No al perdón

El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se afana en decir que la política pública de “pacificación” del próximo gobierno emanará de lo que los familiares de las y los desaparecidos digan en las consultas para la pacificación y la reconciliación. Sin embargo, las madres agraviadas manifiestan su desconcierto sobre el tema de la amnistía y el perdón a los criminales. Así lo expresaron en los dos primeros foros realizados la semana pasada. 

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El moderador de la mesa lanza la pregunta que le instruyeron: “¿Cree que alguna persona obligada a cometer delito debe ser amnistiada?” 

Su audiencia –medio centenar de víctimas de los delitos más crueles– pueden alzar la mano para dar su opinión. En vez de eso evaden la pregunta y hablan del hijo torturado tres días por la policía o de la búsqueda de pesadilla del hijo desaparecido al que la autoridad dice que quemaron con dísel, o de cómo les fueron masacrando a la familia entera, y por más que las apuren a enfocar sus respuestas durante los tres minutos del tiempo del que disponen, ellas, las agraviadas, evaden responder a la hipotética pregunta.

Él insiste y la plantea de otro modo: “Ordene del uno al cuatro los siguientes eventos: verdad, justicia, amnistía y reparación”.

Los asistentes coinciden: lo primero que necesitan es conocer la verdad de quién mató o hizo mal a su familiar; luego la justicia, para que pague la maldad. Una mujer dice que, al mismo tiempo, tiene que ir la reparación, “aunque nada puede compensar nuestro daño, pues nos arruinaron la vida”. En la ecuación no mencionan la amnistía.

“¿Podrían dar un número a amnistía? ¿Cuál?”, insiste el moderador. Pero la gente habla de la impunidad, de que las autoridades están corrompidas, de las pruebas que tienen. La siguiente pregunta versa sobre lo mismo: “¿Estaría dispuesto a que se otorgue amnistía o reducción de penas a perpetradores a cambio de que otorgue información que ayude a esclarecer sus casos?” En este caso las opiniones varían.

“Andrés Manuel dijo que sólo perdonará delitos leves, pero si permitimos (la amnistía) para delitos graves, entonces que nos digan la verdad de dónde están los restos; si dicen mentiras, que se les incremente la pena por hacernos sufrir”, dice la mamá de una desaparecida.

“Hay unos (criminales) que lo hacen con saña, que cocinan, descuartizan… Donde hay dolo hay maldad; no puede haber perdón. Tampoco para quien los deshaga (los cuerpos) en ácido”, comenta otra.

“Si va a haber amnistía para los que se les compruebe el delito, ¿por qué no para quienes tienen deficiencias en el expediente?”, agrega la madre de un joven condenado injustamente a cadena perpetua.

Esos son los diálogos que se escuchan en el salón Audiovisual G-1, en la “Mesa de víctimas de la violencia” que asistieron al Foro Nacional para la Pacificación y la Reconciliación. Ahí, en un mismo grupo, se juntaron familiares de personas desaparecidas, de presos sentenciados de manera injusta, de sobrevivientes de tortura, de víctimas de feminicidios o masacres como la de Villas de Salvárcar. 

Algunas familias llevan años recorriendo los laberintos de la burocracia judicial del país, otros son “inexpertas”. Todas tienen la esperanza de que López Obrador o su gente las escuche.

En la sesión –que de dos horas se alarga a cuatro– se desgranan 10 preguntas que las participantes deben responder para que sus opiniones sean consideradas en el diseño de las nuevas políticas de seguridad (o pacificación, como la llaman desde ahora los organizadores del foro). En el caso de las víctimas, ellas serán quienes delineen la nueva ley de amnistía. 

Escrita en el pizarrón queda esa palabra, evadida por la mayoría.

Laboratorios de la paz

El martes 7 el presidente electo eligió arrancar los foros de consulta en esta frontera porque Juárez “tiene sed de justicia”. En su discurso inaugural, Andrés Manuel López Obrador dijo que para alcanzar el proyecto de unidad nacional requerirá que los juarenses concedan “el perdón” –no especificó a qué tipo de delitos se refería. De inmediato las víctimas presentes comenzaron a gritar que no. 

“¡Ni perdón ni olvido!… ¡Sin justicia no hay perdón!”, se escuchó en el recinto donde se realizó el encuentro. 

