Los actores de la matanza estudiantil en Tlatelolco

Nacido en 1968, Fabrizio Mejía Madrid recupera lo que sucedió ese trágico año en Tlatelolco y lo novela en su libro Esa luz que nos deslumbra, de reciente publicación. El volumen es la historia del choque entre el autoritarismo del Partido Único y la diversidad, la alegría y la esperanza de los universitarios. Así lo comentan los editores de Grijalbo, con cuyo permiso reproducimos fragmentos significativos del modus operandi de la clase política, el Ejército y los servicios de inteligencia en ese periodo crucial de la historia.

Luis Echeverría llegó hasta el edificio de la Regencia en helicóptero. En torno al Palacio Nacional, atrás de la Catedral y, sin duda, en las ofi­cinas del Defe se encendían y apagaban a todas horas barricadas a base de camiones de línea. No se iba a arriesgar a quedar atrapado en una calle, los estudiantes reconociéndolo, y quedar en sus manos. Cuando bajó al segundo piso, ya estaban todos los militares. Él era el único civil. Por eso, no podía ser la Secretaría de Gobernación la sede de esta re­unión con oficiales del Ejército. El general Marcelino García Barragán tampoco había accedido a que fuera en las instalaciones de la Defensa Nacional. Por eso, el general Alfonso Corona del Rosal aceptó después de la presión que el presidente Díaz Ordaz ejerció por teléfono, desde su gira por Jalisco: 

–Usted es el del problema, general. Si no pueden resolverlo Cueto y Mendiolea, vaya presentándome su renuncia para anunciarla en el Quinto Informe.

Nadie quería plantear la entrada del Ejército en las escuelas. 

–Mis policías –dijo el general Luis Cueto– no tienen los recur­sos para enfrentar a los estudiantes, sobre todo a los del Poli, que parece que desayunaron gallos. 

–Blinde las patrullas –aconsejó el secretario de la Defensa–, póngales metrallas a los lados y éntrele, general. ¿O desayunó gallina? 

El coronel Manuel Díaz Escobar, que conocía a Echeverría y a Díaz Ordaz desde que, juntos, habían formado “Los Halcones”, un grupo de hombres que miraban todo desde su altura de más de uno ochenta y que protegían del vandalismo las bancas del recién inaugurado Metro, ahora tenía a su cargo 14 mil barrenderos y sepultureros del Departa­mento del Distrito Federal. Lo consideraban un batallón de civiles dis­puestos a todo y entrenado hasta la fecha por el mayor Francisco Solís Soto. A esa misma Dirección correspondían otros militares “en reser­va”, siempre vestidos de civil que, a veces, usaban sombreros de texanos para identificarse, como Enrique Salgado Cordero, Ángel Eliud Casia­no y Francisco Rodríguez Villarreal. Díaz Escobar apoyó a Echeverría en su urgencia:

–Los estudiantes rondan las armerías. Podrían asaltarlas y, entonces, ya sería muy tarde la entrada del Ejército. 

–Más vale anticiparnos –remató Echeverría. 

–El presidente ha sido muy claro –reafirmó Echeverría–. Hay que parar esto a como toque. No nos vamos a poner a deslindar fun­ciones de la administración pública a un mes del Quinto Informe del presidente. 

–Las escuelas subvertidas son sólo la Uno y Tres de la Universidad y las vocacionales 5 y 7 del Politécnico. 

–No has visto el Casco de Santo Tomás –dijo Luis Cueto–. No hemos podido entrar en dos días.  

–Van los tanques, pues –accedió el general secretario de la Defensa–, pero será para restituir el orden, no para siempre. 

–Nosotros tenemos datos de que se trata de una conspiración internacional para desestabilizar a México –argumentó Cueto. 

–Entonces –dijo, inmutable, Echeverría–, será hasta que poda­mos desmontar la provocación.  

