TEPJF: a mayor votación, menor tensión

Ante una de las elecciones más complicadas de la historia, el Tribunal Electoral federal se apresta a juzgar posibles impugnaciones de los resultados, sobre todo en aquellos casos en que la diferencia entre el primero y el segundo lugares sea menor de 5% de los votos, y se alista para solventar los procedimientos de fiscalización para desembocar en la calificación de los comicios presidenciales. A decir de su presidenta, Janine Otálora, todas esas tensiones se reducirán en la medida en que se registre un mayor número de sufragios.

Culmina esta semana una de las campañas electorales más largas, complejas y violentas de los últimos años. A través del voto estarán en juego la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 diputaciones en 30 congresos estatales, mil 596 ayuntamientos, con una suma de cargos que van desde 12 mil 13 regidurías hasta mil 664
sindicaturas.

Sin grandes sorpresas políticas pero con mucha tensión, el litigio poselectoral estará en manos no sólo del Instituto Nacional Electoral (INE), responsable del cómpu­to de los votos y de la fiscalización de los partidos políticos, sino sobre todo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya Sala Superior está integrada por cinco magistrados y dos magistradas; elegidos apenas en octubre de 2016, vivirán la prueba de fuego desde el 1 de julio hasta el 6 de septiembre de este año, plazo límite para calificar la elección presidencial.

A diferencia de los procesos federales anteriores, sobre todo los de 2006 y 2012, la sombra de la anulación de la elección presidencial no es tan alta debido a la distancia entre el candidato que encabeza las preferencias electorales y los otro
 contendientes. 

Sin embargo, observadores y autoridades electorales consultados prevén que la distancia entre el primero y el segundo lugares puede acortarse entre ocho y 10 puntos porcentuales, dada la tendencia del voto y las condiciones políticas en cada entidad.

“A mayor votación de la población, se espera un menor conflicto poselectoral”, resume la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, consultada por este semanario.

Otros observadores advierten que la primera fase del conflicto poselectoral corresponderá al proceso de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, etapa que le corresponde al INE y tiene como plazo definitivo hasta el próximo 10 de agosto.

La fiscalización será la etapa más compleja, tanto para el INE como para el TEPJF, porque ahí se juzgará la posibilidad de anular procesos electorales estatales y municipales o hasta el presidencial.

Según la redacción del artículo 41 constitucional, derivado de la reforma político-electoral de este sexenio, “la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado; b) se compre o adquiera cobertura informativa o tiempo en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; c) se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”.

Estas violaciones “deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%”.

La elección presidencial no estaría bajo este supuesto si la diferencia entre el primero y el segundo lugares rebasa los cinco puntos porcentuales, pero se prevé un litigio por posible anulación que llegaría al TEPJF en las contiendas para gobernador de Veracruz, Puebla y Yucatán, donde las diferencias se han ido acortando.

En las recientes resoluciones aprobadas en la Sala Superior del TEPJF la mayoría de los magistrados electorales se ha pronunciado por fiscalizar no sólo el rebase de los topes de gastos de campaña, sino el origen de los recursos, que se ha convertido en uno de los problemas más graves de la fiscalización.

Después de la “crisis” del “Bronco”

La primera prueba de fuego para el TEPJF fue la aprobación, con voto dividido de cuatro magistrados contra tres, de la candidatura de Jaime Rodríguez, El Bronco, el 10 de abril, a pesar de que el INE había documentado que el exgobernador de Nuevo León había alterado más de 1 millón de sus firmas de apoyo y no alcanzaba el mínimo requerido de las firmas válidas ( 2163).

Esta sentencia del TEPJF, impugnada por la mayoría de los especialistas y observadores electorales, colocó al tribunal en una “crisis interna” asumida por los propios magistrados.

En primer lugar, reveló que hay un bloque de cuatro magistrados (Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas, Mónica Aralí Soto Fragoso e Indalfer Infante Gonzales) contra otros tres magistrados, encabezados por la propia magistrada presidenta, más los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, que generalmente votan de manera similar, sobre todo en temas relacionados con libertad de expresión, equidad de género y fiscalización.

El miércoles 20 una sorpresiva unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF se produjo cuando confirmaron las multas impuestas en materia de fiscalización por el INE contra El Bronco, que ascienden a poco más de 700 mil pesos.

Las multas fueron ratificadas por el tribunal por la participación de al menos 656 servidores públicos de 29 dependencias administrativas gubernamentales de Nuevo León, que participaron en la recopilación de las firmas de apoyo al candidato independiente. Esta actividad violó la ley electoral y representó una “donación en especie”.

La parte más delicada fue la confirmación de que hubo triangulación irregular de recursos en apoyo a la candidatura del Bronco y que su monto fue “coincidente” con recursos depositados previamente (uno o dos días antes) por personas morales a la cuenta bancaria de quien aportaba. Por este rubro, la multa fue de apenas 226 mil 243 pesos.

La tercera multa acreditada por el TEPJF fue por las tarjetas Oxxo Saldazo. La autoridad fiscalizadora comprobó que entre octubre de 2017 y marzo de 2018 se realizaron transferencias por un total de 4 millones 352 mil pesos hacia las cuentas destino, en diferentes instituciones bancarias, cuyos titulares fueron coincidentes con los nombres de mil 35 ciudadanos registrados como auxiliares del Bronco.

