Albazo de Videgaray: aceptar que México sea el filtro migratorio de EU

El canciller Luis Videgaray prepara un albazo: la firma del acuerdo del Tercer País Seguro antes de que López Obrador asuma la Presidencia. Como lo reveló en mayo pasado este semanario, el acuerdo pretende que México se convierta en un “filtro migratorio”, en una barrera para que los migrantes centroamericanos no lleguen a la frontera con Estados Unidos. Y en semanas recientes el canciller peñanietista ha acelerado las negociaciones para firmar ese compromiso antes de la llegada del nuevo gobierno, el que ya ha manifestado su desacuerdo con ese plan de Trump.

WASHINGTON.- El gobierno de Enrique Peña Nieto estaría a punto de darle una sorpresa a Andrés Manuel López Obrador: la firma del cuestionado acuerdo del Tercer País Seguro (TPS) con Estados Unidos.

“Las negociaciones están muy avanzadas, el canciller (Luis Videgaray) y el embajador en Washington (Gerónimo Gutiérrez) son los principales promotores del acuerdo del TPS; han cedido a muchas presiones del gobierno del presidente Trump”, asegura a Proceso un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Vía telefónica desde la Ciudad de México, el funcionario de la SRE –quien pide el anonimato por temor a represalias de Videgaray– advierte que el gobierno de Peña Nieto podría concretar el acuerdo en agosto.

“El canciller y el embajador lo niegan públicamente, pero la realidad es que lo siguen negociando y ellos dos son los más interesados en firmarlo; parecen funcionarios del gobierno de Trump y no del mexicano, por eso me atrevo a denunciar este hecho”, enfatiza.

Desde que Proceso y los diarios estadunidenses The New York Times y The Wa­shington Post dieran a conocer la existencia de las negociaciones del acuerdo del TPS, tanto Videgaray como Gutiérrez han negado que tengan lugar esas conversaciones, pese a las evidencias que los contradicen.

En su edición 2168 (del 20 de mayo) –dos días después de que Gutiérrez, en entrevista con Carmen Aristegui, negara enfáticamente la existencia de las negociaciones sobre el TPS– Proceso publicó los documentos del gobierno de Trump delineando los detalles del compromiso con el que quiere convertir a México en su filtro migratorio.

Con el TPS todos los extranjeros no mexicanos solicitantes de asilo en Estados Unidos no podrían acercarse a la frontera sur de la Unión Americana, pues el requisito irrevocable para hacerlo es que primero pidan el asilo en México y se queden aquí, si se les concede, o sean deportados.

Según las fuentes consultadas, a cambio de este servicio del gobierno de Peña Nieto, Trump destinaría más de 800 millones de dólares para cubrir los costos de lo que implica convertir a México en su filtro migratorio y hacer a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) una especie de subalternos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Los incentivos económicos que ofrece Washington son “el argumento que más defienden Videgaray y Gutiérrez para que se firme el acuerdo, por encima de los costos humanitarios y políticos a pagar”, agrega el funcionario de la SRE, quien conoce los pormenores de lo que negocia el gobierno de Peña Nieto “en lo oscurito”.

El reportero buscó a funcionarios del Departamento de Seguridad Interior (DHS) para corroborar los dichos del diplomático mexicano. “Seguimos negociando con el gobierno de México todos los temas de asilo y de inmigración; cuando se llegue a compromisos, se anunciarán en su momento”, fue la respuesta que dio un vocero de ese departamento federal a cargo de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.

La semana pasada, y por primera vez desde que asumió la titularidad de la SRE, Videgaray vino a Washington en un vuelo comercial junto al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo –posiblemente viajaron así porque iban con Jesús Seade y otros representantes del equipo de López Obrador–, y volvió a ocultar una sesión con Nielsen para negociar el TPS.

Con el pretexto de que vino a Washington con Guajardo y Seade para reanudar las negociaciones para actualizar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Videgaray, acompañado por el embajador Gutiérrez, se reunió con Nielsen el jueves 26 para continuar las discusiones sobre el acuerdo del TPS, según la fuente de la Cancillería.

