Cuestiona el “desinterés” en torno a los derechos humanos

Señor director:

El pasado 8 de mayo, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, 60 agrupaciones de víctimas de la violencia y organizaciones de derechos humanos llevaron a cabo los Diálogos por la Paz y Justicia, evento al que asistieron los candidatos presidenciales Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador.

En dicho acto, respecto de la Ley de Seguridad Interior, Anaya expresó esta insensible opinión: “La deficiencia más grande de la Ley de Seguridad Interior es que no se establecieron los incentivos para que los cuerpos civiles asuman su responsabilidad”.

Por lo que se observa, para Anaya no es importante la inconstitucionalidad de la nombrada ley, así como todos los señalamientos que, de una forma tan inusual y no vista en este país, diferentes organismos internacionales hicieron a los senadores en cuanto a las posibles transgresiones a los derechos humanos que la ley contiene.

Por su parte, López Obrador, respecto de la pregunta sobre la posibilidad de echar para atrás esa ley, se concretó a decir: “Ni sí, ni no”, quizá pensando que de llegar a la Presidencia esta cuestionable e impopular ley le serviría para aplicarla a la sociedad que cuestionara las acciones de un posible gobierno encabezado por él.

Sin embargo, el pasado 9 de mayo quedó exhibida la nula importancia que los mencionados candidatos les dan a los derechos humanos de los mexicanos, así como a la militarización de la seguridad pública en tiempos de paz.

Y es que el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva García, en los juicios de amparo 116/2018 y 118/2018, resolvió lo siguiente en torno a la citada ley:

“PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de las autoridades responsables Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, al haber participado en el proceso de refrendo y publicación, respectivamente, de la Ley de Seguridad Interior, por las razones precisadas en esta sentencia.

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la parte quejosa frente al sistema normativo de la Ley de Seguridad Interior que incorpora a las fuerzas armadas en las funciones relativas a la seguridad interior en tiempos de paz, concretamente, respecto del contenido material de los artículos 4, fracción I y IV, 6 párrafo primero, 9, 11 párrafos primero y último, 15, segundo párrafo, 16, 17, 20, fracciones I, II, III y IV, 21, 22, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, por las razones y para los efectos precisados en esta sentencia.”

Las puntuales y fundadas manifestaciones del juez Silva García, en su trascendental sentencia, prueban la importancia que para el juzgador deben tener los derechos humanos de los mexicanos; derechos que para los candidatos López Obrador y Anaya son un asunto secundario del cual no se han interesado en informarse y pronunciarse a profundidad, según lo demostraron de forma fehaciente en los señalados Diálogos por la Paz y Justicia.

Por lo expuesto, ante la inminencia del segundo debate de los candidatos presidenciales, a realizarse este domingo 20 de mayo en Tijuana, sería de gran interés para la sociedad que los medios y los ciudadanos que asistan cuestionen a los candidatos presidenciales respecto de su posición en cuanto a la trascendental sentencia, porque un gran porcentaje de los miembros de la sociedad consideramos que un verdadero estado de derecho tiene como una de sus principales manifestaciones el respeto y progresividad de los derechos humanos, en este caso los de los mexicanos. (Carta resumida)

Atentamente

Manuel Guerrero Ramos