Junto con AMLO, la batalla energética

Desde que formó parte del gabinete de Carlos Salinas, Manuel Bartlett manifestó su oposición a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por considerarla inconstitucional. Luego vinieron sus desavenencias con el PRI, al que finalmente renunció, y a partir de 2008 AMLO lo invitó a participar en los foros que desembocaron en la formación del Frente en Defensa del Petróleo. Hoy, inmerso en la controversia, el exgobernador poblano espera el 1 de diciembre para tomar posesión como director general de la Comisión Federal de Electricidad.  

El 4 de junio de 2013, cuando se discutías la reforma constitucional en materia energética, Manuel Bartlett Díaz, senador por el Partido del Trabajo (PT) en esa época, advirtió: “Estamos en vísperas del segundo paso del otro gran pacto: romper la propiedad nacional del subsuelo y permitir la entrada de empresas trasnacionales; como antes lo hicieron en la industria eléctrica, ahora con la petrolera”.

Durante la presentación del libro Estrategia urgente en defensa de la nación, coordinado por él, Bartlett advirtió que la reforma energética de 2008 emprendida por el gobierno de Felipe Calderón “fue derrotada, pero eso no se supo; tenían el control de la opinión pública nacional”.

Y advirtió: “Ahora están listos para volver a hacerlo. Los tres partidos firmantes del Pacto por México tienen mayoría para reformar la Constitución. El verdadero pacto es con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con el Woodrow Wilson Center. La mano y el interés manifestado por múltiples instancias de apoyo y promoción de sus intereses en el país”.

El coordinador de la entonces raquítica bancada del PT –aún no se fundaba el Movimiento de Regeneración Nacional– citó el documento del ITAM y del Woodrow Wilson International Center titulado Un nuevo comienzo para el petróleo mexicano: principios y recomendaciones para una reforma a favor del interés nacional.

Las sugerencias de ese documento se cumplieron cabalmente; igual sucedió con los planes de otro memorándum de 31 cuartillas elaborado por el senador estadunidense Richard Lugar, republicano de Indiana y experto en asuntos energéticos, fechado el 21 de diciembre de 2012, quien recomendó aprovechar la negociación de los Acuerdos Transfronterizos de Hidrocarburos (ATH) para lograr una “reforma profunda” en materia energética en México.

Ese documento fue citado por el propio Bartlett en la tribuna del Senado. La parte medular de la sugerencia de Lugar consistía en reformar Pemex para que Estados Unidos pudiera trabajar en sociedad con la empresa pública, no sólo en contratos de servicios. 

El legislador poblano quería contratos para aprovechar la renta petrolera mexicana. Para ello se necesitaba modificar el artícu­lo 27 constitucional y generar una serie de leyes secundarias para quitarle a Pemex el monopolio de la exploración y producción de hidrocarburos. 

“Ese es el nombre del nuevo juego”, advirtió Bartlett.

El punto medular de los ATH era la creación de los contratos de “unitización”, que se tradujeron en contratos de producción compartida (APC, por sus siglas en inglés), en los que las compañías involucradas desarrollan conjuntamente un proceso para distribuir riesgos.

“Las reformas energéticas y eléctricas determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de Estados Unidos”, según el documento del senador Lugar citado por Bartlett. El acuerdo ATH fue avalado por el Senado de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2013, la misma fecha en la que el Congreso mexicano aprobó las reformas constitucionales en materia energética.

Las modificaciones legales de 2012 

El Senado aprobó en la madrugada del 12 de diciembre de 2012 las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, más un paquete de 21 artículos transitorios que modificaron el uso histórico sobre los recursos naturales: el petróleo seguirá siendo “nuestro”, pero la renta petrolera extraída de éste (el auténtico valor del principal recurso del subsuelo mexicano) pasaba a ser compartida con las empresas trasnacionales.

La reforma constitucional propuso cuatro modelos de contrato: de utilidad compartida (incluido en la iniciativa original del Ejecutivo federal); de producción compartida; de licencia, y una combinación de los tres anteriores.

Durante el debate de aquella madrugada, Bartlett distribuyó un extenso y detallado “voto particular en contra”. En él acusó al presidente Enrique Peña Nieto de violar la soberanía nacional y la Constitución, así como de caer en los supuestos de traición a la patria establecidos en el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución y en el 123, fracción I, del Código Penal Federal.

