Contratos de última hora para los consentidos de Peña Nieto

Una administración a la que le restan seis meses de vida y que ya sabía que iba a tener que entregar el poder a Morena, siguió dando obra para ciertos grupos empresariales que fueron los consentidos de todo el sexenio
peñanietista. Así, el domingo 1, mientras millones de ciudadanos votaban por López Obrador, entraron en vigor contratos otorgados por la SCT por un monto de 24 mil 37 millones de pesos.

El domingo 1, mientras más de 30 millones de mexicanos elegían presidente a Andrés Manuel López Obrador, entraron en vigor contratos para el mantenimiento de cuatro tramos carreteros durante los próximos 10 años, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a consorcios formados por algunas de las empresas más beneficiadas durante el sexenio de Peña Nieto.

Los contratos, que abarcan la “prestación de servicios” en tramos carreteros de Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí y la Península de Yucatán, representaron un costo de 24 mil 37 millones de pesos y beneficiaron, entre otros, al empresario petrolero Ramiro Garza Cantú, también dueño del periódico La Razón, así como a Alejandro Calzada Prats –hijo del priista tabasqueño Feliciano Calzada Padrón, otrora secretario particular de Roberto Madrazo Pintado–, a Jorge Miguel Melgarejo Haddad y a Víctor Ortiz Ensástegui.

Antes de obtener el contrato para la conservación del tramo Matehuala-San Luis Potosí –por 5 mil 530 millones de pesos–, la constructora Omega, de Melgarejo, ya había sido beneficiada con más de 22 mil millones de pesos en la administración de Enrique Peña Nieto, mediante contratos de obra en megaproyectos, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el desastroso proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, que ya costó 50% más de lo planeado y aún no entra en operación.

Calzada Construcciones y Dragados del Sureste, de Calzada, también obtuvieron contratos para el NAIM y, junto con el de 4 mil 389 millones de pesos para el mantenimiento del tramo carretero Mérida-Campeche, ganaron más de 3 mil millones de pesos en obra pública durante el sexenio. 

En los últimos meses Víctor Ortiz Ensástegui, dueño de Impulsora de Desarrollo Integral y Gami Ingeniería, obtuvo dos jugosos contratos: el de la conservación de la carretera Arriaga-Tapachula, por 9 mil 639 millones de pesos, y la construcción de un morro rompeolas en Campeche por 92 millones de pesos. Estos contratos se suman a los más de 2 mil 255 millones de pesos que obtuvo el empresario durante el sexenio.

Para diseñar los “esquemas de licitación” y realizar el proceso de adjudicación de los contratos de mantenimiento de los tramos carreteros, la SCT –a cargo de Gerardo Ruiz Esparza– tuvo la asesoría del influyente bufete Kuri Breña, Sánchez y Aznar, S. C., cofundado en los noventa por Daniel Kuri Breña Romero de Terreros, primo de José Antonio Meade Kuribreña, fracasado candidato del PRI a la Presidencia.

Los de mantenimiento de los tramos carreteros son algunos de los 31 mil 619 contratos que entraron en vigor a partir del pasado mayo, cuando el triunfo de AMLO era previsible –encabezaba las encuestas con más de 50% de intención de voto– y estaban disponibles en la plataforma de compras gubernamentales Compranet.

A seis meses de entregar la administración, el gobierno de Peña Nieto continuó el reparto del pastel de las contrataciones públicas: la SCT otorgó contratos por más de 31 mil millones de pesos; el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) por más 13 mil millones de pesos y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 6 mil 400 millones de pesos.

Por su parte la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de la Defensa Nacional, más de 4 mil millones de pesos cada una, mientras que Caminos y Puentes Federales y el Servicio de Administración Tributaria erogaron 3 mil 127 millones y 2 mil 250 millones de pesos en contratos, respectivamente.

Entre los beneficiarios aparecen la empresa portuguesa Mota-Engil –que opera en México con José Miguel Bejos, un amigo de Peña Nieto–, Coconal, la constructora de Héctor Ovalle Favela o Sixsigma Networks, de María Asunción Aramburuzabala Larregui. 

Sigue el reparto

El pasado 14 de mayo Javier Jiménez Espriú, quien será secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseveró que, en caso de ganar la Presidencia, el líder de Morena le exigiría a Peña Nieto detener la construcción del NAIM para realizar una serie de auditorías sobre el proyecto.

Durante un foro organizado por opositores a la obra más onerosa del sexenio, Jiménez Espriú aseveró que “no sólo se tratará de ver si los contratos fueron bien o mal dados o si hubo corrupción, sino también su impacto sobre todos nosotros” y calificó de “bárbaro” su costo.

Un par de meses después entraron en vigor 21 contratos, por 13 mil 322 millones de pesos, que el GACM adjudicó de enero a la fecha.

