Maniobras judiciales para impulsar un fallo favorable a Joaquín Vargas en su litigio contra Aristegui

Documentos internos de un tribunal colegiado muestran indicios de presiones para que éste emita un fallo favorable a los intereses de Joaquín Vargas, del Grupo MVS, en el litigio contra la periodista Carmen Aristegui por supuesto “daño moral”. Lo grave es el aparente origen de esa maniobra: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una maniobra de última hora, proveniente del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, busca presionar desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que en los próximos días emitan un fallo favorable al presidente del Grupo MVS, Joaquín Vargas, en el juicio por “daño moral” contra la periodista Carmen Aristegui.

Además, el ministro pretende favorecer los intereses del concesionario de MVS Radio en el juicio mercantil sobre la abrupta cancelación del contrato de la periodista y conductora de la primera emisión noticiosa de esa cadena en marzo de 2015, hace tres años.

Así lo respaldan los documentos internos del Séptimo Tribunal Colegiado, clasificados como “estrictamente confidenciales”, que fueron enviados desde las oficinas de Pardo Rebolledo a la magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro, responsable de emitir la sentencia sobre el tema del “daño moral” contra Aristegui, confiaron a Proceso fuentes internas del tribunal.

Los tres documentos, cuya copia tiene este semanario, son dos memorandos enviados por los abogados de MVS a la SCJN y dirigidos a los tres magistrados del tribunal (Álvarez Castro, Roberto Ramírez Ruiz y Fernando Alberto Casasola Mendoza) para argumentar a favor de imponer una sanción por “daño moral” contra Aristegui por lo expresado en el prólogo del libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la historia que cimbró a un gobierno, que ascendería a 6 millones de pesos. Ambos llevan los atentos saludos de Joaquín Vargas Guajardo.

El tercer documento, titulado Nota informativa, consta de siete cuartillas y es una explicación de la controversia entre Aristegui y MVS por la terminación del contrato de prestación de servicios.

El alegato principal es que el portal Aristegui Noticias incumplió los términos del contrato al compartir en el sitio digital la información y los contenidos generados en la emisión del noticiario de MVS Radio.

El 14 de julio de 2017 se dictó sentencia definitiva, según la cual tanto MVS como Aristegui habían acreditado “parcialmente” sus pretensiones y excepciones. Ambos se inconformaron y el 28 de noviembre del mismo año “el tribunal de alzada dictó sentencia mediante la cual revocó la sentencia definitiva en primera instancia, determinando que MVS no acreditó los elementos constitutivos de su acción y Carmen Aristegui acreditó parcialmente sus excepciones, absolviendo a la demandada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas”, como se sintetiza en la ficha “estrictamente confidencial”.

MVS y Aristegui promovieron juicios de amparo directo contra dicha sentencia, que fueron radicados en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Actualmente falta que se turne a ponencia de uno de los magistrados integrantes para formular el proyecto de sentencia.

Maniobra de Pardo y Castillejos

Según José Óscar Valdés Ramírez, abogado y litigante con varios casos en el mismo tribunal colegiado, “estos documentos llegaron de la Suprema Corte de Justicia en sobre cerrado y con la orden de cambiar el sentido original de la sentencia a favor de Carmen Aristegui, en materia de daño moral, y presionar en el caso del juicio mercantil por el contrato.

“Estos magistrados son corruptos. Han resuelto muchos asuntos por precio y es el mismo caso de Aristegui, que se conoce entre quienes tenemos que ver con ellos”, afirma Valdés Ramírez.

Relata que fuentes del tribunal le comunicaron que los magistrados ya tenían “un anteproyecto amarrado” para exonerar a Aristegui por presunto daño moral y “llegó Ornelas (abogado de MVS) y llegaron presiones del ministro Pardo. Ya habían terminado los amparos a favor de Carmen. Estuvieron ofreciendo 5 millones de pesos por magistrado, según me dijeron.