 

El rector Javier Barros Sierra escribe, en esos días, dos cartas. En una, fechada el 18 de septiembre, tras la entrada de los tanques a la Ciudad Universitaria, se lee:

“La ocupación militar de la Ciudad Universitaria ha sido un acto excesi­vo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. De la misma ma­nera que no mereció nunca el uso que quisieron hacer de ella algunos universitarios y grupos ajenos a nuestra institución. La atención y solu­ción de los problemas de los jóvenes requieren comprensión antes que la violencia. Seguramente podrían haberse empleado otros medios. De las instituciones mexicanas y de nuestras leyes y tradiciones se derivan ins­trumentos más adecuados que la fuerza armada. Así como apelé a los universitarios para que se normalizara la vida de nuestra institución, hoy los exhorto a que asuman, dondequiera que se encuentren, la defensa moral de la Universidad Nacional Autónoma de México y a que no abando­nen sus responsabilidades. La Universidad necesita, ahora más que nun­ca, de todos nosotros. La razón y la serenidad deben prevalecer sobre la intransigencia y la injusticia.”

La otra carta está fechada cinco días después. El líder de la Cámara de Diputados y los dirigentes sindicales del partido le habían pedido al rector de la Universidad que, en vez de condenar la entrada del Ejército en la Ciudad Universitaria, le diera las gracias al gobierno. La justifica­ción para el uso de la fuerza militar es que, con los tanques, se restituía el orden que el propio rector no había podido sostener. Incluso la Universidad es tildada de “organismo descentralizado del gobierno federal”, es decir, se le niega su autonomía, sólo reconocida como la facultad de enseñar, pero no –como se repite desde la tribuna de los diputados– como “extraterritorialidad del Estado de derecho”. Consi­derado un débil, un timorato, por el presidente Díaz Ordaz, el rector escribe una carta de renuncia: 

México, DF, a 23 de septiembre de 1968. 

H. Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México.

P r e s e n t e. 

Ustedes conocen de sobra los últimos hechos que han afectado a nuestra casa de estudios. Sin necesidad de profundizar en la ciencia jurídica, es obvio que la autonomía ha sido violada por habérsenos impedido realizar, al menos en parte, las funciones esenciales de la Universidad. Me parece importante añadir que, de las ocupaciones militares de nuestros edificios y terrenos, no recibí notificación alguna, ni antes ni después de que se efectuaran…

A t e n t a m e n t e 

Javier Barros Sierra 

El 29 de octubre el rector, a quien el Consejo Universitario no le acepta su renuncia, recibe una llamada de parte del presidente Díaz Ordaz. Mandaban a los oficiales mayores a responderles a los universitarios. Así, los estudiantes recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación –“en México no existen los presos de conciencia”–, del Departa­mento del Distrito Federal –“evaluaremos las acciones de la policía en los disturbios”–, de la Procuraduría de Justicia –“nos mantenemos atentos a las denuncias que se presenten” –y las cartas del Consejo Nacional de Huelga, firmadas por Marcelino Perelló Vals, a las que se ponía un sello en las ventanillas de las oficialías de partes: “Recibido”. 

(…) cuando Javier Barros Sierra levantó el auricular en su casa, no le extrañó que la voz en nombre del presidente de la República fuera la del militar que aparecía siempre atrás, Luis Gutiérrez Oropeza. Su recado –como lo llamó– era un intercambio de abogados de barandilla: 

–Usted llama al regreso a clases y nosotros desocupamos Ciudad Universitaria. 

–Puedo llamar a eso, general, pero no creo que me hagan caso.  

–Impóngase, ingeniero. Éntrele –y el rector imaginó al general en calzones, pero con el cincho de las pistolas todavía a la cintura. 

–No es cuestión de virilidad, se lo explico: la resolución de las demandas de los estudiantes son atribución del gobierno, no de la Universidad. Para que me entienda: el Consejo Universitario no puede destituir a un jefe policiaco de la ciudad o derogar un artículo del código penal. Pedir que se levante la huelga, cómo no, señor general, cuando ustedes quieran. Que los estudiantes acepten, eso lo veo complicado.  

–Le comento, ingeniero: existe la idea, y yo no la comparto, de que las autoridades universitarias pueden ser acusadas de instigar esta conspiración extranjera y pagar por ello. 