La aplanadora priista y panista funcionó. El 13 de diciembre, el coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, presumió la disciplina de su partido y deses­timó las acusaciones de Bartlett –viejo conocido desde que ambos estuvieron en los gabinetes de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas–, quien señaló numerosas violaciones al procedimiento legislativo y al reglamento del Senado.

Después de esa reforma constitucional, el 30 de abril de 2014 el Ejecutivo federal envió una batería de nueve leyes secundarias en materia energética y eléctrica. Entre el 14 y el 15 de julio siguiente los legisladores leyeron, debatieron sobre el contenido de más de 2 mil páginas y aprobaron cuatro dictámenes de enorme complejidad técnica en materia de Ley de Hidrocarburos, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, las respectivas leyes orgánicas de Pemex y de CFE y las normas de los nuevos organismos coordinadores en materia de energía.

En medio de la discusión en el pleno del Senado, Bartlett y la bancada petista, junto con algunos legisladores del PRD –que en 2017 se integraron a la bancada de Morena–PT–, se retiraron del salón de sesiones. “No vamos a convalidar un método de imposición que violenta el reglamento”, reprochó Bartlett.

Una de sus advertencias más claras sobre los efectos de la legislación secundaria en materia energética y eléctrica es que legalizaban el “gran despojo” de hectáreas enteras bajo la figura de “ocupación temporal” o el “pago por la vía de servidumbre”, que implica, dijo en esa ocasión, “la contratación de los dueños originales de la tierra por parte de las compañías mineras, eléctricas, hidroeléctricas, petroleras, gaseras o de cualquier modalidad de energía”.

En tribuna se citaron las graves violaciones y despojos que han cometido empresas extranjeras en el parque eólico La Venta, Oaxaca, donde operan compañías eléctricas extranjeras, como la francesa Electricité de France (EDF), la italiana Ente Nazionale per la Energía Elettrica (Enel), la australiana Fondo de Infraestructura Macquarie, la holandesa PGGM, la japonesa Mitsubishi, las españolas Iberdrola (la más grande operando en México), Gamesa, Acciona, Gas Natural Fenosa, así como las mexicanas Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas.

Bajo esta nueva legislación, Pemex y la CFE pasaron a ser “empresas productivas del Estado”, con un nuevo régimen fiscal que las asfixia para competir con los privados, y una nueva regulación que las convierte en apéndices del Ejecutivo federal.

Pemex y CFE, advirtió Bartlett en tribuna, entraron a la competencia con enormes deudas acumuladas. En el caso de la CFE la deuda total ascendía en 2014 a 325 mil millones de pesos, de los cuales 180 mil millones correspondían a proyectos de infraestructura bajo la figura de los Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas) que la compañía contrajo para construir plantas generadoras de electricidad.

Para 2015, el panorama que Bartlett advirtió desde el sexenio de Ernesto Zedillo se había cumplido: 45% de la generación de energía eléctrica del país ya estaba en manos de grandes corporaciones privadas, como las estadunidenses AES, Intergen y Sempra Energy, donde trabajan exfuncionarios de la Secretaría de Energía y de Comunicaciones y Transportes; las españolas Iberdrola, Union Fenosa, Mareña y Endesa; la canadiense Transalta; la japonesa Mitsubishi, y la belga Tractabel.

La “teoría del shock” 

El énfasis de Bartlett en la defensa de la soberanía y el nacionalismo energético y eléctrico del país se inició en el mismo gabinete de Carlos Salinas de Gortari, cuando comenzaron las reformas, que el primero consideró “inconstitucionales”, a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

La cesión del sector eléctrico se inició mediante la figura de los Pidiregas que se utilizaron de manera intensiva desde el gobierno de Zedillo para financiar la infraestructura del sector eléctrico. La otra figura importante fueron los Contratos de Servicios Múltiples, que el propio Bartlett impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2001.

En el libro Reforma energética publicado en 2011, escribió el capítulo “Procesos de aprobación de la reforma energética: la manipulación”. En él sintetizó así la batalla que dio como senador aún del PRI durante el sexenio foxista:

“Al iniciar la presidencia de Fox, el Senado de la nueva Legislatura se abocó a estudiar la iniciativa de reforma constitucional privatizadora en materia eléctrica del presidente Zedillo que estaba pendiente de dictaminar… Fox buscó acelerar la privatización, primero publicando de manera subrepticia en el Diario Oficial, sin difusión, reformas al Reglamento de la Ley Eléctrica para darse facultades fuera de la ley. 

