Emerge un nuevo tripartidismo

Las elecciones presidenciales de 2018 dejan como saldo un nuevo sistema de partidos políticos en México: nuevamente tripartidista pero encabezado por Morena –uno de los que participó por primera ocasión en las elecciones federales y locales en 2015– y con el PAN y el PRI –los dos partidos históricos que sobreviven en México– muy debilitados, tanto por los resultados electorales como por las divisiones internas.

El resto de los que lograron mantener su registro obtienen porcentajes de votación que oscilan alrededor de 5%; los dos principales perdedores son el PRD y el PVEM, que dejaron atrás los dos dígitos que les habían permitido ser parte importante de las negociaciones parlamentarias e integrar coaliciones con los partidos con mayores preferencias electorales en condiciones favorables.

Sin embargo, las concesiones que tuvieron que hacer los tres partidos con mayores preferencias electorales (PAN, PRI y Morena, en el orden en que obtuvieron su registro) para conformar sus respectivas coaliciones y tener posibilidades reales de triunfo, al menos en los análisis previos al inicio del proceso electoral, se verán reflejadas en el número y cohesión de sus respectivos grupos parlamentarios.

El nuevo y endeble sistema de partidos que emerge de estas elecciones presenta riesgos y oportunidades para la gobernabilidad y las posibilidades de iniciar un verdadero proceso de transformación del país.

En primera instancia puede adelantarse que los grupos parlamentarios a los que formalmente se adscribirá a los nuevos legisladores en ambas cámaras (según la fuerza política de la que formalmente eran miembros o por el partido al que decidieron adherirse para lograr su postulación) seguramente sufrirán varios cambios de adscripción a lo largo de los tres años de legislatura, particularmente en los primeros 18 meses de ejercicio (en el caso de los diputados), dado que pueden aspirar a la reelección hasta en tres ocasiones, pero, de acuerdo con la norma, por el mismo partido que los postuló, salvo que hayan renunciado al mismo en la primera mitad de su periodo.

En este caso, la restricción que las fuerzas políticas establecieron para fortalecer los elementos de control que tenían sobre sus legisladores puede revertírseles, pues la disposición puede acelerar el debilitamiento de las fuerzas políticas que más perdieron preferencias electorales. Una de las herramientas de negociación que tendrá a su disposición el nuevo gobierno será ofrecerles a aquellos parlamentarios que más se acerquen a sus posiciones políticas el postularlos para su reelección cuando concluya su periodo.

Esta operación política conducirá a la migración entre los grupos parlamentarios, como ya ocurrió muy notablemente en la actual legislatura, al grado de que (no formalmente porque la ley establece que los grupos parlamentarios se conforman al inicio de su periodo) Morena ya tiene su grupo parlamentario en el Senado, aunque no existía como partido político hace seis años, cuando éstos se integraron.

Por otra parte, las coaliciones permitirán que haya legisladores que fueron postulados por un partido político que no logró obtener los votos suficientes para mantener su registro o que no sean, al menos, los cinco que se requieren para conformar un grupo parlamentario y, por lo tanto, decidan permanecer como independientes o sumarse a uno de los ya existentes, particularmente de los institutos que encabezaron una de las tres coaliciones que se conformaron en este proceso electoral.

Igualmente habrá que ver la fuerza legislativa real que tendrá cada uno de los partidos, pues dependiendo de ello también puede crecer el valor estratégico de grupos parlamentarios muy pequeños en número pero que eventualmente pueden ser definitorios para obtener la mayoría legislativa.

Otro elemento que habrá que tener en cuenta es la presencia de legisladores que los poderes fácticos lograron postular en las listas de varios de los partidos políticos, independientemente de sus afinidades ideológicas. Con el ánimo de lograr los apoyos necesarios para ganar la elección presidencial, los tres partidos que encabezaron las coaliciones hicieron múltiples concesiones, cuyas consecuencias empezarán a evidenciarse en los primeros meses.

Es un hecho que ya desapareció el sistema de partidos que le permitió al actual gobierno sacar adelante el llamado Pacto por México: el PRD disminuyó notablemente su fuerza y los otros dos obtuvieron porcentajes de votos notablemente menores a los de hace seis años.

Los primeros retos que enfrentará el nuevo gobierno serán la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y la aprobación del presupuesto de egresos del ejercicio 2019, pues seguramente tratará de concretar desde el inicio algunas de sus promesas de campaña, como será la creación nuevamente de la Secretaría de Seguridad y la austeridad republicana, que debe traducirse en la disminución del gasto corriente del gobierno federal y la reconfiguración de las partidas presupuestales del gasto social, entre las más notables. Esto requerirá una operación política muy eficaz desde antes de la toma formal de posesión.

Así, en los hechos, habrá prácticamente dos equipos de transición: el que se abocará a la entrega-recepción del gobierno federal y el que deberá tener un diagnóstico preciso de los grupos parlamentarios que emergieron de la elección del pasado domingo y, a partir del mismo, empezar a operar políticamente para sacar adelante sus iniciativas legislativas.

Aunque el régimen presidencial mexicano todavía concentra mucha fuerza en el titular del Ejecutivo y le permite sacar adelante muchas de sus propuestas a partir de decisiones administrativas o de decretos presidenciales, hay otras (como las ya mencionadas) que sí requieren una mayoría parlamentaria. Por supuesto, las reformas más trascendentales implican reformas constitucionales que requieren de la mayoría calificada, además del apoyo de al menos 17 congresos de las entidades federativas, lo cual necesita igualmente una muy buena operación política, pues la mayoría de los ejecutivos estatales todavía están en manos de los dos partidos políticos históricos.

La ciudadanía ya expresó su voluntad en las urnas el pasado domingo. Ahora corresponde a las fuerzas políticas traducir esa expresión en ejercicio de gobierno; reto mayúsculo puesto  que la emergencia de un nuevo sistema de partidos políticos es al mismo tiempo una expresión de inconformidad y esperanza.