El desafío La nueva política cultural

Los fastos del calendario republicano se han cumplido. Concluyó el rito democrático al que fue convocada la República para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo en los diferentes estamentos de gobierno. El país vive ahora los estertores de las administraciones públicas, especialmente de la federal, y en el futuro inmediato otras asumirán sus funciones. Por lo tanto, esta coyuntura ya no es propicia para realizar algún arqueo cultural, por modesto que pudiera ser. El destino de la actual gestión gubernamental será el de la historia, y será ésta la que realice el inventario y asuma su síntesis. 

Ahora importa, y mucho, la conformación de un proyecto nacional cultural, y para ello es imprescindible delinear las políticas públicas que en este ámbito deben asumir las próximas administraciones.

El debate sobre ese tipo de políticas (public policies) se originó en Estados Unidos y tuvo su florecimiento a partir de la década de los cincuenta, con la noción de gobierno como idea central; aquellas se entienden como un programa gubernamental y su propósito es claro: buscar la legitimidad de la acción pública. 

El código de la eficiencia en las tareas gubernamentales se resume en la divisa Planning, Programming, Budgeting System (PPBS, por sus siglas en inglés) de los años sesenta, época que marca el inicio de la modernización administrativa (New Public Management), cuyo núcleo son los sistemas de evaluación que permiten analizar e interpretar la información concerniente a la ejecución de las políticas públicas y el impacto que éstas tienen en situaciones sociales específicas (Jean Leca). 

La tradición europea tomó un derrotero diferente; en ella, era el Estado el que en gran medida dominaba a la sociedad, la modelaba y, en muchas ocasiones, la trascendía. México participaba del esquema europeo –uno de cuyos propósitos era hacer eficiente la acción gubernamental–, que muy pronto experimentaría mutaciones importantes. 

Los fenómenos sociales de la época redimensionaron la función del Estado. El cuestionamiento social hacia la agenda política de la élite político-administrativa que determinaba esa función empezó a cobrar bríos. La narrativa gubernamental se transfiguró e introdujo la necesidad de una reforma del Estado, que se convirtió en sí misma en el objeto de políticas públicas. 

Una de las formas de explicar ahora al Estado es a través de la acción pública, lo que resulta especialmente cierto en el contexto cultural de nuestro país. 

Las ciencias sociales incorporaron rápidamente las políticas públicas a los estudios clásicos de comportamiento político (Christopher Pollitt y Geert Bouckaert). Sin embargo, la metamorfosis más profunda se escenificó sin duda en el espacio público, que es el que provee de significados sociales y cuya nueva vertiente es la expresión de intereses sociales, así como de nuevos vínculos entre el individuo, los grupos y las comunidades, y entre el Estado y la acción colectiva. 

La crisis terminó por debilitar la interlocución estatal y, más grave aún, por agotar la intermediación del Estado en el espacio público; así, los objetivos de éste se contrajeron y fragmentaron, sus acciones se mediatizaron, su legitimidad se difuminó y su único soporte se redujo al poder político.

Las expresiones culturales, sobre todo las comunitarias, se erigieron como verdaderos enclaves de contrapoder asociativo. A la ausencia de modelo cultural se agregó la carencia de audacia política.

La metodología

La cultura obliga –no más, no menos– a desplegar varias políticas públicas. Sus ámbitos son poliformes, ampliamente diversos, en ocasiones excluyentes y contradictorios, y con una participación de mandarines de estirpes muy disímbolas. 

La sistematización de estas políticas públicas con base en metodologías mutables debe transitar por la clarificación de objetivos, vías de consecución, resultados sociales y los efectos políticos que se pretendan obtener.

La coherencia entre los objetivos y los medios para la materialización de esas políticas es indefectible, y es justamente lo que permite evaluarlas, algo que en sí mismo constituye un ejercicio democrático que hace viable el debate ciudadano sobre la cultura. 