“Después, fracasado ese intento, emitió una iniciativa de reforma constitucional en la línea de la de Zedillo, la cual fue dictaminada en contra. En oposición a la reforma al reglamento (de la Ley Eléctrica) impulsamos con los votos del PRI y del PRD, así como del PAN obligado, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional la reforma de Fox.”

A pesar de las batallas ganadas en la Corte e impulsadas por Bartlett, quien lideraba un grupo de entre nueve y 11 senadores priistas que estaban en contra de la línea privatizadora, el gobierno de Fox siguió entregando contratos a empresas extranjeras a través de la Comisión Reguladora de Energía, donde estaba Georgina Kessel, futura secretaria de Energía en el gabinete de Felipe Calderón.

Bartlett fue enlazando esta historia con los intentos de cambiar los documentos básicos del PRI, en la XIX Asamblea Nacional, en marzo de 2005, para permitir la apertura en el sector eléctrico y energético. Acusó al propio Roberto Madrazo, entonces dirigente nacional priista y posterior candidato presidencial, de tener un doble juego: “inició de inmediato una labor de zapa en el Senado para romper el bloque de senadores que defendíamos la energía nacionalizada, contra las iniciativas y decisiones del presidente Fox”.

Los mismos senadores priistas que seguían a Bartlett fueron quienes votaron en contra de la Ley Televisa en marzo de 2006, en vísperas del inicio de la sucesión presidencial. Desde entonces se consolidó una alianza político-legislativa entre Bartlett y el senador panista Javier Corral. Ambos coincidieron en temas energético-eléctrico y de telecomunicaciones, a pesar de sus diferencias ideológicas y partidistas.

La Alianza con AMLO

Bartlett rememoró en el mismo texto que la reforma energética planteada por Felipe Calderón en 2007-2008 para permitir los contratos privados en las “aguas profundas” bajo el pretexto de realizar “alianzas estratégicas” entre Pemex y compañías trasnacionales lo acercó al entonces excandidato presidencial y dirigente del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

El 18 de marzo de 2008, al pronunciar su discurso en Dos Bocas, Tabasco, en el aniversario de la expropiación petrolera, Felipe Calderón planteó las líneas generales de una nueva reforma energética, con el argumento de que “el petróleo seguirá siendo nuestro” y que “Pemex no se privatiza”. 

En abril del mismo año se presentó la iniciativa de Calderón en el Senado y, ante la protesta de los legisladores del PRD, que tomaron la tribuna, se acordó convocar a foros en la Cámara alta a partir de mayo siguiente. En esa época Bartlett ya no era legislador y estaba distante de la dirigencia nacional priista encabezada por Beatriz Paredes y de los funcionarios de Calderón. Quien lo invitó a participar en los foros fue López Obrador.

Los foros desembocaron en la formación del Frente en Defensa del Petróleo, encabezados por López Obrador, y que fueron el germen de Morena posteriormente. El Frente presentó una serie de iniciativas ciudadanas, en las que participó Bartlett. La movilización encabezada por López Obrador y el bloqueo a las instalaciones del Senado no evitaron que el 23 y el 28 de octubre de 2008 el Congreso aprobara la malograda reforma energética de Calderón.

Un año después, en octubre de 2009, ante el “golpe de Estado” en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, Bartlett apoyó a los electricistas y consolidó una alianza con el SME. Al mismo tiempo, se confrontó con el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, a quien acusó de estar asociado con José Córdoba Montoya, exsecretario privado de Salinas, para vender energía eléctrica privada al ayuntamiento de Puebla.

Lozano y Bartlett se volvieron a confrontar varias veces en el Senado, durante el presente sexenio y frente a las reformas estructurales del peñanietismo. Poblanos ambos, expriistas los dos, pero en posiciones radicalmente opuestas, Lozano terminó sin coronar su aspiración de ser candidato a gobernador de Puebla y fracasó en la campaña presidencial de José Antonio Meade. Bartlett se dedicó desde el PT a apoyar la campaña de López Obrador y ganó en tribunales una demanda por daño moral contra Lozano, quien tendrá que pagar sólo 321 pesos.