Justicia a los desaparecidos, consigna de Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, quien desde el próximo diciembre despachará como secretaria de Gobernación, tiene por delante tareas titánicas. Una de ellas es dar solución a las decenas de miles de casos de desapariciones forzadas, hacer la consecuente justicia, dar respuesta a los familiares de las víctimas, así como recuperar la gobernabilidad que se ha perdido ante los embates del crimen organizado. 

“El Estado está rebasado para dar respuesta a lo que pasó con cada uno de los desaparecidos y para dar nombre a todos los cuerpos no identificados”, afirma Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación y a quien le tocará, según sus palabras, pacificar el país, encontrar a los cientos de miles de desaparecidos, hacer justicia a las víctimas y recuperar la gobernabilidad que el Estado ha perdido ante los embates del crimen organizado.

Para recuperar la gobernabilidad, Sánchez Cordero le apuesta a los programas anunciados por Andrés Manuel López Obrador, como “Sicarios no, becarios sí”, legalizar la mariguana y otorgar amnistía, a los que ella añade blindar la frontera para que no entren armas ilegales, desarmar a los cárteles, crear comisiones de la verdad regionales y otras para casos específicos –como Nochixtlán, Tlatlaya y Ayot­zinapa– y reforzar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Entrevistada el miércoles 1, Sánchez Cordero cuenta: “Tenía idea de la situación tan verdaderamente trágica, tan delicada, tan compleja que viven muchas familias en este país, pero no había dimensionado en toda su magnitud la tragedia nacional, hasta que me entrevisté con integrantes de colectivos, básicamente mujeres, madres que buscan a sus hijos. ¡Es dramático!” 

Refiere que las cifras oficiales indican que en los dos últimos sexenios hubo 40 mil desaparecidos. Sin embargo, tiene información según la cual sólo en Veracruz fueron 20 mil, lo mismo que en Tamaulipas. Sumadas estas cifras a las del resto del país, los desaparecidos podrían ser más de 300 mil.

Las víctimas “quieren una respuesta del Estado; no sólo quieren que el Estado los acompañe, sino que haga algo. La queja es que las autoridades no hacen nada. Me dicen: ‘Hemos empujado la Ley de Víctimas, la Ley de Desapariciones y de Desaparición Forzada, hemos creado la Comisión de Víctimas y la de Búsqueda’. Obviamente hay una voluntad de atender esta demanda de verdad y justicia, la demanda más importante.

“En este momento, la palabra clave de toda la sociedad mexicana es esa: justicia. Justicia social como la que está atendiendo Andrés Manuel, con mejor redistribución del ingreso, pero también justicia para las víctimas del crimen. Andrés Manuel me ha dado carta abierta para transitar en una justicia que dé respuesta a las víctimas.”

Explica: “Se ha criticado mucho la Ley de Amnistía. Tendrá que ser resultado de un proceso de escucha, de los foros –que por instrucciones de López Obrador atenderá Loretta Ortiz– que vamos a inaugurar el 7 de agosto en Ciudad Juárez. La Secretaría de Gobernación va a tener la tarea de dar la respuesta del Estado a las tragedias vividas por la población, como en Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlatlaya, las fosas de Morelos, de San Fernando y otros muchos eventos paradigmáticos y significativos; también el reclamo de las víctimas de obtener verdad, justicia, reparación y no repetición. Implica una política púbica donde se vayan creando comisiones. Yo le apuesto a comisiones de la verdad regionales para las desapariciones. Y a comisiones particulares, léase Ayotzinapa, Nochixtlán o Tlatlaya”.

Afirma que son pocas las entidades donde no ha habido desapariciones. “No tengo los datos estadísticos precisos, pero Aguascalientes y Yucatán son estados relativamente de paz; relativamente, porque a veces el crimen está presente. Por el contrario, Nayarit y Jalisco son muy violentos, sobre todo por la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

Añade: “En Coahuila se vive una violencia dramática con la desaparición del poblado de Allende o el caso de la cárcel de Piedras Negras, convertido en una casa de seguridad donde (Los Zetas) ejecutaban a las víctimas a vista y paciencia de las autoridades. En Durango hubo fosas llenas de restos humanos y Zacatecas está convertido en un estado violento”.

“Desde pequeña mi compromiso es con los derechos humanos. No puedo pasar como titular de una secretaría sin la atención debida tanto al resarcimiento como a la reparación de los daños que han sufrido estas familias, como una respuesta del Estado mexicano a esta tragedia humana. Fui criticada porque declaré –a El Universal– que México era un cementerio. No lo digo yo. Lo dicen las víctimas, lo dicen los hechos.

