Rectificación, pide la CIDH al Estado mexicano

El miércoles 6, dos días después de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas dio a conocer su resolutivo sobre el caso Ayotzinapa –que echa por tierra la “verdad histórica” de la PGR–, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en Washington el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayot­zinapa, documento que enumera las múltiples inconsistencias en las investigaciones y exhibe las insostenibles versiones del Estado mexicano. A juzgar por el desaseo de las indagatorias, el mecanismo recomienda corregirlas e impulsar nuevas hipótesis.

Con un contenido apegado a estándares internacionales de derechos humanos, la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, confirma las irregularidades y deficiencias de la investigación detectadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus informes de septiembre de 2015 y abril de 2016.

Hasta ahora, la Oficina para el Caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR) no ha subsanado esas irregularidades, según corrobora el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El documento fue presentado el miércoles 6 en la sede de la CIDH en Washington. El evento lo encabezó la presidenta del organismo regional, Margaret May Macaulay, a quien acompañaron los comisionados responsables del MESA, Esmeralda Arosamena y Luis Ernesto Vargas, así como el secretario ejecutivo de la comisión, Paulo Abrâo.

Para entonces ya era del conocimiento de los comisionados el contenido sustancial del resolutivo judicial del Tribunal Colegiado, con sede en Tamaulipas, dado a conocer el lunes 4, que aplaudieron y consideraron como fundamental para deshacerse de la “verdad histórica”, según la cual los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan.

Al respecto, “el tribunal la ha señalado como una verdad insostenible”, apuntó Arosamena en su intervención.

La sentencia judicial da la razón a los señalamientos del mecanismo, que durante un año revisó 400 de los 540 tomos del expediente del caso Iguala hasta noviembre de 2017, y que realizó cinco visitas técnicas y otras tantas de los comisionados, con el propósito de monitorear el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los dos informes del GIEI en materia de investigación, búsqueda, atención a víctimas y medidas estructurales para evitar la repetición.

El documento fue presentado previamente a las partes –el Estado mexicano y los representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, así como a los centros de derechos humanos Tlachinollan, Agustín Pro Juárez, José Morelos y Pavón y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos–, quienes hicieron aportaciones antes de la publicación.

“La CIDH nota que, en una declaración de un policía estatal, éste indica que la Policía Estatal custodiaba el basurero de Cocula desde el 5 de octubre de 2014”, dato que “no habría sido contrastado ni investigado a profundidad por las autoridades, a pesar que desde la noche del 26 de septiembre de 2014, la PGR y la fiscalía del estado de Guerrero contaban con carpetas de investigación abiertas”, indica al informe del MESA.

Y agrega: para el mecanismo “es importante que se aclare este punto, debido a que el basurero de Cocula fue descubierto oficialmente por una llamada anónima del 26 de octubre de 2014 a las 23:15 horas”.

Ese dato que resalta el informe proviene de la declaración del policía estatal Rafael Dolores Morales, quien en septiembre de 2014 estuvo comisionado en Iguala y fue interrogado el 14 de abril de 2016.

Al ser cuestionado sobre si conocía el basurero, Morales respondió: “Lo conocí aproximadamente el 5 de octubre de 2014, porque fui a llevar alimentos a los compañeros que estaban brindando seguridad perimetral en el basurero”. En el resto del interrogatorio no hay intención del agente ministerial de aclarar lo dicho por el uniformado.

Para los responsables de la elaboración del informe, el esclarecimiento de las denuncias de tortura es “crucial para la investigación”, pues, de confirmarse éstas, el hecho “podría servir para cerrar procesos penales en curso”.

El tema es central si se considera que el GIEI documentó ampliamente 17 casos de “serios indicios de tortura”. A su vez, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revisó 34 de los 51 casos analizados, en tanto que en la respuesta del Estado se habla de 53 casos bajo análisis, de los cuales sólo se confirmaron dos casos. Sin embargo, “la PGR no ha ejercido acción penal contra ninguna persona responsable”.

Lo anterior evidencia las graves deficiencias en la investigación, así como la incapacidad de la oficina especializada para atender los requerimientos del MESA, sobre todo cuando aún hay 128 detenidos –70 relacionados directamente con el caso–, y no existe una sola consignación por desaparición forzada.

Tras señalar que la razón de ser de la Medida Cautelar 409-14 –la localización de los desaparecidos y la consecuente creación del GIEI, así como del propio MESA– sigue vigente, el reporte resalta que durante el año de operación “no hay nuevas detenciones por acción u omisión de actores estatales que podrían haber tenido algún nivel de participación en la noche de los hechos”.

Peor aún, las graves violaciones a derechos humanos –por lo que están siendo procesados los detenidos– “corresponden a delitos por delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio público, contra la administración de la justicia y secuestro, y no por desaparición forzada”.

