Una captura que tiene en jaque al proceso de paz

Todo parece indicar que al excomandante guerrillero Jesús Santrich le tendieron una trampa. Está acusado de traficar con drogas y Estados Unidos demanda su extradición, por lo que el excombatiente fue encarcelado y ahora mismo sostiene una huelga de hambre en demanda de que se limpie su nombre. Agentes encubiertos de la DEA le presentaron a la fiscalía colombiana un video “comprometedor”, que en realidad no demuestra la culpabilidad del acusado pero que las autoridades admitieron. Todo este proceso, sin embargo, tiene un tufo político inocultable, cuya finalidad sería torpedear los acuerdos de paz, que no han acabado de cristalizar, entre la antigua guerrilla y el gobierno de Colombia.

BOGOTÁ.- Jesús Santrich, excomandante de las FARC, asume la lucha contra su extradición a Estados Unidos como su “última batalla”.

Este lunes 30 el estratega de las negociaciones de paz de esa exguerrilla con el gobierno cumplirá 22 días en huelga de hambre en la cárcel La Picota, en esta ciudad. Ha perdido nueve kilos y dice que no suspenderá el ayuno hasta que la justicia colombiana le garantice un debido proceso y libere a 600 presos políticos del desaparecido grupo insurgente que aún están detenidos, pese a que los acuerdos entraron en vigor hace un año y cinco meses.

“Su lucha es por la liberación de los prisioneros de las FARC, por que se cumpla con la implementación de los acuerdos de paz y por que las autoridades cesen el chantaje de la extradición”, dice a Proceso su abogado, Gustavo Gallardo.

Santrich, quien es invidente y padece hipoglicemia y epilepsia, ha advertido en mensajes que divulga a través de Gallardo que llevará su huelga de hambre “hasta el final”, en caso de que la Fiscalía General de la Nación (FGN) “persista en el montaje judicial” que lo tiene en la cárcel con fines de extradición a Estados Unidos desde el pasado lunes 9.

El jueves 26 fue trasladado de La Picota a un hospital “de manera preventiva, para evitar una descompensación”, informaron las autoridades penitenciarias.

El exjefe guerrillero no sólo parece decidido a mantener el ayuno, sino que ya hasta se despidió de sus hijos, sus padres, su familia y sus camaradas. En un audio de tres minutos expresó su alegría por haber vivido de manera profunda, intensa y con pasión. Y lo hizo así, según dijo, porque “de alguna manera, yo conocía mi destino”. Concluyó el mensaje con un “hasta siempre”.

La aplicación de los acuerdos de paz ya venía sufriendo varios tropiezos desde el año pasado, cuando el Congreso modificó partes sustanciales de lo negociado y los programas de reincorporación de excombatientes quedaron atrapados en la burocracia.

Y ahora, la detención de Santrich y su huelga de hambre colocan al proceso de paz “en su punto más crítico” y ante el riesgo de convertirse en “un verdadero fracaso”, según advirtió la exguerrilla. 

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político en que se transformó la antigua organización insurgente –antes llamada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–, considera que la captura del dirigente es parte de un “plan orquestado” por el gobierno de Estados Unidos y la fiscalía colombiana para involucrar en asuntos de narcotráfico a varios exjefes guerrilleros. 

Esto, señala un documento del Consejo Político Nacional de la FARC, “con el propósito de decapitar la dirección política de nuestro partido y sepultar los anhelos de paz del pueblo colombiano”.

Santrich es una figura de enorme influencia de la antigua guerrilla. Junto con Iván Márquez, el número dos de la organización después de Rodrigo Londoño, Timochenko, encabeza el sector más ortodoxo del nuevo partido político. 

Las élites colombianas lo consideran un radical y él le ha dicho a este semanario que sí lo es en el sentido de que piensa que la exclusión social en Colombia debe ser atacada con cambios “de raíz, estructurales”. Su estilo sarcástico e incisivo resulta chocante en un país donde la clase dirigente está habituada a tolerar la crítica sólo cuando viene de alguien de su entraña. 

A finales de 2012, cuando se iniciaban los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, un reportero le preguntó a Santrich si la guerrilla pediría perdón a sus víctimas, a lo que él respondió entonando la canción del cubano Osvaldo Farrés: “Quizás, quizás, quizás”. Eso le generó un generalizado rechazo en Colombia.

