AMLO, obligado a normar con justeza la publicidad oficial

De acuerdo con organizaciones de periodistas, no basta que la administración federal decida reducir el gasto en la publicidad oficial que se destina a los medios de comunicación. Lo ideal, dicen, sería que el próximo gobierno aclare cómo se va a distribuir la pauta de los anuncios gubernamentales, algo que tendría que acompañarse de un cambio real en la relación entre poder y medios para garantizar la libertad de expresión. Incluso la ONU y la CIDH han expresado su interés en el asunto, especialmente después de la aprobación de la peñanietista Ley Chayote.

El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno reducirá a la mitad los recursos en publicidad oficial fue bien recibido por quienes durante años han peleado por transparentarlos. Pero entre ellos hay un temor: que la centralización del gasto y de la comunicación social en la Presidencia terminen por reproducir la discrecionalidad con que las administraciones del PRI y del PAN han manejado esos recursos para controlar a los medios.

La herramienta actual para continuar este mismo esquema –que mantendrá su vigencia en el próximo gobierno– es la Ley General de Comunicación Social, aprobada por la mayoría del PRI en la saliente legislatura y que entrará en vigor en enero de 2019. Esa ley terminó siendo conocida como Ley Chayote, porque legalizó el uso discrecional de la publicidad para premiar o castigar a los medios.

El colectivo #MediosLibres, integrado por organizaciones no gubernamentales, periodistas y académicos, le ha solicitado a López Obrador y a los próximos legisladores derogar esa Ley Chayote, que además está impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para #MediosLibres hay un camino avanzado: entre quienes impugnaron la ley ante la SCJN –por considerar que viola la Constitución– están actuales senadores que en la próxima legislatura serán diputados. Además, el próximo senador morenista por el Distrito Federal, Martí Batres, tuiteó la semana pasada que la reducción al gasto de publicidad anunciado por López Obrador debe estar acompañado de los nuevos criterios de asignación que establezca la siguiente legislatura.

Encabezado por Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, el colectivo intentó en la actual legislatura que los diputados y senadores aprobaran una ley de publicidad oficial conforme a los criterios internacionales de transparencia y rendición de cuentas.

Obligado por un fallo de la SCJN, que le concedió un amparo a Artículo 19, el Congreso tuvo que legislar. Pero aprobó una ley a modo luego de las maniobras del PRI y sus aliados para hacer mayoría, desoyendo no sólo a la oposición, a la sociedad civil y las consideraciones de la sentencia de la Suprema Corte, sino también al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Proceso 2165).

Los legisladores también desestimaron los llamados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el INE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para elaborar una ley según los principios aceptados internacionalmente a fin de garantizar la libertad de expresión y sin que la publicidad oficial sea un mecanismo de censura o premio.

El jueves 19 #MediosLibres se pronunció a favor de la reducción de 50% del gasto en publicidad oficial anunciado por López Obrador como parte de su plan de austeridad y combate a la corrupción. Pero al mismo tiempo expresó su preocupación por la centralización del gasto y de la comunicación social del gobierno desde la oficina presidencial.

El grupo advirtió en un comunicado que la centralización del gasto es un riesgo para el control de la información, por lo que propone la creación de un ente autónomo que no afecte la libertad de expresión con el reparto de la publicidad oficial.

Para este año los diputados aprobaron, en el presupuesto federal, 2 mil millones de pesos para ese rubro, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó, en promedio, 9 mil millones al año, según el seguimiento hecho por Fundar. El gobierno de López Obrador tendría 2 mil millones de pesos para anunciarse en los medios.

#MediosLibres advierte que la reducción del gasto no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial. Las cosas seguirán igual mientras no haya “criterios claros, transparentes y objetivos de asignación” que consideren aspectos como la medición de audiencia, costos, circulación y el perfil del público al que va dirigido el mensaje o campaña gubernamental; y, sobre todo, la “promoción de la diversidad y el pluralismo de los medios”.

Para evitar el enorme gasto en publicidad oficial en que incurrieron los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, que se fue incrementando de sexenio a sexenio, #MediosLibres le pide al gobierno de López Obrador fijar topes en el presupuesto y sanciones “ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario”.

“Ley Chayote”

La Ley General de Comunicación Social fue aprobada en abril pasado por el pleno del Senado, con la mayoría del PRI apoyada por el Partido Verde y algunos legisladores panistas, pese a que no hubo acuerdo en las comisiones dictaminadoras de Gobernación, Radio y Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos, Primera.

Esa mayoría no sólo mantuvo la discrecionalidad y arbitrariedad en la asignación de los recursos, sino que legalizó la promoción personal de los funcionarios usando el gasto de publicidad oficial.

Peña Nieto promulgó la ley en mayo pasado, pese a que carece de un instrumento ciudadano y autónomo que supervise la contratación de la publicidad oficial. Esa instancia había sido una de sus promesas de campaña en 2012, luego de que grandes medios beneficiados con la publicidad oficial trataron de minimizar las protestas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana que dieron origen al movimiento #YoSoy132.

