Juchitán: un año de mentiras

Las declaraciones del gobernador Alejandro Murat sobre los grandes avances en la reconstrucción de viviendas, escuelas e infraestructura de salud en Oaxaca no corresponden a la realidad. Al contrario, su gobierno enfrenta bloqueos de carreteras, retenciones de funcionarios y denuncias de legisladores de oposición por no atender las necesidades de la población afectada. Peor aún, Murat negó la existencia del fondo para la reconstrucción aprobado en el Congreso local y publicado por su propio gobierno en el periódico del estado.

JUCHITÁN, Oax.- El terremoto del 7 de septiembre de 2017 dejó a este municipio sumido en un duelo colectivo y exhibió a las autoridades, ya que hasta la fecha los pueblos del Istmo de Tehuantepec siguen devastados, la gente vive entre escombros, bajo lonas y a merced de las promesas no cumplidas de reconstruir sus viviendas. 

A casi un año de la tragedia, las cifras optimistas de los gobiernos federal, estatal y municipal contrastan con la realidad, lo que ha llevado a protestas en las cuales los pobladores bloquean carreteras, retienen a funcionarios y toman la tribuna del Congreso local.

El 23 de agosto pasado, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa afirmó que más de 4 mil millones de pesos se canalizaron en tarjetas Bansefi para la reconstrucción de 60 mil viviendas afectadas por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017, que originaron más de 6 mil réplicas.

Detalló que el saldo total asciende a 82 muertos y “de 180 mil a 250 mil familias afectadas”, así como daños en 600 edificios catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 6 mil escuelas y 12 mercados.

“Dividimos el caso en tres etapas –explicó el mandatario–: la primera fue la crisis humanitaria para asegurar vidas, porque tenemos un mes para mover escombros y asegurar a la gente en un albergue y su alimentación. Se entregaron 2.2 millones de despensas y 2.2 millones de litros de agua sólo en la etapa de crisis. Salían más de 108 camiones todas las mañanas del aeropuerto militar de Ixtepec y 80 vuelos diarios”.

Destacó que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a su gabinete trasladarse al Istmo de Tehuantepec, por lo que “llegaron más de 10 mil funcionarios del gobierno federal, 5 mil de Secretaría de la Defensa Nacional y 5 mil de las diferentes áreas de gobierno”. 

La siguiente fase se concentró en atender a 600 mil habitantes de los 41 municipios afectados. A decir de Murat, “la segunda etapa tiene que ver con la reconstrucción. Se hizo un censo en una semana; había 63 mil viviendas afectadas. Una tercera parte de las viviendas que tiene ubicadas el Inegi fueron afectadas: más de 20 mil con daño total y de 180 mil a 240 mil familias afectadas”.

Después las autoridades distribuyeron “apoyos de entre 30 mil y 130 mil pesos, (dependiendo) si era pérdida parcial o total, y se entregaron 4 mil millones de pesos con tarjetas de Bansefi con nombre y apellido”, puntualizó el gobernador.

Además informó que se canalizaron 600 millones de pesos al hospital de Juchitán, en tanto que “tuvimos 6 mil escuelas fracturadas. Ya el universo está en 800, que ya tienen financiamiento y esperamos que en tres o cuatro meses tengamos la totalidad. No se han perdido clases”.

Agregó que la tercera etapa consistió en la reactivación económica y “después de un periodo suficiente, de ocho meses, se paró el apoyo humanitario y se entregaron apoyos por más de 100 millones de pesos a pequeñas empresas del istmo, principalmente al comercio, a través de los hornos de totopo y de pan, que beneficiaron a más de 15 mil familias”.

Sin embargo, la Coordinadora General de Damnificados del Istmo, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como padres de familia y vecinos afectados desmintieron a Murat.

El etnohistoriador e integrante de la asociación civil Melendre Gubidxa Guerrero describe a los damnificados de los sismos como “los olvidados” y precisa que “4 mil millones de pesos, divididos entre un costo de 500 mil pesos por casa, habrían bastado para rehabilitar al menos 8 mil viviendas, pero en todo el istmo no se han reconstruido ni 200”.