Pero en las bases de la FARC el exguerrillero ciego es una leyenda. No sólo por su preparación académica –es abogado, pedagogo e historiador–, sino por su inteligencia y cultura. También por sus habilidades artísticas. Es dibujante y pinta óleos con la técnica táctil braille, toca saxofón, flauta y armónica, escribe cuentos y poesía y es cantautor.

En septiembre pasado, durante el congreso constitutivo del partido FARC, Santrich logró la tercera más alta votación para integrar la directiva. Sólo lo superaron Márquez y Pablo Catatumbo. Hasta Timochenko, el jefe máximo de la organización, obtuvo menos votos que él.

Por eso cuando la fiscalía colombiana lo detuvo con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico que le imputa una corte federal de Nueva York, la noticia provocó un terremoto en las zonas de reincorporación donde están concentrados unos 4 mil exguerrilleros de las FARC.

Márquez, muy amigo del detenido, advirtió del riesgo de “una desbandada” de excombatientes en esos territorios para incorporarse a las llamadas “disidencias” de las FARC, grupos que se apartaron del proceso de paz para dedicarse a la delincuencia, en especial al narcotráfico.

Los alegatos 

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, sostiene que las pruebas contra Santrich, que son producto de una investigación encubierta de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), son “contundentes”.

De acuerdo con la acusación estadunidense, Santrich, Marlon Marín, Armando Gómez y Fabio Simón Younes conspiraron para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El “enlace” del negocio era Marlon Marín, quien es sobrino de Iván Márquez y ha sido investigado por negocios fraudulentos. Fue quien hizo contacto con supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa que dijeron trabajar para el capo Rafael Caro Quintero. 

Marín promovió que los aparentes enviados de Caro Quintero, que en realidad eran agentes infiltrados de la DEA con acento mexicano, se reunieran con Santrich en su casa del barrio Modelia en Bogotá el pasado 8 de febrero. 

El encuentro fue grabado en video por uno de los infiltrados y en la única parte que hasta ahora es pública aparece Santrich con un billete en la mano que le entrega a Marín, quien aparece a su derecha. Según la FGN ese billete es el “toque” que cerró el negocio.

El dirigente de la FARC, quien es uno de los cinco representantes (diputados) de ese partido que deberían asumir el cargo el próximo 20 de julio, sostiene que esa reunión fue para hablar de proyectos productivos y que nunca ha hablado con nadie de negocios de drogas. 

El senador Iván Cepeda, quien fue facilitador del proceso de paz con las FARC y ha visitado a Santrich en la cárcel, dice que el exguerrillero está debilitado por la huelga de hambre pero tiene la lucidez de siempre. “Nos reiteró de una manera muy enfática que es inocente y que fue objeto de una trampa”, señala el congresista.

Dice que Santrich le aseguró que, como parte de la Comisión de Seguimiento y Verificación a la Implementación del acuerdo de paz, “atendía a mucha gente, y que en ese contexto aparecieron unos señores mexicanos que le fueron presentados como parte de una empresa que quería desarrollar proyectos productivos en las zonas de reincorporación”.

El exguerrillero de 51 años reconoce que, por solicitud de Marín, tuvo un contacto telefónico con una persona que dijo ser Rafael Caro Quintero, a quien consideraba “un empresario” interesado en financiar proyectos productivos. 

La FGN presentó un dibujo de Santrich dedicado al capo, prófugo de las justicias mexicana y estadunidense. Está fechado el 2 de noviembre de 2017 y tiene una dedicatoria: “Para Don Rafa Caro con aprecio y esperanza de paz”. Tiene la firma habitual del pintor y dirigente de la FARC.

Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, considera que lo que se requiere frente a ese caso es “que se investigue y se siga el debido proceso, sin señalar a priori la inocencia o la culpabilidad de los involucrados”.

Pero hay elementos, agrega, “que llaman la atención, como el hecho de que la opinión pública no conozca hasta ahora las pruebas contundentes que ha anunciado la Fiscalía”.

Lo que se ha hecho público hasta ahora son fragmentos de conversaciones telefónicas protagonizadas principalmente por Marín, quien una semana después de ser capturado junto con Santrich fue llevado por la DEA a Estados Unidos en calidad de colaborador de la investigación. 

No se sabe si desde el principio trabajó para esa agencia o si luego de su captura aceptó ser informante a cambio de beneficios judiciales. 

