La FEPADE, inmovilizada por la ley

No serán sancionadas la mayoría de las acusaciones cruzadas entre los candidatos a puestos de elección popular, incluso las que más hayan influido en la imagen de ellos y de sus partidos. La razón, dice en entrevista el fiscal electoral Héctor Díaz, es que la ley actual limita las acciones de la FEPADE. Por ejemplo, no contempla una serie de tipos penales, como la propaganda negra, la presentación de firmas falsas como respaldo de candidaturas o la violencia política de género. Además, dice el funcionario, algunos de los delitos que sí están tipificados alcanzan penas muy leves cuando se trata de particulares. En cuanto a otros sonados casos mediáticos, afirma, ni siquiera se han presentado las denuncias.

La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) llegó al proceso electoral de 2018 sin instrumentos jurídicos para sancionar delitos, como la guerra sucia, firmas falsas, violencia política de género, o sólo con atribuciones para sancionar tibiamente conductas indebidas de particulares e incluso de sacerdotes que participen en campañas políticas.

Por otro lado, la dependencia de la PGR está inmersa en casos que han marcado su actuación, como la trama de corrupción de Odebrecht, que implica al extitular de Pemex Emilio Lozoya en presunto desvío de recursos a la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto; así como los casos de los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte, ambos con procesos pendientes por desvío millonario de recursos públicos a su partido, el PRI.

En entrevista, el fiscal electoral Héctor Díaz Santana explica: “Ahora trabajamos en el tema de las llamadas falsas contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, y le hemos pedido a las compañías telefónicas que nos informen de dónde vienen esas líneas, qué está pasando, pero no existe una ley que les diga a ellos en qué tiempo máximo tienen que entregarnos la información.

“En Estados Unidos se comparten las bases de datos, así que las instituciones de investigación las tienen de manera automática, mientras que en México, mientras la ley no lo regule, de cierta manera dependemos de que ellos informen, y sólo en caso de que no lo hagan o tarden demasiado, solicitamos al juez que genere mecanismos de atención inmediata.”

Sobre el caso Odebrecht, que el PRD denunció ante la fiscalía en agosto de 2017, Díaz Santana explica que para diciembre de ese año, cuando él tomó posesión del cargo, la investigación apenas estaba “en ciernes”: 

“Prácticamente lo que teníamos era la denuncia. Fue necesario agilizar algunos mecanismos que ya se habían solicitado, como las asistencias jurídicas internacionales a Brasil y Suiza. Además, estamos solicitando a otras instituciones (como Pemex) que nos informen sobre los hechos; en caso de encontrar las evidencias, se judicializa.”

–¿Cuánto tiempo pasará para que lleguemos a este punto?

–Estamos en espera de las asistencias jurídicas internacionales. Eso es lo que va a cambiar el ritmo que tiene la investigación.

Al consultarle el estado de la denuncia contra César Duarte –quien huyó del país el año pasado y a quien su sucesor, Javier Corral, acusó ante la FEPADE por su probable participación en el desvío de 14 millones de pesos (es la cifra documentada) producto de la retención ilegal de sueldos de los trabajadores de 2010 a 2016, los cuales se destinaron al PRI bajo el concepto de “aportación al Poder Ejecutivo”–, Díaz Santana señala que están en espera de que sea extraditado a México para iniciar el proceso judicial.

–¿Otros gobernadores y exgobernadores están siendo investigados, como Humberto Moreira, de Coahuila?

–Tenemos al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, principalmente. Son los que se han judicializado. En el caso de otros gobernadores prefiero no mencionarlos debido a que a veces las denuncias son más del ámbito de la efervescencia de la contienda política. Algunas de las que se han presentado tienen poca sustancia.

Acerca de la grabación que el PRD hizo pública el jueves 21, en la cual se escucha que alguien (supuestamente el morenista Ricardo Monreal) le pide ayuda a otro (señalado como el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco) para liberar a tres mujeres que fueron detenidas al intentar tomar un vuelo portando 1 millón de pesos, el fiscal señala que hasta ahora no ha recibido denuncia alguna.

