El PRI intenta reeditar el modelo de fraude del Edomex

Ante la inminencia de un fraude el 1 de julio próximo –que se estaría instrumentando a partir de un debilitamiento de las instituciones electorales–, Santiago Nieto, el extitular de la FEPADE, propone crear un blindaje que tenga como ejes principales el mapeo por casillas donde operan los programas sociales, el despliegue en campo y la utilización de las estructuras institucionales, así como mayor vinculación con las organizaciones no gubernamentales. El nuevo aliado del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, denuncia que el operativo es similar al que se aplicó en el Estado de México en 2017.

“Se está operando el fraude electoral”, sentencia Santiago Nieto Castillo, el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que recientemente se sumó a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador con un propósito definido: crear “un modelo de blindaje”.

El fraude, puntualiza, se está realizando a partir del “debilitamiento institucional” de la propia FEPADE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del propio Instituto Nacional Electoral (INE).

Nieto Castillo cita a Germán Castillo Banuet como uno de los que participan en ese “debilitamiento institucional”. El actual director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE, dice, antes operó como vicefiscal en el Estado de México y participó en el polémico proceso electoral de 2017 en esa entidad, pero “es una persona que no generó procuración de justicia ni colaboración con la FEPADE” cuando él, Nieto Castillo, estuvo al frente de la fiscalía. 

–¿Utilizarán el modelo del Estado de México para la compra, coacción e inhibición del voto? –se le cuestiona. 

–Tengo confianza en el actual titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, pero no en Castillo Banuet. Él fue mi contraparte durante el proceso mexiquense y no avanzó en nada. Nosotros habíamos integrado 300 carpetas de investigación y se habían judicializado 26 expedientes en el caso del Estado de México, pero él no avanzó ni generó procuración de justicia. Su presencia ahí no abona en la confianza ni hace prever que busque frenar los delitos electorales.

El martes 8, el propio Castillo Banuet reveló que la FEPADE había recibido 200 denuncias en lo que va del proceso electoral, de las cuales sólo cuatro están relacionadas con los comicios presidenciales y ninguna por presunta compra del voto. 

Para todo el país, la FEPADE desplegará desde el 28 de junio próximo a 263 policías, 97 agentes del Ministerio Público y 40 peritos, cifra insuficiente para atender los 300 distritos electorales del país y el gran número de irregularidades que se prevén en los comicios federales.

Nieto Castillo menciona otros ejemplos de funcionarios que están operando en el modelo del fraude electoral: el titular de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña, militante priista y operador electoral de este partido, sin experiencia previa en política social; el extitular de Sedesol Luis Enrique Miranda Nava, operador del PRI en Chiapas y candidato a senador; la excoordinadora del programa Prospera Paula Hernández, quien busca una diputación federal, y Héctor Pablo Ramírez Puga, exdirector general de Liconsa y aspirante a senador por el PRI.

El “blindaje electoral” tendrá como ejes principales “el mapeo por casillas donde operan los programas sociales”, el “despliegue en campo” y “la utilización de las estructuras institucionales”, así como una “mayor vinculación con las organizaciones no gubernamentales”.

En operación, los 6 mil
programas sociales 

Nieto Castillo cita el reciente informe de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), según el cual en el primer trimestre de 2018 hubo un incremento real de 71.2% en el presupuesto de las delegaciones de dependencias como Sagarpa, Sedesol, Sedatu, Semarnat, Sectur, SE, SEP, STPS y la PGR, en relación con el mismo periodo de 2017.

Así, la coordinación nacional del programa Prospera pasó de ejercer 14 mil 307 millones de pesos en el primer trimestre de 2017 a 20 mil 532 millones en los primeros tres meses de 2018, en plena campaña electoral, y con incrementos superiores en las delegaciones donde habrá elecciones para gobernador o donde el PRI busca defender su “voto duro”.

En la delegación del Estado de México, por ejemplo, el monto de recursos se incrementó 219%; en Chiapas, 172%; en Oaxaca, 152%, y en Yucatán, 114.6%.

El reporte de ACFP destaca que entre el 5 de abril y el 22 de mayo de este año recibió 151 reportes de 25 entidades, de los cuales 41% corresponde a entrega de productos, principalmente despensas; 36% al condicionamiento para tener o dejar de recibir los beneficios de los programas sociales, especialmente Prospera; 18% a la entrega de dinero en efectivo, y 5% al reparto de tarjetas electrónicas con promesas de pago diferido.

De 101 reportes recibidos sobre condicionamiento del voto, 58% son a cambio de entregar la credencial para votar o sacarle fotocopia; 25% a cambio de votar por un candidato, y 10% a cambio de acudir a un mitin. Todos estos casos violan la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La opacidad en la que opera la mayoría de los programas sociales del gobierno federal y de las entidades incrementa el riesgo de fraude, insiste Nieto Castillo. Y cita las cifras del informe de ACFP: hay 6 mil 491 programas sociales en el país operados por el gobierno federal, por los gobiernos estatales y los ayuntamientos, muchos de ellos duplicados e incluso triplicados. 

De 152 programas de subsidios, transferencias y prestación de servicios sociales federales, 85 no cuentan con reglas de operación y 66 carecen de padrón de beneficiarios.

