Fiscalía General autónoma y reforma de justicia, exigencia a López Obrador

Organizaciones civiles, académicos y activistas de los derechos humanos insisten en cuestionar el plan de perdón y reconciliación propuesto por AMLO. Para esos luchadores sociales, la pacificación del país pasa necesariamente por una reforma profunda al sistema de procuración de justicia, algo que no se logrará, insisten, con la forma en la que el virtual presidente electo propone el funcionamiento de la Fiscalía General, pues se requiere un rediseño institucional. Y añaden que “amnistía sin justicia es impunidad”.

Los esbozos del proyecto de reconciliación nacional del próximo gobierno, trazados por Olga Sánchez Cordero, integrante del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, no están reñidos con la propuesta de crear una fiscalía general autónoma, que defienden organizaciones civiles, académicos y activistas agrupados en el colectivo #FiscalíaQueSirva.

Para algunos de los integrantes del grupo, entrevistados por Proceso, la amnistía ofrecida por López Obrador durante su campaña podría traducirse en mera impunidad si no hay una transformación a fondo del sistema de procuración de justicia a partir de la reforma al Artículo 102 constitucional, que garantice verdad y justicia, acompañada de una transformación del sistema de atención a víctimas y de seguridad, entre otras medidas.

En entrevistas periodísticas y en su ponencia “¿Olvido, verdad o justicia?”, en el seminario sobre Violencia y Paz en El Colegio de México, Sánchez Cordero –próxima secretaria de Gobernación– delineó el proyecto de reconciliación del gobierno lopezobradorista, que incluye la creación de comisiones de la verdad, amnistía, una legislación de reducción de penas y un plan nacional de reparaciones.

En el acto, uno de los comentaristas de la ponencia, Santiago Corcuera, exintegrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, de la ONU, y miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señaló que la tragedia humanitaria en el país es de tal dimensión que será difícil atenderla sin la ayuda internacional, “y menos si no tenemos una fiscalía que sirva”.

Asesor de familiares de víctimas de desaparición e integrante de los grupos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra, Corcuera recordó las recomendaciones de 2010 de la Relatoría Especial sobre la Independencia de Abogados, Jueces y Fiscales, de evitar la injerencia del Ejecutivo en la designación de integrantes del Poder Judicial y del responsable de la Procuración de Justicia.

Aplaudido por familiares de víctimas presentes en el seminario, el académico de la Universidad Iberoamericana insistió en que, “aunque nos garanticen que la terna que presentará el presidente será impecable y maravillosa y fenomenales candidatos y candidatas”, los defensores y activistas de derechos humanos están convencidos de que el mejor camino para la verdad y la justicia es “un fiscal que sea electo por un Parlamento democráticamente electo, sin que haya participación del Poder Ejecutivo”, así como el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.

La creación de una fiscalía general autónoma ha sido el primer diferendo entre las organizaciones de la sociedad civil con López Obrador desde que, en su campaña presidencial, se pronunció por mantener el procedimiento con el cual se designó a Raúl Cervantes; es decir, se presentará una terna de la cual el Senado, con mayoría de Morena, elegirá al titular.

En enero pasado López Obrador presentó para la terna a quien fuera su procurador cuando él gobernó la Ciudad de México, Bernardo Bátiz; así como a la magistrada de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Eva Verónica de Gyves; y al investigador de la UNAM Juan Luis González Alcántara. 

Rediseño institucional

Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Información, y vocera de #FiscalíaQueSirva, explica a Proceso que lo que los integrantes del grupo buscan “va mucho más allá” del nombramiento del titular; “se trata de colocar sobre la mesa una propuesta de rediseño institucional”.

Ante los señalamientos de que detrás del colectivo habría intereses de organismos empresariales adversos a López Obrador, Pérez Garrido recuerda que #FiscalíaQueSirva surgió en octubre de 2016, movimiento al que se adhirió otro, llamado #VamosPorMas, que cuenta en sus filas a la Coparmex.

“Aquí no se trata de ningún grupo que quiera imponer a una determinada persona, aquí lo que se está proponiendo es cómo rediseñar la PGR para que pueda convertirse en una institución que realmente abone a la justicia”, puntualiza.

El diagnóstico de los integrantes del colectivo es devastador. Eliana García Laguna apunta: “La estructura propia de la institución de procuración de justicia está hecha para la corrupción, para las redes de macrocriminalidad, en donde quienes son siempre afectados son quienes sufren el delito”.

García Laguna, quien de mayo de 2014 a mayo de 2015 fue encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, considera que la voluntad no es suficiente para sanear “el elefante que está permeado por décadas de mecanismos internos para la preservación de la impunidad, para la corrupción y por lo tanto, para la construcción de las redes de macrocriminalidad que funcionan desde la procuraduría, pero que también tienen sus lazos comunicantes con las fiscalías estatales”.

Para organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a familiares de migrantes víctimas de las matanzas de San Fernando y Cadereyta, el sistema de procuración de justicia ha significado un obstáculo para alcanzar verdad y justicia.

