Disfuncional, la estrategia antinarco de Peña Nieto

En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el combate al narcotráfico no dio los resultados que se esperaban, y ahora este delito es sólo una parte de una gama cada vez más amplia de actividades del crimen organizado. El problema se agrava con la impunidad y la corrupción. En el final del sexenio peñanietista el consumo de drogas y los efectos colaterales del narcotráfico siguen en aumento.

A esa conclusión llegaron los miembros del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) en el documento Una Estrategia de Seguridad Pública para Proteger a la Ciudadanía, presentado el jueves 3.

No es la primera vez que el consejo analiza la estrategia de seguridad de un presidente; ya lo hizo con respecto al gobierno de Carlos Salinas de Gortari y después sobre el de Vicente Fox, del cual consignó el poco éxito que tuvo en el combate del fenómeno. En cuanto a Felipe Calderón, calificó como un error el que haya declarado la guerra a los cárteles de la droga sin contar con estrategias de inteligencia.

Ahora, en lo que respecta al actual gobierno, los integrantes del Comexi exponen que, si bien Peña Nieto colocó desde su campaña presidencial el tema de la seguridad como una de las prioridades de su gobierno al asegurar que habría cambios importantes en la estrategia contra el narco, “nada de ello sucedió”.­

Cuando en 2012 el PRI regresó a la Presidencia la inseguridad estaba peor que en los tres sexenios anteriores. Pese a las promesas en materia de seguridad, en realidad hubo pocos cambios de fondo, afirma el análisis.

De acuerdo con el documento del Comexi, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal, la integración de su estructura a la Secretaría de Gobernación (Segob) y la creación de la Comisión Nacional de Seguridad fueron las modificaciones más importantes en la estructura organizacional de las fuerzas de seguridad del Estado, pero “no significaron mayor efectividad en las políticas”.

También indica que el hecho más destacable en materia operativa fue el proyecto de creación de la Gendarmería Nacional, es decir, policías con adiestramiento militar para fortalecer los aparatos de seguridad del Estado y para sustituir a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública que se les asignaron, pero la implementación presentó problemas graves de coordinación interinstitucional entre civiles y militares, por lo que no se logró el objetivo. De origen, aseguran los expertos, el planteamiento fue poco claro en cuanto a las funciones de este nuevo cuerpo.

Señalan que otra de las iniciativas del gobierno fue retomar el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y el Delito –que el presidente Felipe Calderón inició–, para lo cual se creó una subsecretaría ad hoc en Gobernación. Observan que entre 2013 y 2016 se destinaron alrededor de 10 mil millones de pesos a este programa; sin embargo, indican, en septiembre de 2016, sin que mediara una evaluación, ya no se destinaron recursos a ese fin.

El documento señala que en este proceso se omitió una de las principales precondiciones para una política de tal naturaleza: acercar la política de prevención policial a la política de prevención social.

Causas del problema

En mayo de 2017 se registró la cifra más alta de homicidios dolosos para un solo mes en 20 años: 2 mil 186 casos. Las percepciones de inseguridad entre la población también son las más altas en la historia reciente de México, y desde hace varios años la violencia y la inseguridad son los ingredientes centrales sobre la forma en que se ve a México en el exterior.

Los analistas reflexionan: “A pesar de que entre 2001 y 2016 los presupuestos para el tema de seguridad a nivel federal se incrementaron en niveles sin precedente, ¿qué fue lo que falló? ¿Se equivocaron en el diagnóstico? ¿En la estrategia? ¿En los activos con los que se contaba en relación con los resultados esperados?

“Se incrementaron presupuestos, personal y equipamiento; se introdujo nueva tecnología, se aplicaron pruebas de control de confianza a policías de todos los niveles; se trabajó en la implementación de un nuevo sistema de justicia penal; se realizaron ajustes institucionales, organizacionales, y se introdujeron nuevos modelos de coordinación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.”