–¿Me está amenazando, general? 

–De ninguna manera. Lo que le estoy diciendo es que, en este gobierno, hay opiniones y opiniones. ¿Sí me explico? En este momento, como puede pasar una cosa, puede ocurrir otra. ¿Sí me explico?

–Curiosamente, general, se ha dado usted a entender. Recibido –dijo el rector y colgó.  

 

A las cuatro de la mañana del 2 de octubre, el general secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, se despertó como de costumbre. No había salido en la última semana de ahí y, acostumbrado a la campaña militar, se quitó la camisa y se enjuagó las axilas con un trapo mojado. Echó de menos a su peluquero que lo afeitaba todas las madrugadas, se miró en el espejo y suspiró. “La lealtad no es horizontal”, se decía cuando le costaba aceptar las órdenes del presidente Díaz Ordaz. A la operación militar de ese día le llamaron “Galeana” como su rancho. Los tres cercos de la Plaza de las Tres Culturas se repitieron en su mente: el primero, el del Ejército, para disolver el mitin y evitar que los estudiantes marcharan al Casco de Santo Tomás; el segundo, el del Batallón Olim­pia, que detendría a los líderes del Comité de Huelga para llevarlos al Campo Militar Número Uno; el tercero, del que no quiso saber nada: francotiradores de un grupo del Estado Mayor Presidencial apostados en los edificios alrededor de La Plaza. La discusión, como desde el inicio, fue quién cargaba con el muerto. Era el último día de septiembre. El presidente se había burlado de la actuación del Ejército en las tomas de Ciudad Universitaria y el Casco de Santo Tomás, desde que lo saludó: 

–¿Cómo está el Rommel del campus?

Se desplegó el mapa de Tlatelolco sobre la mesa de Luis Echeverría para hacer del mitin de La Plaza el último del movimiento. El Plan, elaborado por la oficina encargada del Estado Mayor Presidencial, iba sin firma. García Barragán sabía que detrás estaba Gutiérrez Oropeza, al que despreciaba por carecer de lealtad militar. “Es un abrepuertas y cargaportafolios”, había dicho cuando Díaz Ordaz lo nombró como su Estado Mayor. Ladeó la cabeza y leyó rápido el croquis: 

–Soldados disparando sobre comunistas, pasa. Pero ¿sobre mexicanos? 

–Bueno, general, los comunistas no son mexicanos –argumentó Echeverría–, son traidores, sirven a una nación extranjera. Estamos avalados por el artículo de disolución social. 

 

En la madrugada del 3 de octubre, el presidente Díaz Ordaz hizo circu­lar en su oficina un boletín de prensa en el que se decretaba un Estado de Sitio con el que se suspendían las garantías individuales. Luis Eche­verría se levantó a aplaudir y lo siguieron el general Gutiérrez Oropeza y Alfonso Corona del Rosal. García Barragán, que no había dormido porque ya había empezado a interrogar personalmente a los estudiantes detenidos en el Campo Militar Número Uno, se quedó sentado con el boletín temblándole en la mano. Aquello era una trampa para el Ejér­cito, la de verdad, no la de los francotiradores que ocuparon ventanas, como las del Edificio 12 de Abril, desde las que sólo podían disparar a los soldados de abajo. Para estas horas, el informe que le rendía el gene­ral Mario Ballesteros Prieto era que, después de las bengalas, el primer herido, en la nalga derecha, había sido el general Hernández Toledo, al frente de una de las tres columnas de la “Operación Galeana”. Los fran­cotiradores escogidos por su altura –no menos de 1.80 de estatura– tenían la orden de iniciar los disparos desde el Edificio Chihuahua sólo para poder asegurar después, ante la opinión pública, que habían sido los estudiantes. Aquello terminó en una balacera entre francotiradores y los soldados, con una tanqueta disparándole al edificio. Pero ¿por qué siguió la balacera cuando ya no había manifestantes en la Plaza y el Comité de Huelga ya estaba detenido, las manos recargadas en el muro de la Iglesia de Santiago? Ésa era la pregunta. La hizo. 

