Un monstruo financiero encerrado en la nave industrial de Anaya

En 2012 el PRI, encabezado por Enrique Peña Nieto, regresó al poder bajo sospecha de haber realizado triangulaciones financieras ilegales para la compra del voto. En pleno proceso electoral de 2018, una entidad financiera federal detectó un complejo entramado de constitución de empresas que comparten accionistas, se otorgan créditos millonarios y no parecen involucrarse en negocios ajenos a ese grupo. Lo delicado es que en ese círculo desempeña un importante papel Manuel Barreiro, el amigo del candidato presidencial Ricardo Anaya, y ahí mismo desemboca la operación de compraventa de su nave industrial en Querétaro. 

Como en 2012, el fantasma del lavado de dinero ronda el proceso electoral. Esta vez los protagonistas son tres bancos mexicanos, dos extranjeros y por lo menos ocho empresas del país con los mismos accionistas, incluyendo a Manuel Barreiro Castañeda, amigo y operador de la venta de la nave industrial del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

De acuerdo con un informe del área financiera del gobierno federal que consta de 16 cuartillas, las triangulaciones para la compraventa de esa nave industrial ubicada en Querétaro y que fuera propiedad del candidato presidencial “generan sospecha de un posible lavado de dinero”.

El documento establece que la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe intervenir, pero sobre todo se debe “identificar el origen de los recursos enviados por Didelfut de Jalisco S. de R.L. de C.V., a las empresas Mas Sailing y Kross Equity desde cuentas de Monex”.

Proceso indagó sobre Didelfut de Jalisco y Tesorem, el vehículo financiero utilizado para recibir y otorgar los créditos con los que un prestanombres de Manuel Barreiro adquirió en julio de 2017 la nave industrial que Ricardo Anaya compró en 2014. El candidato del PAN-PRD-MC compró el predio en poco más de 10 millones de pesos y lo vendió en 54 millones.

Lo que se detectó es, primero, que los accionistas de Tesorem y Didelfut de Jalisco son los mismos; segundo, que ellos participaron en la creación de otras seis empresas, las cuales se cedían acciones entre sí; tercero, que en una de ellas se asentó la autorización para pedir a Bancomext un crédito de hasta 200 millones de pesos, mientras que al Banco del Bajío le pidieron esa misma cantidad a crédito simple.

Todas las empresas que intercambian acciones entre sí tienen algo en común: Manuel Barreiro Castañeda.

Trama I. Los créditos

De acuerdo con el documento elaborado por un área financiera del gobierno, el entramado es el siguiente: Didelfut de Jalisco movió “vía Monex” dos montos: 16.5 millones de pesos a la empresa Mas Sailing, ubicada en el paraíso fiscal de Gibraltar, y 139 millones a la empresa Kross Equity, localizada en Suiza.

Esta última repartió el dinero en tres vehículos financieros: 38 millones a Meridiam Trus (propiedad de Manuel Barreiro), ubicada en Islas Turcas y Caicos, a través del banco First Caribbean.

Kross Equity envió otros 38 millones a Canada INC mediante el TD Bank, y los últimos 38 millones los mandó a la empresa mexicana Aurora Private mediante BBVA Bancomer.

Para adquirir la nave industrial que vendía la empresa de Ricardo Anaya, según el documento, Banco del Bajío transfirió los 16.5 millones de Mas Sailing y los 38 millones de Aurora Private a Tesorem. Así, esta sofom recibió 54 millones, con los cuales otorgó un primer crédito por 16 millones y un segundo por 38 millones a la empresa Manhattan Master Plan Development, creada por un prestanombres de Barreiro, que con ese dinero compró la nave industrial a Juni Serra, la empresa de Ricardo Anaya.

Según el documento federal, Tesorem confirmó que el 5 de julio de 2017 suscribió un contrato de crédito simple empresarial con garantía hipotecaria para Manhattan Plan por 38 millones 750 mil pesos, con una vigencia de 10 años.

“Los primeros 7 meses de la vigencia del contrato no se requirió pago de capital e intereses (periodo de gracia), de la 8 a la 25 mensualidad sólo se pagan intereses, y en la mensualidad 26 se requerirá un pago extraordinario de 22 millones aplicados a capital, así como 3.2 MDP por concepto de intereses devengados no pagados”, se establece.

En el mismo documento se advierte que el monto final por pagar sería 1.4 veces el capital, “cuando lo tradicional para este sector es que sea de 3 veces el capital en promedio… la tabla de amortización no corresponde a una tabla tradicional”.

Además, desde su fundación Tesorem sólo ha entregado cuatro créditos, dos de ellos para la mencionada nave industrial.

Trama II. Didelfut

Con documentos del registro de la Secretaría de Economía, Proceso detectó que quien facilitó el dinero (Didelfut) y quien lo prestó (Tesorem) cuentan con los mismos accionistas.

Didelfut se constituyó en Jalisco el 21 de octubre de 2014. Sus accionistas fueron David Alberto Aarón Galindo González y Daniel Rodríguez Velasco; dio fe el licenciado Gabriel Villalever García de Quevedo. Poco después, el 23 de octubre, apareció Manuel Barreiro como gerente y Humberto Hernández Pérez como apoderado, y ese mismo día los accionistas “cedieron” sus partes a otras dos empresas: Constructora Baug e Inmobiliaria Tic Tac, ambas ubicadas en Querétaro. 

