Fronteras cerradas para los menores migrantes

Cada año decenas de miles de menores de edad se embarcan solos en una travesía riesgosa: principalmente desde Nigeria, Sudán o Eritrea cruzan el desierto libio, atraviesan el Mediterráneo en embarcaciones precarias y si tienen suerte llegan a Italia. Ahí quedan en manos de traficantes que les ofrecen –en el caso de las niñas y adolescentes– pasar la frontera francesa  a cambio de favores sexuales. Y cuando logran llegar a Francia, este país los rechaza esgrimiendo razones de lucha contra el terrorismo.

París.- Raffaella Milano es categórica: en la ciudad italiana de Ventimiglia, migrantes menores de edad no acompañadas se prostituyen para pagarle a los coyotes que las llevan clandestinamente a Francia.

La tarifa de ese viaje –que hacen escondidas en coches o camiones– oscila entre 50 y 150 euros, suma de la que no disponen las menores.

“Se trata de muchachas muy jóvenes en situación de alto riesgo. Son parte del flujo invisible de menores no acompañados –muchos oriundos de Nigeria, Sudán o Eritrea– que cruzaron Libia y el Mediterráneo en condiciones atroces y atraviesan Italia hacia la frontera norte, con la esperanza de alcanzar a familiares o conocidos en otro país europeo.

“Es intolerable que niñas y adolescentes que no pueden viajar de forma legal en nuestro país se conviertan en presa de explotadores sin escrúpulos”, se indigna la directora de la ONG Save the Children/Italia y autora de Piccoli schiavi invisibili (Pequeños esclavos invisibles), un informe demoledor publicado el 31 de julio.

Esas menores de edad también “venden favores sexuales” para conseguir comida o un lugar donde dormir, no sólo en Ventimiglia sino en otras ciudades y regiones italianas, enfatiza el informe.

Como parte de su programa “Camino de salida”, de lucha contra la explotación sexual de jóvenes migrantes, Save the Children/Italia documentó mil 904 casos de muchachas obligadas a prostituirse entre enero de 2017 y abril de 2018; 160 de ellas eran menores de edad. Las demás, en su mayoría, apenas rebasaban los 18 años. Sin embargo, esa cifra dista de reflejar la realidad. Entrar en contacto con las víctimas y recoger sus testimonios es complejo, porque las niñas tienen miedo y están avergonzadas o demasiado traumadas como para hablar.

Ventimiglia –ciudad de 26 mil habitantes, a siete kilómetros de la frontera– se ha vuelto un cuello de botella para miles de migrantes desde que Francia volvió a controlar sus límites con Italia, en noviembre de 2015.

Se calcula que en 2017 la policía francesa devolvió a Italia 98% de los 44 mil 433 migrantes (algunas ONG hablan de 48 mil), detenidos en la zona fronteriza, la cuarta parte de los cuales son menores de edad.

Instancias oficiales francesas, como la Contraloría General de los Lugares de Privación de Libertad (CGLPL), aseguran que en realidad los menores de edad representan la tercera parte de los migrantes devueltos a Italia. Como sea, dichas expulsiones violan flagrantemente las leyes francesas y europeas sobre protección a la infancia, así como los tratados internacionales respectivos.

El pretexto del Bataclan

A raíz de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 contra la sala de conciertos Bataclan y varios cafés parisinos, el entonces presidente Francois Hollande decretó el estado de emergencia y Francia dejó de aplicar el Acuerdo de Schengen, el que permite la libre circulación de personas en 15 países europeos.

El pasado 30 de octubre el presidente Emmanuel Macron puso fin al estado de emergencia pero al mismo tiempo rubricó la Ley Antiterrorista, que mantiene intactas las medidas más duras del estado de excepción, entre las que destaca un control férreo de las fronteras.

Un amplio despliegue policiaco controla todas las carreteras y vías férreas que unen a Italia y Francia en las regiones de los Alpes del Sur y la mucho más riesgosa de los Altos Alpes, en las cercanías de las ciudades francesas de Brianzón y Gap.

“Como Francois Hollande, Emmanuel Macron aprovecha la lucha antiterrorista para endurecer cada vez más su política antimigratoria, con consecuencias de suma gravedad, en particular en el caso de jóvenes migrantes no acompañados”, asegura a la corresponsal Violaine Husson, responsable de La Cimade, quien encabeza un programa de atención a menores de edad extranjeros que viajan solos y otro para extranjeros víctimas de violencia tanto en Francia como en sus países de origen.

