El Fondo de Cultura enfrenta una denuncia

Las autoridades encargadas de evaluar las denuncias y quejas al interior del Fondo de Cultura Económica, revisan el caso de Alejandra Garrido, consignataria de ese sello editorial, cuya representación le fue retirada para dos de las ferias del libro más importantes del país, Minería y la Universidad de Yucatán. Empresaria de Literaria, Garrido expone los hechos y demanda imparcialidad, mientras que en un primer momento el titular del Órgano Interno de Control califica el asunto de “no grave”.

Una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) del Fondo de Cultura Económica (FCE) que expone “malos manejos en su Gerencia Comercial”, fue calificada por aquel como “no grave”, ante lo cual la demandante exige objetividad.

El caso surgió cuando a la consignataria actual del Fondo, Alejandra Garrido, le fue retirado el contrato de distribuidor editorial para representar al FCE en Feria del Palacio de Minería este año, a pesar de haberse suscrito un contrato.

“Lo que pido es que se esclarezca por varios motivos: Porque hay un nivel de conciencia mayor en los ciudadanos, porque pienso que si hay algo turbio hay que denunciarlo, y porque no podemos permitir que este tipo de cosas sigan pasando en México y en especial en el Fondo.”

Garrido fundó en 2009 su propia empresa, Literalia, afiliada a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Se trata de una marca de productos de souvenirs literarios, en donde a su vez realiza la labor de distribuidora de libros, constituida por un equipo de seis personas. Ofrece sus servicios a diversas editoriales: el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Distribuidora Marín, Dreams Art, Combel y Bambú, Editorial Blume, HF Ullman, y al propio FCE.

Garrido explicó que su relación comercial con éste inició hace cinco años como cliente y consignataria, representándolo en eventos que le asignaban distribuyendo el catálogo editorial de la casa estatal a través de la web de Literalia, y en pequeñas ferias de libros en escuelas de instrucción básica, reportando su labor a Miguel Ángel Flores Vergara, Jefe de Ventas en Grandes Superficies del FCE.

Hacia noviembre y diciembre de 2017 se le otorgó a Literalia una mayor cantidad de eventos, y tras un par de entrevistas con Claudia Gamboa Delgado, entonces Subgerente de Ventas Nacionales del organismo descentralizado –quien le comentó que cambiarían de distribuidor para la Feria del Palacio de Minería de la UNAM debido a los bajos resultados del distribuidor–, se le dio la promoción tentativa como representante del FCE para el 2018, así como para la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) de este año. El 12 de diciembre le fue aprobada por la Gerencia Comercial esa representación.

El 9 de enero pasado le llevaron a sus oficinas de Literalia el Contrato de Consignación 119/2017 y pagaré 085/2017 respectivo a la FIL Minería, y el similar 122/2017 y pagaré 084/2017 para la FILEY, mismos que firmó.

Sin embargo, Garrido se percató de que tales documentos no contaban con la firma del Gerente General y Apoderado del FCE, Octavio Díaz Aldret, ni de Claudia Gamboa, quien figuraba como testigo, “pero era el Fondo y por supuesto no dude”.

Comenzó a trabajar, contrató nuevo personal, compró sistemas de cómputo y terminales de cobro, y mantuvo comunicación y relación de trabajo tanto con personal del sello editorial, así como de la FILPM en su carácter de distribuidor para éste.

Pero el 19 de enero, Gamboa Delgado, vía telefónica, le comunicó que “se había resuelto no asignarle la representación” por indicación de superiores.

“Cuando le pregunté qué estaba mal en mi perfil o cuáles eran los motivos por los que me retiraban la representación, me dijo concretamente: ‘es una instrucción que recibo del director general’”. Y sobre quién la iba a suplir, “me dijo que Katia Cuéllar, a quien justamente se le había retirado la representación por los bajos rendimientos de la FILPM en 2017, lo cual reafirmó Gamboa” (en una declaración posterior ante la OCI).

De acuerdo a Garrido, Katía Cuéllar es efectivamente distribuidora del Fondo, “pero con menos trayectoria que yo, y la forma en la que llega al Fondo es reservada, no es con previo trabajo, ni promoción”.

En búsqueda de una respuesta clara que no obtuvo, el 22 de enero entregó un documento titulado “Aclaración a la resolución FIL Palacio Minería 2018”, donde resume y explica su caso, en la oficina de la Gerencia General y Apoderado Legal, Octavio Díaz Aldret, así como en la Dirección General del FCE, documentación que afirma fue sellada. 

Siete días después Raymundo Cruz León, Subgerente de Librerías del FCE, le comunicó vía telefónica que podrá seguir con la FILEY, e incluso le ofreció la distribución de otras ferias como la Del Libro y la Rosa de la UNAM o la del Auditorio Nacional, a cambio de que le entregara el documento mencionado del 22 de enero. 

“Mediante un correo electrónico le expliqué que no aceptaba, que me disculpara, pero que quería una respuesta específica sobre mi asunto. Jamás obtuve respuesta. Tras esto solicité una asesoría en la Secretaría de la Función Pública, externé mi caso con la documentación que tenía y ahí me indicaron que el asunto era de gravedad, que podía hacer una denuncia por las múltiples irregularidades y que los documentos que tenía ayudarían en el proceso.”

Fue así como realizó la denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) en el FCE con el expediente 30321/2018/DGDI/FCE/DE2, por presunta irregularidad de diversos servidores públicos durante el desempeño en sus funciones en la Gerencia Comercial de la editorial.

