Carta abierta a Andrés Manuel, a Olga Sánchez Cordero y a Loretta Ortiz

Querido, queridas:

Es una alegría saber que como gobierno entrante han decidido asumir al fin la emergencia nacional y la tragedia humanitaria que México padece. Es una alegría saber que, como lo expresó Olga en el foro organizado por el Colmex el 17 de julio (“¿Olvido, verdad o justicia?”) han decidido enfrentarla no con la violencia de las armas, que ha generado la guerra y exacerbado la violencia, sino con la justicia transicional. 

El asunto es hondo y debe ser no una parte de la agenda de gobierno, sino la agenda de la nación. Sin justicia ni paz, no habrá suelo suficiente para sanar a la patria y devolverle su ser. 

Me preocupa, por lo mismo –y creo hablar por muchos–, que continúen colocando como prioridad de la justicia transicional la amnistía (una palabra equívoca, como lo escribí en mi anterior carta abierta a Andrés Manuel en el número 2148 de Proceso, porque se refiere al olvido). Me preocupa también que, como si estuviéramos partiendo de cero, como si durante todos estos largos y dolorosos años no hubiésemos construido caminos, pese y contra las simulaciones de los anteriores gobiernos, Loretta pretenda hacer foros de consulta para alcanzar la paz y la reconciliación. Doy mis razones.

La justicia transicional, como lo mostró Mariclaire Acosta en el foro referido, es magnífica, pero también compleja. Está compuesta de un rostro jurídico: los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, y de un rostro político, la paz. Sólo cuando la parte jurídica, sobre todo en el orden de la verdad, se cumpla y los responsables de esa verdad estén ante la justicia, se puede hablar de lo que equívocamente se llama amnistía. No antes o sólo en el camino y frente a aquellos –aún muy pocos– que ya en las instancias de justicia se han enfrentado a la verdad. Hacerlo al revés, es quedarnos a merced del horror y la impunidad.

Por ello, lo que primero necesitamos es, como lo plantearon Mariclaire y Santiago Corcuera, una gran Comisión de la Verdad con apoyo internacional. En medio de cientos de miles de asesinados, de decenas de miles de desaparecidos, de miles de fosas clandestinas y de perpetradores, esa Comisión es fundamental si algún día queremos alcanzar la amnistía, la paz y la reconciliación. 

Paralelamente necesitamos que la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) y la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) –frutos de dos leyes que costaron mucho sufrimiento y esfuerzo–, se vuelvan, con reformas muy precisas que ya se han diagnosticado, instituciones prioritarias y preferenciales del nuevo gobierno. El Modelo Integral de Atención a las Víctimas (MIAV) con el que la CEAV se fundó es el mejor instrumento que hemos creado de justicia transicional. Es un sistema que para su buena operación requiere –advierte el MIAV desde su comienzo– “no sólo de voluntad política, sino del compromiso decidido y sostenido para que se reconozca como una política de Estado (…) para ello es necesario que (sus objetivos) sean totalmente reconocidos y asumidos” por sus instituciones.

Peña Nieto creó la CEAV. Después la abandonó. No tuvo en el fondo la menor voluntad política para que operara y, por lo mismo, las instituciones del Estado nunca se involucraron con ella. 

Tenemos también que atender conforme a protocolos forenses (descripción de vestimentas, ADN, pruebas maxilares, etc.) los restos de las mil 75 fosas encontradas por las “Buscadoras”, incluyendo las de Jojutla, que pertenecen a la fiscalía de Morelos, y los 30 mil cuerpos que están actualmente en los Semefos de todo el país, y continuar abriendo fosas. Para ello hay que invertir mucho en antropólogos forenses y en ampliar la capacidad y la infraestructura de los Semefos. El sector salud debe aplicar también pruebas de ADN a las muchachas de los giros rojos y negros, en los que probablemente se encuentran desaparecidas en redes de trata. En cuanto a las drogas, es evidente que hay que despenalizarlas y tratarlas como un asunto de salud pública, y subir a la agenda bilateral con Estados Unidos el tema de la prohibición comercial de armas de exterminio. 

Eso, me parece, es lo que hay que empezar a hacer y, a partir de allí, trazar un plan de gobierno muy serio a corto, mediano, largo y más largo plazo. Con ese plan y acciones concretas de justicia transicional valdría la pena entonces hacer foros que enriquezcan la labor. Hacerlos ahora y mediante lo que será la Secretaría de Seguridad, estancia equivocada para una labor de gobierno, es gastar recursos en vano, diluir la gravedad de la tragedia en un show y reducir la paz y la justicia nuevamente a la seguridad. El clamor de las víctimas está desde hace siete años en la plaza pública, los diagnósticos y los instrumentos que nacieron de ese clamor, y en el que trabajaron y trabajan muchas organizaciones, están en la Secretaría de Gobernación junto con fosas y cadáveres que demandan ser identificados. Falta sólo la voluntad política y el trabajo serio y decidido de las instituciones para avanzar en la justicia transicional.

Trabajemos seriamente juntos. Llevan con ustedes el dolor de una nación desgarrada, y los sueños y las esperanzas de verdad y justicia de cientos de miles de víctimas. Por amor a ellas y a la verdad, no las traicionen.

Paz, Fuerza y Gozo

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.