Cuando las balas votan

Las decenas de asesinatos de candidatos a puestos de elección popular no puede reducirse a la versión de que estaban coludidos con un grupo del crimen organizado. Especialistas en temas políticos y de seguridad señalan la posibilidad de que el crimen organizado pretenda facilitar el camino a candidatos de su preferencia, eliminar a quienes le estorban o capturar a los que tienen más probabilidades de ganar los comicios. Todo con el fin de controlar territorios, autoridades y presupuestos.

En este proceso electoral 15 candidatos a alcaldes o a dipu­taciones locales, y uno a diputado federal, aunque aparecerán en las boletas, no podrán ser votados: fueron asesinados. En Puebla, un candidato está secuestrado; en Tamaulipas hay uno preso por homicidio. Otras 28 personas ni siquiera llegaron a las boletas. En promedio, tres personas relacionadas con las elecciones fueron ultimadas cada semana; 18 eran mujeres. 

La violencia contra candidatos, precandidatos, militantes, líderes partidistas o políticos que tuvieron un cargo de elección popular marcó esta elección: 120 asesinatos (44 de las víctimas eran candidatos o precandidatos), de los que 82% tuvo el sello del crimen organizado. La violencia encontró diversas manifestaciones: 150 amenazas e intimidaciones (100 contra candidatos), 50 atentados contra familiares de políticos (con saldo de 50 víctimas), 38 agresiones con armas de fuego, 15 secuestros, 27 asaltos y 50 agresiones físicas. 

Entre el 8 de septiembre de 2017 y el pasado sábado 16 sumaban 465 agresiones, 124 de las víctimas fueron mujeres. En 24 estados, y específicamente en 302 municipios, se registraron estos hechos violentos. Los focos rojos se concentraron en la zona del Pacífico (Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) y la zona centro (Puebla, Estado de México, Hidalgo y Guanajuato). La violencia homicida se ensañó con los candidatos de oposición de la fuerza local que gobernaba; ningún partido estuvo exento. 

Estas cifras se basan en el registro que hizo Etellekt Consultores, con corte al martes 19. 

La violencia homicida ligada a las elecciones escandalizó a la Unión Europea (“es preocupante”, indicó en un comunicado), a la OEA (“absolutamente inaceptable”) y a personajes como el exsecretario general de la ONU Kofi Annan (“es una seria amenaza”). 

Pero sólo algunos de los asesinatos de aspirantes de sus mismos partidos conmovieron a los candidatos a la Presidencia o al presidente del INE al grado de arrancarles condolencias públicas.

Cuatro expertos en violencia consultados por Proceso sobre el desarrollo de estos comicios analizaron los datos intentando esbozar explicaciones; propusieron hipótesis y líneas de estudio para diferenciar el móvil del crimen; previnieron de falsas conclusiones que criminalicen a los candidatos asesinados o a sus contrincantes; señalaron que la autoridad debe investigar hasta explicar cada hecho delictivo o advirtieron de futuros infiernos en los lugares donde el crimen organizado imponga con sangre a sus candidatos.

Pugna por el territorio

El experto en derechos humanos e investigador de crímenes Jacobo Dayán señala: “Además de la gran elección que se está llevando a cabo, la federal, hay otra que es la elección violenta por cooptación de territorio, recursos, población a nivel local, municipal, y eso queda claro con los asesinatos”.

Pregunta si el proceso electoral es un verdadero ejercicio democrático cuando la elección está marcada por otros factores: el voto, la bala y el billete. Y explica: “Hay una elección en las urnas, hay otra elección a balazos y hay otra elección a billetazos, que esa seguramente la veremos más clara conforme se acerque la elección. Entonces hay tres niveles de elección”.

Al ver el mapa de la violencia contra políticos y militantes, señala que en todos los casos –como Puebla o Guerrero, así la disputa sea por control de la “ordeña” de gasolina o de la siembra de amapola o de los corredores de la droga– la constante es el control territorial. 