Hilos sueltos

La detención de Santrich ha agudizado las divisiones de la FARC y ha ampliado la brecha entre la línea moderada, que encabezan Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada; y el sector ortodoxo, liderado por Márquez, Joaquín Gómez y Hernán Darío Velásquez, El Paisa, quien comandaba las tropas élite de la exguerrilla y cuyo paradero hoy se desconoce. 

Timochenko, el presidente del partido, les dijo a los excombatientes que desde el momento de la firma del acuerdo de paz “aceptamos la Constitución y las leyes, y es nuestro deber actuar ajustados a ellas”. Quien no lo haga, agregó, “debe atenerse a las consecuencias y ahí difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido”.

El líder de la FARC sigue defendiendo la inocencia de Santrich y exige un proceso apegado a la ley, pero al mismo tiempo ha dejado en claro que el exguerrillero que haya cometido un delito después de la entrada en vigor del acuerdo de paz, el 1 de diciembre de 2016, debe responder por eso.

En cambio, Márquez optó por salir de Bogotá para refugiarse en una zona de reincorporación en el suroeste del país, donde todos los días advierte que el proceso de paz está “al borde del fracaso” y moviliza a las bases de la FARC para exigir la liberación de Santrich. 

Desde allí anunció que no asumirá como senador el próximo 20 de julio, pues no se va a exponer a que lo acusen de narcotraficante. Él iba a ser el líder de la FARC en el Senado, donde el nuevo partido tendrá cinco curules –y otro número igual en la Cámara baja– como parte de los acuerdos de paz.

Aunque el fiscal Martínez ha descartado que haya investigaciones por tráfico de drogas en torno a otros excomandantes guerrilleros, algunos de ellos –y no pocos analistas y funcionarios del gobierno– creen que en cualquier momento puede haber nuevas acciones judiciales.

En lo que sí hay una sola línea dentro de la exguerrilla es en que el caso contra Santrich debe ventilarse en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos por los jefes guerrilleros durante el conflicto armado; es decir, hasta la firma del acuerdo final, hace 17 meses.

“Nosotros hemos pedido a la JEP que se encargue de ver, de fondo, este caso, y estamos a la espera de su respuesta”, dice Gallardo.

Lo que busca el litigante es sacar el proceso del ámbito de la FGN. Pero Martínez sostiene que la JEP sólo deberá verificar que el delito que se le imputa al exjefe guerrillero haya sido cometido después de la entrada en vigor del acuerdo de paz y que no le corresponde a ese tribunal determinar si hay o no elementos de prueba sólidos contra el acusado.

La directora ejecutiva de la Fundación Ideas Paz (FIP), María Victoria Llorente, dice que el principal riesgo en estos momentos es que el sector más ortodoxo de la FARC, encabezado por Márquez, se acerque a las disidencias y acabe rearmándose, lo que sería un duro golpe para el proceso que abrió la posibilidad de lograr la pacificación de Colombia.

La FIP estima que las disidencias de las FARC podrían llegar a unos mil 200 hombres, que equivalen a alrededor de 17% de los guerrilleros que dejaron las armas. 

Aunque ese porcentaje está dentro de los parámetros de otros procesos de paz en el mundo, la desconfianza que genera entre los excombatientes la detención de Santrich y los rumores de que otros jefes de la FARC serán capturados con fines de extradición a Estados Unidos pueden acabar engrosando las filas de las disidencias. 

Llorente plantea que, además, en las zonas de reincorporación sólo se han puesto en marcha unos cuantos programas productivos financiados por la comunidad internacional y ni uno solo por parte del gobierno, lo que crea incertidumbre entre miles de antiguos guerrilleros sobre su futuro en la vida legal.

Y todo esto ocurre a sólo tres meses de que el presidente Santos deje el cargo y en momentos en que el candidato que marcha como favorito para sucederlo es Iván Duque, del derechista partido del exmandatario Álvaro Uribe, el más enconado opositor a los acuerdos de paz con las FARC.

Duque ha prometido “modificar” los acuerdos si llega a la Presidencia y ha dicho que no dudará en firmar la extradición de Santrich en caso de que gane los comicios y le corresponda hacerlo.

Pero Santrich, quien paradójicamente había sido el más activo promotor de la repatriación a Colombia del excomandante de las FARC Simón Trinidad –extraditado en 2004 a Estados Unidos y sentenciado a 60 años de cárcel en ese país–, le dijo a Cepeda que prefiere morir de inanición que ser enviado a una prisión estadunidense.