El tabasqueño reviró: “Coincido con lo que dicen de que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Respeto mucho a los que dicen ‘Ni perdón ni olvido’. Yo digo: ‘Olvido no, perdón sí”. 

Después pidió acabar con la ley del Talión, la del “ojo por ojo, diente por diente”, y explicó que por eso él y el equipo encargado de la pacificación viajaron para escuchar las propuestas de la gente.

De lo que escuchó en el teatro salió confundida la señora Luz María Dávila, la obrera que en 2010 se paró frente a Felipe Calderón, atravesada por dolor porque sus dos únicos hijos habían sido asesinados con otros 13 jóvenes deportistas en Villas de Salvárcar. 

Llena de dignidad en aquella ocasión le dijo el visitante que no era bienvenido, le pidió que se disculpara por haberlos acusado de ser pandilleros cuando eran estudiantes. Y le reclamó: “Si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino. No los puedo buscar porque no tengo recursos. Tengo muertos a mis dos hijos”.

Mientras caminaba hacia las mesas donde sería confrontada de nuevo con el dilema de perdonar, cuando se le preguntó su opinión sobre lo dicho por López Obrador ella dijo: “No puedo perdonar, la verdad. ¿Quien va a perdonar a los sujetos que me arrebataron a mis dos únicos hijos? ¿Será que soy muy rencorosa? Yo no puedo. El daño en mi corazón ya me lo hicieron”. 

Bertha Alicia Camacho, quien acompañaba a Luz María, lloró con la pregunta: “A ver si ellos perdonarían si le mataran a su pareja, le dejaran inválido a uno de sus hijos y al de nueve años traumado y si su mamá por todo esto hubiera muerto de tristeza como la mía. Nos verán fuertes, estamos destrozados por dentro”. 

Su vecino, Alonso Encina, papá de José Adrián, uno de los jóvenes masacrados, trataba de encontrarle sentido a lo que había escuchado: “Pienso que quizás (AMLO) se refiere a la gente que es usada, a los que les ponen droga en los carros. Pero nosotros ya hemos sido misericordiosos, y perdonamos; pero sí queremos justicia”.

En el Salón G-1 guardaron silencio. En su caso ni siquiera todos los asesinos fueron encarcelados, nunca les pagaron la indemnización que les correspondía y –como dijeron– sólo los usaron políticamente durante los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, en los que Juárez ha sufrido la embestida de las varias guerras entre cárteles con militares, y donde 13 mil 500 personas han sido asesinadas en una década. 

Esa opinión es la que expresó la mayoría de quienes asistieron a las mesas de víctimas organizadas por el equipo de la futura Secretaría de Seguridad Pública y Morena, como escuchó esta reportera. Cuando se les preguntaba directamente su opinión, pocas podían lidiar con tamaña pregunta. Como si se les atorara en el pecho, cerraban los ojos, se les atragantaba.

Sin embargo, en el comunicado que un par de horas después enviaron a la prensa los organizadores del foro, entre las escuetas conclusiones destacaron esta: “Varias víctimas han dado sus testimonios, exponiendo sus casos para llegar a acuerdos, han expresado opiniones, algunos aceptando la amnistía”. Eso contrasta con el resultado observado y documentado por Proceso: la mayoría de las víctimas se manifestaron contra la amnistía, o lo que entendían sobre ella.

“En la mesa de las víctimas de feminicidio todas se opusieron a la amnistía, sólo un hombre dijo que sí estaría de acuerdo”, comenta a la reportera una persona que tomó nota mientras participaba en el otro salón donde se consultó a las víctimas. Los moderadores –maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez– no pudieron dar entrevistas porque los organizadores les pidieron confidencialidad.

El sacrificio de las víctimas

Desde que comenzó la polémica sobre si la ley de amnistía significará impunidad, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño –a cargo de los foros de consulta– y Olga Sánchez Cordero, quien será su par en la Secretaría de Gobernación, han repetido que sólo se reducirán penas para delitos menores, y nunca para delitos graves o violaciones de derechos humanos.

No queda claro para qué preguntan a las madres de los y las desaparecidas: “¿Están dispuestas a perdonar?” a las víctimas de los delitos más graves, como las representadas en Juárez que penan por causa de tortura, desaparición, asesinatos en masacres, desplazamiento forzado o feminicidio”. ¿O por qué López Obrador les dice que sí al perdón cuando ellas reviran que no? ¿Por qué el ejercicio se les aplica a ellas?