Los mandarines son quienes elaboran la representación de las realidades culturales como parte de un ejercicio que aspira a constituirse en el componente cognoscitivo de la política pública cultural; con este propósito, se afanan en apostillar la realidad para crear de esta manera un paradigma. Después, confrontan sus soluciones y definen las propuestas de acción. Justo en esta última fase se desarrolla la parte normativa de las políticas culturales. 

La narrativa de la élite actual privilegió su propia concepción cultural. Instauró así una jerarquía que profundizó irremediablemente las disparidades culturales entre clases sociales y estigmatizó estas últimas. La consecuencia inmediata de ello fue la creación de cadenas culturales segregativas.

En el mismo esquema, la política pública se manifiesta como una construcción administrativa que con frecuencia opera en perjuicio de una de corte social y democrático. Esta construcción paradigmática se halla sujeta a ciclos claramente definidos y determinados por procesos sociales, políticos o administrativos, los cuales prefijan la parte cognoscitiva de la política cultural y, finalmente, provocan un cambio en su diseño. 

Más que constituir una amalgama de enclaves diversos, la confección de las políticas culturales son una responsabilidad cultural, indisociable de la respetabilidad política. Radicadas en su entorno para su cabal comprensión, deben ser explicadas como funciones cuyos objetivos son transversales e interdependientes (Pierre Moulinier). 

En su basamento, la política cultural reconoce dos objetivos primarios, que representan las dos caras de Jano: la protección, enriquecimiento y valorización del patrimonio cultural, por una parte y, por la otra, el sustentáculo de la creación. El vínculo simbiótico entre ambas es evidente; resulta imposible imaginar el patrimonio sin creación o sin investigación, cuando ambas son indispensables para su preservación.

En este contexto, la difusión cultural se instila subrepticiamente en todos los ámbitos de la política en la materia y se convierte en su común denominador. No obstante, este vínculo simbiótico también participa de una nota dialéctica esencial cuyos extremos son la memoria y el proyecto, y lo universal y lo comunitario. 

El patrimonio cultural

La noción de patrimonio es polisémica y proteica; el patrimonio es un proceso social, político y cultural de apropiación y de redefinición de elementos extraídos del pasado. Por su vínculo con la historia, adquiere asimismo una significación en el presente y se determina por los principios de identidad y clasificación, pero también por su apropiación social, que explica su pertenencia.

El patrimonio no se reduce por lo tanto a una mera clasificación de objetos o a su simple inventario. Su trascendencia proviene de su integración a un fenómeno social mucho más extenso. Mediante su preservación y su protección, la sociedad lo interpreta y se reapropia del entorno cultural.

La pertenencia del patrimonio cultural no es, pues, exclusiva de un acto soberano, sino de todos aquellos que lo transmiten y lo reconocen. La legitimidad de la preservación radica por lo tanto en asegurar la transmisión de conocimiento a las futuras generaciones. La búsqueda de identidad a través del patrimonio en este proceso termina por ser un epifenómeno (Jean-Pierre Mohen).

Lo anterior conduce al enunciado relativo al estudio de las cadenas de valor cultural: la creación, que es un símbolo de libertad, así como la producción, difusión, distribución y recreación. El análisis pormenorizado de éstas se expondrá en el próximo ensayo.

En todo trazo de política cultural es el interés general el que debe delimitar su contorno. La participación de los destinatarios en su diseño constituye un ejercicio de democracia cultural primario. Por más utópica que pudiera parecer la democracia cultural, su conjugación con las políticas públicas es indispensable, sobre todo en entornos dominados por el arbitrio gubernamental, que –el énfasis es necesario– se encuentra colmado de subjetividad.

La ausencia de democracia cultural conduce fatalmente a un estancamiento de prácticas culturales, así como a barreras materiales, sociales y simbólicas que limitan el acceso a la cultura. La revulsión para ello es el ejercicio pleno de los derechos culturales, que son el eje rector de la democracia cultural.