Con más de 40 amparos contra la PGR “por violaciones al debido proceso en contra de las víctimas”, Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación, dice a la reportera que en el litigio de esos casos tan emblemáticos de la violencia hacia migrantes puede atestiguar que “hay una ausencia de investigación de elementos del Estado”, situación que se repite en casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Si tienes a un fiscal libre de toda injerencia de todo poder, lo que va a hacer es aplicar la ley de manera objetiva; eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo una persona que pueda aplicar la ley sin importar si estamos hablando de particulares o de servidores públicos”, puntualiza.

Reconoce que la autonomía en las fiscalías “no es un estándar en todas las democracias”, no ocurre así en países como Estados Unidos y Alemania, donde dependen del Ejecutivo.

Sin embargo, “la diferencia es que esos son países con un sistema de pesos y contrapesos, de rendición de cuentas, que puede reaccionar frente a cualquier abuso por parte de quien tenga a su cargo usar el derecho penal. México no es así, no tiene esta solidez de la democracia ni en sus instituciones”.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, trae a la memoria una reflexión que le compartió Bernardo Bátiz cuando dejó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF):

“Él mismo reconocía que no pudo transformar la PGJDF, que dentro de la institución había una serie de áreas o cajas negras que nadie sabía qué había ahí. Me decía: ‘Estás hablando de una institución con gente con 10 o 20 años de relaciones, con un modo de hacer las cosas, con complicidades, que aunque tú seas la cabeza no vas a poder modificar’. 

“Imagina qué podemos esperar de la PGR, donde hay fuertes inercias. Eso significa que el fiscal se tiene que adaptar a la institución y no hacer que la institución se renueve o se adapte a un nuevo modo de hacer las cosas”, reflexiona Cortez.

Indispensable autonomía

Entre las propuestas que el colectivo #FiscalíaQueSirva ha logrado diseñar destacan la reforma al Artículo 102 constitucional para definir las funciones de la Fiscalía General, así como su autonomía; una nueva ley orgánica; el nombramiento de una comisión de designaciones compuesta por ciudadanos expertos en el tema, que haga una preselección de candidatos a fiscal, de la cual el presidente defina una terna de la que el Senado seleccione al titular.

El proyecto considera el nombramiento de un consejo ciudadano de la Fiscalía, que apoye en la reorganización de la institución, así como en la formulación de un plan de persecución criminal, así como que haya un eficiente servicio civil de carrera, entre otras propuestas.

Cortez reconoce en entrevista que el diferendo entre el equipo de López Obrador y las organizaciones se ha centrado en el nombramiento del fiscal, lo cual “es cerrar la discusión en un tema de un paquete mucho mayor… La discusión es que hoy México necesita un cambio radical de sus procuradurías para que se conviertan en fiscalías, primero que dejen de depender del poder político y segundo, que sean capaces de resolver un número mucho mayor de delitos importantes que lesionan a la sociedad. El gran tema es cómo lo hacemos”.

Mientras los integrantes del colectivo #FiscalíaQueSirva esperan a ser convocados por el equipo de transición de López Obrador para diseñar mesas de discusión, de acuerdo a los compromisos establecidos el miércoles 11, Ana Dulce Aguilar García, directora de Proyectos del Instituto de Justicia Penal Procesal, y Alberto Solís, director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), coinciden en que la reconciliación y pacificación del país pasa por una reforma de fondo al sistema de procuración de justicia.

“Se requiere literalmente una reforma estructural de la procuración de justicia, una transición en todos los sentidos para la que se necesitan años, no dos ni tres; puede llevarse todo el sexenio y no ser suficiente, porque de ese nivel es el desastre: hay rezago, tienen un sistema de funcionamiento que no le funciona a nadie; a las víctimas les fragmentan sus casos, eso se tiene que acabar, tenemos que encontrar la forma de hacer justicia”, apunta Aguilar García.

Para la defensora “la fiscalía es parte de esta política de pacificación de la que se está hablando”, en la que también se habla de modificar la política de seguridad, en lo que hay coincidencia con las organizaciones civiles, “pero si no hay una fiscalía funcional que permita verdad y justicia, no va a haber transición”.

Advierte que la propuesta de amnistía “pasa también por fiscalía, porque implica definir tus prioridades de persecución criminal, y considerar que si hay una amnistía sin justicia para las víctimas eso se vuelve impunidad; está documentado en varios países de la región, para hablar de amnistía se requieren mecanismos funcionales de procuración de justicia”.

Solís apunta que El Salvador es uno de los ejemplos claros de un proceso fallido de justicia transicional, “que en un momento se concentró en la verdad, dejando fuera el tema de justicia, y lo que pasó fue un incremento de los asesinatos”.

Al considerar que la pacificación tiene que ser abordada “como una discusión más articulada con otros temas, más articulada, de una manera más holística”, Solís advierte que para las organizaciones civiles la fiscalía “es la madre de todas las batallas”, de ahí su disposición a colaborar en una transformación de fondo.

“Todos nuestros temas, de migrantes, indígenas, de tierra y territorio, de desaparición, todo atraviesa por el acceso a una justicia real; llevamos 10 años discutiendo de temas de justicia y verdad; ésta es la oportunidad de que se recupere lo que hemos aprendido y reflexionado, y que lo podamos ir tratando con este nuevo gobierno, con estos nuevos actores. Que se entienda que estamos en la lógica de sumarnos al proceso de transformación de fondo”, concluye el director de Serapaz.