Los expertos responden que son tres las condiciones estructurales que podrían ayudar a encontrar una explicación. La primera, exponen, es la atomización del poder político y su vinculación con los asuntos de seguridad.

Desde la última administración priista del siglo XX, el poder político se fue trasladando a estados, municipios y delegaciones, con distintas filiaciones partidistas y “llevando a vacíos de poder institucional aprovechados por la delincuencia organizada”.­

Sin embargo, consideran que no fue sólo el narcotráfico el que trajo la violencia y la inseguridad, pues, indican, también las condiciones del país permitieron su arraigo y expansión. Asimismo, refieren que con las acciones gubernamentales de la primera década del siglo el control de los mercados ilegales se fragmentó en un mayor número de organizaciones criminales, menos centralizadas, pero no por ello menos eficientes y violentas.

Jorge Tello Peón, especialista en temas de seguridad e inteligencia y uno de los fundadores el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa; Ana Laura Magaloni, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y el diplomático mexicano Benito Andión, representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para El Salvador, junto con otros 21 especialistas, integraron este diagnóstico en el que se determina que la corrupción fue en aumento en el gobierno de Peña Nieto.

“El control, centralización, y/o administración política de la corrupción, también se atomizó. La corrupción en las policías y aparatos de administración de justicia no disminuyó. Incluso, en 2017, al menos 15 gobernadores estaban presos o prófugos con denuncias por estos delitos. A esto debe sumarse el incremento del poder de corrupción del crimen organizado”, explican.

Sostienen que la segunda falla estructural ha sido la ausencia de diálogo entre la política social y la política de seguridad, aun cuando se sabe que los países donde la seguridad pública tiene niveles más altos de eficiencia son aquellos en los que las policías locales son la base del sistema de seguridad y sus elementos tienen relación estrecha con su comunidad.

Afirman que en México no ha sido el caso. La mejor prueba, indican, son los niveles de desconfianza de la población hacia sus policías: “Actualmente se percibe una clara ausencia de inteligencia estratégica sobre el tema de seguridad, que, entre otras cuestiones, debería abordar las aristas internacionales del problema”.

Por lo anterior, consideran necesario revisar la estrategia al menos en tres aspectos: privilegiar la inteligencia financiera sobre la incautación y la persecución de los responsables, proteger a las unidades responsables de los operativos frente al crimen organizado y fortalecer las acciones de cooperación internacional de acuerdo con los intereses nacionales. Además, señalan, es imprescindible reforzar el trabajo de contrainteligencia para proteger las instituciones del Estado.

Piden un fiscal autónomo

Ante el fracaso del modelo de Mando Único Policial, opinan que la Federación debe establecer criterios generales y plantear estándares, aunque cada circunscripción es la que debe desarrollar su modelo operativo. “Debe existir homogeneidad en objetivos y procesos, pero los mandos deben ser locales”.

También, apuntan, es necesario revisar doctrinas y misiones de las Fuerzas Armadas y su rol en la seguridad pública, sea permanente o transitorio, a partir de la estrategia general, y es en función de ésta que deben alinearse sus misiones, atribuciones y responsabilidades con las de las fuerzas civiles de los tres órdenes de gobierno.

El análisis del Comexi afirma que en la estrategia de seguridad existen “desfases” entre la inteligencia estratégica y la inteligencia operativa, así como entre la inteligencia civil y la inteligencia militar.

También hacen notar que suele confundirse inteligencia con sistemas de información, por lo cual el trabajo del Cisen debe alinearse al de las instancias de policía (inteligencia táctica y operativa) y sumar la inteligencia militar en materia de seguridad pública, ya que los militares generan planes de guerra, en tanto que la inteligencia estratégica y operativa es necesaria para implementarlos.

Para los analistas es importante considerar el peso que tiene la política en la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad y su relación con la justicia; por ello, dicen, es necesario que tenga “mayores factores de aislamiento” respecto de las decisiones que respondan a intereses del gobierno en turno o partidistas.