El Cisen: Inteligencia de Estado… que no fue

“¿Qué le pasaría a México si hoy desapareciera el Cisen?”, y la respuesta
(a Jorge Carpizo, secretario de Gobernación en 1994) fue:
“Nada… se ahorrarían varios millones de pesos…, pero al día siguiente
tendríamos que crear su sustituto”. 

Jorge Tello Peón, director del Cisen en el periodo 1994-1999.

En el principio… fue necesidad de Estado. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue la respuesta necesaria para apartarse de tajo de la corrupción y la gobernanza criminal que entre 1947 y 1985 reinó en el país dejando una estela de asesinatos, desaparecidos y de prácticas represivas con una subcultura de cooperación de cañerías con otros organismos civiles y militares de aquí y de Estados Unidos. El origen del Cisen fue un parteaguas (tardío) de la modernidad política del sistema político mexicano. Nace apartándose de la degradación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que desaparece en 1985 como resultado de su descomposición como policía política (dis)funcional, al servicio del presidente y/o del secretario de Gobernación en turno… Luego de un periodo de transición (1985-1989) nace el Cisen con la aspiración legítima de conformar un servicio civil de inteligencia que sirviera a los intereses del Estado mexicano (ver artículo de Jorge Carrillo Olea, La Jornada, 23 de febrero de 2018).

Ascenso de la inteligencia… y caída por oportunismo e ignorancia. Para efectos de análisis aproximado, la vida del Cisen puede dividirse en dos grandes periodos. El inicial (1989-2000), que procura una profesionalización del servicio de inteligencia civil con un marco regulatorio basado en las decisiones y la confianza discrecional del presidente en turno. Aunque, hay que decirlo, no dejó del todo prácticas de colaboración en la represión selectiva del régimen, cierta militarización del organismo o el vaivén de la cooperación, con resultados satisfactorios en términos generales, con Estados Unidos.

Y un segundo periodo comprendería a las alternancias políticas (2000-2018), PRI-PAN-PRI-(¿Morena?), donde se consolidan 1) la cultura de una burocracia privilegiada y advenediza que transa con facciones estructurales sobrevivientes del sistema autoritario. El primer pacto fue el de un grupo del gabinete presidencial foxista (liderado por Santiago Creel) para detener los reclamos por conocer el uso político del espionaje en México. Pugna en la que el entonces presidente Fox no fue el fiel de la balanza y terminó siendo rehén de los intereses de un viejo régimen que había prometido eliminar (riesgo que enfrenta ya el virtual nuevo gobierno); y 2) el secuestro del centro por inercias deformantes, con lo que se vuelve a prácticas policiales con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico (sometiéndose a directrices norteamericanas), borrando de plano así las delgadas líneas de la inteligencia y las capacidades operativas. Todo ello sin perder costumbres de espionaje que, de plano, se exacerbaron al grado de mostrarse en forma cínica aun antes del inicio del proceso electoral (2017-2018).

Oportunidad perdida. La paradoja en el segundo periodo es el intento de fortalecer el diseño legal del centro con su degradación política irreversible. Con un retraso considerable de entre 15 y 20 años, hubo un marco normativo (entre 2005 y 2017) que traza líneas para implementar políticas de inteligencia y seguridad nacionales. A la Ley de Seguridad Nacional (LSN) –que sólo aludía al papel del Cisen y no a los demás órganos del Estado que realizan inteligencia civil y militar–, siguieron los diagnósticos y las definiciones estratégicas y, por primera vez, los programas en materia de seguridad nacional en el sexenio pasado y el actual. El brillo del papel de las definiciones y metodologías ambiciosas contrastan con el deterioro del Cisen: devino un ente burocrático policial con algunas funciones políticas y sometido a las influencias militares cuyo sector terminó desplazándolo del núcleo desde donde el centro (así se aspiraba), definiría y coordinaría los esfuerzos de la inteligencia estratégica, con un enfoque integral y de Estado.

Secrecía antidemocrática y espionaje. La utilidad del Cisen se desprende de los hechos documentados, las complicidades de políticas (como la de un ministro de la Suprema Corte que fuera su director) y los silencios institucionales junto con las omisiones del deber ser del centro. En cuanto a diseño institucional, no avanzó en términos de transparencia y rendición de cuentas según se practica en democracias liberales. El conocimiento público y abierto del contenido de la agenda de amenazas y riesgos, que elabora el Cisen con carácter confidencial, mostraría la calidad del análisis y si las prioridades guardan congruencia con el interés nacional y las preocupaciones sociales. Hay deficiencia u omisiones en el llamado análisis estratégico con poca utilidad. Por ejemplo, el escenario catastrofista pintado durante la campaña presidencial de 2000, si ganaba Fox; o, el evidente desdén analítico como eventual amenaza a nuestra seguridad nacional que significaba el ascenso presidencial de Donald Trump.

No sería sólo por el espionaje (y revanchismo) político por lo que desaparecería el Cisen, como reclama un exdirector del centro (Milenio, 18 de julio de 2018). Debe reconocerse que, por ese mismo hecho, no sólo habría que extirpar al organismo de la administración pública, por traicionar su origen, sino también porque habría que castigar penalmente a aquellos directores, funcionarios y empleados del centro que han realizado prácticas que nada tienen que ver con un Estado democrático de derecho. Los casos recientes de espionaje político serían suficientes para llevar a la caída de un gobierno y el enjuiciamiento de funcionarios civiles y oficiales militares de primer nivel. El Cisen no sólo no hizo nada para prevenir esta situación, sino que, entre otras situaciones deleznables, fue partícipe de una peculiar “compra consolidada” de software para espiar (The New York Times, 19 de junio de 2017).

Canto del “cisne” y la “nueva” inteligencia. La inteligencia estratégica del Cisen es prácticamente inexistente. Su utilidad, hoy por hoy, es política. Lejos está de ser, y ya no lo será, el ente rector de la inteligencia nacional y civil del Estado mexicano. Calderón y Peña Nieto, cada uno a su modo, prohijaron el desplazamiento de la importancia del centro fortaleciendo visiones de sectores duros de la defensa que aprovecharon la crisis de seguridad para ganar influencia, prerrogativas y privilegios en detrimento del poder civil. Visiones coronadas con la aprobación inconstitucional de la LSI a fines de 2017 y que, en estricto rigor, debiera derogarse y abrir un debate serio. A esto hay que añadir la superposición paralela, sin marco legal y menos con contrapesos de control, de los llamados centros de fusión de inteligencia impulsados por Peña Nieto. Son cinco centros regionales y uno nacional. Los regionales se encuentran instalados dentro de campos militares, para más señas.

El gobierno en ciernes, si ha tomado la decisión de expedir el acta de defunción a un Cisen inoperante, bien haría en estudiar el cuadro de deterioro de la inteligencia nacional a efecto de tomar, de modo integral, las riendas del país con un cerebro civil que funcione de modo eficaz, transparente y a la altura de los valores democráticos que se expresaron el domingo 1 de julio, sin caer en el chantaje de los tecnócratas de la seguridad que están en la defensa, en las instituciones civiles de seguridad y las consultorías disfrazadas de centros de pensamiento de las universidades (muchas de ellas privadas, que fungen como refugio intelectual de militares retirados y exfuncionarios del centro) y asociaciones civiles. Hay que recordar lo que alguna vez dijera su fundador, en la víspera del vigésimo aniversario del centro en 2009, “México debería haber tenido un Cisen desde hace 50 o 60 años. Antigüedad nos falta, y con ella, madurez…”.

* Coordinador del Programa Seguridad Nacional
y Democracia en México de la Universidad
Iberoamericana.