Mauricio Funes: El “presidente histórico” que enfrenta cargos por peculado

Mauricio Funes hizo historia hace nueve años: llegó a la Presidencia de El Salvador impulsado por el FMLN, partido de izquierda que fue una de las partes beligerantes en la guerra civil que desangró a ese país el siglo pasado. Ahora, el personaje está acusado de peculado –cargo al que, además, podría sumarse el de lavado de dinero– por 351 millones de dólares, que habría usado para pagar una vida de lujos para él, su familia y sus amigos. El exmandatario salvadoreño vive en un exilio nicaragüense, mientras la Interpol ya tiene instrucciones de detenerlo.

San Salvador.- En marzo de 2009 Mauricio Funes Cartagena fue el primer presidente de El Salvador que llegó al poder por un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Hoy, nueve años después, vuelve a ser noticia: la Fiscalía General de la República lo acusa de desviar 351 millones de dólares (mdd) del Estado, con los que compró –mediante testaferros– dos departamentos y vehículos de lujo, viajó con su esposa y sus amantes por el mundo, pagó cirugías estéticas y adquirió 91 armas de fuego de colección.

Ahora está acusado de peculado y podría estar implicado también en lavado de dinero.

Pero no lo habría hecho solo: entre otros actuaron con él su ahora exesposa, Vanda Pignato; Francisco Cáceres, exsecretario privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, administradores financieros de la Casa Presidencial; Miguel Menéndez Avelar, empresario, amigo de Funes y uno de los financistas de la campaña que lo llevó al gobierno.

Y, según los investigadores, replicó el mecanismo que antes usó su antecesor, Elías Antonio Saca: con el pretexto de pagar a los espías de la inteligencia del Estado desvió millones de dólares a dos cuentas privadas abiertas en el Banco Hipotecario –para “gastos reservados”– y luego retiró el dinero en efectivo.

Inclusive los titulares de las cuentas bancarias fueron los mismos que en la Presidencia de Saca: Rodríguez Arteaga y Gómez. Eran ellos quienes cada cierto tiempo iban al banco a retirar el dinero, custodiados por agentes de una empresa de seguridad privada.

Funes, durante la campaña y al asumir el poder, se definió por su severa oposición al partido de ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), prometió luchar contra la corrupción e implementó programas sociales. 

Así, su gobierno (2009-2014) dio uniformes, zapatos, útiles y comida a los alumnos de escuelas públicas, entregó efectivo a los ancianos de los municipios más pobres y ayudó a las familias que vivían en pobreza extrema. En los cinco años de su gestión fue común escucharlo reclamar públicamente a la oposición su resistencia a aprobar préstamos para el financiamiento de los programas sociales. 

Pero detrás de los gruesos muros de la Casa Presidencial otras cosas pasaban. De la página 10 a la 136 del expediente de la acusación en su contra, los investigadores describen cómo ordenaba a sus ministros desviar dinero de sus presupuestos para transferirlo a las cuentas bancarias de las que después el dinero era retirado.

Era una especie de triangulación. De los ministerios eran transferidos miles de dólares a la Casa Presidencial y después los movía a las cuentas en el Banco Hipotecario para finalmente retirarlos en efectivo. 

En 2010, por ejemplo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo le dieron a El Salvador dos préstamos que sumaron 20 mdd para los programas Sostenibilidad de los Logros Sociales y Fortalecimiento Fiscal. Sin embargo, 19 mdd fueron desviados a las cuentas que administraban Rodríguez Arteaga y Gómez. 

En 2012 la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional donaron 4 millones 500 mil dólares para la aplicación de los programas Prevención de la Violencia con Participación Juvenil y Comunidades Solidarias Rurales. También fueron desviados.

Sin embargo, de los 351 mdd –de los que según la Fiscalía el exmandatario y sus cómplices se apropiaron–, el mayor porcentaje fue de los impuestos que mensualmente pagan los contribuyentes salvadoreños.

Viajes, cirugías, autos…

Con una parte de ese millonario monto, según el expediente de la acusación y las declaraciones de Douglas Meléndez, fiscal general salvadoreño, Funes pagó 4 millones 500 mil dólares en pasajes aéreos, hoteles de lujo en todo el mundo, comida, licores, transporte terrestre en el extranjero para él y su entonces esposa, así como para la hermana de ésta, Cristina Pignato, y su cónyuge, Joao Vasconcelos, y también para su actual compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.

Pero el destino más frecuente de Cristina Pignato y Vasconcelos fue El Salvador. La Fiscalía concluyó que sus pasajes los pagaba el Estado por orden de Funes, ya que venían a cuidar a su hijo Gabriel.

