Washington bloquea las disputas en la OMC

Donald Trump dirige sus baterías contra la OMC: aprovecha algunas lagunas para entorpecer la renovación de uno de los órganos más importantes, el de Apelación, que es a donde inevitablemente llegarán las quejas interpuestas por México, Canadá y la Unión Europea después de la arbitraria imposición estadunidense de aranceles al aluminio y al acero. El Órgano de Apelación, así, ya no se da abasto con los casos que maneja y viene arrastrando de años… y cuando se prevé que Washington aplicará más impuestos a los automóviles que se fabrican en otros países. La guerra comercial no tendrá árbitro.

Ginebra.- El gobierno de Donald Trump provoca la asfixia del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), específicamente con el bloqueo del Órgano de Apelación, lo que eventualmente podría llevar a la parálisis de éste, estiman expertos.

El bloqueo estadunidense podría afectar las demandas presentadas por México, Canadá y la Unión Europea (UE) contra la imposición de aranceles al aluminio y al acero, en caso de que lleguen a esta instancia –vista como “el tribunal supremo del comercio internacional”–, refieren fuentes cercanas a la OMC consultadas por Proceso.

Luego del anuncio del Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, sobre la imposición de aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio provenientes de la Unión Europea, Canadá y México, éstos presentaron quejas ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC.

Una vez depositada la queja, el primer paso es solicitar un proceso de consultas y las partes tienen 60 días para llegar a un acuerdo; si al cabo de ese tiempo no lo logran, el país afectado tiene derecho de pedir la formación de un panel que analice el caso. Si bien no hay un plazo específico, en los últimos 20 años el tiempo promedio de la revisión del caso por un panel va de seis a nueve meses.

Una vez que el panel emite una resolución y si las partes no están de acuerdo con el resultado, pueden recurrir al Órgano de Apelación (OA), “algo que suele ocurrir”. En esta etapa la evaluación de los casos suele tardar tres meses y el fallo es “inapelable”, refieren las fuentes.

El OA es un tribunal comercial que debe estar integrado por siete miembros de prestigio y reputación intachables, independientes, sin servir a ningún gobierno y expertos en temas de arbitraje y comercio internacional. Son nombrados por el OSD para un periodo de cuatro años. Cada uno puede ser reelecto otro periodo y los nombramientos son escalonados para que no inicien y concluyan sus mandatos al mismo tiempo.

Actualmente cuenta sólo con cuatro expertos, mientras se define quiénes serán los tres restantes: el indio Ujal Singh Bhatia (presidente), el estadunidense Thomas R. Graham, la china Hong Zhao y el mauriciano Shree Baboo Chekitan Servansing.

Hacia finales de 2018 terminará el mandato del representante de la isla Mauricio, pero si uno de los países miembros de la OMC (como Estados Unidos) se opone a reelegirlo, quedarían sólo tres expertos para hacer justicia comercial a todas las disputas que llegan a esa instancia.

En el último año, cada vez que se intenta nombrar a un nuevo experto para dicho organismo, Estados Unidos se opone y la regla de oro en la OMC es que todas las decisiones se toman por consenso de sus miembros.

Faltan expertos

Y es en el OA donde se ha gestado el bloqueo orquestado por Washington, que aprovecha las vacantes y abusa de las reglas de la OMC respecto al consenso, refieren las fuentes.

Según el último informe de la OMC, de 2017 a la fecha el OA ha estado tramitando ocho casos, pero tres se tuvieron que posponer por la falta de “jueces”, pues le corresponden a los tres expertos que no han sido designados. Además se trata de evitar que el experto sea juez y parte; es decir que lo deseable es que no participe en un caso en donde pueda tener un conflicto de interés por nacionalidad, actividad u otras razones.

“El Órgano de Apelación enfrenta desafíos, pues hay un aumento de la demanda por sus servicios y cada vez se presentan disputas más complejas”, reconoce la OMC.

“Los recursos del Órgano de Apelación y el número, tamaño y complejidad de las apelaciones se han intensificado significativamente. Las demoras resultantes en el manejo de apelaciones tiene implicaciones no sólo para la disputa, sino también para la misma OMC”, advierte el organismo multilateral.