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El OIC, anteriormente Contraloría Interna, de acuerdo al “Manual de Organización, Políticas y Procedimientos”, trabaja en conjunto con el FCE y en diversos objetivos estratégicos, para “Prevenir prácticas de corrupción e impunidad a través de la difusión de normas, el establecimiento de controles internos y de asesoría”, así como para “promover que la ciudadanía presente quejas, denuncias, inconformidades y sugerencias relacionadas con las funciones y servicios que presta el Fondo de Cultura Económica, mediante la disponibilidad de medios de captación y consulta. Otorgar la debida atención a las quejas, denuncias, inconformidades y sugerencias de la sociedad”.

–¿Por qué denunciar? –se le preguntó a la directora de Literalia.

–Denuncié porque me di cuenta que intentaban coartar mi derecho de petición y porque quería saber por qué no se me había otorgado la distribución de la FILPM con previo trabajo de mi equipo, con inversión realizada, con un documento firmado y a un mes de efectuarse la FIL Minería. No denuncié en el momento porque pensé que se iba a resolver de manera directa, porque tengo respeto por la institución de la cual aún soy consignataria, pero nunca tuve una respuesta formal.

De hecho, en la mencionada declaración hecha por Claudia Gamboa a la OIC a raíz de la denuncia –y de las cuales Proceso tiene copias–, se evidencia lo dicho por Garrido: la labor de la anterior distribuidora, Katia Cuéllar, había decaído (en cantidad de ejemplares y percepción de ventas), y que Gamboa buscaba diversificar la distribución de los eventos del Fondo (dado que Cuéllar tenía un monopolio del 68% de los eventos). Además del agregado de que la orden de retirarle la representación se la dio Paola Chávez Soto, en ese momento Jefa de Asuntos Jurídicos, un rango menor al que ostentaba Claudia Gamboa y de una gerencia distinta, “por indicaciones del Director General del FCE”, según se lee en la declaración.

Con indignación, Garrido cuestionó:

“¿Cómo es posible que Gamboa, en su carácter de Subgerente de Ventas, con una jerarquía mayor en un área de trabajo distinta, cedió a la petición de Paola Chávez, una persona que no tiene nada que ver en el área comercial? Y ella, ¿de quién recibía indicaciones? ¿Cómo es posible que Raymundo Cruz León me solicitara revocar el escrito del 22 de enero a cambio de darme la FILEY Yucatán bajo indicación de Octavio Díaz Aldret?”

Con base en lo anterior, el 2 de mayo el OIC le notificó a Garrido que las acciones de Juan Raymundo Cruz León, Claudia Gamboa Delgado y Miguel Ángel Flores Vergara se calificaron de “Faltas no graves”, según consta en el oficio 11615/TQ/018/2018.

“En mi lectura los tres funcionarios involucran o declaran que reciben indicaciones de otras personas, en específico Octavio Díaz Aldret y Paola Chávez, a quienes no se les llamó, no se les tomó declaración.”

Dijo la directora de Literalia, quien presentó una Ampliación de Denuncia el pasado 18 de mayo, misma que se transfirió al Área de Responsabilidades del OIC, cuya titular es Samanta Merit Bonne.

Resumió así:

“La documentación está ahí, espero una resolución correcta, objetiva.”

“No se llamaría 

a Carreño Carlón”

Tras una solicitud para concocer la postura oficial del Fondo de Cultura Económica, el área de Prensa remitió al titular de la OIC, José Daniel Vázquez Carmona, quien declaró que el expediente se encuentra ahora en dicha Área de Responsabilidades y en la etapa de desahogo de pruebas:

“Tenemos cuarenta y cinco días para el desahogo de pruebas, no creo que agotemos ese tiempo, pero estamos analizando todas las consideraciones que hizo la señora Garrido”.

–¿Hay personas por llamar? 

–Sí, hay un cuarto servidor público que está por comparecer, además de las tres mencionadas, pero no puedo dar el nombre”.

–En las declaraciones y documentos se cita al director general del Fondo, José Carreño Carlón, como la persona que dio la indicación de retirarle a Garrido la distribución. ¿Se le llamará a declarar?

–No, no está involucrado en el procedimiento… Estamos hablando de  una Gerencia Comercial, no hablamos de que suba hasta la dirección general.

–Pero en las declaraciones se menciona su nombre.

–Es una situación de dicho que no podemos corroborar en virtud de que no hay un documento firmado, ni que haya sido girada una instrucción a través de un medio escrito o electrónico. Sería una calificativa muy grave, e implicar a un servidor público cuando no tenemos la evidencia, no podemos traer a un servidor público si no hay una certeza.

–¿Ya han tenido denuncias de este tipo?

–No, en realidad es la primera.

–Como órgano interno, cómo garantiza la imparcialidad.

–No somos juez y parte, nos constituimos en un órgano jurisdiccional resolutor, que trabaja acorde con la gravedad de la conducta. Somos imparciales en ese sentido… Actuamos como árbitros, nos toca resolver dentro de la determinación de una conducta ‘No grave’, estamos en ese análisis, no podemos aventurarnos pues nos falta realizar una valoración íntegra. Tenemos pendiente una comparecencia de otro servidor público, no porque sea necesariamente responsable, sino porque forma parte de un procedimiento en donde si un servidor público omite o va más allá de sus funciones, es lo que nos corresponde calificar, atendiendo la gravedad de la conducta que se determine en investigación y responsabilidades.