“La secretaria Nielsen se reunió este jueves con el secretario Videgaray para hablar de temas comunes en la agenda bilateral”, dijo el vocero del DHS al ser consultado sobre el encuentro. 

Este lunes 30 Nielsen recibirá a Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, de quien depende el INM, que se encargaría de aplicar al acuerdo de TPS.

Todos los temas que abordarán Nielsen y Navarrete Prida están enmarcados en el acuerdo del TPS y centrados en detener en México el flujo migratorio de centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos.

Resistencia de Ebrard

El equipo de transición de López Obrador está al tanto de esas negociaciones y Marcelo Ebrard, futuro canciller –como lo anunció el tabasqueño–, le ha dejado en claro a Videgaray que el TPS no será aceptado. 

“En el gobierno de Trump saben muy bien que López Obrador no aceptará el acuerdo del TPS; él mismo se lo dijo a Mike Pompeo (secretario de Estado) y a Nielsen cuando lo visitaron en México. Pero no importa: en Washington le han dicho a Videgaray que de eso él no se preocupe, que lo que tiene que hacer es conseguir que el gobierno mexicano firme el acuerdo antes del 1 de diciembre y que de lo demás se encargará la Casa Blanca”, explica la fuente de la SRE.

Y agrega: “Nielsen ha dejado claro a Videgaray y al embajador que, firmado el acuerdo del TPS, Trump lo usará como herramienta de negociación con López Obrador. Le planteará que si lo mantiene vigente, podrían discutir el tema de bajar los aranceles que impuso en junio a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, o que no sacará a su país del TLCAN, aun cuando se termine de renegociar en agosto”.

Tomando en cuenta lo impredecible de su carácter, las mentiras y trampas en las que incurre Trump para embaucar a mandatarios de otros países, la cordialidad con la que trata a López Obrador podría ser una maniobra para salirse con la suya en torno al acuerdo de TPS.

Como seguimiento de la reunión entre Navarrete Prida y Nielsen, el viernes 3 de agosto el embajador Gutiérrez llegará a la capital mexicana para preparar detalles de la reunión bilateral de alto nivel que se realizará del 16 al 17 de agosto en Washington.

De acuerdo con la fuente de la Cancillería, durante esos dos días de sesiones Videgaray y Nielsen tienen previsto firmar el acuerdo del TPS, a menos que algo o alguien (Peña Nieto o López Obrador) lo impida de último momento. Con el pretexto de que se llevará a cabo una sesión bilateral más de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad, Videgaray, Navarrete Prida, Pompeo y Nielsen firmarían varios de los compromisos que se quedaron en el tintero por el pleito telefónico de sus jefes, en febrero pasado.

El DHS específicamente revisará –para actualizar conforme a los nuevos intereses del gobierno de Trump en materia migratoria y dirigidos a los objetivos del TPS– dos acuerdos existentes.

Gracias a un funcionario del DHS, el reportero revisó los acuerdos que busca cambiar Nielsen con la firma de Navarrete Prida: “La Estrategia de Repatriación y Equipo Ejecutivo de Coordinación y Política, creada en febrero de 2016; y el acuerdo sobre el Consejo de Prevención de Violencia Fronteriza (BVPC)”.

En el primer punto, y luego de la revisión de los documentos, el reportero corroboró con algunas fuentes, que el gobierno de Trump quiere modificar el proceso de repatriación de inmigrantes indocumentados no mexicanos. En resumen, quiere que con el acuerdo del TPS sea el gobierno mexicano y no el suyo el que se encargue de regresar a sus países de origen a los migrantes centroamericanos detenidos en territorio estadunidense.

Sobre el BVPC, en cuyas conversaciones y acciones intervienen el Buró de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y la Policía Federal (PF) mexicana, el gobierno de Trump pretende cambiar el estatuto que dice: “Cualquier persona no mexicana en proceso de deportación y que esté bajo la custodia de las autoridades migratorias de México y que tenga antecedentes penales en Estados Unidos, debe ser entregada inmediatamente al DHS”. 