Además, alerta que esa tardanza en la resolución de disputas podría “proporcionar un incentivo para aquellos que se benefician de esas demoras y cuando el retraso en la resolución de disputas en la OMC se convierta en la norma”.

En una intervención pública el 22 de junio, el presidente del OA, Ujal Singh Bhatia, señaló que 2017 fue un “año extraordinariamente arduo” para dicho órgano, que ahora se enfrenta a “dificultades sin precedente” debido al número cada vez mayor de apelaciones presentadas y a su complejidad, a lo que hay que sumar la situación de bloqueo en torno a los nuevos miembros.

En esa ocasión Singh Bhatia instó a los miembros de la OMC a que entablen un diálogo constructivo para resolver esas dificultades, “cuya solución debe constituir una prioridad”.

“Si este tribunal comercial, por decirlo de alguna manera, se queda con tres jueces, que parece ser el caso, en un año más o menos cuando escalen a esa instancia los casos de México, la UE y/o Canadá, más los de India y China que ya son analizados, el Órgano de Apelación será insuficiente, se verá desbordado, prácticamente paralizado y perderá su relevancia” , observa uno de los entrevistados.

Bloqueo deliberado

En este contexto el embajador de México ante la OMC, Roberto Zapata, en conversación con Proceso, coincide en que el riesgo del bloqueo de este órgano por el gobierno de Washington es muy factible.

Según Zapata, “de manera sostenida Estados Unidos ha ido bloqueando el proceso de selección para cada una de las vacantes que se han desocupado, incluyendo la del experto mexicano Ricardo Ramírez, que acaba de terminar su mandato.

“Esto pone en una situación muy delicada a ese órgano respecto de su capacidad para desahogar las disputas comerciales que lleguen a esa instancia; es un tema de preocupación de prácticamente toda la membresía”, subraya.

“Desde hace más de un año, en cada una de las reuniones México ha presentado, en nombre de unos 67 miembros, una moción en la que solicita permitir lanzar los procesos de selección de las vacantes”, revela.

“Reiteradamente Estados Unidos se ha opuesto al lanzamiento de la misma”, añade Zapata. Agrega que ni siquiera se han llegado a analizar propuestas de candidatos, porque primero se tiene que lanzar ese proceso de selección al que el gobierno de Trump se opone.

En cuanto a la queja presentada por México ante la OMC por la imposición de aranceles al acero y al aluminio, el embajador reitera que los argumentos en los que Estados Unidos señala que el comercio de esos productos, tal como está pactado, representa un peligro para su seguridad nacional, son “inválidos”.

“Estamos iniciando nuestro procedimiento de solución de controversias, primero a través de la solicitud de consultas; si no hay una solución a través de las consultas que se celebren entre México y Estados Unidos, el caso procederá a través de las diversas instancias que le siguen, que es la conformación de los panelistas, el desahogo del caso, eventualmente la presentación del informe y, si se apela el informe, vendrá la etapa de apelación”, explica Zapata.

En el documento de cuatro páginas entregado a la OMC, México afirma que la medida estadunidense, con el argumento de la seguridad nacional, prevé la posibilidad de ser “modificada en la forma de derechos aduaneros adicionales o contingentes”. Y argumenta que “claramente el establecimiento de un impuesto adicional a la importación busca proteger a la industria estadunidense de los efectos económicos de las importaciones”.

Subraya que los aranceles estadunidenses son discriminatorios, ya que “no se aplican de manera uniforme” a todos los países y señala que las medidas en litigio, de manera separada o conjuntamente, “parecen ser incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos”, ya que “constituyen, de hecho y en esencia, medidas de salvaguardia, que violan varios artículos del Acuerdo de Salvaguardia de la OMC”.

Además, el documento presentado a la OMC subraya que el argumento de la “seguridad nacional” esgrimido por Estados Unidos “no puede justificarse” conforme al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, pues “entre otras cosas obliga a Estados Unidos a tener en cuenta el bienestar económico, así como otros factores que no son necesarios para la protección de sus intereses esenciales de seguridad.

“Por eso México dice que son medidas injustificadas, porque a todas luces no se sostienen bajo el análisis del criterio de seguridad nacional que, desde la perspectiva de México, sólo debe ser aplicado en casos extremos… y no estamos viendo que este tipo de situaciones ni de cerca estén siendo examinadas bajo ese criterio”, argumenta Zapata.

