado.

La Red de Defensa de los Derechos Digitales emitió un comunicado en el cual señala que esta reforma “atenta contra el derecho a la libertad de expresión en internet” y se aprobó “sin una discusión previa en comisiones y sin respetar el proceso legislativo”.

La organización advirtió que dichas reformas permitirán que “cualquier tribunal tenga la facultad de ordenar que una comunicación pública –por ejemplo, un video en internet– sea censurada o que los servidores, enrutadores u otros instrumentos usados en su difusión sean asegurados, sin que haya sido previamente demostrado en un juicio que dicha comunicación viole el derecho de autor.

“Estas reformas constituyen claramente una medida de censura previa, violatoria al artículo séptimo de la Constitución mexicana”, sentenció la organización, conocida como R3D.