“Lo que está en juego a esos niveles es el control de las autoridades municipales, del dinero, de los recursos económicos que llegan a los municipios, del control de población, del control de los recursos, y dependiendo de la región y del negocio del crimen que esté ahí, sea huachicol, sea trasiego o siembra”, expresó.

Al mirar las gráficas, en los nueve meses que dura todo el proceso electoral se aprecia cómo la violencia se dispara en dos momentos: cuando se van a definir las candidaturas en la precampaña, y en plena campaña, incrementándose dos meses antes del día de la votación, ya que se intenta decidir desde antes quién no puede ganar. 

“En los municipios cercanos a donde ha habido asesinatos, si no los ha habido, sería interesante ver qué quiere decir este dato: ¿están conformes con los candidatos? ¿Quién va en la punta? Creo que hay más preguntas que respuestas con esta información”, apunta Dayán. 

El presupuesto, otro botín

La doctora en ciencias políticas Sandra Ley, coautora con Guillermo Trejo de un estudio de la violencia entre 2007 y 2014, menciona que este fenómeno no explotó en el proceso electoral de este año, sino desde 2010 (con la estrategia calderonista de la “guerra contra las drogas”) y no se había dimensionado de manera precisa hasta 2018, cuando se realizan 18 procesos concurrentes en las que han sido llamadas “las elecciones más grandes de la historia”.

Aunque las bandas delictivas buscan incidir principalmente en proceso electorales locales (diputaciones, presidencias municipales), les interesa controlar regiones enteras, también municipios vecinos, y su estrategia es ir “construyendo poderes más amplios para tener controlado más ampliamente el mercado criminal”, indica Ley.

La tendencia es que los blancos principales sean actores políticos a nivel local, a nivel municipal, “donde el crimen organizado está tratando de incidir quién va a llegar al poder”

Otro de sus hallazgos: “Donde los crímenes suceden, esas organizaciones están peleando porque es otra forma de tener más poder y más músculo político a nivel local. No sólo son territorios en disputa, también lugares donde hay mayor riqueza, como recaudación fiscal”.

La investigadora pide cautela al analizar los 120 asesinatos; separar cuáles fueron por violencia política electoral, cuáles los del crimen organizado, cuáles de oportunistas que aprovecharon la coyuntura, u otros tipos de violencia, como la feminicida. “Pensar por un lado violencia política, violencia criminal y otro tipo de violencias que nos rodean.”

En los casos que son responsabilidad del crimen organizado, señala, es indispensable analizar, como lo hizo Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua asesinada en 2017: “Ver cómo se destina el presupuesto (del municipio con un alcalde impuesto por el narcotráfico), cómo se hacen nombramientos. Es el primer paso para inferir las formas en que se organizan”.

La profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica señala que los ataques y amenazas contra candidatos o militantes tienen otro impacto importante en la organización de las elecciones, ya que la gente rechaza convertirse en funcionario de casilla o incluso salir a votar.

“En esos municipios, cuando ven que otros actores definen la elección y si el candidato fue eliminado, no existe incentivo para votar porque alguien más decide por uno”, explica. 

Otra salvedad: aunque un grupo criminal sea orquestador del asesinato, eso no significa que la persona ganadora siempre fue su candidata. 

“Son territorios que se están peleando por quién va a tener la capacidad de controlar estos gobiernos a futuro. Si mato a alguien no significa que tengo toda la capacidad de maniobrar todo, si no están en pleno balance de poder. Es un volado”. 

La agenda política

del crimen organizado 

Ernesto López Portillo Vargas, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, lanza una “hipótesis razonable” sobre estos crímenes: la agenda política del crimen organizado evolucionó. 

“Como están matando gente que aspira al poder, es razonable pensar que nos enfrentamos a un proyecto político de toma de poder de la delincuencia organizada en regiones, en municipios.”

Señala que podría haber cambiado la tesis de Luis Astorga, el decano experto en la historia de las drogas en México, de que el crimen organizado “no necesitaba atacar al poder público, dado que vivía de él”, porque nació al amparo del poder político y había acuerdos estables para distribuir el negocio de las drogas. 