Un día después del inicio de los foros, Durazo insistiría en Televisa que el proceso de paz está condicionado a que las víctimas perdonen. 

“Si no tenemos capacidad para explicar, para convencer, para sensibilizar a estas víctimas, está muy difícil, sería muy difícil que pudiéramos avanzar (…) son los que tienen que aportar la cuota más alta en este proceso, el sacrificio más alto en este proceso de reconciliación nacional”, dijo a Carlos Loret.

–¿No están pidiendo mucho a las familias antes de hacer justicia? –preguntó Proceso a Sánchez Cordero cuando salía de la consulta del grupo G-1.

Respondió: “El perdón es hacia tu interior, para no tener un resentimiento, una situación de dolor interna. Entonces, es remontar este dolor y empezar a cicatrizar una herida tan fuerte. Desde luego es muy difícil porque el dolor y la tragedia están ahí. Andrés lo que quiere es ir hacia la reconciliación nacional y la pacificación; no es contradictorio. Está invitando a los mexicanos a que no olviden y perdonen las rencillas. Y es al final del día el mensaje de nuestro señor Jesucristo: la verdad. No quiere decir que dejes de hacer justicia, sino que de adentro te salga”.

La petición de perdón, así como fue planteada, hizo cortocircuito en esta ciudad, laboratorio de políticas de seguridad que han convertido a esta urbe en una de las más violentas del mundo –con la Operación Conjunta Chihuahua– y en el epicentro del dolor. También ha sido laboratorio para fallidas estrategias de pacificación, como la calderonista “Todos somos Juárez”.

Este año volvió a alcanzar niveles de violencia que no se habían visto desde 2010 con un promedio de ocho asesinatos al díay cada vez más crueles. Una semana antes de la llegada de López Obrador 11 jóvenes fueron estrangulados en una vivienda.

La ciudad es también campeona en impunidad. El Diario de Juárez ha documentado que de los mil 691 asesinatos que hubo en 2008 en esta ciudad, cuando se estrenaba la estrategia de combate frontal a los cárteles, una década después sólo 46 de los crímenes han sido judicializados. La impunidad es de 97.2%, lo que significa que mil 645 difuntos no han recibido justicia.

El patrón común para el esclarecimiento de estos homicidios es aprehender por posesión de drogas o de armas a los presuntos asesinos y presentarlos ante la prensa como casos resueltos. La mayoría de las veces no se les puede comprobar su vínculo con los homicidios, por lo que salen en libertad; en caso contrario, paga la gente inocente. 

Quizás por eso las víctimas fruncen el ceño cuando se les pregunta qué opinan de la amnistía.

Los desplazados de las comunidades de El Manzano y el ejido Monterde que participaban en la consulta de Juárez y habían sido consultados respondieron con este diálogo:

–¿Qué es eso? –preguntó un campesino. 

–Es como reducir la sentencia a un delincuente –aclara otro. 

–Yo diría que no serviría. 

–Sólo que digan la verdad para que encuentren a los desaparecidos, pero no creo que sea conveniente porque si cometieron delitos chicos van a seguir con más frecuencia.

La mamá del joven Alexis Campoy, desaparecido en 2014, opinó: “Si a mi hijo se lo llevaron y lo traen trabajando en cosas ilegales, no sé. Tampoco me gustaría tener un hijo asesino. Es muy difícil”.

La mamá de un joven condenado a cadena perpetua dijo: “Tiene sus pros y sus contras. Si son (asesinos) seriales, no se van a componer”.

La señora Lourdes, quien desde 2010 ha recorrido el país con el cartel de su hija Pamela Portillo, no cree que se pueda negociar con quienes “se dedican a levantar y a echar cuerpos en ácido”. Pero no pudo expresarlo en el foro porque le dieron sólo tres minutos para hablar, “igualito que los del gobierno”. 

Gabino Gómez, activista de vieja data del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y de El Barzón, amigo de líderes campesinos asesinados y tío de una víctima de un atroz feminicidio, está del lado de quienes dicen que no deben perdonar.

Al final del día todos llenaron una larga encuesta donde se les preguntaba si aceptarían liberar a campesinos, legalizar las drogas, encarcelar a quienes cometan delitos; qué pensaban del Ejército y las policías, y cuáles eran sus propuestas para alcanzar la paz, entre muchas, muchas otras.