Washington usa al gobierno mexicano para afinar sistemas de espionaje antimigratorio

Desde hace años, con el pretexto de proteger su seguridad nacional, el gobierno estadunidense tiene acceso a los datos biométricos de los inmigrantes indocumentados que el Instituto Nacional de Migración recopila en sus centros de detención. Pero ahora la administración de Donald Trump pretende fortalecer los sistemas cibernéticos para que todas sus agencias de seguridad compartan y operen esos datos. A juicio de un experto en seguridad y tecnología, esto implica asignarle al gobierno mexicano una función auxiliar de las políticas de mano dura de Trump contra los migrantes y la posibilidad de espiar a ciudadanos mexicanos. 

WASHINGTON.En su afán por usar al gobierno de Enrique Peña Nieto como oficina migratoria de Estados Unidos, la administración de Donald Trump lanzó otra convocatoria a empresas biométricas y de espionaje para desarrollar tecnología que se instalará en México con el fin de recolectar datos de inmigrantes centroamericanos y posiblemente de mexicanos.

La documentación revisada por Proceso revela asimismo que el Departamento de Estado le asignó un nuevo contrato por 58 millones de dólares a CSRA Inc., empresa que fortalecerá los sistemas de recopilación de datos que ya funcionan en México desde 2014 por auspicio de la Iniciativa Mérida.

“La intención es que los sistemas que ya operan en México sean interoperables con los sistemas y bases de datos del Buró Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Seguridad Interior (DHS) y el Pentágono”, se lee en la convocatoria que el gobierno de Trump emitió a principios de este año.

“El sistema de recopilación de información biométrica y las aplicaciones (software) que tiene y que está instalado y operando en México no se puede comunicar con los programas del FBI, DHS y del Pentágono”, subraya la convocatoria que otra empresa cibernética y de seguridad estadunidense proporcionó a este semanario.

“La respuesta de las empresas que dispu­tan la licitación del contrato se entregó al Departamento de Estado el 13 de abril”, explica al reportero un ejecutivo de la firma que facilitó el documento de la requisición de servicios.

“Lo grave y preocupante de estos sistemas es que, una vez instalados, las agencias mexicanas como el Instituto Nacional de Migración (INM) fungirán involuntariamente como entes de espionaje y de inmigración del gobierno de Estados Unidos; por ello los datos de ciudadanos mexicanos podrían a su vez estar en riesgo de ser enviados al DHS”, alerta el experto en tecnología cibernética, quien, para proteger su empleo y los intereses de la compañía donde trabaja, exigió el total anonimato como condición para hablar del asunto.

En 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón aceptó la promulgación de la Iniciativa Mérida, con los compromisos de cooperación bilateral y de responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos aprovechó la oportunidad, entre otras cosas, para instalar en México satélites de espionaje de todas sus agencias de inteligencia (Proceso 1776).

No conforme con ello, en 2012, al arrancar el nuevo sexenio, Washington negoció con el gobierno de Peña Nieto la instalación de sistemas de captación de datos biométricos de inmigrantes centroamericanos y de otros países en los centros de detención del INM.

En 2014 la administración de Barack Obama doblegó a las autoridades mexicanas, que aceptaron la adopción del sistema de recopilación de datos biométricos.

Por medio del Buró de Asuntos de Narcóticos Internacionales y de la aplicación de la Ley del Departamento de Estado, del presupuesto de unos 2 mil 500 millones de dólares de la Iniciativa Mérida se destinaron 75 millones a instalar los sistemas de recopilación de datos y de espionaje del DHS en cárceles y centros de detención migratoria en la capital y en ciudades de la frontera sur de México.

El periódico The Washington Post publicó el pasado 6 de abril que las terminales móviles con el software especializado permiten que el DHS tenga acceso a los centros de detención para obtener los datos biométricos de todos los detenidos, sin que intervengan funcionarios mexicanos.

“Las autoridades mexicanas nunca se dieron cuenta del gravísimo error que cometieron al permitir la instalación de esas terminales de acopio de datos biométricos; por ello las autoridades del gobierno de Peña Nieto se niegan a hablar del tema y a reconocer la existencia del programa”, añade el ejecutivo de la empresa consultado por Proceso.