Es más, “a más de tres años de ocurridos los hechos y desde el funcionamiento del mecanismo a partir de diciembre de 2016, sólo se ha detenido a dos personas –presuntos integrantes de Guerreros Unidos– por delitos de secuestro y crimen organizado, y no por desaparición de personas. Debido a la aplicación inadecuada de los elementos de tipo que exige la ley penal mexicana, se genera una debilidad grave en la conducción de la investigación”.

El análisis del MESA destaca que, según el Estado, hay siete órdenes de aprehensión sin ejecutar y se detuvo a un jefe de la policía de Iguala en octubre de 2016, con una aprehensión pendiente de otro agente del mismo municipio, “considerado clave debido a los análisis telefónicos que ha realizado la PGR”.

También resalta los huecos que deben llenarse, como abundar sobre el testimonio de un detenido en abril de 2017, Walter Alonso de Loya Tomás, quien “brinda información sobre líneas de investigación que involucran a funcionarios de Guerrero y a militares del Ejército”.

El informe alude también al cuestionario que dejó establecido el GIEI para esclarecer la participación castrense. Este lineamiento sirvió de poco, pues en los interrogatorios de personal de la PGR a elementos del 27 Batallón de Infantería hubo “inconsistencias y ausencia de repreguntas”, por lo que tendrían que realizarse nuevas diligencias.

De esa manera, tendría que determinarse a cargo de qué dependencia estaba el Centro de Control, Comando y Cómputo (C4) en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, ya que en declaraciones ministeriales se afirma que era manejado por militares, pero en la respuesta del Estado al mecanismo se sostiene que estuvo bajo el control de la Secretaría de Seguridad del estado de Guerrero.

Al abordar el tema de las imágenes tomadas por un soldado en el Palacio de Justicia, “en el expediente obran declaraciones contradictorias entre varios de los militares involucrados”, sin que se busque aclarar la situación, en tanto que en una revisión ministerial de la computadora del batallón donde se descargaron las fotografías el 15 de agosto de 2017, “no se obtuvo ningún resultado positivo, toda vez que, según el documento ministerial, el disco duro se descompuso y fue reemplazado”.

El mecanismo advierte que entre los asuntos a esclarecer destacan las “declaraciones ministeriales que hacen referencias a algunos miembros del Ejército, incluso denuncias de parentesco en primer grado de elementos militares con líderes del crimen organizado”. 

El informe hace hincapié en las líneas de investigación que el GIEI dejó marcadas y aún no están agotadas, como ocurre con la posible participación de la Policía Federal en diferentes escenas del crimen.

El mecanismo señala que, en su respuesta, el Estado mexicano informó que el 15 de octubre de 2017 ejerció acción penal contra tres policías federales por delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio púbico y contra la administración de la justicia, acción que fue rechazada por el Poder Judicial Federal. 

Ante ello, el mecanismo cuestiona por qué no se les consignó por desaparición forzada si “los tres policías fueron testigos de la detención de los estudiantes en el Palacio de Justicia, de donde fueron sustraídos algunos de los desaparecidos”.

Recomienda que “toda la plantilla de policías federales activa en la estación de Iguala en las fechas en que ocurrieron los hechos… sea investigada a profundidad”, más aún cuando, de manera inexplicable, la mayoría de quienes la integraban “fue trasladada a otras unidades en el país por instrucciones recibidas el 10 de octubre de 2014”.

Para la CIDH, “es importante avanzar en las investigaciones respecto de la cadena de responsabilidades que decidió mover al personal de la estación de Iguala en momentos críticos de la investigación, así como la cadena de mando de la Policía Federal en el momento en que ocurrieron los hechos”.

Entre las fallas en materia de investigación, el mecanismo identifica las deficiencias para ejecutar órdenes de aprehensión, como las de “cinco funcionarios policiacos y ministeriales” que impugnaron la acción promovida por la PGR y ganaron el caso.

La dependencia federal litigó durante seis meses “un conflicto competencial” para consignar a nueve policías municipales de Huitzuco, a los que, entre otras cosas, responsabiliza del homicidio de tres víctimas del ataque al autobús en el que viajaba el grupo de futbol de Los Avispones. En este caso, los representantes de las víctimas se quejaron porque no se consignó al jefe de la corporación, “a pesar de los señalamientos que pesarían en su contra”.

A su vez, la PGR consignó a personas que ya están siendo procesadas por otros delitos, como ocurrió el 17 de enero último, cuando se inició el procedimiento contra 31 agentes municipales por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio calificado; los policías fueron consignados en otra averiguación previa promovida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Además, durante el último año “se intentaron tres nuevas acciones penales referentes a 45 servidores públicos (activos o en retiro), 29 de los cuales ya se encontraban detenidos”, aunque no prosperaron.

En sus conclusiones, el mecanismo recomienda “fortalecer una nueva hipótesis sustentada con pruebas objetivas y una nueva narrativa, claves para la verdad y la justicia”. Recuerda también al Estado mexicano que “el derecho más importante de una persona desaparecida es el de la búsqueda y la recuperación”.