Macri olvida el riesgo militar

Sacar al ejército de sus cuarteles para que hagan tareas de seguridad pública es una estrategia que ha fallado en Colombia, Brasil, Perú y, más recientemente, en México. Sin embargo, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, busca el modo de darle la vuelta a la ley que le impide hacerlo. De acuerdo con analistas consultados, por presiones de Estados Unidos, el mandatario sudamericano pretende la medida que, de entrada, ya fue rechazada por los militares de su país y que podría interpretarse simplemente como una forma de disfrazar la represión.  

BUENOS AIRES.– El gobierno argentino impulsa la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna. La decisión de sumar a los militares al combate contra el terrorismo y el narcotráfico se inscribe dentro del paradigma de las “nuevas amenazas”, según las define el Comando Sur de Estados Unidos. 

La participación de cuerpos castrenses en tareas de seguridad interior, eje central del andamiaje de la última dictadura (1976-1983), se ve severamente restringida en Argentina por las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional. El oficialismo no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para modificar la legislación en la materia. La creciente impopularidad de la gestión del presidente Mauricio Macri no augura ningún acompañamiento opositor a semejante propuesta. El gobierno avanza por caminos alternativos.

“Es un intento de regreso a la Doctrina de la Seguridad Nacional, pero remozada”, dice a Proceso Elsa Bruzzone, investigadora del Centro de Militantes para la Democracia Argentina (Cemida). “Responde a un elemento externo, que es el pedido explícito del Comando Sur mediante su jefe, el almirante Kurt Tidd, en las sucesivas reuniones que ha tenido a partir de 2016, sobre todo, en el encuentro del 16 al 18 de agosto de 2017, en Uruguay, donde exigió a los países, cuyas legislaciones mantienen una línea divisoria entre defensa y seguridad interior, romper esa línea para hacer que las fuerzas armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, explica. 

Pero la iniciativa del gobierno responde también a cuestiones internas. La utilización de militares en las fronteras permitiría desplazar efectivos de las fuerzas federales, como la Gendarmería, hacia las áreas más calientes de las grandes ciudades. 

Por lo pronto, mientras estudia el modo para cambiar la ley por decreto, el gobierno avanza con una política de hechos consumados y con la creación de un enemigo interno. Las comunidades mapuches en la Patagonia y los jóvenes de los asentamientos urbanos, las villas de emergencia, son el blanco predilecto de la violencia institucional. En el caso de los mapuches, el gobierno considera sus reclamos por el territorio como una cuestión de seguridad.

Los países latinoamericanos que utilizan o han utilizado a sus militares para tareas policiales suman graves denuncias por abusos a los derechos humanos. Ninguno de ellos alcanzó por este medio los objetivos declarados. El gobierno argentino se topa, además, con el rechazo de sectores internos de las fuerzas armadas. Varios cientos de sus compañeros purgan hoy penas de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en los 70 y 80.

Marco legal

La Ley de Defensa Nacional vigente establece que las fuerzas armadas argentinas sólo pueden intervenir ante un ataque armado de una nación extranjera. El decreto que reglamenta la ley de defensa no contempla entre los posibles agresores, como pretende el gobierno, a grupos terroristas o cárteles de narcotráfico. 

“Desde el gobierno se intenta imponer la idea de que la legislación y la forma de entender la tarea de los militares en Argentina han quedado obsoletas, y que hay que darles un rol con relación a la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo”, expone a Proceso Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

“Un objetivo principal del gobierno es evitar el límite que impone interpretar como agresión externa únicamente a la agresión de otro Estado. En el marco que ellos plantean, de una guerra contra el terrorismo y contra ciertas organizaciones trasnacionales, el decreto vigente limita la acción de las FFAA (fuerzas armadas) frente a agresiones externas de actores no estatales”, explica. 

La Ley de Seguridad Interior prevé, por su parte, límites severos al apoyo militar a las operaciones policiales. El empleo de fuerzas castrenses para el eventual restablecimiento de la normalidad en materia de seguridad interior requiere una declaración previa de estado de sitio por parte del presidente. Por tratarse, según reza la ley, de “una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las fuerzas armadas. 

“Lo que el gobierno viene haciendo es aumentar las funciones de las FFAA y tratar de darles un rol más protagónico mediante lo que ellos denominan ‘apoyo logístico’ a las fuerzas de seguridad”, explica Paula Litvachky. 

