Las trampas de la alianza oficialista

Llegó al poder con el nombre de Cambiemos como una forma de marcar distancia de la presunta corrupción de las administraciones anteriores, pero la alianza que llevó al poder a Mauricio Macri está metida en un escándalo: financió sus campañas de 2015 y 2017 con fondos de procedencia dudosa (posiblemente hubo lavado de dinero) y robó información de bases de datos para hacer aparecer como donantes a beneficiarios de programas sociales.

Buenos Aires.- “No estaba ni enterada. Que nos estén utilizando para algo sucio justamente a los pobres, a los que somos laburantes y luchamos día a día, me indigna mucho; me angustia que nuestros datos y nuestro nombre estén en una campaña que no tiene nada que ver con nosotros”, protesta Paula Benapres, vecina de un barrio marginal del Gran Buenos Aires. 

La mujer aparece en la lista de donadores de Cambiemos –la alianza que gobierna Argentina– para las elecciones legislativas de octubre de 2017 en la provincia de Buenos Aires. En ese documento se dice que aportó 2 mil 400 pesos, unos 150 dólares de entonces.

Juan Amorín, reportero del portal El Destape y quien con su investigación desnudó la trama de financiamiento ilegal en el oficialismo, dice a Proceso: “Empecé a trabajar con la hipótesis, por suerte acertada, de que todos los aportantes de la campaña con cifras menores a 2 mil pesos, eran truchos (falsos)”.

“Al cruzar las listas de aportantes con las de quienes reciben ayuda social en la provincia de Buenos Aires, encontramos 580 casos. Ya llevamos más de mil 500, que incluyen a personas de clase media, comerciantes, empleados públicos, sindicalistas, docentes”, explica. 

Las denuncias de donadores falsos para las campañas del oficialismo en las elecciones presidenciales de 2015 y las legislativas de octubre de 2017 se centran hoy en los dos distritos electorales más importantes: la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde gobierna Cambiemos, alianza cuyo nombre pretende ser un llamado contra la corrupción atribuida a la política tradicional y sobre todo a los gobiernos kirchneristas (2003-2015). 

Blanqueo millonario

Mediante donadores falsos, y en operaciones en efectivo, se habrían blanqueado al menos 85 millones de pesos, unos 5 millones de dólares a valores de octubre de 2017, indica Gustavo Vera, autor de una de las dos denuncias presentadas –la suya, el 22 de junio en los Tribunales Federales de Buenos Aires– ante los tribunales federales. La otra denuncia, de Teresa García, senadora de Unidad Ciudadana (kirchnerismo), se presentó el 5 de julio en los Tribunales Federales de La Plata.

Vera dirige la Fundación La Alameda, dedicada a combatir la trata de personas y el trabajo esclavo. Por medio de una aplicación en su página web, cualquier ciudadano puede constatar si figura como falso donador. 

“Tenemos más de 1 millón y medio de visitas en la página y hemos presentado 500 casos testigo, de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, de personas dispuestas a declarar ante el juzgado que se les ha robado la identidad para hacer figurar estos aportes”, dice Vera a Proceso.

La mecánica utilizada habría abarcado diferentes modalidades: “En muchos casos hay directamente sustracción de identidad, con dinero en efectivo de origen desconocido”, explica Vera. “Hay empleados de la Ciudad de Buenos Aires que tienen un contrato transitorio y a los que, con la promesa de pasarlos a planta permanente, se les daba un plus, una especie de premio, que en los meses siguientes tenían que devolver bajo la forma de aportes bancarizados”, señala. 

“Y hay proveedores del Estado que por ley no pueden aportar a una campaña y menos a la del gobierno –que es el que los favorece en las licitaciones– que aparecen aportando, por conducto de sus empleados o de funcionarios del gobierno de la Ciudad, en efectivo o de forma bancarizada”, explica.

Descargo

Las investigaciones por las denuncias están a cargo de los jueces federales Sebastián Casanello y Ernesto Kreplak. Si se comprueba que quienes aparecen en las listas de la Cámara Nacional Electoral como aportantes de campaña no dieron su consentimiento ni entregaron dinero, se trataría de usurpación de identidades y lavado de dinero de origen desconocido. Si no son suyas las firmas que constan en sus fichas de afiliación habría además falsificación de documento público. 

