Medios y poder Una larga historia de dispendio y sujeción

Al ritmo de 25 millones de pesos al día para publicitarse, el gobierno de Enrique Peña Nieto cerrará como uno de los más dispendiosos en comunicación social, pero también como el más ineficaz para lograr una mejor percepción de la gestión presidencial, disminuir los altos índices de violencia contra periodistas y cumplir con la promesa de “democratizar” la relación entre medios y poder político.

En el final de su sexenio, Enrique Peña Nieto concentra las dos grandes tendencias que diversos expertos consideran los ejes de las relaciones entre medios de comunicación y poder político. Ello es así desde junio de 1936, cuando el general Lázaro Cárdenas creó la primera Dirección de Publicidad y Propaganda: una relación de control político e informativo que en los últimos años se transformó en dispendio en propaganda e imagen gubernamentales canalizado a los medios que formaran parte del “consenso presidencial”.

La ambiciosa reforma jurídica que emprendió José López Portillo durante su gestión (1976-1982) para “formular, regular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos” murió el mismo día que él –el presidente de la “abundancia petrolera”– lanzó su invectiva contra Proceso: “No te pago para que me pegues”, para justificar un boicot publicitario.

Con Miguel de la Madrid, y especialmente con Carlos Salinas de Gortari, se institucionalizaron las relaciones de control a través de la Coordinación General de Comunicación Social, que comenzó a depender directamente de la Presidencia de la República, y mientras se “privatizaban” medios públicos (Imevisión) o se vendía la Productora e Importadora de Papel (PIPSA), creada en 1935, esquema mediante el cual se reforzó la subordinación de los medios a la figura presidencial.

En su libro Prensa vendida –publicado en pleno sexenio salinista–, Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, estableció una ecuación que no se modificó con los gobiernos de la alternancia panista: “De sexenio a sexenio, de presidente a presidente, la situación prevalece: un gobierno que ejerce el autoritarismo prácticamente sin limitaciones; una prensa en su mayoría domesticada, y un público que desconfía por igual de la prensa y el gobierno”.

Derroches sexenales 

La alternancia panista en la Presidencia de la República no modificó la tendencia al control. Primero a través de Marta Sahagún y luego con sus sucesores Rodolfo Elizondo, Alfonso Durazo y, finalmente, Rubén Aguilar, el entonces presidente Vicente Fox acordó una relación privilegiada con las grandes televisoras a través del Decretazo de octubre de 2002, y comenzó una política de dispendio en publicidad oficial para convencer al “círculo verde”, distinto al “círculo rojo”.

Esta tendencia al despilfarro se duplicó con el gobierno de Felipe Calderón y se reprodujo en decenas de gobiernos estatales que transformaron los gastos en el rubro de comunicación social no sólo en un mecanismo de control, sino también de triangulación de los fondos públicos para cometer grandes fraudes. Ejemplo de ello son las administraciones de Javier Duarte, en Veracruz, César Duarte, en Chihuahua, y Guillermo Padrés, en Sonora, por mencionar sólo algunos. 

De 2000 a la fecha se han destinado más de 110 mil millones de pesos a gastos de comunicación social del gobierno federal, un presupuesto 10 veces mayor que todo lo que se gastó en un año para becas y apoyos al Conacyt, según los comparativos de Fundar. 

Peor aún, el sexenio de Peña Nieto se caracterizó por un sobreejercicio escandaloso en este rubro: tan sólo entre 2013 y 2016 el mandatario destinó 72% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados para este rubro, mientras se recortaba el presupuesto en salud, desarrollo social, medio ambiente, ciencia y tecnología.

Durante su gobierno, Fox erogó 16 mil 236 millones de pesos; su sucesor Felipe Calderón lo superó en más de 2.5 veces, con 42 mil 243 millones, y Peña Nieto rebasará los 50 mil millones de pesos, según los datos oficiales y el estudio realizado por Fundar, con resultados desastrosos en términos de percepción pública: el peñanietismo terminará con menos de 20% de aprobación social.

Al despilfarro se suma la alta concentración de esos recursos públicos entre 11 corporativos mediáticos, enriquecidos sin que ello se haya traducido en salarios y condiciones laborales justos para sus propios reporteros, los cuales, por lo contrario, han empeorado.

El periodista Roberto Fuentes Vivar publicó el estudio “Con AMLO, ¿cambiará el periodismo?”, en el cual revela que en los últimos 10 años los ingresos de los medios aumentaron 640%, en tanto que las remuneraciones salariales de los colegas se redujeron en 75%. 

“Es decir, si hace 10 años un periodista ganaba 100 pesos, ahora percibe 24 pesos con 10 centavos”, sostiene.

El periodo de mayor gasto destinado a los medios de comunicación masiva coincidió con una baja abrupta de las audiencias en televisión abierta. Entre 2013 y 2017 se registró una disminución del 15% del rating del duopolio Televisa-TV Azteca, indican los estudios de consumo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En contraste, se incrementó en 32% la población que navega en internet al tiempo que observa la pantalla televisiva, según la consultoría IAB México.

Sí a la austeridad, no al control

Frente a este escenario, el equipo de Andrés Manuel López Obrador propuso públicamente reducir 50% del gasto en comunicación social, de acuerdo con el punto 29 del Plan de Austeridad y Combate a la Corrupción, así como centralizar el gasto en una sola dirección de área. No se sabe aún si ello dependerá del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Gobernación o de un ente autónomo.

