En Assam se desata la cacería de musulmanes

En el estado indio de Assam se fragua una crisis humanitaria: la de dejar sin nacionalidad al menos a 4 millones de musulmanes… un primer paso para llevar adelante una “limpieza étnica”, como ocurrió con los judíos en Alemania y con los tutsis en Ruanda. Y en el vecino Myanmar la violencia contra la tribu de los rohingya por parte del ejército ha dejado miles de muertos y cientos de miles de refugiados, en una crisis prácticamente ignorada por la comunidad internacional. El argumento gubernamental es que los rohingya no son ciudadanos del país y ocupan tierras que no son suyas, aunque lleven décadas viviendo ahí. 

En el estado de Assam, en el oriente de India, a 4 millones de musulmanes les han retirado la nacionalidad. Esto significa que el país decidió que no los acepta como sus ciudadanos… pero tampoco tienen otro que los reconozca como suyos. Los están convirtiendo en seres humanos sin nación.

Las primeras implicaciones son la pérdida de derechos: los ponen en la incertidumbre de qué garantías les quedarán para educarse, trabajar, obtener alimentos o un techo. Pende sobre ellos la amenaza de ser recluidos en centros de detención sin haber cometido ningún delito. Ante la enorme cantidad de perjudicados, algunos advierten que tendrán que ser construidos campos de concentración para ellos. Y muchos temen que los deporten a territorios que desconocen.

Pero a India le resultará muy difícil, si no imposible, que Bangladesh, su destino hipotético, permita el ingreso forzado de 4 millones de mujeres, hombres e infantes ajenos, que en su inmensa mayoría no nacieron ahí.

Uno de los primeros pasos de la limpieza étnica y los genocidios es declarar a una parte de la población extraña al suelo donde nació: de esta forma la convierten en objetivo de ataque para grupos fanáticos, para la policía y para el ejército. 

Y así está pasando a muy poca distancia de Assam, en el vecino Myanmar (antes Birmania), donde la tribu de los rohingya fue desposeído de la nacionalidad birmana y es hostigado por militares, lo que ha causado miles de muertes y casi 1 millón de refugiados.

Esta violencia no es extraña a India, que surgió como país independiente en 1947 en medio de enormes desplazamientos de población y sangrientos conflictos religiosos, étnicos y tribales y que, al cumplir 71 años de existencia este miércoles 15, ha experimentado numerosos eventos de persecución masiva de hindúes contra musulmanes.

El Partido Baratiya Janata (PBJ), de extrema derecha hinduista, y sus organizaciones antecedentes han tenido protagonismo en varias de estas ofensivas contra los fieles del Islam. Su líder, Narendra Modi, es presidente indio desde 2014. Y casi la totalidad de los 4 millones a quienes se les desconoció la nacionalidad, son musulmanes.

Identificación de “extranjeros”

La colonia británica de India fue dividida en dos durante la independencia, y Pakistán fue creado en las regiones de mayoría musulmana. A pesar de ello, en la India moderna habitan 172 millones de seguidores del Corán, que representan 14% de la población: una de cada siete personas en este universo de mil 200 millones.

Entre los hindúes no han faltado movimientos fanáticos violentos, como la RSS (Organización Nacional de Voluntarios), que asesinó a Gandhi; ésta ha hecho una bandera de agitar el sentimiento antislámico e impulsó o participó en numerosos motines contra los musulmanes, como los del estado de Gujarat, en 2002, en los que fueron asesinadas más de 2 mil personas. 

En ese momento, Gujarat era gobernado por el hoy primer ministro Narendra Modi, quien es miembro de la RSS, al igual que otros líderes de su partido PBJ.

Entre los 29 estados de India, Assam es el único que tiene tribunales específicos –un centenar– para “extranjeros”. Además de unos 100 mil funcionarios contratados para levantar un censo que alimente el padrón llamado Registro Nacional de Ciudadanos (RNC). 

El RNC fue creado en 1951, a sólo tres años de la independencia. En esa época los habitantes de los estados indios de Assam y Bengala Occidental y los de Bengala Oriental (que se acababa de convertir en parte de Pakistán y luego se escindió y tomó el nombre de Bangladesh) transitaban con libertad de un lado a otro, sin distinguir nacionalidades.

En 1971, durante la guerra de independencia de Bangladesh, millones de personas escaparon a India como refugiadas. 

Azuzados por el nacionalismo indio y el fanatismo hindú, se produjeron numerosos ataques contra los inmigrantes, como la masacre de Nellie, del 18 de febrero de 1983, en la que entre 2 mil y 10 mil musulmanes de 14 aldeas fueron asesinados en seis horas. 

No pertenecían, sin embargo, a los que habían llegado a la región una década antes, sino que eran descendientes de grupos que fueron trasladados a Assam bajo patrocinio británico a principios del siglo XX, en la época en que el subcontinente aún era una colonia del imperio. El motivo, según investigaciones académicas, fue la decisión tomada por Indira Gandhi, entonces primera ministra, de concederles el derecho al voto a quienes se habían asentado en el estado, procedentes de Bangladesh.

Más recientemente, del 1 al 3 de mayo de 2014, 32 musulmanes de origen bengalí fueron muertos por no obedecer las órdenes de votar por un partido local en las elecciones de ese año.

Las ganó el PBJ, con su entonces candidato Narendra Modi, quien entre sus promesas de campaña se comprometió a expulsar del país a quienes llamó “extranjeros ilegales”. “Lo pueden poner por escrito”, declaró en un mitin, “que estos bangladesíes se preparen y hagan sus maletas” (con el mismo discurso xenófobo, el PBJ llegó también a la gubernatura de Assam en 2016). 