También disfrutaron docenas y docenas de viajes de placer con fondos públicos Diego Funes Cañas, el hijo mayor de Funes, y Francisco Cáceres, entre otros.

Cáceres gastó 147 mil 989 dólares en viajes acompañado de su madre y de su esposa. Además regalaba dinero del Estado a sus amigas. Por ejemplo: los investigadores descubrieron que había entregado casi 4 mil dólares a una mujer llamada Katia Priscila Morales Hernández, quien no fue ni es empleada pública. Él también se encargaba de pagar las cuentas de los hoteles en los que se hospedaba el expresidente en sus viajes de placer a Brasil, Estados Unidos y Panamá.

Antonio Olivares Pimentel es miembro del Estado Mayor Presidencial, la unidad que cuida al presidente y a su familia. Él y su unidad cuidaron las espaldas de Diego Funes cuando viajó a Antigua Guatemala y a Panamá. También se encargó de pagar hoteles y comida con dinero del Estado.

Cuando viajaba con fondos públicos, Pignato tenía como destino principal Brasil, de donde es originaria. Pero también iba a Estados Unidos, la República Dominicana y otros países. Sus pasajes y costos de hotel suman 862 mil 970 dólares.

Guzmán Sigüenza, con quien Funes procreó un hijo desde que viven asilados en Nicaragua, viajó con fondos públicos a Panamá, México, Estados Unidos y otros países. Sus viajes costaron más de 60 mil dólares. El exmandatario incluso alquilaba aviones para sus viajes privados. La Fiscalía documentó un pago de 31 mil 200 dólares por uno a Belice.

El expediente fiscal también muestra que, con dinero del Estado, Funes pagó entre 5 mil y 7 mil dólares mensuales a Elvy Marina Paz Gutiérrez, con quien procreó una niña que en la actualidad tiene 11 años. Antes de asumir la Presidencia le entregaba entre 500 y mil dólares mensuales a la madre de su hija. 

Los depósitos a la cuenta de Paz los hacían empleados de la Casa Presidencial. En total ella recibió 371 mil 190 dólares.

Pero además, de abril de 2010 a julio de 2015 pagó 22 mil 907.60 dólares por la colegiatura de su hija en el Liceo Francés de San Salvador. También dio, de 2011 a 2016, 27 mil 621 dólares para la colegiatura del hijo que procreó con Pignato.

Mientras estaba casado con Pignato, Funes entabló una relación con Guzmán Sigüenza. Dos testigos protegidos contaron a los investigadores que el ahora expresidente visitaba con frecuencia un establecimiento llamado Spa L’Privé, donde la conoció. Desde entonces empezó a depositarle, nuevamente con fondos del Estado, de 4 mil a 61 mil dólares mensuales. Además le compró vehículos de lujo y le pagó dos cirugías estéticas en Estados Unidos. Sólo para ella el exmandatario desvió casi 500 mil dólares.

Entre esos gastos está el pago a un hospital privado de San Salvador por la cesárea para el nacimiento del hijo de ambos, más un tratamiento médico tiempo después. Ambos procesos costaron más de 5 mil dólares. También es necesario sumar 15 mil dólares de la compra de equipo de gimnasio.

En vehículos Guzmán Sigüenza gastó 208 mil 800 dólares del erario. Sus marcas preferidas: Jeep, Porsche, Mercedes Benz y Audi.

Otro de los grandes beneficiados de la aparente repartición frenética de dinero del Estado fue el exsecretario de Comunicaciones, David Rivas, a quien le fueron transferidos 804 mil 658 dólares.

Un segundo testigo protegido de la Fiscalía contó que antes de comenzar a desem­peñarse como funcionario, exigió un salario mensual de 10 mil dólares, ya que eso ganaba como médico en Estados Unidos. Funes aceptó esa condición pero, el día del primer pago, su salario fue depositado incompleto. Enojado, fue a la Casa Presidencial a reclamar. Después de un breve diálogo le explicaron que le pagarían en partes: 5 mil dólares depositados en su cuenta más 5 mil 700 en efectivo. 

“Manifiesta el testigo que esa clase de pagos o sobresueldos los recibían también otros funcionarios, por lo que se utilizaba ese dinero en efectivo para pago de sobresueldos o complementos, pago de sobornos a diputados en la Asamblea Legislativa para compra de votos”, dice un resumen de la declaración incluida en el expediente.

Hasta el momento ni los fiscales del caso ni el fiscal general de la República han explicado a qué se refiere el testigo con “pago de sobornos a diputados” ni si ha comenzado una investigación sobre eso.