“Tengo muy claro un derecho humano que no se ha visibilizado: el derecho a la memoria. Estas personas, a pesar de que sus familiares tienen ocho años o más de haber desaparecido, siguen buscando a sus seres queridos.”

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien vivió la represión de 1968 en la UNAM, plantea: “Vamos a cumplir 50 años del 68 y también tenemos el derecho humano a la memoria colectiva. No sé por qué los gobiernos tratan de ocultar lo que pasa en el país”. 

La eterna búsqueda

–¿Se va a encontrar a tanto desaparecido, van a tener nombre todos los cuerpos de las fosas comunes, de los semefos, o se buscarán eternamente, como a Rosendo Radilla, desaparecido en los años de la guerra sucia?

–Hay una realidad muy cruda: el Estado está rebasado para dar una respuesta puntual a lo que pasó con cada uno de los desaparecidos. Creo que no hay recursos humanos, materiales, económicos que puedan lograr eso, pero habrá voluntad política no sólo para escuchar sino para tratar de encontrar y de hacer empatar el ADN de la gente que busca y de los cuerpos encontrados. El esfuerzo va a ser enorme, pero no creo que se logren todas las identificaciones ni se pueda encontrar a todos los desaparecidos.

Acerca de si eso será suficiente para las víctimas, responde: “Algunas se hermanan, y si no encuentran a los suyos tratan de encontrar a los hijos de otros. Empieza a darse un fenómeno de solidaridad humana. Ante la tragedia deshumanizada, hay esta empatía. No se resignan a no encontrar, pero en tanto no encuentran a los suyos, siguen buscando y encuentran a los de otros”.

–Pero aunque encuentren, siempre van a exigir justicia –se le señala.

–Con las comisiones de la verdad podremos dar una respuesta a este dolor. Fíjese lo que es la vida: ¿se podría avanzar en la pacificación del país sin dar esta respuesta, sin esta justicia transicional? La respuesta es: podría ser, pero creo que no es el tema de un gobierno del cambio. No.

“El tema es entrar a un proceso de justicia transicional, a través de justicia, de comisiones de la verdad y de una política de reparación integral, porque hay madres que no tienen dinero ni para el camión a México para venir a exigir una reparación, para llegar a las instancias legales a reclamar, y se quedan en su dolor, buscando solas.”

Por ello, asegura que se asignarán recursos a la CEAV y a la CNB: “Si no hay presupuesto para esto, no se puede avanzar. Hay que contratar abogados calificados y bien remunerados. Un ejemplo: la Defensoría Pública del Poder Judicial tiene entre 400 y 500 abogados que ganan unos 80 mil pesos al mes y son defensores de los presuntos delincuentes. En la CEAV, los abogados de las víctimas no llegan a 30 y su sueldo es de 15 mil o 20 mil pesos al mes. En la CNB ¡ni se diga! Sólo la integran ocho personas”.

–Hay otro punto: la gobernabilidad. Es un hecho que gran parte del territorio mexicano es gobernado por los cárteles. Hay un Estado paralelo. ¿Cómo recuperará estos territorios?

–Con una sociedad altamente violentada en sus derechos y con una violencia extrema como la que tenemos, que quiere transitar hacia la paz, es donde está el tema de la justicia transicional. A veces la justicia transicional no se compadece de los derechos humanos; a veces incluso se contraponen. En una justicia transicional puedes tener reducción de penas o amnistía. 

“La justicia transicional puede compadecerse de los derechos humanos, desde luego que sí, en la respuesta a las víctimas, pero no necesariamente en la impartición de justicia, porque se puede beneficiar al agresor. En Tamaulipas hay padres que me dicen: ‘Si yo pudiera darle una reducción de su pena a este individuo, si yo le pudiera dar su libertad a cambio de que me diga dónde está mi hija, se la daría’. Aquí el tema es que colisiona con el derecho humano de la víctima a obtener justicia.”

Acepta: “La situación es complicada. Ayer el titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, dijo que se tenía que blindar la frontera para evitar la entrada de armas ilegales. Pero, ¿cuánto tiempo han entrado? Nosotros vamos a tatar, con todas las herramientas que tengamos por parte del Estado, de que las armas no sigan pasando”. 

Gobernabilidad

–Qué va a hacer la Segob, qué va a hacer usted, para recuperar el territorio que está en manos de los cárteles…

–Andrés Manuel tiene ideas muy claras de recomposición del tejido social, sobre todo dar oportunidad a los jóvenes. No se quieren reconocer los desplazamientos forzados de poblaciones completas por la violencia, no se quiere reconocer que el crimen hace levas de jóvenes y estamos perdiendo una generación de chicos de 15 a 31 años, que son esos 31 mil asesinados reconocidos de manera oficial.

