Tras la catástrofe, la torpeza gubernamental

A dos semanas de la erupción del Volcán de Fuego, 3 mil 652 personas permanecen hacinadas en 21 albergues, en graves condiciones de insalubridad e inseguridad. Pese a que Guatemala es susceptible de padecer varios tipos de calamidades naturales –huracanes, erupciones volcánicas o terremotos–, la más reciente ha evidenciado las grandes debilidades institucionales para el manejo de los desastres e incluso ha destapado casos de presunto manejo político de la desgracia. 

San Juan Alotenango/Escuintla, Guatemala.- Mientras mece en sus brazos a su hija de tres meses, Joseline Xeron habla sobre las condiciones de vida en uno de los dos albergues habilitados en el municipio de San Juan Alotenango. 

Desde que ingresó al albergue debe hacer fila para todo: para recibir alimentos, para usar las duchas y el sanitario y ahora, para ser atendida por un médico, ya que padece malestar estomacal y diarrea. 

Asegura que la comida es monótona: Protemás (un suplemento de soya) y frijoles tres veces al día, y que no es apta para niños. 

“No nos dejan ingresar otros alimentos para que podamos consumir algo diferente. A las personas que vienen a ayudar no las dejan entrar porque dicen que estamos bien y es mentira”, afirma con amargura. “Sólo nos dan una hora para salir, de 10 a 11, y si no llegamos a esa hora no nos dejan entrar. Vinimos buscando ayuda y llegamos a una cárcel”.

A la entrada del albergue, voluntarios provenientes de otro municipio intentan ingresar con víveres y ropa, pero el personal de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, instancia encargada del recinto, les informa que deben llevar los insumos a la municipalidad, que funge ahora como centro de acopio.

César Franco, de 39 años, quien pernocta en el albergue con su esposa y dos hijos de tres y cinco años, se suma a la acalorada discusión y asegura que el alcalde utilizará las donaciones con fines proselitistas durante la campaña electoral de 2019.

“Esa ayuda nunca nos va a llegar; la van a usar para la campaña política. Queremos recibir aunque sea un granito de arena de la ayuda que está trayendo esta gente”, afirma Franco, agricultor. 

El “acarreo” de votantes a las urnas a cambio de víveres es una práctica común en el área rural, lo cual ha despertado sospechas y señalamientos sobre la presunta politización de la ayuda para los damnificados. 

Frustrados, los voluntarios se retiran con las cajas de víveres y Franco vuelve a ingresar al albergue, sacudiendo la cabeza.

La tensión crece entre los evacuados que pernoctan en los albergues. No saben dónde ni en qué condiciones serán reubicados tras la erupción del Volcán de Fuego, que dejó un saldo de 110 muertos y 197 desaparecidos.

Familias enteras duermen en el suelo, sobre colchonetas. En muchos de los albergues –en su mayoría escuelas y templos que han sido habilitados para atender a las víctimas– no hay agua corriente y los evacuados se ven obligados a bañarse con jícaras. El encierro, el hacinamiento y la incertidumbre de cara al futuro han exacerbado las tensiones. 

En un intento por amenizar las condiciones en los albergues y entretener a los más pequeños, grupos de voluntarios han llevado payasos, piñatas y hojas para colorear. Los albergados han agradecido el apoyo aunque afirman que “están saturando a los niños de dulces”.

Incapacidad institucional 

Desde 1997 existe el Proyecto Esfera, iniciativa de organizaciones no gubernamentales y de la Cruz Roja Internacional que recoge pautas internacionales para la atención a víctimas de un desastre o conflicto.

Guatemala está entre los países que suscribieron el documento y sus lineamientos fueron incorporados a los planes de atención a emergencias elaborados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Pero Claudia Maselli, procuradora adjunta de los derechos humanos, admite que las condiciones en los albergues están lejos de ser óptimas. 

“Aunque existen los lineamientos, el Estado ha actuado con lentitud e incapacidad institucional. No había información sobre cuántas personas se encontraban en el área del desastre, no hay un registro certero de cuántas personas se encuentran desaparecidas y hay personas en los albergues con situaciones de vulnerabilidad a las cuales no se les ha brindado atención especial”, afirma Maselli en entrevista. 

Entre las deficiencias constatadas por el personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos cita la ausencia de censos en cada albergue, que detallen el número exacto de personas que permanecen en el recinto, su edad, sexo y requerimientos especiales para personas con discapacidad o con VIH o embarazadas. De hecho, hay mujeres que están dando a luz en los albergues.

