La CNDH a López Obrador: Deberá resolver la impunidad que hereda

El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, entregó a la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, en la que informa del estado actual del cumplimiento de las recomendaciones emitidas al gobierno federal. Sobre todo, la comisión le reitera a la administración entrante la urgencia de cumplir sus responsabilidades hacia las víctimas de los casos más graves del sexenio de Enrique Peña Nieto, los cuales permanecen impunes: las masacres de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, así como la sangrienta represión en Nochixtlán y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

Las miles de desapariciones forzadas que se han registrado en la “geografía del horror” que es México, el aumento de la violencia contra las mujeres y el maltrato a migrantes centroamericanos, entre otros temas que tienen en común la persistencia de la impunidad, conforman la losa que el gobierno de Enrique Peña Nieto traspasará al de Andrés Manuel López Obrador, alerta en entrevista el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

La víspera de su reunión con la exministra Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación, para entregarle la Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, González Pérez dice que ese documento fue elaborado hace meses por el organismo para ponerlo en manos de quien fuera elegido presidente.

El ombudsman advierte que, al asumir el Poder Ejecutivo, López Obrador tendrá la responsabilidad de atender el rezago en el cumplimiento de recomendaciones por violaciones a derechos humanos, ya que el gobierno de Peña Nieto ha sido particularmente moroso al respecto.

Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto tomó posesión, hasta el pasado martes 3, la CNDH emitió 214 recomendaciones a autoridades federales, de las cuales sólo se ha cumplido el 80%.

En el Informe de Seguimiento de Recomendaciones que la CNDH entregó al Senado de la República en enero de este año se reporta que, del 1 de enero de 1990 al 3 de enero de 2018, el organismo autónomo emitió 2 mil 688 recomendaciones a autoridades de los tres órdenes de gobierno, de las cuales 503 estaban en trámite.

Según se asienta en un análisis del estatus del cumplimiento de recomendaciones durante la gestión de Peña Nieto, hasta el viernes 13 las dependencias federales de seguridad y procuración de justicia tienen altos índices de omisión.

De las 56 recomendaciones dirigidas a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) durante el actual gobierno, 48 no habían sido atendidas en su totalidad; de las 15 enviadas a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, 13 permanecen con 70 de los 104 puntos recomendatorios sin atender. 

A su vez, de las 20 recomendaciones enviadas a Vidal Soberón Sanz, secretario de Marina, 12 están en trámite, en tanto que de las 37 emitidas para los tres procuradores y el actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), 32 no se han atendido totalmente.

“Tenemos un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. Si bien hoy se aceptan más, salvo un presidente municipal de Choix que se negó a ello, ahora la demora en el cumplimiento de las recomendaciones es mayor y es un tema que esperamos atiendan las próximas autoridades”, dice González Pérez.

Considera que sería importante que las autoridades entrantes de los tres órdenes de gobierno “comprendan que no es atender a la CNDH, porque un papelito no le sirve a las víctimas si la recomendación no se cumple en tiempo y forma, además de que con ello cualquier gobierno fortalecerá su carácter democrático”.

Masacres impunes

El titular de la CNDH advierte que la PGR mantiene en la impunidad casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el actual sexenio:

 “No hay determinaciones de las averiguaciones previas en esos casos –sostiene el ómbudsman–. No sabemos quiénes fueron los responsables de los excesos cometidos en las ejecuciones arbitrarias de Apatzingán y Tanhuato; cómo se determinaron las responsabilidades por los fallecimientos en Nochixtlán y Tlatlaya, que en este caso, hay que decirlo, hay un expediente abierto.”

Recuerda que la CNDH dio copia de cada una de las recomendaciones a la PGR “para que actuara en consecuencia; son lápidas que pesan y que demandan que haya procuración de justicia”.

Sobre el caso de Tlatlaya, Estado de México, en el que 22 personas murieron a manos de militares el 30 de junio de 2014, señala que la investigación del organismo autónomo determinó que hubo entre 12 y 15 víctimas de ejecución arbitraria, en tanto que tres mujeres sobrevivientes fueron torturadas por agentes ministeriales del Estado de México.

 “Es cierto que se dictó auto de libertad a tres elementos militares a quienes la PGR fincó responsabilidades por la muerte de ocho personas –aclara–, pero en esa etapa del proceso judicial la apelación del auto de formal prisión no equivale a exoneración. El juez dictó esa resolución porque no se aportaron elementos suficientes, pero deja en libertad a la PGR a que fortalezca la acusación.

 “El juez dijo que había declaraciones contradictorias de las sobrevivientes, lo cual es evidente ante los hechos de tortura. Hay personas sentenciadas por ello (cuatro policías ministeriales del Estado de México), pero la PGR no ha adjuntado ese expediente ni la recomendación de la CNDH, además de que tendría que explicar la diferencia entre las ocho víctimas que identificó la dependencia y por lo menos 12 que nosotros ubicamos.”

