Caos y tragedia en el Mediterráneo

Si bien la cifra de migrantes africanos que intentan establecerse en Europa ha ido en descenso –sólo 50 mil de ellos el primer semestre de este año– el ánimo xenófobo invade a la mayoría de las naciones europeas y refleja las tensiones y desacuerdos internos de la Unión Europea. Mientras tanto, miles de personas que buscan una vida segura se lanzan al mar en embarcaciones precarias y naciones como Italia o Malta se niegan a recibirlos, violando todas las leyes marítimas y la ética humanitaria.

París.- El caos reina en el Mediterráneo.

Apenas terminó la odisea del Aquarius –barco de ayuda humanitaria al que se le impidió desembarcar en Italia a 632 migrantes rescatados en alta mar y el cual finalmente fue acogido una semana más tarde en Valencia– empezó la hazaña de la nave Lifeline, fletada por la homónima ONG alemana.

El Lifeline y el Aquarius –este último de la organización franco-alemana SOS Méditerranée– auxilian a migrantes que van a la deriva en frágiles embarcaciones. Matteo Salvini, el ultraderechista ministro del Interior y viceprimer ministro de Italia, prohi­bió a ambas el acceso a puertos italianos.

El barco pasó seis días bloqueado a 30 millas náuticas de las costas maltesas con 238 refugiados a bordo. Amontonados y en precarias condiciones de higiene –pocos baños disponibles, escasez de agua y de comida–, los migrantes, ya bastante traumados, aguantaron además conatos de tempestad.

El 27 de junio el Lifeline pudo finalmente atracar en La Valeta, capital maltesa. El barco fue confiscado y su capitán, sometido a una investigación judicial. Las autoridades de Malta lo acusan de violar las leyes marítimas internacionales por rehu­sarse a entregar a los migrantes a los guardacostas libios.

Los 238 migrantes que transportaba van a ser repartidos entre Malta, Italia, Francia, España, Portugal, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Un caso excepcional de solidaridad europea que sólo se logró después de tensas negociaciones entre París, Roma, La Valeta y la Comisión Europea.

Según denuncia la ONG española Pro Activa, el 24 de junio las autoridades italianas no permitieron que la tripulación de su barco, el Open Arms, que estaba a 30 millas náuticas de las costas libias, interviniera en el rescate de un centenar de migrantes. Le exigieron dejar las manos libres a los guardacostas de Libia que regresaron a los sobrevivientes a los temibles centros de detención de ese país.

Por su parte, el Seefuchs, nave humanitaria de la ONG alemana Sea-Eye, lleva días inmovilizada en el puerto de La Valeta esperando que las autoridades de Malta, particularmente quisquillosas, acaben de verificar su matrícula.

Salvini tiene una meta clara: sacar del Mediterráneo a todos los barcos de las ONG europeas, a las que acusa de “complicidad con los traficantes de migrantes”. El viceprimer ministro italiano pretende confiar exclusivamente a los guardacostas libios la responsabilidad de perseguir las frágiles embarcaciones atestadas de refugiados para impedir que lleguen a Italia, así como de rescatar a los que naufraguen y regresarlos a Libia.

Fue lo que recalcó Salvini en su breve estancia en Libia el 25 de junio, al tiempo que confirmó la pronta entrega de 20 lanchas rápidas último modelo a los guardacostas de ese país.

Doble misión

Basta hojear los informes de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre el infierno libio en el que sobreviven entre 400 mil y 700 mil migrantes, o echar una mirada al reportaje desgarrador que la cadena estadunidense CNN dedicó al tema en noviembre pasado, para medir el cinismo de la política no sólo de Salvini, sino también de sus antecesores que iniciaron la colaboración con Libia, y de la UE, que en un primer tiempo condenó los acuerdos entre Trípoli y Roma y ahora participa en ellos.

Pero las organizaciones humanitarias no se dan por vencidas. El 26 de junio el Aquarius, que tiene prohibido el acceso a las aguas territoriales maltesas e italianas, tuvo que hacer una escala técnica en Marsella, donde pasará unos días antes de regresar a costas libias.

“A pesar de todos los obstáculos, seguiremos nuestra doble misión de socorristas y testigos. Sólo nos detendremos cuando la Unión Europea ponga en marcha medios institucionales dignos y a la altura de la situación”, aseguró Francis Vallat, presidente de SOS Méditerranée, en conferencia de prensa.

“Más de 200 refugiados murieron en el mar entre el 20 y el 24 de junio. La guerra que la cuestión migratoria desata dentro de la UE se da a expensas de personas sumamente vulnerables. Europa renuncia a sus valores con estos debates sobre la legalidad de la intervención de la ONG. Estamos frente a una deshumanización total”, deploró por su lado Ruben Neugebauer, vocero de la ONG Sea-Watch.

Las ONG no son los únicos blancos de Salvini. El buque portacontenedores danés Alexander Maersk tuvo que esperar tres días, del 22 al 25 de junio, frente a Sicilia antes de recibir autorización para desembarcar en el puerto de Pozzallo a los 108 migrantes que había rescatado.

