La “política” de la OTAN: dejarlos morir

El Mediterráneo se ha convertido en un cementerio de migrantes más voraz que el desierto de Arizona. Las reconstrucciones forenses han demostrado que esto no se debe sólo a las inclemencias de las aguas profundas, sino también a la negligencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a las políticas que gradualmente están siendo puestas en vigor por la Unión Europea (UE).

El programa Forensic Oceanography (Oceanografía Forense) es una rama del proyecto Forensic Architecture (AF, Arquitectura Forense, con sede en el colegio Goldsmiths, de la Universidad de Londres) que tiene el objetivo de investigar y establecer lo ocurrido en dos tragedias de migrantes en el Mediterráneo, apoyándose en tecnologías innovadoras.

En México, la AF se dio a conocer el año pasado, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, cuando presentó la Plataforma Ayotzinapa, una exposición y web interactiva que terminó de demoler la “mentira histórica” con la que la Procuraduría General de la República quiso dar carpetazo al caso Iguala.

Liderados por el israelí Eyal Weizman, profesor de culturas espaciales y visuales en el Goldsmiths, estos investigadores se apoyan en herramientas de la arquitectura –tales como telemetría, sincronización de video y relojes de sombra– para desentrañar los misterios que abundan en las zonas de conflicto.

A la deriva

En 2011, durante la guerra civil libia, la OTAN estableció una zona de vigilancia marítima para imponer un embargo de armas sobre ese país. El conflicto armado causó que muchas personas tuvieran que huir de sus casas y una parte de ellas se aventuró a cruzar el Mediterráneo hacia la pequeña isla italiana de Lampedusa.

En las primeras horas del 27 de marzo de 2011 un pequeño bote con 72 migrantes fue lanzado a navegar en aguas patrulladas por, al menos, 38 buques de la OTAN. La AF logró marcar cada uno de los puntos de su ruta gracias al empleo de tecnologías de vigilancia que normalmente están reservadas para el uso de gobiernos: imágenes satelitales ópticas y de radar de apertura sintética, radares terrestres, aéreos y marítimos, transpondedores para la identificación de navíos, datos de vientos y corrientes obtenidos por boyas, sofisticados modelos de deriva marina y testimonios de los sobrevivientes.

La ley del mar establece la obligación de rescatar a las personas que están en peligro y trasladarlas al puerto seguro más cercano. Con base en ello, en 1979 se aprobó el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, que divide los mares y océanos del mundo en zonas de responsabilidad de búsqueda y rescate para cada país. La OTAN, además, se quedó a cargo de esas tareas en la zona de exclusión que impuso frente a Libia.

El bote de los 72 fue avistado y reportado por un avión francés tras 14 horas de haber partido. Una llamada que hicieron los migrantes por teléfono satelital permitió su ubicación. Después, un helicóptero militar voló sobre ellos y regresó para arrojarles galletas y botellas de agua.

A las 07:00 horas del 28 de marzo, cuando ya estaban en la zona de búsqueda y rescate de Malta, el bote agotó su combustible. Se quedó a la deriva y el mar lo regresó a la costa libia. Desprovistos de víveres, los migrantes bebían agua de mar y uno a uno murieron de insolación.

Ocho días después un buque militar se aproximó a 10 metros, le dio una vuelta al bote y se marchó. El sobreviviente Dan Haile Gebre contó que levantaban a los bebés para que los soldados vieran que tenían niños que se estaban muriendo, pero no les hicieron caso.

Finalmente, el 10 de abril tocaron tierra en Libia: murieron 61 personas y a los 11 sobrevivientes los encarcelaron; dos fallecieron en reclusión.

Responsabilidad europea

Las evidencias aportadas por este trabajo sirvieron para presentar demandas contra los gobiernos de Francia, Italia, Bélgica y España, y para exigir respeto a la ley del mar y la convención internacional.

La UE, no obstante, está actuando en sentido contrario y se está retirando de las tareas de búsqueda y rescate.

Las consecuencias son fatales, como demuestra la AF en otro de sus proyectos, Muerte por Rescate, incluido en la exposición Counter Investigations: Forensic Architecture, que se presentó en el Institute of Contemporary Arts, en Londres (y que, como todos sus trabajos, está disponible en www.forensic-architecture.org).

En abril de 2015 ocurrió la mayor pérdida de vidas en el Mediterráneo, en la historia reciente. El 12 de ese mes, un barco sobrecargado con 400 personas se volteó cuando los pasajeros, desesperados, se entusiasmaron al ver que un buque venía a rescatarlos y se inclinaron hacia un lado.

Otro se hundió el 18, con 800 migrantes, tras chocar con el gran carguero que venía en su ayuda.

Estas tragedias no se produjeron por la negativa a cumplir la ley del mar. La reconstrucción detallada que hizo la AF permitió comprender que “los navíos mercantes intentaron cumplir con sus obligaciones legales e hicieron todo lo posible para salvar a los pasajeros”, afirma en su reporte.

La responsabilidad, prosigue, “es de quienes definen las políticas de la Unión Europea y de sus organismos”, pues su “política de retirarse de un sistema de búsqueda y rescate conducido por los Estados trasladó el peso de operaciones extremadamente peligrosas a los enormes buques mercantes, que no están preparados para llevarlas a cabo”.

De esta manera, “la muerte por rescate es el resultado de la política europea de no prestar ayuda”.