El planteamiento

Discutir un proyecto político no significa ideologizar la cultura; significa analizar las condiciones que deben prevalecer para enfrentar los desafíos de la misma cultura. En ese sentido, debe efectuarse una recapitulación crítica, explícita e interrogativa del modelo cultural nacional y de sus posibilidades. La cultura no es un bálsamo ni un asistente social; sus declinaciones operativas tienen como propósito reafirmar su función social.

Entre la narrativa oficial y su traducción a la realidad existe un hiato, más que una dislocación. Las políticas públicas en materia de cultura, más que un florilegio de ideas, deben ser ideas puestas en efervescencia e impulsar una concepción militante de la cultura (Jean-Michel Djian). Esta militancia es consanguínea directa de los ideales y, por consiguiente, debe insertarse en un movimiento de emancipación social dotado de vitalidad a través del acceso a la cultura, como lo exige la Constitución política del país.

Las políticas públicas deben aspirar a convertirse en un instrumento de afirmación de identidades. La identidad cultural es una construcción social enraizada en un patrimonio compartido. A su vez, el vector de la identidad es un portador de significados propio de la metamorfosis social y un factor de cohesión social. 

La identidad cultural incluye las libertades inherentes a la dignidad de la persona y a su derecho a integrarse en un proceso permanente de diversidad cultural. Una política en la materia entraña un claro vínculo entre la diversidad, el ejercicio efectivo de los derechos culturales y la dimensión económica de la cultura. A la acción cultural debe asociarse el desarrollo cultural.

La cultura empero no se reduce a una simple acción gubernamental, sino que abarca la totalidad de la acción pública, que inerva e irriga a toda la administración y la sociedad con un efecto radial. 

La política pública, por su parte, obliga a asociar la veracidad administrativa, que es el centro de gravedad de los círculos de calidad, a la veracidad cultural. A las realizaciones debe anteponer los resultados.

Las expresiones culturales son valiosas y deben ser valoradas. Éstas no se limitan a los vestigios materiales, sino que preconstituyen la memoria colectiva de las comunidades. Reafirman cotidianamente su importancia y la necesidad de su misticismo. Su valorización es un activo compartido que permite la comunicación comunitaria (Jacques Rigaud). 

La legitimidad de las políticas públicas culturales se sustenta en la preservación de las identidades culturales y su función social debe ser reactivada y consistente, como hoy en el caso de México, con la coyuntura política actual. 

Esta función social es indispensable para atemperar la fractura social y eliminar toda clase de exclusión cultural. Su objetivo fundamental es transformar los privilegios en bienes comunes. Para ello, su nueva jerarquía debe priorizar las exigencias que conciernen a la organización cultural individual o comunitaria y que provienen de necesidades sociales profundas sujetas a una constante mutación que las políticas culturales no pueden ignorar. 

Estas últimas entrañan en sí mismas un acto republicano que asegura la elección igualitaria y la participación en la vida cultural tanto a individuos y grupos como a las comunidades culturales. De esta manera contribuyen a consolidar la plenitud de una ciudadanía multicultural.

El Estado se ciñe así a una concepción y exigencia democráticas y se ve compelido a favorecer las prácticas culturales, nutrir el debate nacional en la materia y garantizar la libertad del arte y de la ciencia, como ahora lo ordenan la Constitución de la capital del país y la Ley de Derechos Culturales para los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México.

El reclamo ahora es por la implantación de políticas culturales policéntricas que fomenten las expresiones locales a través de la descentralización de los centros de poder cultural en el territorio nacional con la finalidad de impulsar la reapropiación del espacio público.

Ante estos escenarios, la Secretaría de Cultura federal debe retomar la confianza en su significado y ajustarse al cambio de mentalidades. Toda reevaluación de las políticas del ramo debe necesariamente conllevar la reestructuración de esa dependencia, que necesita equilibrar sus funciones, así como replantear su definición actual y su orientación. 

Para concluir con lo obvio, la cultura no es asunto exclusivo de una clase ni de un gobierno. Le pertenece por derecho propio a la nación. 

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.