Es la primera vez que las autoridades italianas ejercen presiones sobre un barco mercante que no hizo sino cumplir cabalmente con las leyes internacionales de asistencia marítima y la ética de los marineros.

El 22 de junio, tras recibir llamadas de socorro, el capitán del barco desvió su ruta para rescatar a refugiados que estaban a punto del naufragio. Salvó a 113 personas, cinco de las cuales –cuatro niños y una embarazada en situación grave– fueron confiadas a los guardacostas italianos.

Pero cuando el Alexander Maerks quiso llegar a Pozzallo para dejar a los demás sobrevivientes, se topó con la prohibición de atracar en el puerto. Una carta de protesta que Inger Stjoberg, ministra danesa de Inmigración e Integración, escribió a Salvini, aceleró el desenlace de ese incidente.

Desunión Europea

El creciente caos en el Mediterráneo es fiel reflejo de las tensiones cada vez más violentas que genera dentro de la UE la cuestión migratoria. La reunión de emergencia sobre migración celebrada el pasado 24 de junio en Bruselas ilustra esa peligrosa “desunión europea”.

Convocada por Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, a pedido de la canciller alemana Angela Merkel, ese encuentro buscaba establecer las bases de un acuerdo mínimo sobre la gestión de los flujos migratorios antes de la cumbre del Consejo Europeo, del 28 y 29 de junio, la cual reúne en Bruselas a los jefes de Estado y de gobierno de la UE y la cual trataría el tema en forma prioritaria.

Sólo 16 de los 28 dirigentes de los países de la UE acudieron al encuentro.

El xenófobo Grupo Visegrad –integrado por Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia, países que se rehúsan a acoger migrantes– boicoteó la reunión para manifestar su oposición a cualquier modificación de los Acuerdos de Dublín.

Rumania, Chipre, Irlanda, Portugal, Estonia, Letonia y Lituania, influenciados por el Grupo Visegrad, se abstuvieron de viajar a Bruselas.

A su vez, Italia amenazó con boicotear el encuentro, pero finalmente el primer ministro, Giuseppe Conte, acudió para insistir sobre la “imperativa necesidad” de proceder a una reforma a fondo de los Acuerdos de Dublín.

Manzana de la discordia en la Unión Europea, estos acuerdos estipulan que toda persona que solicita asilo en la UE debe hacerlo en el primer país europeo que pisa y que las 28 naciones que integran el bloque tienen la obligación de repartirse lo más rápidamente posible a los refugiados con derecho al asilo. Se creo con ese fin un sistema de “cuotas” de migrantes por país, con base en estrictos criterios.

En 2015, apenas aprobado el primer Acuerdo de Dublín, los países de Europa central y oriental se apresuraron a cerrar herméticamente sus fronteras, cortando la llamada Ruta de los Balcanes y dejando todo el peso de la llegada masiva de migrantes a los países del Mediterráneo, esencialmente a Italia y Grecia y, en menor medida, España.

Los países del Grupo Visegrad nunca aplicaron los Acuerdos de Dublín y estuvieron tres años sin aceptar a un solo refugiado. Peor aún, a pedido de Viktor Orban, ultraderechista primer ministro de Hungría, el Parlamento de ese país aprobó el pasado 20 de junio una enmienda constitucional que prohíbe “el asentamiento de ciudadanos no húngaros en el país, con excepción de los europeos” y establece, en clara alusión a la Comisión Europea, que la composición de la población de esta nación no puede ser modificada “mediante una voluntad externa”.

Ninguno de los países europeos, salvo Alemania, cumplió cabalmente con su “cuota” de solicitantes de asilo. Ni siquiera Francia, que se vanagloria de ser el segundo país más acogedor de la UE.

Círculo vicioso

Complica aún más la situación, en particular para Italia y Grecia, el rompecabezas casi insoluble de la repatriación de los refugiados que no obtuvieron asilo. Regresarlos a su tierra requiere el consentimiento de las autoridades de los países involucrados, y éste dista de ser automático.

Por otra parte, muchos migrantes destruyen sus documentos de identificación para escapar de cualquier regreso forzado. Se calcula que sólo 36% de las personas que no obtienen asilo vuelven a su país de origen.

Resultado: miles de indocumentados sobreviven en Italia y Grecia, sobre todo, o se desplazan clandestinamente en la UE en busca de mejor destino corriendo el riesgo de ser devueltos a Italia y Grecia, que no pueden expulsarlos. Un círculo vicioso.

Ese contexto de egoísmo europeo explica en buena parte la llegada de La Liga al poder en Italia y la intransigencia de su ministro del Interior. Al negar el acceso de barcos humanitarios a sus aguas territoriales en vísperas de la cumbre del Consejo Europeo, Salvini colocó el tema en el centro de las discusiones.

Y las discusiones del pasado 24 de junio fueron densas.

Exasperado por la actitud de los países del Grupo Visegrad, el presidente francés, Emmanuel Macron, abogó a favor de “sanciones económicas contra quienes no manifiesten solidaridad europea”. Mencionó inclusive la posibilidad de privarlos de los fondos estructurales que les otorga la UE. La sugerencia causó escándalo en Budapest, Varsovia, Praga y Bratislava.

