Maduro, del atentado al “show” mediático

La agresión que el presidente de Venezuela asegura que sufrió el sábado 4, durante una ceremonia militar en Caracas, es un asunto que divide a internacionalistas y a expertos en temas militares. Mientras unos consideran que se trata de un montaje, otros sí ven rasgos de un ataque auténtico. Sin embargo, los analistas consultados por este semanario coinciden en que Nicolás Maduro manipula el presunto intento de magnicidio para tapar la grave crisis de su país, cuya población, en promedio, requiere 72 veces más de su ingreso para adquirir alimentos de la canasta básica. 

BOGOTÁ.– En contravía de las voces que dentro y fuera de Venezuela ponen en duda que el presidente Nicolás Maduro haya sido víctima de un atentado el sábado 4, el general Clíver Alcalá, un militar formado bajo la tutela de Hugo Chávez, cree que el ataque contra el mandatario realmente ocurrió y que ese hecho indica el alto grado de descontento y exasperación social que existe en el país.

En entrevista con Proceso, el militar retirado y figura emblemática del chavismo que considera a Maduro un presidente “ilegítimo”, dice que el atentado dejó al descubierto la vulnerabilidad del régimen frente a diversos sectores civiles y militares que creen que están cerradas las salidas democráticas y pacíficas para resolver la profunda crisis que se vive en Venezuela.

“El evento que se dio (la explosión de un dron en la avenida Bolívar de Caracas, donde Maduro presenciaba un desfile militar) está conectado a la desesperante realidad cotidiana que abate al pueblo venezolano. Miles de compatriotas están muriendo de hambre, por falta de medicinas y por la inseguridad”, afirma.

Alcalá, quien acompañó a Hugo Chávez desde 1982 –cuando éste fundó dentro del ejército el clandestino Movimiento Bolivariano Revolucionario– hasta su muerte en marzo de 2013, sostiene que hay elementos que indican que el atentado contra Maduro “fue accionado por uno de los muchos grupos inconformes que hay en Venezuela”.

Considera que el ataque “sorprendió tanto al gobierno y a los mandos militares, que todos los que estaban ahí (en la tarima presidencial de la avenida Bolívar) denotaron desorganización y desconcierto”.

Incluso no fue sino hasta el martes 7, tres días después, cuando el Ministerio de Defensa envió un memorándum “urgente” a los comandantes militares para prohi­bir la operación y el vuelo de drones en todo el territorio nacional, así como el ingreso de esos aparatos al país.

Para el general Alcalá, lo que sí ha sido “un montaje del gobierno es lo que ha pasado después del atentado”.

De acuerdo con el militar, “la supuesta investigación que ha dado a conocer Maduro deja muchas dudas”.

Dice que él, por los contactos que conserva en el ejército venezolano, sabe que los agentes de seguridad del régimen de Maduro están habituados “a presentar prisioneros que han sido sometidos a presiones y a torturas para que digan lo que ellos quieran, y eso es lo que puede estar pasando ahora”.

Para Alcalá, produce “mucha desconfianza” que la misma noche del confuso atentado, que fue por la tarde, haya aparecido en televisión el presidente afirmando que la investigación estaba “muy avanzada”, que había varios detenidos “confesos”, y que tenía elementos para afirmar que el saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, estaba “detrás” de ese hecho.

Maduro no ha presentado pruebas que involucren a Santos, quien dejó la Presidencia de Colombia el martes 7, ni a Estados Unidos ni al expresidente colombiano Álvaro Uribe, también mencionados.

Tres días después del episodio, y cuando ya el atentado había sido puesto en duda hasta por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, el presidente venezolano apareció en cadena nacional y dio por esclarecidos los hechos. 

Se trató, dijo, de un frustrado intento de magnicidio en el que participaron políticos opositores, militares retirados, expertos en el uso de explosivos y operadores de drones que fueron entrenados en una finca en el nororiental municipio colombiano de Chinácota, cercano a la frontera con Venezuela. 