“El comercio bilateral en materia de acero y aluminio es en favor de Estados Unidos. La integración que existe en las cadenas de producción en las industrias a nivel de Norteamérica es tal, que resulta complementaria. No es algo que esté enfrentando algún tipo de competencia que desafíe la seguridad nacional de ese país y eso es lo que nosotros estaremos argumentando en un mecanismo de solución de diferencias”, detalla.

El sector automotriz

Para Zapata es imperativo que se resuelva el caso de México, así como los de los otros países en el seno de la OMC y que el fallo sea contra Washington.

“Es importante que la OMC determine de manera definitiva que esto es ilegal y de esta forma desincentivar posibles acciones hacia adelante que Estados Unidos podría estar considerando bajo criterios de seguridad nacional en otros sectores”, advierte el embajador en clara referencia al sector automotriz.

Respecto a este punto hay serias preocupaciones de que Estados Unidos pudiera, también con el argumento de la seguridad nacional, imponer aranceles en el sector automotriz, desatando una guerra comercial en ese sector.

De acuerdo con la prensa especializada, Trump considera aplicar un arancel de 25% sobre los vehículos que se importan a Estados Unidos, a fin de perjudicar a los fabricantes extranjeros, pues considera que merman el mercado de marcas como Cadillac, General Motors, Lincoln o Ford.

“Esto tendría un impacto muy fuerte para las empresas manufactureras de autos y la cadena productiva”, observa un analista comercial que pidió omitir su nombre.

“Podría llegar a afectar de manera significativa las economías de Japón, Corea del Sur, países de la Unión Europea y por supuesto a México”, considera.

En 2017 México exportó 2.33 millones de autos a Estados Unidos, país que compra 75% de los vehículos producidos en la industria local. Si este incremento arancelario llegara a aplicarse, además de México, otra de las naciones más afectadas sería Alemania, que produce BMW, Mercedes Benz, Audi y Volkswagen.

Y llegado el momento de una guerra comercial en la industria automotriz “es inconcebible pensar cómo se van a ventilar las diferencias comerciales en el seno de la OMC con un Órgano de Apelación ya de por sí desbordado”, considera el analista.

En este sentido y respecto a las normas de la OMC que empiezan a resultar obsoletas, sobre todo si se paraliza desde dentro el propio sistema de arbitraje de comercio multilateral, el mexicano Ricardo Ramírez, quien acaba de terminar su mandato en el OA, aboga por una modernización de la OMC.

“Me parece que la crisis que enfrentamos ahora podría haberse evitado si se hubiera atacado de frente cuando comenzó a escalar”, opina.

“La OMC es una organización basada en consenso y se necesita liderazgo dentro y fuera de la casa”, sostiene Ramírez, dando a entender que se esperaría una actitud más proactiva del director general de la organización, el brasileño Roberto Azevedo.

De igual forma considera que los países afiliados a la OMC deben involucrarse mucho más, sobre todo “cuando un miembro plantea problemas”.

Actualmente el OA tiene cuatro jueces y pronto no podrá desempeñar sus funciones, por lo que es urgente que los Estados miembros dialoguen e intenten llegar a un compromiso, reitera.

Para Ramírez, los Estados deben cuestionarse seriamente cómo afecta esta parálisis al sistema de solución de diferencias, corazón de la OMC, y cuál es su contribución al derecho internacional público.

Sostiene que el sistema de comercio internacional basado en normas contribuye a la prosperidad mundial y afirma que los miembros de la OMC deben abordar cómo distribuir mejor los beneficios del comercio entre las poblaciones de todos sus miembros, “en lugar de encontrar formas de concentrarlo”.

“Con o sin la OMC, el comercio y la globalización, junto con la tecnología que los impulsa, continuarán. Sin un marco de reglas obligatorias y modernas, la anarquía y los actores poderosos, privados y públicos, tomarán el control”, advierte el abogado y catedrático de la UNAM.

“Esto no será bueno, especialmente para los países en desarrollo y menos desarrollados que requieren de un sistema en el cual, ante la ley, todos los países sean iguales”, valora.

“Esta institución no merece morir por asfixia”, concluye el experto mexicano en comercio internacional, quien conoce desde las entrañas a la desgastada OMC.