Fundada en 1939, La Cimade (Servicio Ecuménico de Ayuda a los Extranjeros) es una ONG de referencia y de mucho peso en Francia. Se dedica a la defensa y la asesoría jurídica de migrantes, refugiados e indocumentados que piden asilo o quieren legalizar su situación migratoria.

“Francia, como los demás países europeos, se está convirtiendo en una auténtica fortaleza. Resultado: los recorridos migratorios son cada vez más largos, complejos y peligrosos. Mientras más difícil es llegar a Europa, más numerosas son las redes criminales que lucran con estos recorridos. La política antimigratoria europea actual fortalece como nunca el tráfico de seres humanos”, denuncia Husson.

Como Save the Children/Italia, la responsable de La Cimade observa con creciente inquietud lo que pasa en Ventimiglia: “Sabemos que hay redes de traficantes cada vez más activos en la frontera franco-italiana; también empieza a crecer su número en la frontera franco-española, mientras que otras redes, que llevan años operando entre Francia y Gran Bretaña, siguen activas en el norte del país y por supuesto las más susceptibles de caer en manos de los traficantes son las menores de edad”.

Informes adversos

La situación es tan alarmante, que la Comisión Nacional Consultiva sobre los Derechos Humanos (CNCDH) lanzó una misión de investigación en la frontera franco-italiana. Su informe –publicado el 18 de junio– es implacable con las autoridades galas. Es la primera vez desde su creación (en 1947) que esa instancia francesa se atreve a criticar tan abiertamente la política migratoria gubernamental y su condena se torna más drástica cuando analiza la suerte de los migrantes menores de edad.

Subraya el informe: “El hecho de que un número creciente de personas busquen pasar la frontera, crea o multiplica oportunidades de negocios para los traficantes de migrantes. Numerosos informes y testimonios confirman la existencia de estas redes oriundas de Italia. Sin embargo, durante su misión, los investigadores de la CNCDH constataron que no se toman medidas eficientes para identificar a las víctimas de semejante tráfico y protegerlas y que tampoco se presta atención a los señalamientos hechos al respecto por las asociaciones de la sociedad civil”.

Enfatiza que las fuerzas policiacas francesas parecen privilegiar la persecución de los migrantes y no la de los traficantes: “La puesta en marcha de una política penal intransigente para luchar contra estos tráficos es indispensable, pero en ese caso también la CNCDH constata una ausencia de respuesta eficaz por parte de las autoridades públicas”.

Y dictamina: “La gravedad de las violaciones de los derechos de las personas migrantes en la frontera italiana exige que el Estado deje de negar la realidad de los hechos y modifique radicalmente su política, que pone en peligro a un número creciente de seres humanos. Semejante situación es inaceptable en nuestra República. Por otra parte, la llegada al poder en Italia de partidos políticos hostiles a los migrantes es un factor suplementario de inquietud en cuanto a la suerte de estas personas que buscan protección internacional”.

Además de la violencia de las organizaciones criminales, los jóvenes migrantes enfrentan maltratos por parte de la policía francesa, que desprecia de forma casi sistemática sus derechos fundamentales.

Es lo que denuncia otro informe, publicado el 5 de junio por la también oficial CGLPL. Inspectores de esa entidad administrativa creada en 2008 hicieron visitas de control en la delegación fronteriza de Pont Saint Louis de Menton, al tiempo que observaron la actuación de los policías en la estación ferroviaria de la ciudad, la más cercana a la frontera con Italia.

Todos los migrantes detenidos en esa estación y en la zona fronteriza –un promedio de 100 por día– acaban en la delegación de Pont Saint Louis. La indignación de los investigadores de la CGLPL ante lo que descubrieron queda reflejada a lo largo de las 80 páginas de su informe y es plasmada en su conclusión:

“El objetivo del regreso forzado a Italia de los migrantes detenidos en la frontera es dictado por una ‘obligación de resultado’: la meta es garantizar el sellado de la frontera negando todas las reglas de la ley. En ese contexto de presión política, los funcionarios de la policía cumplen sus misiones como si estuvieran trabajando en cadena en una fábrica. Por lo tanto, la atención a las personas extranjeras se lleva a cabo en condiciones indignas y sin que se respeten sus derechos.”