La cara de la muerte 

Maduro divulgó fotografías de 11 de los supuestos autores materiales e intelectuales del atentado, el cual, afirmó, tuvo como “jefes” operativos y logísticos a Rayder Alexander Russo Márquez, al coronel retirado Oswaldo García Palomo y al exsargento Juan Carlos Monasterios. Los dos primeros, afirmó, están radicados en Colombia y reciben “protección” del gobierno de ese país.

Como “jefe político y financista mayor”, el mandatario señaló a Osman Alexis Delgado Tabosky, quien “dirigió desde Miami el ataque terrorista”.

Delgado Tabosky y Russo Márquez habían sido denunciados en diciembre pasado por el expolicía rebelde Óscar Pérez –ejecutado en un operativo militar en enero de este año– como “infiltrados del régimen” que vendían al gobierno de Maduro información sobre las actividades de los disidentes.

Como prueba testimonial del plan para asesinarlo, el mandatario presentó un video en el que el exsargento Juan Carlos Monasterios, quien aparece esposado y con el rostro difuminado, relata con aparente tranquilidad su participación en el atentando y menciona a los diputados opositores Juan Requesens y Julio Borges.

Monasterios afirma en el video que Requesens lo contactó en junio pasado vía mensaje de texto, por encargo de Borges, para ayudarlo a cruzar sin documentos migratorios a Colombia, donde se dirigió al “campamento” de entrenamiento en Chinácota.

Requesens fue detenido la noche del martes 7 pese a que goza de inmunidad parlamentaria. Un día después, la progubernamental Asamblea Constituyente le retiró la inmunidad para ser juzgado por “homicidio intencional calificado en grado de frustración”, aunque esa decisión le corresponde a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. 

Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo de Justicia, siempre alineado con Maduro, emitió una orden de captura contra Borges, quien abandonó Venezuela en febrero pasado, tras un fallido diálogo entre la oposición y el gobierno, y en estos días se encuentra en Colombia. 

“Esa orden de captura no tiene ninguna validez jurídica ni política. No es la primera vez que Maduro inventa conspiraciones y acusa de ellas a la oposición. Es una manera de intentar tapar la brutal crisis que vive Venezuela”, dijo Borges tras reunirse el jueves 9 en Bogotá con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, un crítico del régimen de Caracas. 

Al término del encuentro, el canciller expresó su respaldo a Borges y a Requesens.

“Cuenten con nuestro apoyo incondicional para rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela”, dijo, y aseguró que las autoridades venezolanas han actuado “fuera de la ley”.

Pero Maduro parece decidido a llevar hasta sus últimas consecuencias su tesis de lo ocurrido en la Avenida Bolívar de Caracas.

Según el jefe de Estado, quien en mayo pasado logró reelegirse en unos comicios que fueron desconocidos por buena parte de la comunidad internacional, en el atentado en su contra están implicados dos dipu­tados opositores, militares disidentes, activistas de derecha que radican en Estados Unidos y en Colombia, y los expresidentes Santos y Uribe. Estos dos últimos, por cierto, tienen una enconada rivalidad política.

Ni el mandatario venezolano ni el fiscal Tarek William Saab ni el ministro del Interior, Néstor Reverol, se han referido a dos hechos que, de acuerdo con el general Clíver Alcalá, deberían ser tomados en cuenta en la investigación. 

Uno es que, momentos después de la explosión del dron sobre la Avenida Bolívar, el Movimiento Nacional Soldados de Franelas, que llama a la rebelión popular para derrocar a Maduro, se adjudicó el atentado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“La operación era sobrevolar dos drones cargados con (explosivos) C4, el objetivo (fue) el palco presidencial, francotiradores derribaron antes los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy, pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas”, indicó un tuit de ese grupo que ha cobrado notoriedad en esta coyuntura.

Otro hecho que ha sido omitido por el régimen es que, el martes 7, el exdirector de la policía del municipio de San Diego y activista de oposición, Salvatore Lucchese, dijo a varios medios que él participó en la organización del ataque contra Maduro junto con militares inconformes y la “resistencia”. Al día siguiente anunció desde Bogotá que se refugiaría en Italia. 

Maduro ha pasado los últimos días insistiendo en su tesis del complot para asesinarlo. Ya presidió una marcha en su apoyo que no fue lo numerosa que anticipaban los dirigentes oficialistas que la convocaron.