En la nota mencionada, The Washington Post destaca que en los últimos tres meses el gobierno de Trump recolectó información de más de 30 mil migrantes detenidos en México.

Digitus

Por medio de los sistemas instalados en los centros de detención del INM y en algunas cárceles, donde también se recluye a ciudadanos extranjeros, las autoridades migratorias mexicanas registran de todos ellos, sin excepción, sus huellas digitales, su fotografía, su firma de iris, tatuajes y cualquier cicatriz que tengan en el cuerpo; así, es probable que incluso los datos de ciudadanos mexicanos se estén enviando a Estados Unidos para su almacenamiento y quizá para elaborar un expediente migratorio.

El mecanismo biométrico es un intercambio de información entre los dos países, gracias al cual, desde 2014 a la fecha, el gobierno de México ha entregado al estadunidense a decenas de fugitivos de la ley de ese país o a individuos catalogados como “personajes de interés”.

El programa se ideó para prevenir el ingreso de posibles terroristas a territorio estadunidense a través del país vecino. Actualmente, bajo la presidencia de Trump, el DHS quiere aprovechar la accesibilidad, debilidad y vulnerabilidad del gobierno de Peña Nieto para aplicar políticas de mano dura contra inmigrantes indocumentados por medio de ese sistema de recopilación de datos.

Las autoridades del INM no tienen idea de la cantidad de información biométrica de personas que han entregado al DHS. En Estados Unidos el asunto no se da a conocer públicamente, con el argumento de que forman parte de las medidas para resguardar la seguridad nacional.

Además de su estrategia de sellar la frontera con México y de forzar al gobierno de Peña Nieto a fungir como oficina migratoria de Washington, Trump puso como condición para finiquitar y aceptar el resultado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que los inmigrantes indocumentados sean detenidos a su paso por el territorio mexicano.

The Washington Post informa que el gobier­no de Trump también negocia con gobiernos centroamericanos la instalación de sus sistemas de acopio de información y que tiene planes de extender los ya existentes en México a centros de detención y cárceles que maneja y supervisa el INM en Tijuana y Mexicali, Baja California, y Reynosa, Tamaulipas. El DHS se planteó el objetivo de concretar esa ampliación este abril.

En septiembre de 2017, el Departamento de Estado asignó un nuevo contrato, por 58 millones de dólares, a la empresa estadunidense CSRA Inc., para actualizar y modernizar el sistema de recopilación de datos biométricos en México, con el propósito de que puedan interoperar con ellos el FBI, el Pentágono y otras agencias en Estados Unidos.

El proyecto, llamado Digitus, se integró al presupuesto del Departamento de Estado para el segundo trimestre de 2018 y es coadyuvante de la nueva convocatoria que esta dependencia lanzó este año y del programa ya existente de 2014.

“El Buró para Asuntos de Narcóticos Internacionales y de la Aplicación de la Ley otorgó un contrato por 58 millones de dólares para el desarrollo de sistema de identificación biométrica e interoperable para el gobierno de México, que forma parte de una iniciativa que dará respaldo a los esfuerzos de seguridad fronteriza de Estados Unidos”, se lee en la notificación emitida por el gobierno de Trump, cuya copia obtuvo Proceso.

La empresa CSRA Inc., que tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Falls Church, Virginia, rechazó hacer cualquier comentario respecto al programa cibernético de seguridad que instalará en México.

El experto consultado agrega que con el sistema Digitus y los que desarrollará la nueva firma que gane la licitación, las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos podrán captar la información biométrica de todos los detenidos y reclusos en los centros que usa de manera provisional el INM en la frontera sur y norte de México.

“Es como el malware Pegasus, que usó para espiar a periodistas y otras personas en México. Una vez instalados los nuevos sistemas de CSRA y de la que gane el nuevo contrato, el gobierno de Estados Unidos podrá obtener toda la información de las bases de datos del INM y de la Secretaría de Gobernación. Es una manera muy inteligente de espionaje porque en este caso es con la autorización de la víctima”, apunta el experto en cibernética y sistemas de seguridad.

Remata: “Es muy grave y muy delicado lo que puede hacer el gobierno de Trump al conseguir la información personal de miles de personas, incluidos ciudadanos mexicanos”.