Los “tarifazos” enardecen el descontento social

La sociedad argentina está cada vez más molesta por los “tarifazos” que ha aplicado el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió el poder. Las expresiones de ira social incluyen cacerolazos, marchas con velas, apagones. En sus dos primeros años el gobierno ha subido la tarifa eléctrica 560%; la del agua, 330%, y la del gas, 220%. Además, el precio de las gasolinas fue liberado. Las clases medias son las que pagan el costo, pues los salarios no aumentan y la gente ha dejado de gastar en bienes o servicios “superfluos” para poder seguir pagando lo básico: los alimentos, el vestido…

Buenos Aires.- “Esto no se puede manejar como una empresa; es un país donde la gente trabaja y tiene ganas de comer y de vestirse y no puede dejar de hacer las cosas importantes para seguir teniendo luz o gas”, eleva su indignación frente a Proceso el analista programador Daniel Scarcella. 

La renovada tanda de incrementos de tarifas impulsada por el gobierno desata fuertes críticas. Las expresiones de hastío social se extienden por las calles, los lugares de trabajo, las redes sociales. Incluyen cacerolazos, marchas con velas, apagones compulsivos.

“Es imposible que un servicio por el que hace dos años pagabas 300 pesos ahora cueste 2 mil”, grafica el usuario. 

El servicio de energía eléctrica para los hogares aumentó 18% en febrero. El gas aumentó en abril 32%. En mayo se prevé que el agua suba 26%. El transporte público sufrirá un incremento de 70% a lo largo de 2018. En los dos primeros años de gobierno de Mauricio Macri la electricidad subió en promedio 560%; el agua, 330%, y el gas, 220%. El precio de los combustibles fue liberado. El cronograma de aumentos continuará al menos hasta 2019, de manera periódica, en el caso de la luz otro 25% en agosto, y en el del gas otro tanto en octubre. 

A través de la quita de los subsidios y la liberación de las tarifas de servicios públicos el gobierno pretende alentar las inversiones en el sector energético. El sacrificio impuesto a la población no se traduce, sin embargo, en un crecimiento de las inversiones o en mejoras en el servicio. Por el contrario, los aumentos desmedidos alientan la inflación, erosionan el poder adquisitivo y generan cambios de hábitos en los consumos de la población, que implican un deterioro en la calidad de vida.

Los tarifazos castigan sobre todo a las clases media y media baja, que no pueden afrontar los pagos sin mermar otros consumos y tampoco aplican para ser beneficiarios de tarifas sociales. Se trata de sectores que en las dos últimas elecciones acompañaron al oficialismo y que ahora deben destinar –según un informe de la consultora privada Kantar World Panel– de 20 a 25% de sus ingresos al pago de los servicios públicos. 

Las restricciones implican para la clase media dejar de comer afuera (43%) o salir de vacaciones (22%), mientras que los más pobres reducen la calidad de los productos consumidos (30%) y gastan menos en productos de limpieza (22%). 

Otro informe, esta vez de la Universidad Nacional de Avellaneda, asume que la carga de los servicios públicos pasó a representar 17.9% del salario medio. 

“Durante el gobierno anterior (kirchnerista) ya nos costaba llegar a ciertas cosas; yo, siendo independiente; mi mujer, trabajando para el Estado. Por eso elegí otro estilo de gobierno”, dice a Proceso Gabriel Ducard. 

“Ahora estamos reduciendo todo lo que antes estaba, pero sin poder progresar. En el consumo de comida y las salidas es una reducción absoluta, provocada principalmente por el aumento de tarifas y por la inflación. Este año no nos fuimos de vacaciones y tampoco podremos cambiar la heladera (refrigerador)”, explica.

Derroche

“Les quiero pedir a los municipios y a las provincias que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos”, dijo Macri desde los yacimientos de petróleo y gas de Vaca Muerta, el martes 24, intentando aplacar el descontento social.

Se trató de un pase de magia para trasladar el problema a los gobernadores. La propuesta recurre a los impuestos ajenos y no a la posibilidad de reducir el IVA que el Estado nacional percibe con el cobro de cada servicio.

El pedido fue aprobado de inmediato por dos gobernadores oficialistas, pero encontró un claro rechazo entre los opositores. 

“Macri siempre intenta trasladar el costo político de las medidas impopulares a los gobiernos provinciales, que no tenemos nada que ver; no definimos la política tarifaria, nos llaman y nos convocan cuando el descontento popular es manifiesto”, resumió el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. Algunos mandatarios provinciales aclararon además la imposibilidad de anular impuestos que en sus provincias ni siquiera existen.

La oposición en la Cámara de Diputados,­ formada fundamentalmente por tres bloques peronistas, consiguió el miércoles 25 el quórum necesario para elevar a votación 26 proyectos de ley que oscilaban entre atenuar las tarifas, atar sus aumentos a las alzas salariales o congelarlas hasta 2019. 