También está involucrada la PGR en el último caso de suma gravedad identificado por la CNDH: la detención ilegal de Érick Uriel Sandoval Rodríguez, acusado sin fundamento de ser copartícipe del homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que se encuentra recluido en la prisión federal de Gómez Palacio, Durango.

 “Kafka se queda corto”, comenta González Pérez sobre el caso, que fue revelado por la Oficina Especial del Caso Iguala de la CNDH el 18 de junio pasado, como parte del cuarto informe preliminar que el organismo dio a conocer.

Como resultado de una extensa investigación, la CNDH comprobó que no está sustentada la acusación de la PGR contra Sandoval Rodríguez de ser La Rana o El Güereque, al que seis de los 128 procesado por el caso Ayotzinapa identifican como participante en la desaparición de los estudiantes.

En el documento difundido por la CNDH se resalta que no hay sustento en la averiguación previa que explique cómo la PGR identificó al detenido como La Rana, ya que en el expediente hay un retrato hablado incompatible con él.

Antes de hacer público el informe, relata González Pérez, “entregamos la evidencia a la PGR, que no hizo nada para poner remedio a su error”, por lo que la CNDH interpuso dos escritos como amicus curiae ante el Poder Judicial a fin de que se enmiende la falla y Sandoval sea puesto en libertad.

En los informes preliminares del caso Ayotzinapa, la CNDH ha presentado 57 observaciones, distribuidas como sigue: 47 a la PGR, seis a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tres a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y una al municipio de Iguala. De las suyas, la PGR ha atendido sólo nueve, 29 están en proceso de atención y de plano ha ignorado otras nueve.

Por su parte, la CEAV tiene cinco recomendaciones en vías de atención y no ha cumplido una; la fiscalía guerrerense reporta una en proceso de aplicación y no ha tomado en cuenta dos, en tanto que el ayuntamiento de Iguala dice que está en trámite la única observación que le hizo la comisión. 

“El tema de la impunidad es dolorosísimo porque agravia los derechos humanos, puesa quien resiente el delito no se le procura justicia y, cuando además se persigue el delito cometiendo delito, se vulneran derechos humanos, como ocurre en caso del señor Érick Sandoval. Y la impunidad sigue porque al que le imputaban una conducta está fuera y un inocente está dentro; entonces el pendiente en procuración de justicia ligado a impunidad es altísimo”, resalta el ombudsman,

Por eso reitera que el próximo gobierno debe atender la procuración de justicia, ya que “las debilidades, insuficiencias y equívocos de la PGR en la administración actual se han manifestado de forma particular… La PGR históricamente ha sido un gruyer, muy porosa, pero en esta última etapa ha sido más evidente, y lo digo por el caso tan emblemático como el de Ayotzinapa”. 

Para él, se trata de “pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, y corrupción e impunidad… se están dejando piedras, rocas que no han sido debidamente atendidas” y que deberá cargar o limpiar la próxima administración federal.

De momento, confía en que López Obrador será fiel a su promesa “de que respetará los derechos del bloque de constitucionalidad”, sobre todo con Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, ya que ella “desde su función como ministra defendía lo que nosotros también defendemos, los derechos humanos”.

Precisamente el jueves 12 González Pérez le entregó a Sánchez Cordero la Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, con 140 puntos que debería atender la administración lopezobradorista.

Entre éstos hay una lista de compromisos básicos, como la “conclusión de las investigaciones y esclarecimiento” de los casos Iguala, Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán, Tlatlaya, Tierra Blanca, Papantla, Cadereyta, Sonora, Allende, San Fernando, Chilpancingo y Ocoyucan.

El documento también urge a devolverle las tareas de seguridad pública a mandos civiles, con un plan de regreso de tropas “ordenado y verificable”; implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, y diseñar una estrategia de transición de la PGR a la nueva Fiscalía General.

Además, compromete al gobierno entrante a concluir las investigaciones por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial; a implementar las leyes generales contra la desaparición de personas y tortura “de manera oportuna y suficiente, con recursos presupuestales”; así como a esclarecer homicidios y agresiones de defensores de los derechos humanos y periodistas.

De igual forma, se incluye el compromiso de revisar el mecanismo de protección de periodistas; la revisión de casos de feminicidio y del mecanismo de Alerta de Violencia de Género, y realizar las adecuaciones normativas para garantizar la autonomía real de los organismos públicos de protección y defensa de derechos humanos.

“El llamado al próximo gobierno es a que atienda estos pendientes. Como CNDH nuestra labor es colaborar desde nuestro ámbito para que al gobierno le vaya bien. Cuando haya que coadyuvar lo haremos y cuando haya que señalar violaciones a derechos humanos también”, concluye el ómbudsman.