“Los magistrados son bien miedosos. Saben que el año que viene se cambiará a los integrantes del tribunal. Están en el ‘año de Hidalgo’, sacando dinero de donde pueden. Hay más de 26 asuntos radicados en este tribunal y es conocida la amplia corrupción que se está generando”, abunda Valdés Ramírez, quien recientemente litigó un caso ante ese tribunal.

Añade que la presión de la SCJN proviene de la oficina de Pardo Rebolledo por la relación de amistad y acuerdo político que tiene con el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, quien renunció en junio de 2017 para aspirar a ser ministro.

Actualmente Castillejos litiga varios asuntos en el despacho de Nassar Dau, quien mantiene una relación de amistad con Pardo Rebolledo desde la Escuela Libre de Derecho, abundó Valdés Ramírez.

Pardo Rebolledo, considerado integrante del “ala conservadora” de la Sala Superior de la SCJN, es ministro desde el 10 de febrero de 2011 y aspira a presidir el máximo tribunal en diciembre de este año, cuando culmine el periodo del ministro Luis María Aguilar Morales.

El otro aspirante, extraoficialmente, es el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien encabeza el “ala liberal” en la Corte.

Pardo Rebolledo fue uno de los 10 ministros que rechazaron, en junio de 2015, que la SCJN atrajera la petición de los abogados de Aristegui para pronunciarse sobre su expulsión de MVS, ocurrida el 13 de marzo de ese año.

No sería la primera vez que Castillejos intervenga en relación con el caso de Aristegui y MVS para favorecer a la empresa de Joaquín Vargas. En julio de 2015, como abogado de la Presidencia, interpuso un recurso ante el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Materia de Telecomunicaciones para revocar la admisión a trámite de varios amparos interpuestos por radioescuchas que consideraron la expulsión de Aristegui una violación a sus derechos de audiencia.

En esa fecha se habían admitido 20 de los más de 2 mil 700 amparos, pero Castillejos argumentó que era “inadmisible” y “absurdo” pretender que los concesionarios tengan que consultar a sus audiencias antes de tomar decisiones, como la cancelación del programa radiofónico que conducía Aristegui.

Juicio amedrentador

La publicación del prólogo de Carmen Aristegui para el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno provocó una airada reacción de Joaquín Vargas contra la periodista y la editorial Penguin Random House. El 21 de julio de 2016 ambas partes fueron notificadas de la demanda por “daño moral” interpuesta por el empresario desde el 29 de mayo anterior.

La notificación coincidió con un discurso del presidente Enrique Peña Nieto en el que pedía “disculpas” por casos como el escándalo de la Casa Blanca.

Entrevistado por este semanario en esa ocasión, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, consideró un despropósito la demanda, porque tenía “un efecto amedrentador” a la libertad de expresión y consideró paradójico que mientras los tribunales mexicanos admitían la demanda de MVS, en el extranjero se premiara a Aristegui y a su equipo por el reportaje.

El 7 de noviembre del mismo año, tras conocerse la resolución del juez 57 de lo Civil de la Ciudad de México, Vargas publicó un desplegado en varios periódicos nacionales con el título Aristegui miente. El empresario afirmó que la periodista “excedió su libertad de expresión y de información”, causándole un daño a sus “derechos de personalidad, honor y prestigio” en el prólogo del libro.

“Mi único interés en este asunto, tal y como informé el pasado 24 de julio, es defender mi prestigio”, reiteró Vargas. “No es por dinero”, insistió en varias entrevistas y declaraciones a los medios.

Sin embargo, en el memorándum redactado por sus abogados y enviado en febrero de 2018 a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado, Vargas afirmó que si bien la editorial Penguin Random House fue exonerada, Carmen Aristegui fue condenada “a la publicación a su costa de un extracto de la sentencia definitiva en el mismo medio o formato en que fueron difundidas las opiniones contenidas en el prólogo del libro.

“No se debe pasar por alto que el propósito de la Ley de Responsabilidad Civil fue sancionar el daño al patrimonio moral derivado del abuso por el ejercicio del derecho de la información y de la libertad de expresión que ejercen los periodistas”, argumentó Vargas.

