El ganador del Premio Carlos Montemayor denuncia la “fabricación” de un delito en su contra

Señor director: 

El 12 de abril de 2016 fui aprehendido, todavía bajo el viejo sistema de justicia penal, que no consideraba la posibilidad de comparecer previamente ante un juez para tener derecho a legítima defensa. El delito falsamente armado fue el de fraude procesal. 

Mediante chantaje fui obligado a firmar pagarés dentro de la prisión, a entregar las cámaras de video con las que había realizado mi trabajo como corresponsal periodístico y así obtener la libertad con fianza 18 días más tarde. 

Desde entonces he enfrentado un juicio en el que he padecido indefensión, debido a que el contrato que presenté en su oportunidad ante un juzgado civil, con la firma de mi arrendador, ya finado, el señor Tomás Tarno Barro, parece haber sido alterado a conveniencia de la parte acusadora y no se ha vuelto a ver el original, al menos desde 2014, por lo que el juicio se ha realizado con una copia fotostática. Un procedimiento doloso que por cierto es común entre los latifundistas urbanos. 

El contrato que fue originalmente depositado en el Juzgado 83 Civil, pasó, a la extinción de éste, al Juzgado 14 Civil, que durante más de un año se ha negado a certificar su desaparición, en perjuicio de mi defensa.

Estos hechos fueron relatados en el libro Reportero encubierto, que me valió el Premio Nacional de Literatura Testimonial Carlos Montemayor (https://www.proceso.com.mx/467265/reportero-encubierto-gana-el-premio-bellas-artes-carlos-montemayor).

A pesar de que todos los peritajes han determinado que debido a la mecánica de ejecución no se me puede atribuir la firma, la desaparición del original ha impedido probarlo científicamente. Todo indica que la falsa firma fue sobrepuesta a la original para incriminarme.

Aunque en este momento el litigio se encuentra por tercera vez en proceso de apelación en la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y está fundamentado en el principio de absolución ante la duda, el contrato original, o la certificación del juez de que está desaparecido desde 2014, sería la prueba superviniente indispensable para poder demostrar mi inocencia.

Hay otros elementos que tampoco se han tomado en consideración, como el hecho de que aun la copia del contrato tiene otros elementos de seguridad, tales como un número de cuenta y el RFC del señor Tarno Barro, además de 27 recibos de arrendamiento que no fueron objetados, por lo que si se cometió un fraude procesal, éste me tuvo como víctima y no como actor. 

Por lo anterior atentamente solicito al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Alberto Augusto Juárez Pérez, dé instrucciones al juez 14 de lo Civil para no prolongar más lo que en derecho corresponda, y a la Judicatura y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tomar nota sobre las posibles irregularidades en el proceso. 

Atentamente

Ramsés Ancira