Una de las primeras órdenes dictadas por Modi fue que el RNC intensificara la identificación de “extranjeros”, que hasta entonces avanzaba con lentitud, para elaborar un censo de nacionales en Assam. La primera versión, dada a conocer en febrero, pareció catastrófica: de 32 millones de habitantes del estado, sólo reconocía como ciudadanos a 18 millones: casi la mitad quedaba desnacionalizada.

El RNC publicó una nueva lista el pasado 30 de julio: ahora incluye a 28 millones de personas. Pero quedan fuera 4 millones. 

El problema ahora es qué hacer con ellas.

Casos emblemáticos

Una de cada cuatro personas no sabe leer en Assam, un estado en el que ocho de cada nueve habitantes vive en zonas rurales. Y rurales de verdad: la mayoría vive lejos de puntos donde puedan buscar educación, salud o alguna atención por parte de los servicios administrativos. Es común carecer de documentos, o tenerlos escritos a mano en materiales débiles que resisten mal el agua y el clima en pobres viviendas llenas de rendijas.

Los funcionarios del RNC tienen, por consecuencia, una tarea muy difícil para determinar quién es un nacional y quién no. Además, ante la enorme magnitud de la encomienda, la falta de recursos y la escasa preparación o compromiso de muchos de ellos, es fácil que cometan errores.

Samar Halarnkar, reportero de India­Spend.com, un medio digital de investigación periodística, reveló un caso que puede ser paradigmático, el de Moinal Molla, quien fue detenido por la policía el 5 de septiembre de 2013.

Musulmán, analfabeta, delgado, de 27 años, a Molla no le explicaron por qué se lo llevaban. Lo encerraron en un centro de detención a 100 kilómetros de su aldea. Lloraba porque no sabía si volvería a ver a sus padres, su esposa y sus tres hijos.

Él era una de las 89 mil 395 personas que desde 1947 y hasta agosto de 2017 fueron declaradas “extranjeras” en Assam. Actualmente hay 2 mil detenidos en los seis centros estatales.

En éstos, los carceleros suelen dividir a los prisioneros en dos categorías “bangladesíes” y “votantes d” (d por “dudosos”), sobre la base de que nadie va a ver a los “extranjeros”, en tanto que los “d” sí reciben visitas de familiares de Assam.

En realidad, Molla había tenido la suerte de que tardaran 15 años en ir a arrestarlo, puesto que desde 1998 –cuando tenía 14 años– había sido señalado como “votante d” en ausencia por funcionarios que, además de esas tareas, se encargaban de otras como irrigación o educación. En 2010, también sin su conocimiento, un tribunal lo declaró “extranjero”.

Gracias a que un abogado aceptó tomar su caso, un vecino de su misma aldea, Molla pudo ser liberado. Tenía un caso sólido: sus hijos, esposa, hermanos, y padres son ciudadanos indios reconocidos, sus cuatro abuelos aparecen en listas de votantes de 1951 y 1966, las tierras de la familia fueron registradas en 1938… sólo así.

Estuvo encerrado dos años, 10 meses y 29 días.

Otro ejemplo, que también reveló IndiaSpend.com, es el de Mohammed Azmal Haque, un militar retirado que sirvió en el ejército 30 años, que recibió un requerimiento de asistir a la corte a demostrar que es indio. 

Pero reaccionó a tiempo y consiguió apoyo de sus oficiales: “Si yo, como antiguo soldado, no hubiera difundido mi caso, hubiese terminado en un centro de detención. Hay miles de ciudadanos indios más que enfrentan el mismo acoso. ¿Qué clase de investigaciones hacen antes de enviar estos avisos?”

Limpieza étnica

Aunque no se han difundido cifras oficiales, se estima que la mayoría de quienes sí pueden calificar como “extranjeros” a partir de la definición oficial, son descendientes de inmigrantes de la guerra de 1971 o de antes, pero ya nacieron en India. 

Para ellos, aplican reglas de excepción: “En el resto de India, eres ciudadano por nacimiento”, le explicó Prateek Hajela, coordinador del RNC, a Halarnkar. “En Assam, eres ciudadano por descendencia”.

El 3 de enero, el ministro jefe (gobernador) de Assam, Sarbananda Sonowal (del PBJ), declaró al diario Times of India cuáles son sus planes: “Quienes sean declarados extranjeros perderán los derechos constitucionales. Tendrán uno solo derecho: los derechos humanos como los prevé la ONU, lo que incluye comida, techo y vestido. El tema de la deportación vendrá después. Primero, nuestro objetivo es segregarlos”.

Bangladesh ha declarado que no aceptará a quien no haya nacido allí. Y falta ver cómo podría el gobierno forzar el traslado de 4 millones de personas, y si lo lograría hacer pacíficamente.

En 1982, la dictadura militar de Myanmar, el país vecino de mayoría budista, declaró que sus habitantes de la tribu rohingya –también musulmanes– eran extranjeros y debían “regresar” a Bangladesh, pese a que sus antecesores se establecieron en su actual territorio en el siglo VIII. Su ejército, con apoyo de milicias, ha lanzado ya cinco ofensivas –la última empezó en 2016 y prosigue–, en las que violan a las mujeres, matan a los pobladores y queman las aldeas.

Unos 900 mil rohingyas viven ahora como refugiados en Bangladesh y 400 mil siguen bajo acoso; de ellos, 100 mil están encerrados en campos de concentración. 

La ONU acusa al gobierno de Myanmar, encabezado por Aung San Suu Kyi –Nobel Nobel de la Paz en 1991–, de haber cometido numerosos crímenes contra la humanidad y de realizar “limpieza étnica”.