Como la CNCDH, la CGLPL hace hincapié en la situación de los menores de edad no acompañados que, por ley, deben ser confiados a los servicios de protección de la infancia pero que en realidad se ven obligados a regresar a Italia.

Leyes a modo

Según recalca el informe de la CGLPL, los policías multiplican estrategias “dudosas” para entregar a los menores una “denegación de entrada a Francia”, documento oficial indispensable para su reingreso a Italia.

Entre otras “trampas”, los agentes de las policías fronteriza y ferroviaria cuestionan la autenticidad de sus fechas de nacimiento o la de sus documentos de identidad para poder clasificarlos como mayores de edad; fingen creer que adultos que viajan con ellos son sus familiares, cuando a menudo se trata de traficantes, lo que les evita considerar a los jóvenes migrantes menores de edad no acompañados; y aprovechan que la mayoría de los jóvenes no habla francés para hacerlos firmar formularios en los que aceptan su devolución a Italia.

Los policías también buscan intimidarlos por todos los medios: los persiguen en la estación para obligarlos a subirse a trenes que van a Italia o los detienen arbitrariamente una noche entera en locales insalubres.

Las fotografías de los lugares de detención que los inspectores de la CGLPL publican en su informe son impresionantes: el único sanitario puesto a disposición de los detenidos se nota asqueroso e inmundas se ven las salas de espera en las que los migrantes tienen que amontonarse horas o toda una noche sin recibir comida ni cobijas en invierno.

Husson explica que La Cimade recogió testimonios de maltratos, insultos y persecuciones de menores de edad por parte de las autoridades policiacas. Cita casos de policías que cortan con cuchillos las suelas de los tenis de los niños a sabiendas de que tendrán que caminar de regreso a Italia; otros policías destruyen o inhabilitan los celulares de los menores.

Lo grave, subraya Husson, es que un sinnúmero de jóvenes llega a Francia huyendo de los traficantes que los persiguen en Ventimiglia. Devolverlos a Italia los expone a represalias.

Advierte: “Y la situación amenaza con empeorar después de la adopción, por parte de la Asamblea Nacional el 1 de agosto, de la Ley Asilo-Inmigración, elaborada por Gérard Collomb, ministro del Interior en plena simbiosis con Emmanuel Macron. Varios artículos de esa ley limitan aún más los derechos de los migrantes, en particular los de los menores de edad”.

Los debates en la Cámara de Diputados antes del voto final fueron acalorados. Duraron cinco meses pero fueron vanos. La República en Marcha, partido de gobierno que tiene amplia mayoría en la Asamblea Nacional, logró imponer el proyecto de Macron y Collomb.

Entre los artículos más polémicos de la nueva ley destaca el que instaura la ampliación del periodo de retención de los migrantes en proceso de expulsión, que aumenta de 45 a 90 días. Esa disposición afectará a niños detenidos con sus padres y viola las normas legales francesas, europeas e internacionales que prohíben la reclusión de menores de edad.

Husson insiste también en otro artículo “pernicioso” que prevé la catalogación informática de las huellas digitales y de las fotografías de los migrantes menores de edad no acompañados. “La ley convierte en sospechosos a estos jóvenes, que necesitan la protección del Estado francés”, acusa.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU denuncia a su vez esa medida, por considerar que los datos recopilados sobre menores de edad sólo deben ser utilizados para protegerlos y que se debe prohibir su uso en la lucha contra la inmigración ilegal.

También condena drásticamente ese control de los jóvenes migrantes aislados el Defensor de los Derechos, autoridad administrativa francesa que se desempeña como ómbudsman y tiene prerrogativas especiales en materia de derechos de los niños.

Jacques Toubon, quien asume ese cargo, considera que esa clasificación electrónica “viola la vida privada de personas consideradas menores de edad hasta prueba de lo contrario”.

Otro agravante: las huellas dactilares de los menores de edad distan de ser estables, lo que representa una amenaza potencial suplementaria para los jóvenes fichados. Es lo que subraya la Comisión Nacional de Informática y Libertades, entidad administrativa gala cuya misión es proteger la privacidad y la libertades individuales y públicas en Francia.