Alegó que la frase “en el mismo medio o formato”, contenida en la sentencia previa, “no debe ser interpretada de manera restrictiva sino que se debe analizar y aplicar según las características de cada caso. En este caso, con la publicación de un extracto de la sentencia en el prólogo de las futuras ediciones del libro La Casa Blanca de Peña Nieto no se repararía el daño causado, ya que podría ser que ni siquiera se publiquen ediciones adicionales, lo cual impediría que la afectación a los derechos de la personalidad, del honor y prestigio de JVG fuese reparada”.

Por tanto, “por lo que hace al pago de una indemnización monetaria, ya nuestro máximo tribunal determinó que no es dable la aplicación alternativa de sanciones que contempla la Ley de Responsabilidad Civil. Por el contrario, de manera adicional a la publicación de un extracto de la sentencia en los medios de comunicación, la parte responsable en la causación de daño moral (es decir, Carmen Aristegui) también debe pagar una cantidad de dinero a la parte afectada a fin de reparar dicho daño”.

En otras palabras, están presionando a los magistrados del tribunal para que dicten una sentencia contra Aristegui por haber cometido daño moral contra Vargas y que se le ordene publicar la sentencia en los principales diarios del país y una sanción económica de 6 millones de pesos, según las fuentes internas consultadas por Proceso.

Sobre estos documentos, Valdés Ramírez afirmó que se trata de “una deshonra para el Poder Judicial”, no sólo por la presión ejercida, sino “por la evidente censura” que el acto representaría.

Según el mencionado memorándum, el punto fundamental del daño moral fueron “afirmaciones vejatorias” como las siguientes: “La periodista parte de la tesis de que, a cambio de haber eliminado su programa de noticias, fue que el Poder Judicial resolvió dos juicios de amparo a favor de los intereses de Joaquín Vargas y que el Ejecutivo federal concedió una prórroga a la concesión para explotar la banda de 2.5 Ghz.

“La existencia del supuesto acuerdo entre JVG y el Ejecutivo federal sí se encontraba sujeta al estándar de veracidad. Al resultar inexistente actualiza la responsabilidad de la periodista respecto a las opiniones emitidas en perjuicio de JVG. Jamás aportó prueba alguna que demostrara que JVG hubiese ‘sucumbido’ a las presiones del Poder Ejecutivo federal, de ahí que se actualice la malicia efectiva, máxime que ella, como periodista profesional, sabía que no podría acreditar esa situación al resultar inexistente”, argumentó el memorándum.

También afirmó que “las opiniones negativas sobre la moral de Joaquín Vargas y su familia se sustentan en falacias”. Y citan una de las frases del prólogo escrito por Carmen Aristegui: “Fue una tragedia ver cómo aquellos que habían apostado por la libertad de expresión y la investigación periodística (refiriéndose a Joaquín Vargas y Carlos Vargas Guajardo) finalmente sucumbieron a presiones y componendas de un poder al que ya antes se habían enfrentado con dignidad y valentía”.

Para MVS Aristegui utilizó “calificativos denigrantes e insultantes” en contra de Vargas y su familia. “A sabiendas de que esa situación en realidad nunca se actualizó, es que debe responder por el daño moral causado a JVG”.

La fecha de los documentos enviados al Séptimo Tribunal Colegiado es del 2 de febrero de 2018. En la primera semana de ese mes, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó las bases para licitar la banda 2.5 Ghz, que fue objeto del duro litigio de Joaquín Vargas con el gobierno de Felipe Calderón.

Se pusieron a subasta cuatro bloques nacionales de 10 Mhz cada uno y dos bloques de 20 Mhz con un valor máximo de 350 millones de pesos, según los cálculos del IFT. Del 13 de febrero al 1 de junio deberán presentarse las manifestaciones de interés económico de las empresas interesadas. El 31 de julio, después de las elecciones presidenciales, deberán presentarse las ofertas. En diciembre de 2018 el instituto deberá emitir su fallo.