Cuestionamientos de un ciudadano a las ONG Tlachinollan y Prodh

Señor director:

Le agradecería que me permitiera expresar algunas preguntas a dos organizaciones no gubernamentales (ONG): el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh) –particularmente a Vidulfo Rosales y Mario Patrón, respectivamente–, organizaciones que acompañan, representan y defienden, ante instancias nacionales e internacionales, a los padres de familia de los 43 jóvenes detenidos y desaparecidos de la Escuela Normal Rural (ENR) de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.

A estas dos ONG les hago tres preguntas que considero fundamentales:

¿Por qué se han inclinado en organismos internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sólo están facultados para dar recomendaciones, mas no para penalizar crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional público?

En este sentido, si recordamos que la Corte Penal Internacional (CPI) está facultada para penalizar casos de crímenes de lesa humanidad (artículo 7, párrafo 1, inciso i; Estatuto de Roma de la CPI) en el derecho internacional público, ¿por qué no han acudido a ella hasta ahora?

Con base en las asambleas y los encuentros nacionales que algunos de ustedes han realizado, junto con otras organizaciones sociales, después de los lamentables acontecimientos ocurridos contra estudiantes de la ENR de Ayotzinapa en septiembre de 2014, ¿qué argumentos políticos tienen para sólo actuar en instancias internacionales que únicamente se limitan a dar recomendaciones y no penalizan crímenes de lesa humanidad? 

Atentamente:

Doctor Luis Darío Salas Marín

Profesor de la UNAM