Para finales de 2009 ya estaba consolidado el partido Gran Alianza por la Unidad, cuyos fundadores habían sido expulsados de Arena. De 2011 a finales de 2014 sus diputados fueron aliados incondicionales del FMLN y apoyaron todas las iniciativas de ley que Funes mandó a la Asamblea Legislativa de El Salvador.

El 1 de diciembre de 2016 un exagente de la DEA divulgó en El Salvador un video en el que puede verse al empresario Menéndez Avelar entregando un fajo de billetes a Luis Martínez, entonces fiscal general. Ese pago fue interpretado como un soborno.

También armas

En la página 1191 del expediente, la Fiscalía describió otra de las aficiones de Funes: las armas. De acuerdo con las investigaciones compró 91 pistolas, de todo tipo y calibre. Él, sin embargo, no pagó por ellas directamente, sino que usó a un testaferro, el capitán de la Fuerza Armada Luis Alfredo Maida Leiva, para adquirir 80. 

El procedimiento fue simple: en el control de registro de armas del Estado quedó registrado que Maida Leiva le donó 80 armas al exmandatario por el precio de un dólar cada una. Las restantes 11 las compró directamente a Cosase, la empresa de seguridad de Menéndez Avelar; al exfiscal general Félix Garrid Safie, y a otros empresarios del rubro.

El lote está valorado en 214 mil 496 dólares.

“La operación presenta visos de tratarse de una transacción irregular, dado que el señor Maida Leiva no contaba con la capacidad económica para darse el lujo de regalarle semejante lote de armas de fuego al expresidente de la República, lo que implica que los fondos no provienen de una fuente legal (…) se advierte la figura del testaferro para tratar de ocultar el origen o la procedencia del dinero”, concluyeron los investigadores. 

La Fiscalía comparó las declaraciones de renta que Maida Leiva hizo al Ministerio de Hacienda y los pagos que el Ministerio de Defensa le efectuó por ser empleado, que en promedio son de 900 a mil 500 dólares mensuales, es decir menos de 25 mil dólares en 22 años de trabajo.

Sí encontró, sin embargo, que de enero a diciembre de 2013 Maida Leiva depositó en su cuenta un promedio de 5 mil 400 dólares mensuales. De enero a junio de 2014 los depósitos se incrementaron a 5 mil 900 dólares, sumando en ambos periodos más de 96 mil 514 dólares. Estos incrementos no los reportó al fisco.

El 3 de marzo de 2016 el portal elfaro.net publicó que Funes no había declarado a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que tenía 91 armas de fuego en su poder. Su primera respuesta fue que no estaba seguro si debía declararlas. Luego dijo que por ser expresidente era una persona de alto riesgo y necesitaba protegerse.

Desde el 1 de septiembre de 2016 Funes está asilado en Nicaragua gracias al gobierno de Daniel Ortega. En una entrevista que ese año concedió a un canal nicaragüense, aseguró que en su país lo querían asesinar y por eso no le quedó más que huir.

Vía Twitter el exmandatario se ha defendido de los señalamientos en su contra asegurando que la Fiscalía está montando un caso ficticio, sin pruebas, para responder a las presiones de la embajada de Estados Unidos en El Salvador. Incluso en una entrevista para el canal local Megavisión aseguró que a su amigo Menéndez Avelar lo visitaron personeros estadunidenses que le advirtieron que debía declarar contra Funes porque de lo contrario, “la Fiscalía lo va destruir”. 

Su desestimación del proceso ha sido tal que se negó a nombrar abogado defensor para la audiencia inicial. Además de él, Pignato, sus hijos y su actual cónyuge, están siendo procesadas 25 personas.

A finales de junio el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador pidió a la Interpol que busque y detenga al expresidente salvadoreño, a sus hijos y a su actual esposa, todos asilados en Nicaragua. Cuando sean capturados, el gobierno salvadoreño pedirá su extradición.

El 11 de junio el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó la captura de Vanda Pignato; 24 horas después la Policía Nacional publicó en su cuenta de Twitter que la había detenido en un hospital. 

Las investigaciones penales contra Funes se iniciaron el 9 de febrero de 2016, después de que la Corte Suprema mandó a la Fiscalía la alerta de indicios de enriquecimiento ilegal del expresidente y de Pignato. 

Entonces los investigadores detectaron que la empresa Multimedia había pagado al exmandatario 121 mil 500 dólares; no obstante, era una empresa que jamás había ganado ni la mitad de esa cantidad; que Funes había pagado más de 300 mil dólares en deudas y que, pese a su oneroso estilo de vida, había ahorrado en sus cinco años como funcionario más de 150 mil dólares.