Resalta que el Comité Melendre visitó 50 poblaciones, de las cuales en 44 o 45 no se ha visto el beneficio de ningún programa gubernamental, pues los hornos para totopos se concentraron en Xadani y Juchitán, cuando se requiere en toda la región.

En cambio, dice, “los programas gubernamentales se ocuparon en la pasada contienda electoral. También hizo ruido el fideicomiso de Morena pero tampoco se vio. Entonces la responsabilidad es generalizada porque gobierno, partidos y organizaciones no gubernamentales no hemos hecho lo suficiente. Es triste que se haya olvidado y se haya perdido interés mediático”.

Desde su punto de vista, la región del istmo vive una “catástrofe humanista”, ya que las clases permanecen suspendidas o bien los niños las toman en patios o cuartos improvisados. Sólo se ha terminado de rehabilitar un plantel: el Centro Escolar de Juchitán. El avance en el resto va del 10 al 20%. 

En cuanto a salud, el hospital más importante registra apenas el 40% de los trabajos de reconstrucción, aunque los soldados se afanan en ellos día y noche.

Lo que más le indigna al activista es “el uso político de los censos de la Sedatu y de la entrega de tarjetas de Bansefi. En la sierra zapoteca istmeña (sus habitantes) no fueron censados, no tienen ningún folio (registrado para la reconstrucción) y casas que están foliadas no están afectadas”.

Sostiene que mucha gente espera la llegada del nuevo gobierno para ver si se reestructura o reorganiza la ayuda humanitaria y se destina una nueva partida presupuestal a los damnificados de los sismos. Aunado a ello, en diciembre las fuerzas federales abandonaron la zona y la violencia recrudeció. En opinión de Guerrero, el gobierno de Peña Nieto debería mantener los patrullajes por motivos humanitarios.

Por otro lado, señala que el gobierno no envió un mensaje contundente de persecución a quienes defraudan con tarjetas clonadas de Bansefi o Sedatu: “Ya está aprobado y la gente no ha recibido apoyos. De lunes a domingo hemos recorrido los pueblos con el grupo Melendre para entregar bastidores y comiscales, pero no hemos visto en estos meses un solo caso de una familia que haya recibido ese dinero”.

Contradicción flagrante

Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena, cuestionó al gobernador Alejandro Murat por “violar la ley” y desconocer un decreto que autorizó el Congreso local para crear el Fondo de Reconstrucción y Desastres con 200 millones de pesos que estaban destinados a miles de damnificados por los sismos de septiembre de 2017, mismos que no fueron aplicados.

Miles de oaxaqueños siguen viviendo a la intemperie y sin esperanzas para recuperar su patrimonio, mientras el gobernador dice que el dinero asignado por el congreso “no existe”.

En la tribuna del Congreso local, Antonio Altamirano exhibió al gobernador con un video donde éste afirma que “no existe” ese fondo de 200 millones de pesos. Enseguida, el legislador mostró el Periódico Oficial del Estado, en el cual se publicó el decreto aprobado en noviembre de 2017 para resarcir con ese fondo los daños de los sismos.

“¡Es increíble! –exclamó el diputado–. Este gobierno dice que no existe la partida aprobada por este Congreso para atender una situación de emergencia en nuestro estado. ¡Ahora el gobernador no reconoce un decreto que su gobierno publicó en el Periódico Oficial del Estado! ¿O acaso el señor Alejandro Murat Hinojosa no lee y no conoce lo que se publica en el órgano de difusión del estado?”

Y enfatizó: “Cuando el gobernador le dice al pueblo que lo aprobado por el Congreso ‘no existe’, ofende a esta soberanía y, peor aún, trata de sorprender a la gente. Ofende a miles de damnificados por los sismos, a quienes se les esconde y niega el acceso a un recurso público destinado a apoyarlos”.

Antonio Altamirano recordó que el pasado 17 de julio Murat Hinojosa negó la existencia del fondo cuando fue cuestionado por los damnificados del municipio de Matías Romero.