Por otra parte, Pedro Sánchez, presidente español, y Macron propusieron la creación en Italia y España de “centros cerrados” para migrantes rescatados en el Mediterráneo. Estos centros –en los que funcionarios de distintos países europeos examinarían la situación de los solicitantes de asilo– no son algo nuevo. Existen mecanismos similares en islas griegas. Se llaman hot spots y distan de ser eficientes.

De todos modos la propuesta tropezó con la negativa rotunda de Italia, apoyada por Grecia. Fue además criticada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y provocó protestas de ONG europeas que denuncian el hecho de privar de la libertad a personas que no cometieron ningún delito.

A su vez Francia, Alemania y España condenaron el plan de Sebastian Kurz, el derechista primer ministro austriaco, y de su par danés, el liberal Lars Lokke Rasmussen, que aboga por crear fuera de la UE centros de retención para refugiados no autorizados a solicitar asilo en Europa e inclusive para personas rescatadas en el Mediterráneo.

Kurz y Rasmussen pretenden abrir estos centros en Albania y Kosovo, países que rechazaron de inmediato el plan. Indignado, Edi Rama, primer ministro de Albania, aseguró que su país no quería albergar campos en los que se pretende “encerrar a gente desesperada como si fueran desechos tóxicos”.

De hecho, esa “externalización” de los centros de retención ya ocurre. Se inauguró en marzo de 2016 con la firma de convenios entre la UE y Turquía y se extendió a raíz de los acuerdos de Roma con Libia. Pero los gobiernos ultraconservadores y de extrema derecha de la UE insisten en ampliarla. Su meta es convencer a Argelia, Marruecos y Túnez de aceptar la instalación de centros en sus territorios. “Sueñan” además con abrir más centros en Níger, al sur de Libia… pero ninguno de estos países se muestra interesado.

Este domingo 1 Austria asumió la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE. Kurz se apresta a defender esa política de “externalización” y su línea dura sobre la cuestión migratoria.

En su edición del 26 de junio el vespertino Le Monde reveló que tuvo acceso a un documento de trabajo que Kurz presentará a expertos de los 28 países de la UE en una reunión en Viena este lunes 2 y el martes 3.

Recalca Le Monde: “Recurriendo a un deslizamiento semántico alarmante, Kurz procede a una criminalización de las personas que buscan alcanzar Europa. Las describe como smuggled migrants, migrantes cómplices de los coyotes, y en el caso de un ‘gran número de ellas’ como ‘hombres jóvenes muy poco educados (…) receptivos a ideologías hostiles a la libertad y propensos a convertirse en criminales’”.

No es difícil imaginar que semejante documento seducirá a varios de los gobernantes de países que boicotearon la junta del 24 de junio y creará nuevas brechas dentro de la UE.

Seguridad antiinmigrante

Existe, sin embargo, un punto sobre el que todos los miembros de la UE parecen estar de acuerdo: el aumento del presupuesto dedicado a la seguridad de las fronteras. La Comisión Europea prevé multiplicarlo casi por tres al dotarlo de 35 mil millones de euros para el periodo 2021-2027 (fue de 13 mil millones de euros para el periodo anterior, 2014-2020).

Se estima que 60% de estos fondos (21.3 mil millones de euros) se gastará en la protección de las fronteras y en particular en el aumento de los efectivos de Frontex, la agencia europea de guardacostas y guardafronteras, cuyo número pasará de mil 300 a 10 mil efectivos.

La Comisión considera también urgente consagrar un poco más de 9 mil millones de euros a la Gestión Integrada de las Fronteras, lo que permitirá dotar a los guardafronteras de tecnología de punta: cámaras, escáneres y material de reconocimiento.

Ese incremento exponencial del presupuesto europeo dedicado a la seguridad “antiinmigrante” contrasta con las estadísticas manejadas por agencias de las Naciones Unidas, informes de ONG y datos de los mismos gobiernos de la UE. Todos indican que el flujo de migrantes va bajando y que nada tiene que ver con el millón y medio de personas que tocaron a las puertas de Europa en 2015.

Se calcula que en el primer semestre de 2018 unos 50 mil migrantes llegaron a Europa. Numerosos observadores recalcan que, comparada con el número de habitantes de la UE –500 millones– esa cifra es irrisoria.

Como lo reconoció Salvini durante su reciente visita a Trípoli, entre el 1 de enero y el 20 de junio de este año, 16 mil 228 migrantes procedentes de Libia arribaron a Italia. Esa cifra indica una disminución de 78% de las llegadas en relación con 2017.

Macron, que dista de llevar una política migratoria ejemplar, dijo en un discurso que pronunció en Bretaña en vísperas de la cumbre del Consejo Europeo. A la vez vehemente y grave, denunció a los miembros de la UE “afectados por la lepra del nacionalismo” que instrumentalizan la cuestión migratoria para socavar el proyecto europeo mismo.