Durante su participación en esa sesión, la magistrada presidenta del TEPJF advirtió que “no puede generarse la expectativa de que los actos ilegales no serán debidamente sancionados por las autoridades competentes”.

En referencia a la posibilidad de que se anulara la candidatura presidencial de Rodríguez Calderón, aprobada en voto dividido por el TEPJF en abril de este año, la magistrada Otálora advirtió que los integrantes de este tribunal “no podemos actuar de oficio e ir más allá de lo pedido, que en su caso es competencia de otros actores políticos solicitar justicia en dicho sentido”.

Fuentes Barrera, ponente en la resolución que autorizó el registro del Bronco, aclaró en esa sesión que “este litigio tiene un objeto totalmente diferente al que motivó el juicio ciudadano 186, también resuelto este año por esta Sala Superior, en el cual únicamente se dilucidó si Jaime Rodríguez Calderón alcanzaba o no los apoyos suficientes para obtener su registro como candidato independiente”.

En su participación, Rodríguez Mondragón, quien votó en contra de darle el registro al Bronco, advirtió que gracias a las diligencias con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se pudo demostrar que “el modelo de fiscalización electoral, en interacción y colaboración con otras instituciones financieras, funciona y funciona bien; se ha perfeccionado un sistema que tiene como finalidad inhibir el uso de recursos de procedencia prohibida”.

Argumentó: “En mi opinión, no existe justificación alguna para utilizar recursos de procedencia prohibida en el marco de los procesos electorales, porque esta prohibición pretende proteger de manera absoluta el principio de equidad en las contiendas electorales, ya que al actualizarse las infracciones que prohíbe la ley, quienes incurran en estas conductas ilícitas indudablemente se ponen en una posición inaceptable de ilegítima ventaja”.

Tras esta votación y otras que se realizaron en los últimos días en la Sala Superior del TEPJF, se ha observado que existe una nueva mayoría de cuatro contra tres magistrados en los temas más polémicos, sobre todo en el terreno de la fiscalización.

“Manos criminales”

Al frente ya de una mayoría en el TEPJF, Otálora advirtió el pasado jueves 21 que hay “manos criminales que están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no estar en la boleta electoral”.

En un claro reproche y llamada de atención ante la impunidad generalizada de los más de 120 crímenes ocurridos entre el 8 de septiembre de 2017 y el pasado jueves 21, la magistrada electoral advirtió: “Democracia y Estado de derecho son dos caras de una misma moneda y en estas elecciones ambas están a prueba, de ahí la importancia de reforzar las actividades de las instituciones del Estado mexicano”. 

La violencia contra aspirantes a diputaciones locales, alcaldes y síndicos fue mayor en el periodo previo al inicio de las campañas políticas. El 65% de los casos se produjo en este periodo, según el estudio de la consultora Etellekt. En las últimas dos semanas fueron asesinados cuatro candidatos y cuatro activistas, reportó la empresa en su Quinto Informe de Violencia Política.

En 67% de los casos las víctimas fueron ejecutadas por comandos armados, mientras que otro 14% fue objeto de tortura y violencia extrema. En total, en 81% de los 120 asesinatos contra políticos “se observa el sello característico de grupos de la delincuencia organizada”, señala Etellekt.

La misma consultora advirtió que existe 40% de probabilidad de que se mantengan niveles de violencia contra funcionarios y servidores públicos en un promedio de seis homicidios por mes, concentrados en seis entidades (Guanajuato, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Veracruz y Ciudad de México), los cuales han concentrado este nivel de violencia.

Hasta ahora los ataques no se han dirigido a las autoridades electorales del TEPJF, de las Salas Regionales o de los Organismos Públicos Locales Electorales y del INE. El temor es que la tensión poselectoral provoque escenarios de violencia contra dichas instancias.

En su último reporte sobre Riesgos del Proceso Electoral 2018 y Problemas de Gobernabilidad, la consultora Integralia, encabezada por el exconsejero del IFE Luis Carlos Ugalde, detectó un riesgo “muy alto” de que se retrase el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) debido a que las nuevas disposiciones establecen que “primero se escruten y computen todos los votos y después se llenen las actas del PREP”.

Por eso existe un “muy alto” riesgo de que se genere “inquietud social por retraso del PREP que genere vacío de información y desconfianza”. La empresa pronosticó que a las 24:00 horas de la jornada electoral apenas se conocerá 12% de los resultados preliminares.

En el periodo poselectoral los riesgos más altos, según el estudio de Integralia, son “autoproclamaciones de victoria, desacato de resultados y protestas poselectorales”, así como que existan “gobernadores, diputados locales y alcaldes sin perfil o experiencia que propicien gobiernos de baja calidad”.

Por lo pronto, el TEPJF analizará si en los municipios y distritos locales donde se cometieron crímenes contra aspirantes o candidatos se impugnarán las elecciones, para medir también el riesgo de que el crimen organizado haya decidido elegir “antes” y no durante el día de la votación.