La mañana del 3 de octubre le llamaron al general Javier Vázquez Félix con una orden: recoger los cadáveres. 

 

Con el 2 de octubre (Díaz Ordaz) tenía paralizada a la burocracia del partido y a sus políticos que confundieron “la mano tendida” con un signo de debilidad. De los que había que deshacerse era de los políticos de partido que creían todavía en Lázaro Cárdenas o las Camisas Rojas de Garri­do Canabal. Al general Lázaro Cárdenas lo hizo esperar en la antesa­la de Los Pinos para acusarlo de tener escondido al profesor Heberto Castillo. Lo humilló al recibirlo en la puerta y fingiendo irse a un acto protocolario:  

–No tengo tiempo, general, de atenderlo. Haga una petición y que le firmen de recibido –le dijo el presidente al expresidente que, por un instante, alzó las cejas pensando que era una broma–. Y si es cierto que esconde al ingeniero Castillo, aténgase a las consecuencias. Buena tarde. 

 

 

El encargado de la CIA en México, Winston Scott, recibió la llamada del presidente Díaz Ordaz por la mañana del 4 de octubre. Era el tipo de mexicano cerrado, doble-cara –“¿Usted cree que, si tuviera otra, usaría ésta?”, bromeaba el presidente– que creía que los gringos crecían los dólares en árboles. Cada vez que informaba algo, Díaz Ordaz pedía automóviles para su amante, una casa en Chapultepec, dinero en efec­tivo. Scott sabía que Echeverría y él apostaban a ver cuánto dinero les daban en cada ocasión, pero, aun así, siempre era útil hablar con ellos. Finalmente, decidían las cosas en México, aunque los mejores informes siempre venían de Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios, los policías secretos; daban nombres, fechas, lugares. Echeverría y Díaz Ordaz jugaban a convencer a los Estados Unidos de que la matanza de los estudiantes había sido para proteger al Continente Americano de la amenaza comunista. Scott, que conocía al presidente suelto, tocando la guitarra y cantando boleros, en bodas y fiestas, incluyendo las suyas en Lomas de Chapultepec, lo notó demasiado exaltado, tembloroso, con un derrame en un ojo.

Walt Rostow, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Lyn­don B. Johnson, recibió el resumen y leyó con detalle la transcripción de las palabras del informante Díaz Ordaz, LITEMPO-1, a dos días de la masacre en Tlatelolco. Para Lyndon B. John­son, Rostow escribió, el 5 de octubre, su reporte: 

“El análisis de la CIA que adjunto concluye en que las manifestaciones estudiantiles fueron desatadas por fuerzas locales y no por cerebros ni soviéticos ni cubanos. El presidente Gustavo Díaz Ordaz dice que los motines fueron cuidadosamente planeados, que las armas encontradas eran de manufactura extranjera y con los números de serie limados, que los comunistas de Castro y los chinos fueron el centro de este esfuerzo y que los soviéticos se sumaron al final para no quedar como miedosos. La evidencia con la que contamos no sugiere, de forma alguna, tales afirmaciones”. 

 

El tiempo desaparece cuando un día es igual al otro, cuando es cíclico el salir del sol, el desayuno, el ejercicio en la celda, las clases de matemá­ticas y marxismo, el “rancho”, la vuelta a la celda hasta que anochezca y se apague la luz. Me invento que sueño en un tiempo como un re­sorte del que puedes saltar de abajo hacia arriba y a los lados, rebotando contra las paredes. Los abogados nos inventan que estamos parados en una fila de expedientes que avanzan, sin prisa pero sin pausa, con la presión del pueblo de México para acabar saliendo por una puerta ha­cia el presente. 

Y nosotros ¿seguiremos siendo nosotros después de la cárcel? ¿La historia correrá hacia adelante o, como la luz, se irá curveando para evadir ser tragada del todo por la estática, por la anomia, por la abulia? ¿En dónde estaremos cuando sal­gamos, si es que salimos? ¿Nos daremos cuenta de que subimos en la cresta de una ola de la historia y de que ahora estamos bajo el agua, sin nada de qué asirnos?