Mancera al Senado y el caso Narvarte al olvido

A tres años del homicidio y de los cuatro feminicidios ocurridos en un departamento de la colonia Narvarte, el caso va “lastimosamente mal”, denuncia la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. De acuerdo con defensores y familiares de las víctimas, las autoridades capitalinas, que no respondieron a solicitudes de entrevista, se niegan a disculparse públicamente por las irregularidades detectadas en la investigación. Además, sólo quieren ofrecer 10% de la indemnización que reclaman los deudos.   

Cuando Miguel Ángel Mancera era el jefe de Gobierno de la Ciudad de México prometió que “ninguna línea de investigación quedaría fuera” para resolver el multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte.

El entonces gobernante también dijo –tres días después de los asesinatos– que no se escatimarían esfuerzos para dar con el culpable, “sea quien sea”; además ofreció que se resolvería el crimen “lo antes posible” y que “no quedarían impunes” las ejecuciones de Rubén Espinosa –quien fue colaborador de Proceso–, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Nadia Vera. 

A prácticamente tres años del crimen que cimbró la capital del país, Mancera, tras un acuerdo político, está cerca de la próxima legislatura del Senado y el caso, en medio de la impunidad, lejos de resolverse.  

Un año después del ataque, el jefe de Gobierno recibió en sus oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento a los familiares de las víctimas, a quienes les repitió las mismas promesas. 

En junio de 2017, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 4/2017 por las múltiples irregularidades cometidas en la investigación del Caso Narvarte, Mancera dijo que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) la revisaría y haría lo pertinente conforme a la ley. También en esa ocasión dijo que no habría impunidad.

El martes 31 se cumplirán tres años de uno de los crímenes más violentos y de una de las investigaciones más desaseadas que marcaron a la administración mancerista, pues ninguno de los puntos de la recomendación ha sido cumplido totalmente, denuncian la propia CDHDF, abogados de las víctimas y familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa. 

La situación se agrava porque la procuraduría capitalina continúa dirigida por las mismas autoridades que mantienen empantanada la investigación, lo que, a su vez, ha degenerado en violaciones a los derechos humanos y en revictimizaciones.

Al igual que los deudos de Rubén, los de Alejandra, trabajadora del hogar; de Mile, modelo de nacionalidad colombiana; de Yesenia, maquillista, y de Nadia, activista y promotora cultura, siguen sin saber quiénes y por qué los asesinaron con saña. 

Hasta ahora, los tres imputados, Daniel Pacheco, Abraham Torres y Omar Martínez, continúan en la zona Diamante del Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha. Sólo Torres ha sido sentenciado a 315 años de cárcel, pero su abogado apeló; los defensores de las víctimas también recurrieron la sentencia porque el juez no ordenó la reparación del daño. 

Cumplimiento de papel

El 21 de junio de 2017, la CDHDF emitió la Recomendación 4/2017 contra la PGJ-CDMX y el Tribunal Superior de Justicia local (TSJ-CDMX) por el Caso Narvarte. En ella denunció que las autoridades de la ciudad cometieron omisiones respecto de las líneas de investigación relacionadas con la actividad periodística de Rubén Espinosa, con el activismo de Nadia Vera y con las denuncias que ambos hicieron cuando buscaron refugio en la capital del país, tras huir de las amenazas que recibieron en el estado de Veracruz.  

El organismo público, en su informe, también denunció la violencia de género ejercida en los cuatro feminicidios, la revictimización, las filtraciones del expediente y las falencias estructurales de la investigación. 

El 11 de julio de 2017, la recomendación fue aceptada por el entonces recién nombrado procurador de justicia de la ciudad, Edmundo Garrido, porque Rodolfo Ríos renunció al cargo tres días después de los señalamientos de la comisión capitalina.

Desde octubre pasado venció el plazo que la CDHDF fijó para que la procuraduría y el tribunal cumplieran los 17 puntos referentes al Caso Narvarte. El asunto va “lastimosamente mal”, dice Nashieli Ramírez, presidenta de la comisión. Calcula que se ha avanzado en un 40%. 

En entrevista con este semanario, la ombudsperson capitalina asegura que entre los puntos más importantes de la recomendación fue que la procuraduría estableciera un Plan Integral de Investigación, para comprobar o descartar las líneas de investigación referentes a las amenazas que Rubén y Nadia recibieron, presuntamente, de parte del entonces gobernador Javier Duarte y de su secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez –ambos en prisión–, también al narcomenudeo y a la trata de personas con fines de explotación sexual.

“Ninguna de estas líneas es investigada como tal… No hay ningún plan que las incorpore como principales y con las que se pudiera acercar a garantizar el derecho a la verdad, a contestar qué pasó, quiénes fueron y por qué lo hicieron”, dice la presidenta de la CDHDF.

Carolina Pimentel, directora ejecutiva de Seguimiento del organismo defensor, alerta que “existe una falta de capacidad técnica de la PGJ-CDMX para hacer planes de investigación realmente integrales. Sí han hecho diligencias, peritajes, estudios criminológicos y revisado declaraciones, pero no se ve una metodología que permita hacer una sistematización y un análisis de toda esa información. 

“Se llenan de un montón de datos, pero eso ¿a dónde los lleva?, ¿cuál es su hipótesis?, ¿qué líneas van a descartar o a confirmar y por qué?… No tienen un objetivo ni un resultado. Es como si sólo estuvieran haciendo diligencias porque la coadyuvancia las solicita.”

Leopoldo Maldonado, subdirector regional de la organización Artículo 19, y representante legal de la familia de Rubén Espinosa, coincide en entrevista por separado que el documento que presentó la procuraduría –de apenas tres cuartillas– “no cumple con los requisitos mínimos de un Plan de Investigación razonable. 