Han aparecido nuevos factores, como la transición democrática, que fracturó complicidades y el control absoluto; la política de descabezar a los grupos encarcelando, extraditando o matando a sus líderes, pero sin desmantelar las organizaciones y dejando un mercado desorganizado que incluye el uso de la violencia; la multiplicación de grupos criminales más el colapso del aparato de justicia.

“Pareciera que ante tal espacio de tolerancia y permisividad estamos mirando una nueva etapa en la que el crimen organizado está dispuesto a utilizar la violencia homicida para controlar el poder.”

Advierte: “Hay que distinguir entre controlar y tomar el poder, porque tendremos que observar con detenimiento quiénes llegan al poder a propósito de reacomodos provocados por el crimen organizado (…) No sabemos por ahora porque no hay investigaciones, tenemos que especular respecto al móvil. Pero tenemos como hipótesis la idea de que hemos transitado a una nueva etapa”.

Cuando iban 34 asesinatos, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo en conferencia de prensa que la mayoría de esos crímenes son “producto de la disputa de la delincuencia organizada” y el resto por “temas de índole familiar y personal”. Señaló que no había indicios de que alguno de los homicidios fuera “por razón ideológica o con motivo de la competencia de un aspirante o candidato a cargo de elección popular por sí mismo”.

López Portillo agrega que en el contexto de impunidad y mientras se tengan procuradurías y fiscalías que no sirven, con un sistema de justicia colapsado, será imposible conocer con certeza el móvil de los homicidios.

Responsabilidad de los partidos

Amalia Pulido Gómez, doctora en ciencias políticas por la Universidad del Norte de Texas y quien hizo su tesis sobre el efecto del crimen organizado en la selección de candidatos entre 2003 y 2016, menciona otras hipótesis para esta violencia: la proliferación y surgimiento de nuevas organizaciones criminales que tratan de cooptar al Estado o quieren romper el statu quo, donde había candidatos que no estuvieron dispuestos a negociar o a ser capturados. 

“Es importante que no criminalicemos a todas las víctimas, las razones de los ataques pueden ser variadas”, dice.

Cuando los homicidios tienen origen en el crimen organizado no siempre es por colusión: algunos candidatos no están dispuestos a pactar. Otra explicación puede ser que los delincuentes tuvieran un candidato de su preferencia y quisieron reducir la incertidumbre matando a su opositor. A veces también puede ser que candidatos pertenezcan a grupos criminales distintos.

Pulido menciona tres momentos clave para controlar el proceso: la selección de candidatos, el financiamiento de campañas y la toma de decisiones.

En su propio análisis encontró que “a mayor violencia en los municipios, se incrementa la probabilidad de que los partidos seleccionen (como candidato) a una persona con algún tipo de conexión con el crimen organizado”.

De igual forma se identificó que en ocasiones “las organizaciones criminales tratan de capturar a los candidatos de partidos con más posibilidad de ganar: entre mejor le va, se incrementa la probabilidad de captura”.

“Lo que veo es que las organizaciones criminales tienen dos grandes estrategias para influir en el Estado: mediante la captura o mediante la confrontación, como lo vemos en esta elección”, resume Pulido.

Agrega que además encontró que los partidos “más capturados por el crimen organizado” eran PRI y PRD a nivel municipal, pero dice que hay que leer con cuidado y con distintas explicaciones esos resultados. En el PAN pareciera que ponían un poco más de cuidado en la selección de candidatos.

Sin embargo, cuando entrevistó a dirigentes de los tres partidos principales y los cuestionó sobre candidatos con nexos criminales, encontró la misma respuesta: “Decían: ‘Somos partidos políticos, no agentes de inteligencia y no tenemos por qué conocer los perfiles; esa chamba le toca a la PGR o al Cisen, nosotros sólo los seleccionamos’. Pero ellos también son responsables del tema y tienen que poner más atención en quién eligen”. 

Como los demás entrevistados, la politóloga insiste en que es indispensable que el Estado investigue las causas, con el fin de “no criminalizar a todos (los asesinados), porque no necesariamente estaban conectados con organizaciones criminales”.