Para la especialista, el tema es tergiversado por la autoridad porque plantea algunas maneras de intervención de las fuerzas armadas que exceden la idea de “apoyo logístico” previsto en la ley. “En agosto se va a enviar a un grupo de militares del ejército a las fronteras y, de modo ambiguo, se dice que van a hacer patrullaje y algunas demostraciones, pero que no van a intervenir en hechos concretos”, advierte. 

“De lo que no hay duda es del proceso de sobredimensión del aparato de seguridad –continúa Litvachky–. Independientemente del uso de las FFAA en la frontera, lo que están necesitando es traer fuerzas federales a las ciudades. En esa sobredimensión del aparato de seguridad aparece esta hipótesis de seguridad ante posibles problemas derivados de una mayor conflictividad social en las calles.”

Ejemplos fallidos

El gobierno de Mauricio Macri no atraviesa su mejor momento respecto de los sectores militares. El presidente reclamó a las fuerzas armadas un sacrificio patriótico, estipulando aumentos salariales muy inferiores a la tasa de inflación. El gran malestar castrense obligó a suspender el desfile militar del 9 de julio, día de la Independencia, acto en el que Macri pensaba anunciar las modificaciones legales para habilitarlos en tareas policiales.

“En diciembre de 2016 hubo una reunión en la residencia presidencial de Olivos, con la presencia del presidente Macri, sus ministros de Defensa y de Seguridad, y del entonces jefe del ejército, a quien se le planteó la posibilidad de utilizar el arma en la seguridad interior”, consigna Elsa Bruzzone. 

“Y la respuesta del jefe del ejército fue: ‘De ninguna manera, eso es violatorio de la Constitución nacional y de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. Si ustedes quieren utilizar a las fuerzas armadas en seguridad interior, es el Congreso el que tiene que hacer las modificaciones correspondientes y autorizar, porque de lo contrario es ilegal, inconstitucional e ilegítimo’”, recuerda la investigadora. 

Los militares argentinos tienen buenos motivos para suponer que la sociedad habrá de reclamarles responsabilidades ulteriores en caso de violación a los derechos humanos en el cumplimiento de tareas policiales. “Antes de desplegar efectivos a las fronteras queremos que haya un plexo legal que cubra esas tareas que en esencia remiten a la seguridad interior”, manifestaron fuentes del ejército, la armada y la fuerza aérea al diario Ámbito Financiero, el 6 de julio.

Los ejemplos de experiencias similares en países latinoamericanos desaconsejan una medida semejante. “La línea divisoria entre Defensa y Seguridad fue rota en México, con los resultados por todos conocidos”, refiere Elsa Bruzzone. “También en Colombia, Brasil y Perú, con el resultado de violaciones a los derechos humanos y un incremento de la violencia”. 

Patricia Litvachky detalla las preocupaciones generadas con el proyecto presidencial para sacar a los militares de sus cuarteles: “Por un lado, la intervención de las FFAA en cuestiones de seguridad implica una desprofesionalización. Las experiencias internacionales en la materia son muy negativas, desde México, que es el caso extremo, hasta Brasil. Ya dejar habilitada esta posibilidad en Argentina es una preocupación para nosotros en el futuro.

De hecho, en Argentina no hay cárteles al estilo de Colombia o México, sino bandas dedicadas al narcomenudeo que actúan bajo el paraguas protector de la policía y de sectores de la política y de la justicia. La pasta base llega desde Perú y Bolivia, y Argentina aporta los precursores químicos. La cocaína y el paco (crack) para consumo interno se elaboran en “cocinas” artesanales. Detrás del lavado hay grandes empresarios. Otros factores posibilitan el tránsito de cocaína hacia Europa.

El terrorismo, por su parte, afectó a Argentina hace un cuarto de siglo. Los atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en 1994, permanecen impunes. Se produjeron después de que el gobierno de Carlos Menem, igualmente alineado a los intereses estadunidenses, involucrara a Argentina en la primera Guerra del Golfo. 

El Comando Sur azuza desde hace décadas al fantasma de células terroristas de Hezbolá o del Estado Islámico en la triple frontera, que comparten Argentina, Brasil y Paraguay. Elsa Bruzzone considera que la motivación real es el control de un recurso altamente estratégico: “En esa zona se encuentra el Acuífero Guaraní, que es la cuarta reserva de agua subterránea del planeta”, sostiene.