“El condicionamiento de los programas sociales fue lo que permitió operar el fraude en el Estado de México, donde 31 municipios que tuvieron el beneficio de Prospera registraron una votación de entre 70 y 80% a favor del PRI en los comicios de 2017”, recuerda Nieto Castillo.

“Se ha incrementado el recurso de Prospera y se está utilizando en tiempos electorales”, puntualiza.

También califica como “lamentables” las recientes sentencias aprobadas por mayoría de votos en el TEPJF, especialmente la que revocó el acuerdo del INE del 5 de septiembre de 2017 que pedía garantizar equidad en el uso de recursos públicos y en la contienda. 

El TEPJF también invalidó el acuerdo del INE que pedía la suspensión de los programas sociales que no cuentan con reglas de operación, de aquellos sin padrón de beneficiarios que no notifiquen al INE la convocatoria para su integración, así como de aquellos que modificaron el padrón de beneficiarios con fines distintos a los establecidos en sus normas de funcionamiento.

La mayoría de los magistrados del tribunal también desautorizó el acuerdo del INE que pidió suspender la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que implique el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social “en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral”.

El informe de ACFP también destacó que para este 2018 los fondos para la observación electoral disminuyeron 81%: en 2012 fueron de 93.6 millones de pesos; este año se destinarán sólo 18 millones.

Otros datos importantes del documento, en cuya presentación estuvo Nieto Castillo, revela que la mayor opacidad en el funcionamiento de los programas sociales coincide con las entidades donde habrá elecciones concurrentes para gobernador.

En Puebla son 26 los programas y acciones sociales estatales, de los cuales 84% no reportan cuál fue su presupuesto aprobado, mientras que 65% carecen de padrón de beneficiarios.

En Morelos, de los 53 que están en operación, 98.11% no reportan a cuánto ascendió su presupuesto, en tanto que 87% carecen de reglas de operación.

En Veracruz, ninguno de los 31 programas y acciones sociales estatales tiene padrón de beneficiarios ni reglas de operación.

El peor panorama está en Chiapas, donde ninguno de los 46 programas tiene padrón de beneficiarios estatal ni presupuesto identificado ni reglas de operación.

En Jalisco, de los 50 programas, 88% no se ubicaron en la cuenta pública estatal, a pesar de que 100% reporta el monto de su presupuesto aprobado, en tanto que 40% no tiene padrón de beneficiarios.

En Guanajuato existen 123 programas y acciones estatales, pero 81% no cuenta con padrón de beneficiarios y 36% carece de reglas de operación.

En Tabasco, de los 31 programas ninguno tiene reglas de operación ni padrón de beneficiarios, y 81% no se ubicó en la cuenta pública. 

En Yucatán, ninguno de los 14 programas estatales tiene padrón de beneficiarios; 57% no se ubican en la cuenta pública, y 21% carece de reglas de operación.

El caso Odebrecht

En la entrevista, Nieto Castillo se defiende de las acusaciones en su contra como presunto “filtrador” de datos del caso ­Odebrecht, cuya investigación detonó que se le relevara al frente de la FEPADE en octubre del año pasado.

Bajo su mando, la fiscalía avanzó en la investigación sobre el flujo de 16 millones de dólares de pago de sobornos de la empresa brasileña entre 2010 y 2016 a firmas presuntamente vinculadas a quien fuera director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

“Fueron tres asistencias jurídicas internacionales las que logramos antes de mi salida: la de Brasil, con las declaraciones de Norberto y Marcelo Odebrecht; la de Suiza, país al cual se le pidieron las actas de empresas donde Odebrecht depositó y se transfirieron a Mónaco y a Liechtenstein; la última fue la asistencia de Antigua, donde también se detectó otra transferencia”, sostiene.

–¿Usted “filtró” ilegalmente datos del caso, como acusan los abogados de Lozoya? 

–Un tribunal colegiado determinó que no se violó la orden de sigilo ni se dio a conocer ningún dato de la investigación que la pusiera en riesgo. En cualquier sociedad democrática, se privilegia el derecho de acceso a la información y de libertad de expresión, cuando hay elementos probatorios importantes en casos como el de Odebrecht.

–¿Ha habido alguna reacción de Lozoya a su reciente incorporación al equipo de López Obrador? 

–No, ninguna.

–¿Alguna amenaza?

–Tenía cuatro mensajes en cuatro teléfonos distintos, de los cuales tres ya estaban geolocalizados. Se están investigando esas amenazas. 

–¿Influyó en su salida el avance de la investigación de la FEPADE contra César Duarte?

–Antes de mi salida, tenía una demanda en mi contra de los abogados de César Duarte por violar su presunción de inocencia. La única orden de extradición firme en su contra es la que realizó la FEPADE. Existen 14 órdenes de aprehensión locales por distintos delitos estatales, pero todos terminan convergiendo en el actual encargado de despacho de la PGR, que las ha dejado “congeladas”.

“Todas estas solicitudes de asistencia jurídicas internacionales en el caso de Odebrecht o de órdenes de extradición generaron un gran descontento en mi contra. En buen español, la reacción en mi contra se llama corrupción e impunidad.”