Detalló que el Congreso oaxaqueño aprobó el Presupuesto de Egresos en noviembre de 2017 y el 20 de diciembre el gobierno estatal publicó en la página EXTRA 17 del Periódico Oficial el correspondiente decreto, en cuyo artículo Transitorio Décimo Primero se establece el Fondo de Reconstrucción y Desastres con un monto inicial de 200 millones de pesos.

Aún más, recalcó que el 8 de febrero de 2018 el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas estatal envió al Congreso un oficio donde solicita precisiones sobre dicho artículo transitorio. La Comisión Especial de Seguimiento a la Reconstrucción respondió el 21 de febrero.

“Hoy, seis meses después de vencido el plazo para la emisión de los lineamientos del Fondo de Reconstrucción y Desastres, y cinco meses después de que esta soberanía dio respuesta a lo solicitado por el gobierno, éste continúa siendo omiso en el cumplimiento de lo ordenado en el Presupuesto de Egresos para 2018.

“Los recursos que esta soberanía aprobó para atender de manera urgente a miles de damnificados oaxaqueños no han sido aplicados y éstos continúan en el abandono y el olvido. En síntesis, las finanzas de Oaxaca están hechas un desmadre.”

Escuelas en ruinas

El vocero de la Sección 22 del SNTE-CNTE, Wilbert Santiago Valdivieso, indica que son 688 las escuelas del Istmo de Tehuantepec que siguen dañadas por los sismos del año pasado, lo que impide que 100 mil alumnos tomen clases con normalidad.

Confirma que la reconstrucción va muy lenta y este mes el gobierno del estado apenas está liberando los recursos, las empresas contratadas empiezan a recibir algunos pagos, y eso ante las presiones del magisterio. 

El 29 de agosto habitantes y maestros de La Ventosa realizaron un bloqueo en la carretera Transístmica y otro en la Panamericana para exigir al gobierno de Murat Hinojosa la rehabilitación de 13 escuelas de la zona porque mil 500 alumnos no tienen clases.

La agente municipal de La Ventosa, perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza, Etelvina López Valdivieso, agregó que se veron obligados a retener a tres funcionarios estatales hasta que el titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), Mario Bustillo Cacho, se comprometa personalmente a atender las mencionadas demandas.

A casi un año del terremoto, dice López Valdivieso, “el gobierno nos trae que mañana, que mañana, y ese mañana no llega, en tanto que de las 13 escuelas dañadas ocho no están en condiciones de funcionar”. Por eso, justifica, padres de familia y maestros decidieron bloquear las carreteras para desmentir públicamente las afirmaciones del gobernador, en el sentido de que las clases ya se normalizaron.

“Son escuelas de 400 y 200 alumnos y no hay dónde ubicarlos… en La Ventosa hay ocho escuelas que no trabajan. No ha llegado aquí el gobernador ni su personal. También hay casas dañadas: tenemos 160 que recibieron apoyo del primer censo, pero 400 que no han recibido nada y están en el segundo censo”.

Al respecto, el antropólogo e historiador Víctor Cata afirma que, desde el punto de vista popular, aquel 7 de septiembre en Juchitán no sólo “murió el papá del pueblo (la autoridad), sino que fue la muerte del pueblo.

“Ves al pueblo como un cuerpo. La muerte del pueblo. Murió la ciudad el 7. No pensaban en la muerte, pero de repente nos alcanza esta realizad y caes en este duelo. Si hasta las piedras se mueren, también nosotros; si las casas caen, también nosotros.”

Pese a las acendradas tradiciones de la región, tras los sismos nadie tuvo que decretar el luto. Simplemente “no hubo fiesta, sólo a los 40 días hubo una misa pública y cancelaron un año las fiestas. No hubo alguien que lo prohibiera, fue un sentir colectivo. Es como cuando muere un familiar: se cierran ventanas, hay silencio en la casa, no se prende a radio ni se ve la tele. El pueblo hizo un duelo y poco a poco la gente va regresando a la vida.

“Hay un antes del 7 de septiembre, con un Juchitán libre, sin zozobras, sin angustias, sin miedo, sin temor de perder nada, y un después donde ya es otro replanteamiento: estamos ante otra era, ante otro Sol, dijeran los nahuas.”