La justicia deberá investigar también el origen del dinero blanqueado. En 2015, Propuesta Republicana (Pro), el partido del presidente Mauricio Macri, declaró aportes de grandes empresas vinculadas a la obra pública –incluida Odebrecht, mediante la firma Braskem–, de grandes contratistas del Estado, empresas de seguridad, laboratorios farmacéuticos. Los denunciantes presuponen también fondos provenientes del crimen organizado. 

La principal denunciada es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El escándalo y sus derivaciones judiciales podrían sepultar sus aspiraciones políticas. Ella se ha perfilado como alternativa de relevo del oficialismo para las elecciones presidenciales de 2019, a medida que el ajuste económico, con el paraguas protector del Fondo Monetario Internacional, agudiza un cuadro de recesión e inflación, deteriorando la imagen de Macri.

“En la ley de financiamiento de los partidos políticos hay dos artículos que condenan este tipo de maniobras y conllevan desde el punto de vista electoral, además de la actuación penal, la inhabilitación para ejercer y postularse a cargos públicos”, señala Vera. “Y esto se aplica tanto al presidente como al tesorero del partido. Vidal es la presidenta de Pro en su distrito.”

Luego de silenciar el tema durante semanas –con la colaboración de los grandes medios–, la gobernadora anunció la realización de una “auditoría”. El despido de la tesorera María Fernanda Inza, a quien Vidal acababa de designar, apenas funcionó, pues Cambiemos sigue sin hilvanar una explicación que aleje las sospechas en su contra. El Poder Ejecutivo envió de urgencia al Congreso un proyecto de ley de financiamiento de la política que admite los aportes de personas jurídicas, es decir, de empresas, como si su eventual aprobación pudiera tener carácter retroactivo. 

Una fuente cercana al presidente admite, off the record y por primera vez, “que se utilizó a ciudadanos para blanquear dinero aportado por empresas que tienen prohibido realizar contribuciones a las campañas”, publicó el diario Perfil el 29 de julio. La fuente citada sostiene que el gobierno delegó la recaudación en miembros de Cambiemos, a quienes no identifican y definen como “irresponsables”, que habrían acercado el dinero y los nombres de los supuestos aportantes, y en quienes se habría confiado. El argumento suena insustancial e inconvincente.

“Nos mandamos un moco (torpeza) monumental. Ahora hay que poner la cara”, admitió un estrecho colaborador de Vidal al diario La Nación el 29 de julio. La forma de calificar lo actuado resume la impunidad anacrónica del sector social que hoy gobierna Argentina.

“En Argentina ningún funcionario desfila por los tribunales federales mientras es funcionario”, sostiene Amorín. “La sociedad está harta de que la justicia manipule y haga y deshaga según los vientos políticos. Necesitamos que investigue a los funcionarios durante el ejercicio del poder, si no, no estamos hablando de una justicia en la que podamos confiar”, apunta.

Por lo pronto, la justicia pidió una lista de todos los beneficiarios de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para cotejarlo con las relaciones de los aportantes falsos. El hecho de que estos figuren con sumas acordes a su situación socioeconómica y patrimonial lleva a suponer la utilización de las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, organismo encargado de la recaudación de impuestos. 

En 2016 el Poder Ejecutivo se apropió por decreto de las bases de datos oficiales, so pretexto de llegar con precisión a los sectores sociales alcanzados por las distintas políticas públicas. 

“Estamos hablando de bases de datos del Estado que se pusieron a disposición del partido político gobernante, una situación grave, por la que el gobierno tiene que dar respuestas concretas”, sostiene Amorín.

Analistas coinciden en que este escándalo, en un contexto de crisis económica, impactará sobre una franja de votantes independientes que acompañaron a Cambiemos en las últimas dos elecciones. Quienes votan convencidos por el oficialismo lo van a seguir haciendo, por la polarización imperante. Se resiente, sin embargo, su discurso público contra la corrupción, ante la evidencia de que la propia no les parece grave. 

“La respuesta de nuestros gobernantes es insuficiente”, apunta Amorín. “Lo digo como periodista, pero también como ciudadano. Un gobierno que llegó al poder prometiéndole a la sociedad transparencia, poner un freno a las viejas políticas, luchar contra las mafias y la corrupción, termina defendiéndose con un argumento sumamente pobre, que es decir que lo hacen todos, cosa que tampoco es cierta”, señala.