Limitaciones legales

Al preguntarle al fiscal electoral cuál es la principal carga de la dependencia que encabeza, expone: 

“De esta contienda electoral hemos recibido mil 600 denuncias. Se consignó la más significativa, que es la de las firmas falsas presentadas por los candidatos independientes a diputados. La persona que nosotros judicializamos aceptó haber cometido el ilícito, pidió clemencia al juez y éste, bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, dictó la suspensión provisional de la pena bajo el criterio jurídico de que se trataba de un primodelincuente que no representa un riesgo social y repararía el daño.

“Así el juez permutó la prisión por el pago de multas de 900 y mil 800 pesos, más la promesa de realizar trabajo comunitario de seis meses y tener un modo honesto de vivir. Nosotros consideramos que, dada la relevancia del caso, esa resolución del juez podría ser contraria a los principios establecidos en los tipos penales, por eso impugnamos, como también lo hizo el INE, respectivamente como denunciante y víctima.”

–¿Por qué contraria a los principios de los tipos penales?

–De acuerdo al tipo penal, (los acusados) alcanzaban una prisión de seis meses a tres años. El agravante generó una gran indignación social por esta figura nueva de las candidaturas independientes, por ello sí se tendría que poner una pena de prisión, ya que se sienta un precedente. Por eso apelamos la resolución y estamos en espera de que se realice el juicio.

“El tema de las firmas de los candidatos independientes a la Presidencia lo estamos investigando. Tardamos porque las firmas que investigamos en la primera etapa eran pocas y las denuncias que recibimos por los candidatos a la Presidencia son cientos de miles. Son como los de Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter; la diferencia de éstos con Zavala es que (las firmas falsas detectadas de ella) son tangenciales”.

Señala que la Ley General en Materia de Delitos Electorales en México es única en el mundo, con más de 200 tipos penales. “Sin embargo –aclara–, en el tema de las firmas falsas no hay un tipo penal que las sancione. Los temas que la FEPADE está conociendo es porque utilizaron de manera irregular el padrón electoral, pero no por presentar firmas falsas, porque este tipo penal no existe. Es probable que en una próxima reforma se tendrá que considerar en el Código Penal Electoral y en la misma ley”.

Hay otros delitos que no están previstos en la legislación: “El tema de la guerra sucia, de la propaganda negra, creo que hay que discutirlo bien porque es urgente definir el tipo penal. También es urgente legislar sobre la violencia política de género; hay denuncias, pero no tenemos cómo encausarlas”. 

–¿Qué van a hacer con ellas?

–Sobre el tema de las mujeres que son violentadas durante los procesos electorales ya hay una propuesta muy avanzada en la Cámara de Diputados. 

–En el caso de los sacerdotes, ¿hay denuncias contra ellos en la FEPADE y han sido sancionados?

–Sí, hay dos sentencias condenatorias en la existencia de la fiscalía, pero es de los pocos tipos penales que no tienen pena privativa de la libertad. Aunque cometan delitos, la pena es sólo multa. Lo mismo sucede con los fedatarios públicos: también es una multa.

–¿Se está investigando la participación del sacerdote Alejandro Solalinde con
Morena?

–No. Primero, porque no ha sido denunciado; segundo, porque el tipo penal es muy claro e implica al ministro de culto religioso que, en el lugar de su ministerio, invite de manera textual a votar a favor o en contra de algún partido político o candidato. No es el caso de Solalinde.

Díaz Santana indica que los tipos penales se clasifican dependiendo de la conducta de la persona que los comete. De esta forma, los hay para candidatos, miembros de partidos, servidores públicos, funcionarios electorales, ministros religiosos, fedatarios y candidatos electos, entre otros. En esta materia, cualquier particular puede cometer un delito.

Una de las características de la nueva ley electoral es que aumentó la pena por incurrir en financiamiento irregular; ahora es de 15 años y, si el recurso proviene de la delincuencia organizada, se incrementa 50%.

–¿Cuáles son los casos que se investigan por ese delito?

–Tenemos varios. Ahora le puedo mencionar el del candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón.