En uno de Escuintla la policía detuvo a un hombre que ingresó al recinto e intentó violar a una niña de 11 años en uno de los baños, hecho que ha despertado el temor de que las condiciones de hacinamiento puedan generar situaciones de violencia sexual.

Maselli explica que en ese albergue los evacuados han organizado comités que realizan inventarios de víveres y coordinan las tareas de limpieza. Todos se conocen y el intruso fue rápidamente detenido y entregado a las autoridades antes de que pudiera agredir a la menor. 

En cuanto a las quejas relacionadas con la alimentación, Maselli afirma: “Algunas familias afectadas (por el desastre) son pobres y no necesariamente comían tres veces al día. Su dieta estaba basada en hierbas. Es normal que el cambio de rutina pueda provocar afectaciones estomacales. Por eso hay que tener un censo de los grupos en situación de vulnerabilidad”.

La búsqueda 

En las inmediaciones de la morgue de Escuintla, los sobrevivientes de la tragedia se exasperan por la lentitud del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para identificar los restos de sus seres queridos. Algunos perdieron hasta 40 familiares. Quieren sepultarlos. Llevan más de 10 días consecutivos esperando.

Primero deben ser entrevistados por personal del Inacif y proporcionar una descripción detallada del familiar, que incluye edad, sexo, vestimenta, fracturas y tatuajes. A continuación se procede a la toma de huellas dactilares que se cotejan con su base de datos. Si la identificación es positiva, se entrega al familiar. De lo contrario, se procede al análisis de ADN, proceso que puede demorarse si no se trata de un familiar cercano. 

Cuando llega una pickup de la policía con varios baldes de plástico que contienen los restos hallados en las aldeas más afectadas por el desastre, familiares de­sesperados se arremolinan alrededor del vehículo, ansiosos de recibir noticias.

Irma Pamal, de 46 años, cuenta que varios de sus familiares han arriesgado sus vidas para regresar a la aldea de San Miguel Los Lotes en busca de los desaparecidos y denuncia que el traslado de los cuerpos a la morgue ha sido excesivamente lento.

“Lo que no han hecho las autoridades, la misma gente lo está haciendo. Mi cuñado sacó a 12 y les puso un trapito con un número a cada uno. Ahora no hallan qué hacer, porque los cuerpos ya se descompusieron allí a la intemperie. Ni siquiera pedacitos de hielo fueron capaces de ponerles”, asegura a la reportera, Pamal, quien perdió a 18 familiares en el desastre, entre ellos sus padres y dos hermanas con sus respectivas familias. 

Al presidente Jimmy Morales, quien ya enfrentaba un fuerte desgaste político por los casos de corrupción en que se ha visto envuelto su partido, FCN-Nación, se le señala una falta de liderazgo ante la crisis. 

Primero, aseguró que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar este tipo de emergencias, lo cual fue desmentido de inmediato por los medios, ya que el artículo 101 de la Ley de Presupuesto sí establece un protocolo a seguir para acceder rápidamente a los fondos necesarios para responder a una emergencia nacional. 

Según la ley vigente, en caso de un desastre natural, el gobierno debe decretar un Estado de Calamidad Pública, lo cual le permitirá crear un fondo emergente para mitigar los daños sufridos por las comunidades afectadas. 

Ese fue el mecanismo que se siguió y tras el decreto del Estado de Calamidad Pública en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, ratificado por el Congreso el siguiente día, el Ministerio de Finanzas Públicas puso 315 millones de quetzales (42 millones de dólares) a disposición del Ejecutivo.

Ante la necesidad apremiante de reubicar a las víctimas del desastre, la municipalidad de Escuintla está en proceso de habilitar dos terrenos de 15 mil metros cuadrados para la construcción de dos albergues más grandes, donde los desplazados pernoctarán en carpas gigantes donadas por Japón, mientras se les construyen viviendas permanentes. 

El alcalde de Escuintla, Abraham Rivera, asegura que no ha recibido ningún aporte del gobierno central para la reubicación de los desplazados, pero no emite ningún juicio al respecto porque “no quiere polemizar”.

El pasado sábado 9 miles de guatemaltecos sí manifestaron su inconformidad con la forma en que la administración de Morales ha respondido ante el desastre y realizaron una marcha de antorchas frente al Palacio Nacional, exigiendo la dimisión del mandatario. 

“Un gobierno sin cabeza y sin capacidad, entierra al pueblo con impunidad”, fue una de las consignas que corearon los manifestantes.