Se le insiste en la pregunta de qué harán para recuperar el territorio. Responde: “Un tema es ‘Sicarios no, becarios sí’. Tengo que platicar con Andrés Manuel sobre cuál es la profundidad de esta frase. ¿Quiere decir sólo Fuerzas Armadas combatiendo? ¿Una policía de prevención y no de represión? ¿Se hará realidad el Artículo 21 constitucional, que dice que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, aunque desde hace años está en manos militares?

–En los documentos de Proyecto 18 (el plan de trabajo de López Obrador para reconstruir el país) encuentro que el planteamiento de los foros para la pacificación tiene una gran similitud con la estrategia Todos Somos Juárez, que no resultó –se le comenta.

–No resultó porque iban a atender a jóvenes cuyas madres estaban trabajando a veces hasta 12 horas en las maquilas, estaban abandonados en las calles y no había presencia del Estado para darles alternativas de deporte, cualquier cosa que no fuera la calle y las bandas. Se abandonaron los programas porque no es glamorosa ni espectacular esta recomposición a nivel micro del tejido social, de la familia, de sacar a los jóvenes del tema de la droga y la violencia a cambio de cultura, arte y deporte.

–Las ONG se quejaron de la falta de soluciones.

–Las organizaciones de búsqueda tienen un enlace en toda la República. Esa estructura de la sociedad civil la tiene que retomar el gobierno y apoyarla. En Gobernación hay registradas 25 mil organizaciones. Se va a revisar a dónde se destinan los recursos públicos.

–Todo este planteamiento para recuperar la paz debería implicar la desaparición de los cárteles, pero no veo que con lo que ha planteado vaya a suceder y recuperar la gobernabilidad –se le insiste.

–Hay otras políticas púbicas: poner sobre la mesa el tema de la despenalización de la droga y analizar el desarme de los cárteles. ¿Cómo? Le digo que muchas veces el tema no se toca con derechos humanos, pero el desarme de todos estos cárteles puede ser a cambio de disminuir las penas, de amnistía u otras herramientas jurídicas con que podamos avanzar. Que estos grupos delincuenciales no estén armados en la magnitud en que están, como el bazucazo con el que hace un par de años el CJNG derribó un helicóptero en Jalisco. Poseen armas de altísimo poder, que a veces ni el Ejército tiene.

“Lo asimétrico con nuestros vecinos es que ellos tienen despenalizada la droga y la venta de armas; nosotros, con una política prohibicionista, ponemos los 240 mil o 230 mil muertos en 10 años, 40 mil desaparecidos oficialmente. Un problema de trata de personas, trata de mujeres y de niñas, impresionante. No sabemos cuántos migrantes han desaparecido en México. Se detona el tema con las fosas de San Fernando; pero, ¿qué más hay?”

Inteligencia

De la polémica que suscitó el anuncio de López Obrador de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional posiblemente desaparezca o pase a la Secretaría de Seguridad Pública, expone:

“Leí las declaraciones de (Jorge) Carrillo Olea (Proceso 2178). Estamos viendo cómo planteamos el tema de la inteligencia para seguridad nacional, porque tiene razón: un aparato de inteligencia nacional es fundamental para la gobernabilidad, para prever eventos de seguridad para el país. Los gobernadores tienen su propia labor de inteligencia. 

“Recuperar la gobernabilidad será una coordinación entre estados y federación, porque tienen gran responsabilidad de lo que pasa en sus entidades con la violencia y el crimen organizado. Algunos han estado más comprometidos que otros en blindar a sus estados de los cárteles. De los 2 mil 400 municipios del país, mil 800 cuentan con corporación policiaca; de éstos, sólo 900 llegan a 20 elementos. ¿Cómo se puede tener la gobernabilidad del país así?

“Se pretende crear un Mando Único para resolver el tema. Soy municipalista; cuando estaba en la Corte se creó el orden jurídico municipal. Si me pregunta si quisiera que las fuerzas de seguridad municipales estuvieran consolidadas y fueran confiables, mi respuesta es sí; pero mientras estas fuerzas no estén debidamente capacitadas, remuneradas y entrenadas para que sean fuerzas de paz social, tenemos que recurrir al Mando Único, aun en contra de mi convicción.”

–¿Alcanzará este sexenio para pacificar el país?

–Coordinadamente con otra estrategia y visión de país, probablemente –responde quien será la primera mujer en ocupar el despacho de Gobernación.