Los tres más importantes, que abarcan la construcción del centro intermodal, de las plantas centrales de servicio y del túnel de drenaje pluvial profundo, por 12 mil 705 millones de pesos, fueron otorgados a ICA, de Bernardo Quintana Isaac –una de las más beneficiadas durante el sexenio–, y un consorcio encabezado por Arendal, empresa de la familia García Pons.

En julio de 2014 Arendal obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) el contrato del proyecto del gasoducto Los Ramones II, pero no lo hizo sola: formó el consorcio AOT junto con la argentina Fintech y la brasileña Odebrecht, cuyos directivos confesaron ante la justicia brasileña que pagaron 10.5 millones de dólares de sobornos a Emilio Lozoya Austin, entonces director de la empresa, a cambio de contratos de obra pública.

El 13 de enero de 2014, siete meses antes que Pemex diera el contrato a AOT, Adrián García Pons –director de Arendal– le envió un correo a Lozoya, con copia a Luis Weyll, de Odebrecht, en el que le pidió una audiencia para “platicar contigo sobre nuestros acuerdos internos (del consorcio), así como plantearte ciertas inquietudes”. 

“Nos podrías ver la siguiente semana. Saludos”, le contestó el entonces director de Pemex.

Los 21 contratos del NAIM que entraron en vigor en los últimos dos meses se sumaron a los 428 que el gobierno federal otorgó para la obra –cerca de la mitad de ellos sin pasar por un proceso de licitación pública–, por un monto de 149 mil 381 millones de pesos. 

Los principales beneficiarios del reparto del NAIM fueron los magnates Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon, Rolando Cantú Barragán –supuesto primo de Juan Armando Hinojosa Cantú–, Hipólito Gerard Rivero –cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari– o la familia Vázquez Raña.

Éstos y otro puñado de empresarios –Emilio Azcárraga Jean, Nicolás Mariscal Servitje, Alberto Bailleres González, Agustín Franco Macías, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Ruiz Sacristán y Ariel Zeev Picker Schatz, entre ellos–, representan la élite que más se enriqueció mediante contratos de obra pública y servicios durante el sexenio de Peña Nieto (Proceso 2160).

Práctica común

A lo largo de la administración actual, el modelo de contrataciones públicas opaco y discrecional abrió las puertas a la corrupción: según la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), las dependencias suelen comprar insumos con sobreprecios o participar en esquemas de “simulación de competencia”, subcontrataciones y otras estrategias fraudulentas que permiten la colusión entre empresas.

Entre las malas prácticas que el organismo autónomo detectó en el sistema de contratación pública –las plasmó en un informe divulgado el miércoles 18–, destaca la manipulación de las investigaciones de mercado, que consiste en modificar artificialmente los precios para descalificar las propuestas de ciertas empresas.

La Cofece también identificó el diseño “a modo” de las licitaciones para beneficiar a una empresa, en la que según el organismo incurrió la SCT en la adjudicación del contrato para la construcción del Tren México-Querétaro, un megaproyecto que fue abandonado después de revelarse que Hinojosa Cantú –cuya empresa participaba en el consorcio que obtuvo el contrato– construyó y financió la llamada Casa Blanca de Peña Nieto y su esposa.

Además de la SCT, la Cofece detectó la práctica del diseño de licitación “a modo” en las administraciones portuarias, pero también en la compra de medicamentos por el IMSS, un jugoso negocio en el que la dependencia ya gastó más de 63 mil millones de pesos en 2018. 

Según la base de datos de Compranet, en lo que va del año el IMSS favoreció en primer lugar a Grupo Fármacos Especializados, de la familia Pérez Fayad –le otorgó 297 contratos, por 10 mil 633 millones de pesos–, así como a Laboratorios Pisa, del tapatío Carlos Álvarez Bermejillo –343 contratos, por 7 mil millones de pesos– y a Farmacéuticos Maypo, de Carlos Arenas Wiedfeldt, al que dio 169 contratos por 5 mil 463 millones de pesos.

Además, según la Cofece, ocho de cada 10 contrataciones públicas de más de 1 millón de pesos fueron adjudicadas en 2017 de manera directa, sin pasar por un proceso de licitación. 

El organismo observó que a menudo las dependencias hacen un “uso excesivo” de las excepciones a los procesos de licitación pública, y citó un caso en el que se compraron, por asignación directa, botas para policías de tránsito bajo el argumento de “seguridad nacional”.

El informe constató: “Cuando un servidor público favorece a ciertos participantes, o les otorga ventajas indebidas por medio del uso de información privilegiada a cambio de sobornos, genera ganancias extranormales para el agente económico al que se le adjudica el contrato a precios artificialmente altos. Esto a su vez facilita el pago de más sobornos a cambio de seguir siendo favorecido en los procesos de adjudicación, generando un ciclo vicioso entre corrupción y falta de competencia”.