“La Procuraduría quiere hacer un listado de diligencias para palomear, pero no está construyendo una metodología con base en un objetivo, una temporalidad ni un camino claro. Nos siguen diciendo que todas las líneas están abiertas a tres años.”

Otros de los puntos torales de la recomendación consisten en la realización de una disculpa pública de las autoridades hacia los familiares de las víctimas, así como la reparación del daño, que incluye una indemnización económica. 

Al respecto, los entrevistados reconocen que ha habido al menos cinco mesas de trabajo con la PGJ-CDMX y con la Secretaría de Gobierno, para tratar ambos temas, pero ninguno se ha concretado.   

Según Pimentel, la procuraduría local ha presentado propuestas de indemnización, pero incumplen con estándares internacionales, con las pretensiones de las víctimas y no toman en cuenta el impacto de las violaciones a sus derechos ni la pertenencia a grupos en situación de riesgo. 

Maldonado agrega que, en sus propuestas, la procuraduría no ha incorporado los más altos estándares para reparar el daño moral y material, entre ellos, los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

“No toma en cuenta lo que dejaron de percibir por el hecho revictimizante, lo que provocaron las filtraciones. En todos los documentos donde pretende justificar los montos, no son justos, no cumplen con los principios de equidad.”

Lo peor es que “no hay una aceptación de la PGJ de que violó los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares. Ni en los documentos confidenciales ni públicamente ha habido ese reconocimiento”.

Sin mencionar montos, el defensor asegura que la procuraduría de la Ciudad de México sólo ofrece 10% del total que reclaman las víctimas, “y sin reconocer que falló. Hay una reticencia absoluta a aceptar. A todo nos dicen que sí, nos volvemos a reunir y no hay un avance dos meses después”.

Resistencia a investigar 

Hace tres semanas, familiares de las víctimas y sus representantes se reunieron con el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, para acordar la realización de un acto oficial de disculpa. La idea era hacerlo antes del tercer aniversario del multihomicidio, explica Maldonado, pero las autoridades capitalinas no respondieron, “pese a que el secretario Orozco prometió que en cuestión de horas lo harían”. Proceso solicitó entrevista con el funcionario, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

La recomendación de la CDHDF también incluyó investigar a los servidores públicos que son presuntos responsables de las irregularidades en la investigación. Según Pimentel, en la procuraduría se abrieron dos procedimientos por la filtración de información del expediente, pero en ambos casos “salieron absueltos”. Un asunto más contra médicos forenses aún está en curso. 

Respecto de la actualización del protocolo para investigar agresiones a periodistas, Leopoldo Maldonado aclara que lo que la PGJ-CDMX publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México hace un año “fue con motivo de otra recomendación. Es más, en la exposición de motivos ni siquiera se remite a la recomendación por el Caso Narvarte, sino a otra donde hubo violaciones a derechos humanos de periodistas”.

Sobre la capacitación de policías de investigación y ministeriales en materia de derechos humanos, detalla que la procuraduría ya les envío un plan que está en análisis para saber si cumple con los requisitos mínimos.

Y sobre los dos puntos dirigidos al TSJ-CDMX, relacionados con capacitación de personal del Instituto de Ciencias Forenses, dice que ya tienen un proyecto de convenio de colaboración institucional.

Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHDF, resume que, a un año de la recomendación, la PGJ-CDMX y el TSJ local apenas han cumplido con 40% de la misma. “Bueno fuera que yo pudiera decir que hay, explícitamente, una intencionalidad dirigida a no resolver el caso Narvarte. Yo te puedo decir que no. La manera en que se manejan no me permite decir que hay una intencionalidad, sino que, más bien hay una rutina donde los procesos tratan de extenderse y apuestan al olvido con lógicas burocráticas que no tienen nada qué ver con una visión hacia las víctimas ni a sus familiares”.

Considera que, aunque Rodolfo Ríos ya no sea procurador –y pese a que bajo su cargo ocurrieron todas las fallas de la investigación– “lo importante es que las recomendaciones trascienden a las personas. Quien esté a cargo debe responder”.

–¿Cómo cerrará este gobierno con un pendiente como el Caso Narvarte?

–Todavía tienen cuatro meses. Esto no se acaba hasta que se acaba. Cerrarnos las puertas a las obligaciones que se tienen en un mes o tres es cerrar una oportunidad para las víctimas. En el Caso Narvarte aún se puede rectificar, avanzar en la reparación del daño, la disculpa pública, las indemnizaciones y el Plan Integral… Si hay disposición de hacerlo, se puede cerrar la recomendación en cuatro meses. Hay muchas cosas que son de voluntad… No es que esté optimista, es que sí se puede hacer. La pregunta es: ¿Lo van a hacer?  

Para Leopoldo Maldonado, la procuraduría “no ha cumplido nada” y sigue entorpeciendo la investigación. 

Patricia Espinosa, hermana de Rubén, coincide en que “hay un completo encubrimiento, sea cual sea la verdad, no la conocemos porque hay obstrucción de la Procuraduría”. Sobre Mancera señala: “Se fue de puntillas del gobierno, a pesar de que nos dio su palabra de que el crimen se iba a resolver. Queríamos que la disculpa pública fuera de Mancera y de Ríos, pues ellos tenían que responder porque fueron los responsables de todo el mal trabajo que se hizo”.

Proceso solicitó una entrevista con el procurador Edmundo Garrido, para conocer su opinión sobre los avances en el cumplimiento de la recomendación, pero hasta el cierre de esta edición, tampoco hubo respuesta.