Comenta que cuando no se tiene la información precisa es complicado hacer juicios de valor: “Pueden decir: ‘Cierto empresario presentó o dijo tal cosa’, y si nosotros decimos que es delito, queda registrado ante la opinión pública. Y cuando investigas, puede ser que los hechos que se denunciaron no sean realidad”. 

Señala que la FEPADE no sólo procura justicia penal, también realiza acciones de prevención del delito para este proceso electoral. Para ello, dice, “250 mil personas fueron capacitadas, hicimos programas de blindaje electoral en todas las entidades federativas y el gobierno federal, hicimos una guía para que los 500 mil policías que existen en el país sepan cómo actuar en materia de delitos electorales, repartimos 500 mil cartillas de procedimientos de denuncia ciudadana, entre otras cosas materiales para grupos vulnerables”.

Además, con el fin de concretar las acusaciones, se distribuyó “un cuadernillo con caricaturas, ilustrado por Iracheta, con los 10 delitos electorales que debemos denunciar y los mecanismos de denuncia pública, porque para nosotros es importante que quien denuncia nos dé las evidencias suficientes. Para ello, que utilicen el teléfono para tomar fotos y videos que ayuden a identificar a los responsables del delito.

“También hicimos una campaña intensa en redes sociales, trabajamos con el INE, los institutos locales, el Inacipe… es probable que nos haya faltado un poco trabajar más en spots de televisión y radio, lamentablemente esta institución tiene bajo presupuesto. Para este año nos asignaron 161 millones de pesos, pero 150 se van a nómina. Conseguimos una ampliación presupuestal pero sólo de 20 millones”.

Por otro lado, la FEPADE dispone de 128 agentes del Ministerio Público para atender las cerca de 7 mil denuncias y carpetas de investigación que tiene rezagadas, así como las mil 600 que se presentaron en este periodo electoral.

“Así está la ley”

Entrevistado al respecto, el abogado penalista Rodrigo Moya, socio de la firma Islas, Moya, Salinas & Madero, coincide con el titular de la FEPADE en que se deben abordar varios temas urgentes en la legislación electoral: “La existencia de esa Ley General en Materia de Derecho Electoral es un gran avance, porque de alguna manera especifica ciertas conductas que sin duda vale la pena que sean reguladas. Sin esta legislación, para la autoridad sería muy difícil perseguir esas conductas. 

“Esta legislación lo que intenta es, en una idea retributiva y no sancionadora, buscar los mecanismos idóneos para prevenir el delito. Aun así, considero que hay algunos en los que las penas pudieran ser más agresivas. En cuanto toca a los particulares, las penas pudieran sonar suaves en comparación con las de los delitos en que incurren los funcionarios públicos o electorales. Es una legislación que pudiera aumentar las penas cuando se toca o cuando se refiere a los particulares.

–¿Recuerda casos que se debieron sancionar de manera más drástica?

–Si se rebasan los topes de campaña… o la manera en que grupos empresariales, partidistas o de la sociedad civil apoyan a candidatos o partidos políticos económicamente, esa aportación tendría que ser más transparente, como se hace en Estados Unidos. Me parece que este tema es un foco rojo.

“Otra conducta para la que tampoco es tan agresiva la sanción cuando se trata de particulares, es cuando inducen a los subordinados a emitir el voto por un candidato o partido político. Eso debería de ser mucho más sancionado, me parece que es una conducta en que la pena actual es laxa cuando se trata de un particular.”

Por su parte Bernardino Esparza Martínez, quien participó en la elaboración del cuadernillo con los 10 delitos electorales por parte del Inacipe, señala: “Así está elaborada la ley, ojalá posteriormente puedan ampliarla porque en esta jornada electoral pueden presentarse conductas nuevas de delito. No sabemos cómo el sujeto o los partidos se vayan a comportar y qué conductas vayan a presentar. Si se denuncian y no están tipificadas, no habrá sanción”.

–El supuesto desvío de recursos de la Sedesol y las omisiones de Meade, o bien la llamada “estafa maestra”, ¿se están ­investigando?

–No. No se ha denunciado como delito electoral.