Hasta el momento López Obrador no ha designado formalmente a un vocero o director de comunicación social, pero su equipo de transición ha mostrado disposición para revisar, junto con los colectivos de la sociedad civil reunidos en #MediosLibres, la posibilidad de abrogar la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como Ley Chayote, aprobada este 2018 por el Congreso y que resultó impugnada por las propias organizaciones civiles, que promovieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia en esta materia.

“Nos parece muy bien el anuncio de austeridad. Es un despilfarro que no sirve y sólo ha generado una distorsión del debate público, pero no se resuelven los problemas de fondo, que son la relación perversa entre los medios y el gobierno”, afirma Justine Dupuy, coordinadora de Fundar e impulsora, junto con Artículo 19 y otras organizaciones, de la plataforma #MediosLibres.

Entrevistada por Proceso, advierte: “Si sólo se limita el gasto y se concentra es arriesgado. Si sólo se concentra sin despolitizar la relación entre gobierno y medios, y sin reglas claras que eliminen la discrecionalidad en la distribución de los fondos públicos, vamos a una relación de control”.

–¿Qué tipos de reglas se deben establecer a través de la nueva Ley General de Comunicación Social?

–Nosotros estamos planteando empezar de cero y abrogar la actual Ley General de Comunicación Social (Ley Chayote). Si hay voluntad política para el cambio debemos empezar desde cero.

Dupuy afirma que, ante la incertidumbre respecto de lo que hará el próximo gobierno de López Obrador, el jueves 19 #MediosLibres emitió un comunicado en el que demanda “criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencias, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios”.

Asimismo, el colectivo expresó su respaldo a las acciones que “limiten el sobreejercicio histórico” de este gasto, pero expresaron su preocupación “por lo previsto en el punto 20 del mismo plan, en el cual se habla de una posible centralización del gasto en comunicación social”.

Y añadió: “Este colectivo considera que tal medida puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva. López Obrador ha manifestado que habrá una sola oficina de comunicación en el gobierno federal, desa­pareciendo todas las oficinas de prensa del resto de las dependencias de la administración pública federal, mientras que el vínculo con los medios de comunicación será desde la Presidencia”.

#MediosLibres ve con preocupación que se elimine la actual oficina de publicidad oficial que se administra desde la Secretaría de Gobernación y se concentre en la Presidencia de la República porque “puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y, por lo tanto, de la opinión pública”.

Las herencias de un modelo 

La historia reciente de la política de comunicación social se remonta a la creación de la Dirección de Publicidad y Propaganda el 17 de junio de 1936, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. 

En su ensayo “Las oficinas de comunicación social en México”, el investigador de la Universidad de Guadalajara Francisco Hernández Lomelí publicó que Cárdenas “buscó centralizar el control de los medios de difusión estatales, además de justificar, explicar y difundir las acciones del Ejecutivo, en el contexto de la crisis política surgida del fin del Maximato” de Plutarco Elías Calles.

En 1937 esa dirección se convirtió en “el laboratorio de comunicación social” del gobierno; es decir, “en el lugar en donde se concentraba, procesaba y difundía la información oficial. La dependencia ejercía la tarea de control y vigilancia de toda la información difundida en el país”, escribió Hernández Lomelí.

Las funciones de la dependencia creada por el general Cárdenas se transfirieron a la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-1946); en el de Miguel Alemán se institucionalizó la subordinación de los medios, impresos y electrónicos, al presidente y al recién fundado PRI. 

“Alemán es el primer creyente en el gran impacto político de la publicidad, la ideología aportada por la americanización”, escribió Carlos Monsiváis en el libro Tiempo de Saber, en coautoría con Julio Scherer García. 

Y entre los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos consolidó su poder Humberto Romero Pérez, considerado el pionero de los poderosos voceros presidenciales.

El segundo vocero más poderoso se destacó en la administración de Gustavo Díaz Ordaz; se trata de Francisco Galindo Ochoa, quien volvió a ocupar la jefatura de prensa durante 11 meses con José López Portillo. 

Y con Luis Echeverría Álvarez, el control de la comunicación social recayó en tres figuras principales: Mauro Jiménez Lazcano, director de Información y Relaciones Públicas; Fausto Zapata Loredo, subsecretario de Información de la Presidencia, y Manuel Alonso Muñoz, subdirector de Relaciones Públicas.

El ambicioso plan de un “nuevo modelo de comunicación social”, surgido en el sexenio de López Portillo al calor de la primera gran reforma político-electoral diseñada por Jesús Reyes Heroles, se quedó en el papel y se estrelló en los delirios presidencialistas. 

En 1978 se creó la primera Coordinación General de Comunicación Social, que pasó a depender de la Oficina de la Presidencia de la República, y así continuó con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Desde 1983 esa coordinación concentró las funciones de “informar oportunamente sobre las acciones que realiza el primer mandatario de la nación”.

Salinas reforzó la importancia de la Oficina de la Presidencia a través de sus dos poderosos jefes de prensa Otto Granados Roldán y José Carreño Carlón. Curiosamente, en 1993 también anunció un recorte de 50% en los presupuestos de las oficinas de comunicación social, pero se incrementó el gasto discrecional a los medios que favorecían el “modelo salinista”.