Lo que quiere cambiar Trump es que en casos así –y en todos los referentes a migrantes no mexicanos solicitantes de asilo y que no califiquen para recibirlo– sean el INM y la PF los que intervengan para procesarlos y repatriarlos.

Por ley, la firma de acuerdos con Estados Unidos en materia migratoria o de seguridad debe tener la ratificación del Senado.

En la entrevista telefónica, el funcionario de la SRE sostiene que hasta el detalle legislativo Videgaray y Gutiérrez lo tienen presuntamente “planchado” y se lo han dicho así al gobierno de Trump.

“Prevén que si se firma el acuerdo del TPS en agosto, tendrían tiempo para que el Senado mexicano lo ratifique en una sesión extraordinaria, de ser necesaria, antes del 1 de septiembre, cuando los legisladores de Morena asuman el control de la Cámara”, confía la fuente.

Los 800 millones

Sobre la asignación de más de 800 millones de dólares para transformar a México en el filtro migratorio de su gobierno, Trump también ya elaboró un plan que evitaría solicitar el dinero al Congreso federal de su país y, con ello, evitar contratiempos y oposición al proyecto.

Con el dinero de Trump, y en caso de que se firme el acuerdo del TPS, el gobierno mexicano construiría nuevos centros de detención migratoria y actualizaría el equipo tecnológico y cibernético del INM a fin de estar conectados en tiempo real con sus pares estadunidenses y que ellos tengan acceso las 24 horas a la base de datos de los migrantes detenidos en el territorio mexicano. 

Los millones de dólares cubrirían el costo del entrenamiento para los agentes del INM sobre el manejo y proceso que da el CBP a los migrantes que buscan asilo para decidir quiénes lo merecen y quiénes no.

La solución de Trump para saltarse al Capitolio en la asignación de recursos para financiar el acuerdo del TPS en México es incluir los más de 800 millones de dólares en los recursos anuales que entrega Estados Unidos al gobierno mexicano como parte de la Iniciativa Mérida.

Los recursos se erogarían con el argumento de que forman parte de la corresponsabilidad de Estados Unidos en ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El flujo migratorio centroamericano que busca asilo en Estados Unidos, presuntamente por persecución de pandilleros metidos en el trasiego de drogas o por el crimen organizado, quedaría estipulado como objetivo de la Iniciativa Mérida, aunque los recursos se canalizarían por el acuerdo del TPS a discreción de las autoridades mexicanas.

Durante los meses que Videgaray y sus contrapartes de Estados Unidos llevan negociando el TPS, ambos gobiernos han podido aceitar todos los detalles que pudieran crearles problemas con sus Congresos.

La prensa estadunidense, que ha publicado algunos pormenores de las negociaciones secretas sobre el acuerdo del TPS, destaca que expertos en materia migratoria, humanitaria y de asilo se oponen abiertamente a que México suscriba el compromiso.

La oposición al TPS argumenta que los migrantes centroamericanos que se queden en México, gracias al acuerdo verían vejados sus derechos humanos por parte de grupos del crimen organizado.

No es secreto que los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos son víctimas de extorsiones, encierros indiscriminados, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos, ejecuciones y violaciones, entre otros crímenes, tanto por parte de delincuentes como de los agentes del INM y de las fuerzas de seguridad del Estado. 

Muchos de estos centroamericanos que logran llegar a la frontera norte de México son sometidos por el crimen organizado a cargar bultos con droga a cambio de la promesa, que nunca se cumple, de que los ayudarán a llegar al punto que desean en Estados Unidos.

Varios de esos centroamericanos usados como mulas por los cárteles del narcotráfico terminan abandonados o enterrados en fosas clandestinas.

Hace un par de semanas The Washing­ton Post dedicó un editorial a exponer la oposición a la posibilidad de que México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, acepte las condiciones y artimañas de Donald Trump para concretar el acuerdo del TPS.

Dentro del equipo de transición de López Obrador están confiados en que con las advertencias que le han dado a Videgaray y a Gutiérrez de que no firmen el TPS porque no será corroborado, ellos abandonarán su objetivo. Sin embargo, los hechos y eventos programados en la agenda bilateral indican que el canciller podría darle la sorpresa al próximo presidente de México.