Pero el oficialismo bloqueó las iniciativas al no contar la oposición con dos tercios de los votos. Al mismo tiempo, el gobierno presiona a los gobernadores peronistas para que intimen a sus diputados a desistir de la avanzada parlamentaria, amenazándolos con pagar las consecuencias con sus presupuestos provinciales. El oficialismo quiere evitar que el presidente se vea obligado a vetar una ley que protege a los usuarios.

“La única manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos nos sumemos al desafío de consumir menos”, dijo Macri en su mensaje desde Vaca Muerta. 

No es la primera vez que desde el gobierno se asocia la necesidad de elevar las tarifas al supuesto derroche energético de la población. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, sin embargo, el nivel de consumo eléctrico por habitante, de 3.052 kilowatts/hora, es adecuado para un país como Argentina. Los datos del informe son de 2014. La caída del consumo desde entonces permite inferir una baja de los índices actuales.

A las quejas de la población se suman las de la Unión Industrial Argentina. El tarifazo en gas y luz afecta a pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales que no pueden sostener la actividad y a la vez padecen el enfriamiento de la economía. La caída de la demanda interna, debida a la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, limita el traslado del aumento de los costos a los precios. 

La matriz energética de Argentina depende del gas, que aporta más de 55%; al petróleo corresponde 35%, y el resto es provisto por hidroeléctricas y plantas nucleares. En el centro de la disputa está la falta de relación entre las tarifas internacionales que hoy se pagan en Argentina y los costos de producción de esta energía, un dato que las empresas ocultan. 

“El costo de producción de un barril de petróleo en Argentina no supera los 15 a 18 dólares y se está reconociendo un precio del barril superior a los 50 dólares” dice a Proceso Tomás Raffo, economista de la Asociación de Trabajadores del Estado. “Y al mismo tiempo el millón de BTU, la unidad de referencia para el tema del gas, no supera los dos dólares de costo y estamos reconociendo precios del orden de 5.5 dólares”, sostiene. 

“Desde su privatización en los noventa, y también durante el gobierno anterior, se les permite a las empresas del complejo energético una ganancia extraordinaria, que se basa en la ventaja de un recurso natural cuya producción, en términos de costos, es muy inferior al precio internacional del mismo producto. Consecuentemente, no hay ahí una vocación de reinversión productiva y de utilizar el recurso petrolero del que Argentina dispone para industrializar el país”, explica Raffo.

Imagen 

El conflicto tarifario alimenta la caída en la imagen de Macri y de su gobierno que reflejan las encuestas. La pretendida reelección en 2019 ya no puede darse por descontada.

“El gobierno nacional enfrenta una crisis de credibilidad que podría traducirse en una crisis de legitimidad con costo electoral”, escribió el sociólogo Carlos de Ángelis en Diario Perfil el domingo 22. “La crisis de legitimidad sucede cuando se generaliza la percepción de que el grupo que gobierna un país lleva adelante una agenda ajena a las demandas de la sociedad”, explicó. 

Por lo pronto la estructura tarifaria no guarda relación con los salarios ni con el crecimiento de la economía. Consolida a empresas privatizadas pero monopólicas, como Edenor y Edesur, a expensas de usuarios cautivos. La alternativa de revisar tarifas –y así aclarar las ganancias nunca explicadas ni acreditadas de las empresas– no está en agenda. 

Frente a un gobierno que no exhibe logros en el combate contra la inflación ni en el aumento de las inversiones y el consumo, la población deja de percibir la razón de los sacrificios que se le imponen. 

Por otra parte, varios de los encargados de llevar adelante las políticas de Estado tienen o han tenido relación con las empresas a las que deberían regular. 

“Durante 2017 los dueños de Edenor y Edesur, Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo, ganaron más de 9 mil millones de pesos. Un millón de pesos por hora. Uno es el principal amigo de Macri y el otro le compró la constructora”, publicó Página 12 el domingo 22. 

Por si fuera poco, en noviembre de 2016 el gobierno condonó una deuda de 19 mil millones de pesos que las empresas eléctricas privadas y provinciales tenían con el Estado. 

“Las empresas energéticas que se privatizaron en los noventa vuelven a practicar hoy una estrategia de negocios muy depredadora, asentada en aumentos irracionales, que a la larga termina siendo una maquinaria de apropiación de ganancias fáciles, porque estas empresas, que no invierten y que se transforman en fuga de capitales, requieren también un endeudamiento público muy importante”, explica Raffo. 

El economista cree que el aumento de tarifas generará un proceso de estanflación, con caída del nivel de actividad y aumento de la inflación. “Esto va a exacerbar el convulsionado conflicto distributivo que tiene la Argentina, con protestas y conflictos, y habrá que ver si el gobierno intenta, como en diciembre último frente a la reforma previsional, resolver el conflicto a través de la represión de la protesta social”, opina Raffo.

“Ese es un camino peligroso y complicado, tanto para la población que sale a protestar como para la legitimidad del gobierno”, advierte.