Pero el 31 de enero de 2017 los exaccionistas de Didelfut fueron designados “delegados”. El 26 de abril siguiente esa empresa recibió una inversión de 5 millones de MM Soluciones Unificadoras de México, compañía queretana de telefonía cuyo propietario es Jorge Moreno Vargas.

A su vez, Tesorem se fundó en Guadalajara el 8 de agosto de 2013 y se dio de alta para operar el 27 de mayo de 2014. Dio fe de ello el mismo corredor, Gabriel Villalever García de Quevedo. Sus accionistas iniciales fueron Federico A. Urruchua Castañares y Javier González Perrusquía. Pero el 21 de agosto de 2014 se cambió de administrador y quedó David A. Arron Galindo González (dueño inicial de Didelfut) y el 22 de diciembre de 2015 se vendieron las acciones a Daniel Rodríguez Velasco (dueño de Didelfut) y Claudia Urruchua Castañares.

Baug, la empresa que recibió las acciones de los dueños iniciales de Didelfut, fue constituida por Manuel Barreiro y su esposa Ana Paula Ugalde Herrera el 24 de octubre de 2007, con 100 mil pesos como capital inicial.

Hay que recordar que los primeros accionistas de Didelfut también cedieron parte de sus acciones a la Inmobiliaria Tic Tac, empresa que fundaron el 20 de julio de 2009 David Herrera Montes y María Alejandra Herrera de la Mora, quienes cedieron al matrimonio Barreiro-Ugalde sus acciones el 17 de septiembre de 2009. Manuel Barreiro se quedó como administrador; en julio de 2010 recibió en donación las acciones de su esposa y recibió como nuevo socio a la empresa Baug.

Lo interesante de la Inmobiliaria Tic Tac, que nació con un capital de 50 mil pesos, es que nombró como su apoderado, el 30 de enero de 2015, a Juan Pablo Olea Villanueva, a quien la prensa española ha mencionado como objeto de una indagación judicial junto con Manuel Barreiro por lavado de dinero.

Y en otra asamblea extraordinaria, el 30 de marzo de 2013, Tic Tac nombró como su apoderado a Humberto Hernández Pérez y le dio “poder especial” para firmar contratos, convenios, documentos “en los que intervengan la sociedad inmobiliaria y el Banco Nacional de Comercio Exterior hasta por la cantidad de 200 millones de pesos o su equivalente en la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América”. 

En los documentos con los que cuenta este semanario no existe confirmación de que la inmobiliaria haya recibido tal cantidad de dinero. Pero el presente año se registró el otorgamiento de otro poder para que “únicamente firme el Convenio Modificatorio de Adición de Garantías relativo al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, de fecha 15 de marzo del 2017…” hasta por 200 millones de pesos.

El convenio modificatorio lo firmó con Banco del Bajío “como acreditante”; Inmobiliaria Tic Tac “como acreditada”, Baug y Manuel Barreiro Castañeda como “obligados solidarios” y “Constructora Novaris S.A. de C.V., como garante hipotecaria”.

Es decir, primero autorizó firmar convenio con Bancomext hasta por 200 millones de pesos en 2013 y se entiende que el 15 de marzo de 2017 recibió un crédito del Banco del Bajío por esa misma cantidad.

La empresa que funge como “garante hipotecario” del millonario crédito, Constructora Novaris, fue creada el 26 de diciembre de 2013 por las hermanas Miriam y Elena Minerva Badiola Quezada con 50 mil pesos de capital inicial. El segundo y último movimiento de la firma se registró el 25 de febrero de 2016, ya con Elena Minerva y Carlos Estrada Vallejo como únicos accionistas.

El 21 de octubre de 2014, los socios de Didelfut de Jalisco y actualmente también accionistas de Tesorem (David Galindo González y Daniel Rodríguez Velasco) fundaron el 21 de octubre de 2014 otras dos empresas: Didelfut GDL S.R.L. de C.V., y Didelfut de Occidente S.R.L. de C.V. Pronto “cedieron” sus acciones a Baug y a Inmobiliaria Tic Tac. Tanto Manuel Barreiro como Humberto Hernández Pérez fungían respectivamente como gerente y apoderado de Didelfut.

Como se mencionó, Aurora Private –que el 5 de julio de 2017 le otorgó a Tesorem 38 millones de pesos para comprar la nave industrial de Ricardo Anaya– se creó el 24 de mayo de 2016 con 100 mil pesos iniciales y tuvo como accionistas a David Galindo González y Rodolfo Núñez Romero. 

Sin embargo, Aurora incrementó sus fondos dos meses después de su constitución, ya que el 1 de junio de 2016 se tomaron dos acuerdos: el primero, que sus accionistas renunciaban a su derecho de preferencia a la hora de aumentar el capital, y se autorizó la emisión de acciones por 120 millones de pesos, las cuales “fueron suscritas mas no pagadas” por la empresa extranjera Custodial Services LTD, a la que se le dio como plazo el 31 de diciembre de 2016 para cubrir el monto correspondiente. En los registros no figuran más movimientos.

Y para cerrar esta sospechosa trama, se comprobó que los accionistas iniciales de Aurora Private, Tesorem, Didelfut de Jalisco, Constructora Novaris y el corredor público que dio fe de algunas de las empresas forman parte de la firma jalisciense RVG Abogados.

Toda esta información está en poder del gobierno federal e incluso se le comunicó al candidato del PRI José Antonio Meade y al titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, pero ninguno quiso recibir la documentación.