En su plan de austeridad, López Obrador también anunció la centralización del gasto en comunicación social. La medida “puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetivo”, consideró el colectivo integrado por más de 100 organizaciones sociales, académicos y periodistas.

El próximo presidente también ha decidido que habrá una sola oficina de comunicación social en su gobierno, con lo que desaparecerían las oficinas de ese tipo en la administración pública federal. La relación de su gobierno con los medios será mediante la Presidencia. Las decisiones pasarían de la Secretaría de Gobernación al Palacio Nacional, donde va a despachar el presidente. 

Ambas medidas pueden traducirse en “una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y, por lo tanto, de la opinión pública”, alerta también el colectivo.

En su consideración se debe abrogar la Ley Chayote y reemplazarla por una que asuma los principios de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el decálogo que el propio colectivo desarrolló para la frustrada ley y que considera los principios internacionales en la materia.

“La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información”, en tanto que el Ejecutivo “puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto”.

De lo contrario, no habrá un cambio verdadero en la relación entre el poder y medios de comunicación que procure medios libres y una sociedad realmente informada, señaló el grupo.

Lineamientos claros

La necesidad de cambiar esa relación ha sido también subrayada de manera insistente por la ONU y la OEA, por conducto de la CIDH. En un informe conjunto dado a conocer el mes pasado, los relatores para la Libertad de Expresión de ambos organismos cuestionaron lo hecho por el Congreso.

Después de “una sentencia emblemática” de la Suprema Corte, “en un proceso acelerado”, el Senado aprobó una ley que “preocupa” porque no cumple con los principios básicos ni con las recomendaciones de organismos internacionales o expertos en derechos humanos. 

“La ley no establece normas claras sobre objetivos, criterios y procedimientos de asignación y mecanismos de supervisión, dejando un amplio margen de discreción y abuso de las autoridades”, señalaron los relatores Edison Lanza, de la CIDH, y David Kaye, de la ONU, tras una misión en México a finales del año pasado.

La modificación de la ley, solicitada por los relatores, será también uno de los temas que se tratará en noviembre próximo en el llamado Examen Periódico Universal al que será sometido México en el tema de respeto a los derechos humanos, como ocurre cada cinco años. Las peticiones y observaciones que se hagan al país caerán ya en el ejercicio del gobierno de López Obrador.

Lo que ocurra con la ley también transita por la SCJN, donde hay dos acciones de inconstitucionalidad. La CNDH y una minoría de senadores promovieron sendos recursos por considerar que la ley viola los principios de la libertad de expresión establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales a los que se ha comprometido México. 

En el Poder Judicial de la Federación está también pendiente de resolverse un recurso de inconformidad presentado por Artículo 19 por la manera en que el Congreso cumplió con el fallo de la Suprema Corte que obligó a legislar en el tema.

Las recomendaciones de la ONU y de la CIDH apuntan a lo que ha señalado la revista Proceso desde el gobierno de Vicente Fox: el uso de la pauta publicitaria para castigar a un medio por su línea editorial.

Como lo hizo en 1982 el entonces presidente José López Portillo, durante el régimen autoritario del PRI, Fox decidió restringir la publicidad oficial al semanario, luego de que se publicara un reportaje sobre las condiciones en que el Vaticano anuló el primer matrimonio religioso de Marta Sahagún para poder contraer nupcias con el entonces presidente. 

Esa publicación también generó una demanda civil de Sahagún contra la revista por supuesto daño moral. Después de cuatro años de litigio, Proceso ganó el caso en la SCJN, ya en el gobierno de Felipe Calderón.

En esa gestión, la publicidad para la revista llegó a cero, también en castigo a su línea editorial. Al inicio de ese sexenio, el semanario buscó obtener las actas del cuestionado triunfo electoral de Calderón y después hizo un seguimiento crítico de su política de seguridad.

Ante ese evidente castigo, el semanario interpuso en 2009 una queja ante la CNDH por considerar que se trataba de una violación de sus derechos constitucionales e internacionales.

En agosto de 2012, el organismo emitió una recomendación que puso en evidencia a ese gobierno. La CNDH señaló que la administración calderonista censuró y castigó a la revista al excluirla de manera arbitraria de la publicidad oficial con el propósito de causarle daño económico.

La CNDH estableció que fueron “evidentes las violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como a la libertad de expresión e información” por parte del gobierno de Calderón en contra del personal de la revista (Proceso 1873).

Le pidió a la Secretaría de Gobernación emitir “lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes” para el otorgamiento de la publicidad en el año siguiente. Para entonces, ya en ejercicio, el gobierno de Enrique Peña Nieto pasó por alto la recomendación y siguió utilizando la publicidad oficial a su arbitrio y Proceso continuó excluido de la pauta publicitaria.