Venezuela, definición clave para la política exterior

BOGOTÁ.- Una de las primeras y más difíciles decisiones que deberá tomar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de política exterior es la postura que asumirá frente a la crisis política, económica y social que vive Venezuela, donde según la mayoría de países latinoamericanos hay una “ruptura” del orden constitucional.

Héctor Vasconcelos –quien hasta el pasado jueves 5 se perfilaba como próximo secretario de Relaciones Exteriores– ha dicho que la relación con Venezuela se regirá por el principio de la no intervención en asuntos internos de otras naciones y ha sostenido que algunos de los pronunciamientos del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el país que preside Nicolás Maduro no los suscribiría una Cancillería lopezobradorista. 

Y es que el tema Venezuela no sólo divide a Latinoamérica, sino que fue un factor usado para atacar a López Obrador durante la campaña electoral. Varios de sus adversarios, entre ellos Ricardo Anaya y José Antonio Meade, lo acusaron de proponer políticas parecidas a las que han conducido a esa nación sudamericana a un desastre económico y social.

También los empresarios hicieron política con Venezuela. En abril pasado, el presidente de Gruma, Juan González Moreno, dio su apoyo a Meade para, según dijo, evitar que ese emporio industrial viva en México lo que le ocurrió en Venezuela, donde el gobierno expropió sus activos en 2010.

Dirigentes de Morena, como la presidenta nacional del partido fundado por López Obrador, Yeidckol Polevnsky y Héctor Díaz-Polanco, han sido atacados por asistir a seminarios en los que se habló del proceso bolivariano que impulsaron el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. 

Durante la campaña electoral, López Obrador debió desmentir que el gobierno de Venezuela estuviera involucrado en su movimiento político: “No conocí a Hugo Chávez ni a Nicolás Maduro. Nunca he tenido relación con Venezuela. Ni verdes ni maduros. Este es un movimiento contra la corrupción para lograr el desarrollo de México”, dijo en marzo ante empresarios de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

Con estos antecedentes, y ante las condenas que ha hecho el gobierno de Peña Nieto al régimen de Venezuela por violar derechos humanos y violentar el sistema democrático al cerrar espacios a la oposición, es de esperar que las posturas que asuma la administración de López Obrador en ese tema serán vistas con lupa no sólo en México sino a nivel regional.

“Las definiciones que haga López Obrador frente a Venezuela van a ser importantísimas porque van a determinar que varios países de la región estén o no en línea y en sintonía con el (futuro) presidente mexicano. Van a ser decisivas, también, para ver si Colombia va a seguir o no ese liderazgo”, dice la internacionalista Sandra Borda.

De acuerdo con la decana de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para la región es “fundamental” que la izquierda de López Obrador y la derecha de gobiernos como el que encabezará a partir del 7 de agosto en Colombia el uribista Iván Duque coincidan “en una postura de centro frente a temas como el de Venezuela”.

Colombia, vecino de Venezuela, vive los efectos de la crisis venezolana a través de una masiva migración que ya supera los 2 millones de ciudadanos. Duque ha prometido una política de “presión diplomática contra la dictadura de Maduro”, a quien denunciará ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos de ese país.

Por eso, dice Borda, “la postura de México frente al régimen de Maduro será determinante para comenzar a articular una política de consensos en la región a partir del liderazgo que busque ejercer López Obrador.

México, bajo el gobierno de Peña, es un activo participante del Grupo de Lima, creado por 12 naciones latinoamericanas el año pasado para buscar una salida a la crisis en Venezuela y exigir al gobierno de Maduro “la liberación de los presos políticos, elecciones libres, el restablecimiento del orden democrático y aceptar ayuda humanitaria”.

En mayo pasado, luego de que Maduro logró reelegirse en unas elecciones en la que no participó la oposición por falta de garantías y porque sus dirigentes fueron inhabilitados por el gobierno, el Grupo de Lima desconoció los resultados al considerar que el proceso no fue “democrático, libre, justo ni transparente”.

El Grupo de Lima consideró, además, que la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela es cada vez más profunda y se han perdido “las instituciones democráticas, el estado de derecho y la falta de garantías y libertades políticas de los ciudadanos”.

Vasconcelos dijo que era improbable que el futuro gobierno suscribiera una declaración de esa naturaleza porque contravenía principios de política exterior que están en el Artículo 89 de la Constitución mexicana, como el de no intervención en asuntos de otros países y libre autodeterminación de los pueblos.

Del Grupo de Lima forman parte los países gobernados por la centroderecha latinoamericana, como Argentina, Brasil, Chile y Perú, así como Canadá, un aliado vital para México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El internacionalista venezolano y profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, Víctor Manuel Mijares, considera que la postura que asuma frente a Venezuela “será el termómetro de López Obrador para saber en qué dirección va a ir su relación con América Latina”.

Considera que “simpatizar abiertamente con un régimen tan antidemocrático, decadente y cuestionado como el de Maduro no le ayudará en nada, sobre todo cuando ha sido reiteradamente acusado por sus adversarios políticos de pertenecer al bloque bolivariano”, del que forman parte países como Bolivia y Nicaragua.

“Por eso, creo que López Obrador mantendrá una distancia prudencial con respecto al autoritarismo de Maduro”, asegura Mijares. 

Para Ernesto Samper, exmandatario colombiano y exsecretario general de la Unasur, el futuro presidente de México “tiene la oportunidad de proponer salidas efectivas para la crisis de Venezuela que no consisten, según mi entender, en más sanciones económicas o amenazas de intervenciones militares que la región rechazaría de plano”.