En una de sus intervenciones televisivas dijo: “Le vi la cara a la muerte, vi la muerte al frente mío y le dije: ‘No me ha llegado la hora, vete de aquí muerte’”. Los ministros y jefes militares que lo acompañaban le aplaudieron con solemnidad. 

Poco creíble

La abogada y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, considera que la versión del atentado contra Maduro es “muy poco creíble” y sostiene que no sería la primera vez que el régimen aprovecha este tipo de episodios “como distractores de la grave situación que atraviesa el país”.

De acuerdo con la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, lo que pudo haber ocurrido es que un dron operado por los propios militares se descontroló y éstos lo destruyeron para evitar que impactara contra la tarima en la que estaban el presidente y los jefes de la Fuerza Armada Nacional.

“Creo que fue un error de los que operaban ese dron, que perdieron el radio de operaciones y lo inhabilitaron, porque no veo a los militares que estaban en ese acto reaccionando como si se tratara de un ataque”, afirma.

San Miguel indica que en las imágenes del evento se aprecia desconcierto en el pódium presidencial y desorganización de la guardia personal de Maduro. Incluso, dice, hasta el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, “salió empujado”, y el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, era el que impartía órdenes.

Segundos después, indica, los soldados formados sobre la Avenida Bolívar salieron en desbandada, asustados, lo que hace insostenible la afirmación de Rodríguez de que las tropas recibieron órdenes de romper filas.

De acuerdo con Néstor Reverol, el ministro del Interior, la tarde del sábado 4 explotaron dos drones (tipo DJI M600, con capacidad de carga de seis kilogramos), uno de ellos cerca de la tarima presidencial y otro en un edificio de una calle paralela. Cada uno de esos aparatos, aseguró, llevaba un kilo de explosivo C4.

Expertos consultados por este semanario ponen en duda esa versión, ya que ese tipo de explosivo, en esa cantidad, es capaz de demoler estructuras pesadas en un radio de 200 metros a la redonda. 

San Miguel recuerda que para el gobierno venezolano “es habitual inventar cargos judiciales contra inocentes que son procesados por delitos contra la patria; no es la primera vez que esto ocurre, es algo que en los últimos 20 años se ha desarrollado de manera sostenida por el control que ejerce el Ejecutivo sobre otros poderes del Estado”.

Algo que resulta poco creíble para los venezolanos en relación con el confuso atentado es que, según el gobierno, los primeros tres detenidos fueron capturados minutos después del hecho gracias a la “inteligencia popular”. Esto, según el propio Maduro, significa que un grupo de varias mujeres y un hombre atraparon a “estos sujetos que les parecieron sospechosos”. 

Para el internacionalista Félix Arellano, el gobierno cometió “un grave error al señalar culpables y acusar a Colombia y a Estados Unidos poco después de ocurrir los acontecimientos y sin que hubiera mediado una investigación exhaustiva”.

Y esto, agrega, es para “distraer y confundir” a los ciudadanos de un país donde el salario mínimo mensual equivale a un dólar y medio y en el que una familia requiere un ingreso 72 veces superior para cubrir sus gastos básicos alimenticios. 

Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación de este año en Venezuela llegará a 1 millón por ciento y el producto nacional ha perdido la mitad de su valor desde 2013.

Cuando menos en los últimos días, las noticias de la crisis, de las continuas protestas de maestros, trabajadores de la salud y sindicalistas en demanda de mejores salarios, y de las acusaciones de corrupción contra funcionarios del régimen, han pasado a un segundo plano por el atentado.

“El presidente y el gobierno esperaban solidaridad internacional, pero ellos mismos generaron incertidumbre al acusar a Colombia y a Estados Unidos de manera inmediata, sin investigación, con lo que parecieron más empeñados en un juego político que en indagar un atentado”, dice Arellano. 

El coordinador del Área de Relaciones Internacionales y Globales de la Universidad Central de Venezuela advierte que es probable que Maduro “se concentre ahora en exacerbar el conflicto con Colombia para buscar cohesión interna en momentos en que se le están agotando los medios para enfrentar la catástrofe nacional”.